Jesús Andrés Vega Valenzuela
Expediente 939/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 939/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/08/2023
Partes del expediente
- Jesús Andrés Vega Valenzuela
- agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
Tijuana, Baja California, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda el oficio remitido por la autoridad responsable, téngase informando la observancia dada a la suspensión definitiva. Notifíquese.
- Incidental
Tijuana, Baja California, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio remitido por la autoridad responsable, se le tiene informando la observancia dada a la suspensión definitiva; asimismo, remite un disco versátil digital (DVD), relativo a la audiencia en la que decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el procedimiento de origen; el cual queda bajo resguardo de la secretaría de este juzgado, en el entendido de que podrá ser consultado, al formar parte de las constancias allegadas por la responsable. Notifíquese.
- Incidental
I. Por escrito recibido en este juzgado, Jesús Andrés Vega Valenzuela, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en: "[.] EL AUTO DE VINCULACION A PROCESO, de fecha 18 de Julio del Presente año 2023, dentro de la causa penal 4831/2023, por el delito de FEMINICIDIO. ASÍ MISMO RECLAMAMOS LA IMPOSICIÓN DE MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA DE FECHA 18 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO [.]." Por considerarlos violatorios de los artículos 1º, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. Se abrió el cuaderno incidental por separado, se solicitó el informe previo y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o Primero. Este Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; y, 50 y 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Segundo. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable, ya que así lo manifestó al rendir su informe previo, lo que hace prueba plena de conformidad con el artículo 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Tercero. Primeramente, cabe señalar que el ordinal 138 de la Ley de Amparo, establece que promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Por tanto, bajo una interpretación aplicada del artículo 166 de la ley de la materia, se colige que tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa, este órgano el control constitucional se encuentra constreñido a realizar un análisis sobre la naturaleza del acto, el interés social, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, de conformidad con lo establecido en los numerales 138 y 147 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción X, de la Carta Magna. De lo hasta aquí expuesto puede colegirse que la suspensión fue solicitada para los efectos siguientes: "Se me conceda la Suspensión Provisional contra los actos reclamados de las responsables en términos del artículo 125 de le (sic) ley de amparo y ordene una nueva audiencia para que se pueda debatir una medida cautelar diversa a la prisión preventiva oficiosa donde el imputado pueda gozar de su libertad mientras lleva el proceso [.]." Por tanto, para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: a) Existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y la vinculación del imputado; b) Que las medidas cumplan con los cuatro elementos del "test de proporcionalidad", como son: i) la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana); ii) idónea para cumplir con el fin que se persigue; y, iii) necesaria y estrictamente proporcional; y, c) La resolución que la imponga debe contener una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. En cuanto al primer elemento, deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que un hecho ilícito ocurrió y que la persona sometida al proceso pudo haber participado en ese delito, debiendo enfatizarse que este presupuesto no constituye en sí mismo una finalidad legítima para aplicar una medida cautelar restrictiva a la libertad, ni es un elemento que sea susceptible de menoscabar el derecho a la presunción de inocencia contenido en el artículo 8.2 de la Convención Americana. Respecto al segundo elemento, la Corte Interamericana afirmó que por su propia naturaleza, es la autoridad judicial a quien compete desarrollar el juicio de proporcionalidad al momento de imponer una medida privativa de libertad, frente a los elementos del caso y no al legislador en función de visiones abstractas, porque la prisión preventiva es una medida cautelar y no una medida de carácter punitivo; por lo que la regla de principio debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal; lo que como excepción podrá imponerse medidas de esta naturaleza únicamente cuando se acredite que: a) la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sean compatibles con la Convención; b) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; c) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto; y, d) que resulten estrictamente proporcionales; de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. La medida cautelar de la prisión preventiva sólo se debe imponer cuando sea necesaria para la satisfacción de un fin legítimo, a saber: que el imputado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia; ello, porque las medidas privativas de la libertad en el marco de procedimientos penales son convencionales, siempre que tengan un propósito cautelar; es decir, que sean un medio para la neutralización de riesgos procesales; en particular, a la finalidad relacionada con la comparecencia al proceso, sin que la gravedad del delito imputado sea, por sí misma, justificación suficiente de la prisión preventiva; asimismo, resolvió dicha corte interamericana que el peligro de fuga no puede medirse únicamente sobre la base de la gravedad de la posible pena a imponer, sino que debe evaluarse con referencia a una serie de otros factores relevantes que pueden confirmar la existencia de un peligro de fuga, como por ejemplo, aquellos relacionados con el hogar, ocupación, bienes y lazos familiares, afirmando que el peligro de que el acusado obstaculice la conducción adecuada del procedimiento no se puede inferir en abstracto, sino que tiene que estar respaldado por evidencia objetiva, por ejemplo, el riesgo de presión sobre testigos o la pertenencia a una organización criminal o una pandilla. Y en cuanto a la necesidad por ser la privación de la libertad una medida que implica una restricción a la esfera de acción individual, corresponde exigir a la autoridad judicial que imponga dicha medida, únicamente cuando considere que los demás mecanismos previstos en la ley, que impliquen un menor grado de injerencia en los derechos individuales, no son suficientes para satisfacer el fin procesal. En cuanto al tercer punto consideró que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violatoria del artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos; que esa prisión debe estar sometida a revisión periódica, en el entendido de que el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino que debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la privación a la libertad ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En cuanto al principio de la apariencia del buen derecho que conlleva un estudio preliminar del acto reclamado, en el que basado en cálculos se pueda tener una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el juicio y de ese modo, sea posible anticipar que la sentencia que se llegue a dictar en lo principal puede resultar en sentido favorable para el solicitante del amparo; en la especie, se considera que el acto reclamado conforme lo presentó la defensa del agraviado, tiene matices de violar los derechos fundamentales del ahora quejoso, pues la responsable no dio al impetrante la oportunidad de debatir la medida cautelar de prisión preventiva impuesta. El hecho mismo que se le haya impuesto por ser oficiosa impide que haya sido producto del "test de proporcionalidad" que sólo el juzgador puede efectuar y que, en caso de ser en el mismo sentido de prisión preventiva, debe estar justificada; es decir, que se trate de una medida legítima, idónea para cumplir el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional, precedida de la conclusión de que las otras previstas en la ley no son suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad o que haya peligro de sustracción del imputado; esto es, no hay prueba de que sea la más proporcional frente a lo discutido en la audiencia. Con independencia de lo que en el fondo del asunto alegue el quejoso, la medida cautelar de prisión preventiva, en uso de la apariencia del buen derecho, se aprecia que su imposición oficiosa es violatoria del derecho fundamental de libertad. En cuanto al peligro en la demora, este presupuesto se satisface porque el quejoso se encuentra privado de la libertad precisamente con motivo de la ejecución del acto reclamado; por lo que si a pesar que tiene matices de devenir inconvencional, no se suspende con efectos restitutorios, la afectación es permanente mientras persista la prisión preventiva oficiosa y puede llegarse al extremo de que se consume irreparablemente. Respecto a la afectación al interés social y la contravención a disposiciones de orden público, no se aprecia que se encuentren comprometidos, porque es factible otorgar la suspensión respecto de medidas cautelares bajo la ponderación de los elementos que anteriormente se han desarrollado; más aún cuando, como se precisará, la suspensión que se otorgue no tendrá como efecto que el quejoso quede en libertad en automático por virtud de esta suspensión. En consecuencia, de conformidad con las reglas generales de la suspensión vigentes, lo procedente es conceder a Jesús Andrés Vega Valenzuela, la suspensión definitiva del acto reclamado, para el efecto de que la autoridad responsable señale fecha y hora dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, para el desahogo de una audiencia con intervención de las partes, en la que abra a debate entre éstas, respecto la solicitud de medidas cautelares a imponerse al quejoso y con libre apreciación imponga la más idónea, sin descartar la prisión preventiva justificada, en el proceso penal 4831/2023 que se le instruye; lo anterior, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que eventualmente se dicte en el juicio de amparo del que deriva esta incidencia. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 125, 128 y 144 de la Ley de Amparo, seResuelve Único. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Jesús Andrés Vega Valenzuela, contra los actos que reclamó de la autoridad precisada en el considerando segundo, para los efectos apuntados en la parte final del punto considerativo tercero. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, quince de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el informe con justificación rendido por la autoridad responsable y anexos; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por el término de ocho días, legalmente computado, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, remite un disco versátil digital (DVD), relativo al procedimiento de origen; con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecido, admitido y desahogado, quedando bajo resguardo de la secretaría de este juzgado, en el entendido de que podrá ser consultado, al formar parte de las constancias justificativas allegadas por la responsable. Se advierte que le reviste el carácter de tercero interesada a ********************, en consecuencia, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso c), de la ley de la materia, se le reconoce tal carácter; por tanto, se ordena emplazarla a juicio por medio de oficio, por conducto de la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada Contra la Vida y la Integridad, con residencia en esta ciudad. Notifíquese y cúmplase.
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