Jesús Andres Valdes Millan

Expediente 836/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
836/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
26/08/2021

Partes del expediente

  • Jesús Andres Valdes Millan

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Mexicali, Baja California, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de once de agosto de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************; en consecuencia, se declara que queda firme dicho auto, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento legal. Atento a lo anterior, previa revisión por la Secretaria de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese este asunto como totalmente concluido. En ese sentido, y con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno del juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21, fracción d), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo.

  2. Principal

    Auto. Mexicali, Baja California, once de agosto de dos mil veintiuno. Demanda Vista la demanda de amparo aparentemente promovida por Jesús Andrés Avilés Millán, contra actos del Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California; regístrese en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 836/2021-3. Desechamiento Ahora, en el presente caso, conforme a lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el diverso numeral 62, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, toda vez que de su contenido integral, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Esto es, el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, que quien presente la demanda de amparo en su calidad de promovente deberá presentarla debidamente firmada o en su caso de no saber hacerlo, deberá plasmar su huella digital, ya que de lo contrario, no se insta al Órgano de control constitucional para que conozca de la demanda de los solicitantes de amparo. Lo anterior, no puede ser corregido por este órgano federal mediante una prevención, ya que dicha omisión no se encuentra contemplada en las irregularidades establecidas en el artículo 114 de la Ley de Amparo; toda vez que la voluntad de las partes al exigir un derecho, debe hacerlo a través de su firma y cuando no pueda hacerlo, lo podrá hacer diversa persona. En ese contexto, se colige que, si una demanda de amparo carece de firma, no es posible apreciar la voluntad del que aparece como promovente, por lo que no hay instancia de parte y, por ende, deviene improcedente el juicio constitucional. Ahora, como se advierte de autos y de la certificación secretarial de cuenta, la demanda que dio origen a este juicio fue remitida vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), sin evidencia criptográfica de la firma del quejoso Jesús Andrés Avilés Millán, por lo que, al carecer de la firma electrónica -la cual tiene los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa-, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, como se adelantó, es procedente desechar de plano la presente demanda de amparo, al no advertirse la voluntad de quien aparece como quejoso para promoverla. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia P./J 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo I, del libro 65, Abril de dos mil diecinueve, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2019715, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". (énfasis añadido) No se inadvierte que en la parte final de la demanda, se insertó digitalmente como imagen el nombre del quejoso; aunado a que contiene la firma electrónica y evidencia criptográfica de diversa persona, esto es, de Gerardo Azuara Rossetti, quien es su autorizado, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, lo que pone de manifiesto, que la demanda de que se trata no cumple los requisitos que al efecto se establecen en la normatividad aplicable, como se expone a continuación. En efecto, los párrafos cuarto y quinto del artículo 3º de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. (.) "Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Asimismo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, mismo que en sus artículos 3º y 4°, inciso a) y 6°, establecen: "Artículo 3. Se establece la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) como el instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados". "Artículo 4. Toda persona física, incluyendo a los servidores públicos, que pretenda tener acceso a la FIREL deberá obtener el certificado digital respectivo, conforme a lo siguiente: "a) El certificado digital sólo podrá ser solicitado y autorizado a personas físicas, con independencia de que éstas sean representantes de personas morales públicas o privadas; [.]". "Artículo 6. Las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto. En el caso de las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente. "Las personas que no promuevan por su propio derecho podrán actuar dentro de los asuntos respectivos mediante el uso del certificado digital de firma electrónica que les fue asignado, siempre y cuando, mediante proveído judicial dictado en el expediente respectivo, previamente se les haya reconocido capacidad procesal para tal fin. "Cuando mediante resolución judicial se tenga por revocado el acto del que derive la capacidad procesal de las personas indicadas en el párrafo segundo de este Punto, el Sistema Electrónico no les permitirá ingresar con su certificado digital de firma electrónica al expediente electrónico respectivo". Por su parte, el artículo 3°, sexto párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y el artículo 13 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, establecen que para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea requiere de la utilización de una firma electrónica vigente y los documentos electrónicos o digitalizados ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de Firma Electrónica producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. De lo anterior, se desprende que si el escrito recibido electrónicamente, viene a nombre de una persona, dicha persona debe ser quien lo firme electrónicamente, pues como se establece en la normativa, la firma electrónica produce los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. De ahí que, al carecer la demanda constitucional de la firma electrónica del directo quejoso, como se precisó en párrafos supra, lo procedente es desechar la misma. De igual manera, cabe señalar que el presente caso no se encuentra en el supuesto expreso del último párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, página 921, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Domicilio procesal y autorizados Se tiene a la parte quejosa designando como domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda; autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones a Gerardo Azuara Rossetti, al no haber encontrado registro de su cedula en el sistema habilitado para ello. Consulta electrónica de expediente Ahora, por lo que hace a la solicitud de la autorización para consulta virtual del expediente, considerando que el promovente proporciona la información para el acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al expediente electrónico a la parte quejosa mediante usuario "GerardoAzuaraRossetti"; para ello háganse las actualizaciones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notificaciones Electrónicas Asimismo, en cuanto a las notificaciones, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la legislación aplicable y lo previsto en el Acuerdo General de 12/2020 de referencia, a partir de esta determinación, háganse vía electrónica a la parte quejosa de que se trata, mediante el usuario que señala para tal efecto "GerardoAzuaraRossetti", dado que así lo solicita expresamente. Lo anterior, sin perjuicio de la designación de domicilio procesal efectuado en el escrito de demanda que presenta, ya que las notificaciones deberán practicarse, por regla general, vía electrónica salvo caso extraordinario. Transparencia. Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7º, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen, entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; en la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles), que pueda contener.

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