Jesus Amerin Sanmiguel Canche
Expediente 2453/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2453/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jesus Amerin Sanmiguel Canche
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán; catorce de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto a través del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que tuvo por no presentada la demanda, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, y no obra documento original, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Igualmente, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión en los presentes autos. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio firmado por el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos, por suplencia del Fiscal General del Estado, con un anexo que acompaña, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional, informa que recibió las constancias conducentes por parte de la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, a fin de que se iniciara la investigación correspondiente por la probable trasgresión de los derechos humanos del quejoso ******, por lo que turnó al Fiscal en Jefe adscrito a la Vicefiscalía Especializada en Delitos de Tortura y Actos Crueles Inhumanos y Degradantes de la Fiscalía General del Estado, motivo por el cual, se aperturó el acta de investigación VFEDTTCID/GV/180/2022, misma que se encuentra en etapa de integración. En ese sentido, es importante traer a colación, lo sostenido por el Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, expedido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que se puede extraer conceptos y lineamientos inherentes a la correcta conducción de asuntos que involucren tortura y malos tratos. Entre ellos, lo establecido en el inciso C), denominado, Guía para juzgar casos de tortura y malos tratos, en concreto, en el punto 7 "vista con efectos de denuncia", que señala, que el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de algún delito, está obligado a denunciarlo al ministerio público, y respecto del delito de tortura, tal deber se encuentra contemplado en el artículo 33 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, dicha denuncia será con efectos para que la representación social inicie la investigación penal correspondiente. En tal virtud, atendiendo a que la definición de tortura, según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia; de conformidad con lo estipulado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del once de junio de dos mil once, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, así como en los artículos 22 Constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura, derecho fundamental garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. En ese orden de ideas, tomando en consideración que la Fiscalía General del Estado, ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente, dese vista a la parte quejosa con las constancias que dicha autoridad remitió, a fin de que reciba la asesoría jurídica correspondiente en su carácter de víctima dentro de la investigación que se inició, la cual fue registrada bajo el número de acta de investigación número VFEDTTCID/GV/180/2022, ante el Fiscal en Jefe adscrito a la Vicefiscalía Especializada en Delitos de Tortura y Actos Crueles Inhumanos y Degradantes de la Fiscalía General del Estado, tal como lo prevé el invocado Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, expedido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien en cumplimiento al requerimiento que se le efectuó en proveído de diecisiete de octubre del año en curso, acusa recibo de la vista dada en este juicio, con motivo de los posibles actos de tortura referidos por el quejoso; e informa que remitió las constancias que integran el presente juicio de amparo al Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida. Por tanto, requiérase al Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, para que en el término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe las gestiones que ha realizado en torno a la vista que le fue canalizada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, mediante oficio 51/2022, de diecisiete de los corrientes, con el apercibimiento que de no informar lo solicitado o en su caso manifieste la imposibilidad que tenga para ello, en el término otorgado se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por licencia oficial de la titular, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial; por autorización otorgada en sesión de catorce de noviembre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/5739/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, y la cuenta secretarial que antecede, se advierte que ya obra agregado en autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mismo que fue agregado el veinticuatro de agosto del año en curso, de cuyo contenido se advierte que la Presidenta responsable manifestó que era cierto el acto reclamado por la parte quejosa, esto es, la omisión de regularizar el expediente laboral 548/2021, pero esto debido a que faltaba por desahogar un incidente de acumulación respecto del diverso juicio 729/2021, por lo que se suspendió la audiencia de ley, determinando que una vez resuelto el incidente de acumulación -señalada para tener verificativo el veinticinco de agosto de dos mil veintidós-, se acordaría lo conducente respecto del acto reclamado por la parte quejosa; sin embargo, la responsable fue omisa en informar a este Juzgado el resultado de dicha diligencia. En tal virtud, y siendo necesario para la resolución del presente asunto, contar con las constancias que integran el juicio laboral 548/2021, específicamente lo actuado después de la audiencia incidental de acumulación-señalada para tener verificativo el veinticinco de agosto de dos mil veintidósante la posible actualización de una causal de sobreseimiento; por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, requiérase a la autoridad responsable, esto es la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, informe si ya resolvió lo conducente al incidente de acumulación planteado en el procedimiento laboral de origen y remita las copias certificadas de las actuaciones conducentes, señalando si realizó algún pronunciamiento respecto de la regularización reclamada, o en su caso, informe su imposibilidad para hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 515 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable en la página 454, Octava Época, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000, con número de registro 918,049, en el IUS Intranet, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SI HAY EVIDENCIA SOBRE SU EXISTENCIA DEBE INDAGARSE Y, EN SU CASO, RECABARSE OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ACREDITARLA.- De conformidad con el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia, por lo general, deben ser examinadas de oficio. Por ende, si de autos se advierte alguna evidencia sobre su existencia como la indagación y, en su caso, recabación de pruebas necesarias para acreditar dichas causales también debe hacerse de oficio y en cualquiera de las instancias en que se encuentre el procedimiento en el juicio de garantías. Desatender tal obligación transgrede las reglas fundamentales que rigen dicho procedimiento y hace necesaria su reposición en términos del artículo 91, fracción IV, de la ley de la materia". Apercibida que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se le impondrá la multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO."-1 De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, y la autoridad responsable estén en aptitud de remitir las constancias conducentes, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nueva fecha y hora para su desahogo las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Notifíquese.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Jesus Alejandro Couoh Contreras786/2021
- Jesus Alejandro Quintana Vargas1115/2023
- Jesús Alejandro Santana Manrique2501/2022
- Jesús Alejandro Vázquez del Pino1010/2013
- Jesus Alfredo Herrera Dzib1320/2022
- Jesús Alfredo Uicab Puc1190/2022
- Jesus Andres Aranda Aguilar433/2019
- Jesus Anselmo Dzul Garcia5/2023
- Jesus Antonio Narvaez Llanes1737/2022
- Jesús Antonio Narváez Llanes1164/2022
- Jesus Antonio Narvaez Llanes1318/2022
- Jesús Arcangel González Sánchez62/2020