Jesús Álvarez Cervantes

Expediente 1201/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1201/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
07/12/2017

Partes del expediente

  • Jesús Álvarez Cervantes

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veintiuno de noviembre del presente año; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Jesús Álvarez Cervantes, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero, fracción I, del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser destruido.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ........, por su propio derecho, contra actos del Delegado en el Estado de Guerrero, de la Secretaría de Desarrollo Social de la Federación, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo indirecto 1201/2017-V, y fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro de la demanda, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese orden lógico, se tiene que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: "A.- De la responsable Ordenadora, señalo como acto reclamado, el despido injustificado de que puedo ser objeto, ya que la responsable me ha notificado de manera verbal de que voy a ser despedido de mi actividad laboral para la Secretaría de Desarrollo Social de la Federación, sin que se me explique el motivo, circunstancia o la razón para que sea despedido, ya que el suscrito no ha dado motivo para que se me aplique tal determinación, lesionado con ello el bienestar del suscrito y de mi familia, que al ser despedido de manera injustificada, me deja en estado de indefensión, al no poder generar los elementos necesarios para subsistir mi familia y el suscrito, violentando con ello las garantías de seguridad y legalidad jurídicas establecidas en los artículos 14 y 16, relacionado con lo previsto en el artículo 123 de la Constitución General de la Republica". Asimismo, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra el peticionario de amparo, en el punto cuatro, expresa: (.) 4.- Que con la misma protesta de ley y por conducto personal de la Coordinación de operaciones DICONSA, S. A. de C.V, dependiente de la Delegación en el Estado de la Secretaría de Desarrollo Social de la Federación, es que de manera verbal me notificaron de que iba a ser despedido o al menos me iba a suspender mi salario, sin que para ello me manifestara la causa o circunstancia de su determinación, o que para ello me iniciara el procedimiento administrativo por haber incurrido en responsabilidad como servidor público, por lo que ante tales hechos tengo el temor fundado de que pueda ser suspendido injustificadamente o me sea suspendido mi salario, ocasionando perjuicios de imposible reparación, al no tener los medios necesarios de subsistencia de mi familia y del suscrito, motivo por el cual es que solicito EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, a efecto de que no sea despedido injustificadamente sin que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente en el que pueda ser oído y vencido en juicio, y no se me deje en estado de indefensión al hacer efectiva la determinación de mi despidió injustificado o me sea suspendido mi salario." En la especie, a juicio de esta potestad se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5º, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a las siguientes consideraciones: Los referidos artículos estipulan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley; y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." [.] "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" De una interpretación integral de los artículos transcritos, se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada; es decir, uno de los requisitos que debe acreditarse para que el juicio de amparo resulte procedente, es el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía constitucional algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, lo que se traduce en que, con motivo de la aplicación de un acto de autoridad, se ha producido una afectación real y actual a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa o daño en los derechos o intereses del gobernado. Bajo esta óptica, el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminente muy cercana a ocurrir. El agravio es presente cuando sus efectos operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya han concluido; e inminentemente futuro cuando los efectos aún no se inician. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de este sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5º, fracción I y 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, condicionan su promoción a que el acto reclamado perjudique real y actualmente a la parte quejosa. Por consiguiente, el agravio futuro, sin proximidad temporal, no da lugar a que se pueda interponer el amparo, y si se promueve, en este supuesto habrá de producirse la causa de improcedencia en comento. Corrobora lo anterior el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXV, página 2188, de rubro y texto: "ACTOS FUTUROS. No es de revocarse el sobreseimiento dictado en el amparo, con respecto a infracciones que puedan levantarse en el futuro, porque esos actos, por su carácter de futuros e inciertos, no dan lugar al juicio de garantías, pues respecto de actos futuros, el juicio constitucional sólo es procedente cuando son de inminente realización." En mérito de lo anterior, y a fin de verificar la procedencia de esta instancia constitucional, el quejoso debe probar al menos de manera indiciaria que el acto de autoridad que reclama afecta de forma real y actual su esfera jurídica, ya que el solo temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione sus derechos fundamentales, o bienes, en modo alguno constituye una afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni la faculta para incoar el juicio de amparo en defensa de sus intereses, pues ese derecho nace a partir de la fecha en que efectivamente se tiene conocimiento de la existencia de un acto de autoridad que vulnera su esfera de derechos y que objetivamente le cause agravios, no únicamente de una suposición, o de un cometido de una persona; pues ello no actualiza la presunción de su existencia o la posibilidad de que surja en un futuro. En el caso concreto, de las manifestaciones vertidas en el escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa solo refiere actos que no se han materializado, pues únicamente refiere el temor de que lo despidan injustificadamente o le sea suspendido su salario, pues afirma que le fue comentado de manera verbal por personal de la Coordinación de Operaciones Diconsa; sin acreditar ni siquiera indiciariamente que se trata de actos de naturaleza inminente y que de manera necesaria habrán de concentrarse en lo futuro; pues, del capítulo de antecedentes específicamente en el punto marcado con el número 4, manifiesta lo siguiente: "4.-. es que de manera verbal me notificaron de que iba a ser despedido o al menos me iba a suspender mi salario, sin que para ello me manifestara la causa o circunstancia de su determinación.". Lo anterior, evidencia una "suposición", evento en el que el solicitante del amparo sustenta su reclamo, en la posible afectación de sus intereses por futuros actos de autoridad, que le han sido comentados por terceras personas. En ese tenor, resulta claro que los actos que por esta vía intenta combatir no existen en el orden jurídico real y actual, por tanto, no puede afirmar le irrogan algún perjuicio a su esfera de derechos; máxime, que no tiene elementos que le permitan presumir que en realidad los actos que combate le causan de momento algún perjuicio personal y directo; lo cual evidencia que lo que el quejoso intenta es prevenir actos futuros de realización incierta, en contra de los cuales deviene improcedente el juicio de amparo. Por tanto, es válido concluir que el peticionario del amparo no ha sufrido algún perjuicio real y actual en su esfera jurídica con motivo de los actos que se examinan, lo cual hace improcedente la presente instancia constitucional, en virtud de que el juicio de amparo tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales del gobernado y sus efectos son restituir al agraviado en el goce éstos, lo que se colige de la interpretación de los artículos 1º y 73 de la Ley de Amparo, y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio irrogado al quejoso de manera real y actual, ya que, como se adelantó, este constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, supuesto que evidentemente, no se acredita en la especie. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la justicia federal a efecto de que se restituya al solicitante de amparo en el goce del derecho fundamental violentado, y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la hipótesis de que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción, sino durante la tramitación del juicio. Apoya lo anterior, la tesis XX.308 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, febrero de 1995, página 138, de rubro y texto: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." Asimismo, resulta aplicable al caso la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones." En narradas consideraciones, se reitera, la actualización de la causa de improcedencia en prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numera 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional; en consecuencia, con fundamento en las fracciones aludidas en párrafos que preceden, en relación con el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Jesús Álvarez Cervantes. AUTORIZADOS Y DOMICILIO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de cuenta, y como su autorizada a Yolanda Valdez Bautista, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro, Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, en términos del numeral 12 de la ley de la materia, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federales el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Azucena y Jaime de apellidos Valdez Bautista, por no contar con el anterior requisito.

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