Jesús Alonso Pacheco
Expediente 1257/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1257/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Jesús Alonso Pacheco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
La Jueza, quien actúa asistida del Secretario de Juzgado que da fe, declara abierta la audiencia con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Acto continuo, la Secretaria del Juzgado hace constar que ninguna de las partes ha comparecido personalmente a participar en este acto, no obstante su legal notificación, según constancias que corren agregadas a los autos. Seguidamente, el Secretario da cuenta a la Jueza con las constancias que obran en autos, como lo es: I) demanda de amparo; II) auto de admisión de veintiocho de octubre de dos mil veintidós; e III) informes justificados rendidos por el Magistrado de la Décima Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, Sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; del cual el Secretario CERTIFICA: 1) Las aludidas autoridades responsable aceptaron los actos que se les reclama; 2) Se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional. 3) El presente expediente se encuentra debidamente integrado. 4) Las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que en la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio se omitan sus datos personales. 5) El término de tres días concedido al quejoso en proveído de dieciséis de noviembre del año en curso, a fin de comparecer a este órgano jurisdiccional a ratificar su escrito de desistimiento del presente juicio, transcurrió del veintidós al veinticuatro de noviembre del presente año, descontando de dicho cómputo los sábados y domingos, por ser días inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el veintiuno de noviembre de los corrientes, de conformidad con el artículo 74 fracción III de la Ley Federal del Trabajo; sin que a la presente data haya comparecido a ratificar su escrito de desistimiento. La Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede y se ordena tomar en consideración al momento de emitir la resolución correspondiente. Ahora, vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término de tres días concedido al quejoso en proveído de dieciséis de noviembre del año en curso, a fin de comparecer a este órgano jurisdiccional a ratificar su escrito de desistimiento del presente juicio. En tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo, y se prosigue con el trámite del asunto. Enseguida, se abre el período probatorio, en el cual el Secretario da cuenta con la documental que anexó el quejoso a su escrito inicial de demanda (foja 11), así como las exhibidas por la responsables Magistrado de la Décima Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, Sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, que adjuntaron en apoyo a sus informes justificados (fojas 23 y 35 respectivamente). La Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten como pruebas documentales las que exhibieron tanto la parte quejosa como las referidas autoridades responsables, las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, y se tiene por perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas. Cerrado el periodo probatorio y abierto el de alegatos. La Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. La Jueza acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para ese efecto; por lo que se ordena cerrar este periodo. A continuación, se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1257/2022, y; R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta localidad, Jesús Alonso Pacheco, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y las autoridades que preciso en su escrito inicial de demanda (fojas 2 a 10). SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. El contenido en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 4). TERCERO. Trámite. Mediante proveído de veintiocho de octubre dos mil veintidós (fojas 12 a 16), se radicó la demanda de amparo con el número 1257/2022; se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Cita para audiencia. La celebración de la audiencia constitucional, tuvo verificativo en términos del acta que antecede, sin que la parte quejosa haya solicitado el diferimiento o la suspensión de ésta, conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, ya que el acto reclamado tendría ejecución en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa a la responsable: - La resolución de treinta de septiembre del año en curso, emitida en el toca penal JOTPAI/0008/2022, emitida por el Magistrado de la Décima Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que confirmó la diversa de veintitrés de agosto de este año, pronunciada por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, Sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en la causa penal 79/2022, en la que negó la suspensión del proceso a prueba. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las responsables Magistrado de la Décima Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, Sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia de los actos que se les reclama (foja 19, 20, y 34 respectivamente). Lo que se corrobora con las documentales y discos versátiles que remitieron en apoyo a su informe de ley, (fojas 25 y 35 respectivamente); las cuales son prueba con eficacia plena, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documento expedido por autoridad competente, en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. Causa de improcedencia. Previo al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, respecto del acto aquí reclamado, este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que aun cuando subsiste el acto aquí reclamado, éste, no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir su objeto o materia, como a continuación se verá. A efecto de evidenciar lo anterior, se estima conveniente citar la porción normativa señalada, misma que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)" En primer término, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado, y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control constitucional, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera en la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el pleno goce de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de derechos fundamentales, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Así, el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Al respecto, para que se actualice la causal de improcedencia invocada requiere que ante la subsistencia del acto reclamado por no haberlo revocado expresamente la autoridad responsable, no exista posibilidad de que sus efectos legales o materiales se realicen o continúen realizando, por haber dejado de existir o haber desaparecido totalmente el objeto o la materia de dicho acto, de modo tal que el amparo que en su caso se otorgara carecería de efectos, al ser jurídicamente imposible restituir al agraviado en el goce de la garantía individual violada, o bien, que los efectos jurídicos de esa restitución fueran intrascendentes; requiriendo necesariamente para ello los siguientes elementos: a) Que subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. b) Que los efectos del referido acto de autoridad no se hayan concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se vayan a concretar en lo subsecuente, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se haya emitido. Bajo esa tesitura, es evidente que la causa de improcedencia en comento se actualiza cuando se advierte que los efectos del acto reclamado no se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, al grado de que aun cuando se determinara que dicho acto es inconstitucional, sería jurídicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime transgredido o bien ningún efecto jurídico tendría el fallo protector, haciendo ocioso el juicio de amparo; lo que generalmente sucede cuando subsistiendo el acto de autoridad impugnado, la situación jurídica que surgió con motivo del mismo varía, impidiendo que pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objeto o materia. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 181/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Además, de la diversa tesis 2ª. XLVIII/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Abril 1998, página 241, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Ahora bien, previo a exponer las razones por las que se estima actualizada la causa de improcedencia en comento, conviene hacer referencia a los antecedentes más destacados del acto reclamado, y para lo que interesa, son: Mediante resolución emitida el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 79/2022, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, Sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se determinó no conceder la suspensión condicional del proceso planteada por la defensa del imputado -aquí quejoso-. Inconforme con tal determinación, el imputado y su defensa, interpusieron recurso de apelación, en el cual el Magistrado de la Décima Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, dentro del toca penal JOTPAI/0008/2022, en resolución de treinta de septiembre del año en curso, resolvió confirmar la resolución impugnada. Es el acto reclamado en este asunto. El diez de noviembre del año dos mil veintidós, en atención a la nueva petición de la defensa del imputado, se determinó conceder al aquí quejoso, la suspensión condicional a proceso dentro de la causa penal 79/2022, que se le instruye por el delito de lesiones calificada con ventaja, cometido en agravio de Julio Alvarado Jiménez, por un lapso de un año, señalándose las once horas del día diez de noviembre del año dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia en que se tomara en cuenta si ha dado cumplimiento o no a todas y cada una de las condiciones que se obligó a cumplir. Por ello, ordenó girar la boletad de libertad a su favor. De lo anterior se desprende que aun cuando subsiste el acto reclamado, esto es, la resolución de treinta de septiembre del año en curso, emitida en el toca penal JOTPAI/0008/2022, del índice del Magistrado de la Décima Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que confirmó la diversa de veintitrés de agosto de este año, pronunciada por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, Sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en la causa penal 79/2022, en la que negó obtener la suspensión del proceso a prueba; sin embargo, ya no puede afectar la esfera jurídica de la parte amparista, por haberse modificado el entorno en el cual se emitió. Es así, pues el diez de noviembre del año dos mil veintidós, en atención a la petición de la defensora del imputado, se determinó conceder al aquí quejoso, la suspensión condicional a proceso dentro de la causa penal 79/2022, que se le instruye por el delito de lesiones calificada con ventaja, cometido en agravio de Julio Alvarado Jiménez, por un lapso de un año, por ello, ordenó girar la boletad de libertad a su favor. Asimismo, se señalaron las once horas del día diez de noviembre del año dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia en que se tomará en cuenta si ha dado cumplimiento o no a todas y cada una de las condiciones que se sometió a cumplir. De ahí que, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, al estar justificado que subsiste el acto reclamado, empero, no puede producir efecto legal o material alguno, de modo que, una eventual concesión del amparo no se concretaría o trascendería a la esfera jurídica del quejoso, en virtud de que se produjo una modificación del entorno dentro del cual se emitió el acto cuya constitucionalidad se cuestiona, es decir, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Apoya a lo anterior, la citada Jurisprudencia P./J. 90/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 197245, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE". En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XXII, lo que procede es decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio en que se actúa, con apoyo en el arábigo 63, fracción V, de la misma ley de la materia. En razón del sentido del presente fallo, no procede analizar los conceptos de violación. Por otra parte, se autoriza al Secretario Judicial para que firme los oficios que deriven de la presente resolución. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Jesús Alonso Pacheco, contra actos del Magistrado de la Décima Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, y otra autoridad., por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio del Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; mediante el cual rinde su informe justificado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Dese cuenta con él al momento de celebrar la audiencia constitucional. Pruebas. Asimismo, con fundamento del artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida las pruebas que adjunta, en apoyo a su informe justificado, esto es, un disco DVD que contiene 1) la audiencia de procedencia de la suspensión condicional de proceso en dos partes; y, 2) en formato PDF constancias relacionadas a la causa penal 79/2022 de su índice, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos el escrito de José Luis Soto Mijangos, autorizado del quejoso y Jesús Alonso Pacheco, quejoso, a través del cual hacen del conocimiento que la autoridad responsable Juez de Control del Circuito Judicial de la Región Sierra Sur sede Miahuatlán de Profirió Díaz, Oaxaca en la causa penal 79/2022 de su índice, concedió al quejoso Jesús Alonso Pacheco, la suspensión condicional del proceso a prueba, en la referida causa, y obtuvo su libertad, en razón a ello, se desisten de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto. Por tanto, con fundamento en los artículos 6°, 26 fracción I, inciso d), y 63 fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase al citado quejoso para que, en el plazo de tres días contados, comparezca a este órgano jurisdiccional y ratifique el contenido del escrito de cuenta; con el apercibimiento que de no hacerlo, sin acuerdo diverso, se le tendrá por no desistido y se proseguirá el trámite correspondiente. Asimismo, hágase de su conocimiento los alcances y consecuencias jurídicas de su decisión de no continuar con la instancia, esto es, que ya no se seguirá con la tramitación del juicio de amparo y, en su caso, dada la fase procesal en que nos encontramos, se declarará improcedente el juicio y se sobreseerá en el presente sumario constitucional. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, agosto de dos mil seis, materia común, Novena Época del tenor literal siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando 'se tenga por desistido al agraviado en términos de ley', para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." De igual forma, hágase del conocimiento del quejoso que también tiene la opción de ratificar su escrito de desistimiento de la demanda de amparo mediante ocurso con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), y enviarlo electrónicamente a través del módulo de promociones electrónicas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); siempre y cuando la firma electrónica le pertenezca. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2023937, publicada en la página mil quinientos treinta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, libro 8, diciembre de dos mil veintiuno, materia común, décimo primera Época del tenor literal siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL. Conforme al artículo 63, fracción I, en relación con el 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, es necesaria la ratificación del escrito de desistimiento del juicio de amparo o de alguno de sus recursos para que éste opere, lo cual tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su intención de dar por concluido el juicio que inició o el recurso que intentó. En este sentido, si lo pretendido con la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo es generar suficiente certeza en el órgano jurisdiccional sobre la identidad y voluntad del interesado, dicha certeza se da precisamente con la forma en la que se asigna la firma electrónica y la manera en que ésta se plasma en los documentos que son enviados electrónicamente, pues difícilmente podría ser suplantada, ya que es el propio Consejo de la Judicatura Federal quien está encargado de tomar las medidas necesarias para otorgar su seguridad y, además, el titular de los documentos con base en los cuales se genera es el responsable de su correcto uso, teniendo en todo momento la posibilidad de revocarla, en caso de sospecha de que pudiera utilizarse sin su consentimiento. Por tanto, la firma electrónica contenida en el escrito de ratificación del desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, con su respectiva evidencia criptográfica, permite apreciar el nombre de su autor y su intención para realizar dicha actuación procesal, con lo cual el órgano jurisdiccional válidamente podrá cerciorarse que no se trate de un escrito en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad y, en función de ello, produce los mismos efectos que el signado ante autoridad judicial." Notifíquese; personalmente al quejoso y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.Así lo proveyó y firma Laura Esther Cruz Cruz, Jueza Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; quien actúa ante Medardo Gordillo Vargas, Secretario Judicial que autoriza y da fe de lo actuado. DOY FE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio del Magistrado de la Décima Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; mediante el cual rinde su informe justificado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Dese cuenta con él al momento de celebrar la audiencia constitucional. Pruebas. Asimismo, con fundamento del artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida las pruebas documentales que adjunta, en apoyo a su informe justificado, esto es, el toca penal JOTPAI/0008/2022 de su índice y un disco DVD, las que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. En tales condiciones, con las constancias del toca penal JOTPAI/0008/2022 del índice de la autoridad oficiante, fórmese un tomo de pruebas por separado, el cual se deja a disposición de las partes, en esta secretaría. Tercero interesado. Ahora, toda vez que de las constancias que remite la autoridad oficiante, se desprende que les resulta el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público que haya intervenido en el toca penal JOTPAI/0008/2022, del índice de la responsable, de donde deriva el acto reclamado; al Agente del Ministerio Público que interviene en la causa penal 79/2022, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; y a Julio Alvarado Jiménez. En ese sentido con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso c) y e) de la Ley de Amparo, se ordena el emplazamiento al presente juicio de los referidos terceros interesados, por conducto de las autoridades responsables Magistrado de la Décima Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, esto es, dentro del plazo de tres días siguientes a partir del día en que queden notificados, realicen lo siguiente: Magistrado de la Décima Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. - Notifique y emplace personalmente al Agente del Ministerio público que haya intervenido en el toca penal JOTPAI/0008/2022, de su índice, y le corra traslado con copia de este auto, el de inicio y copia simple de la demanda de amparo, por si a sus intereses conviene apersonarse, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho. 2. Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. - Notifique y emplace personalmente a Julio Alvarado Jiménez, y al Agente del Ministerio público que interviene en la causa penal 79/2022, de su índice, y le corra traslado con copia de este auto, el de inicio y copia simple de la demanda de amparo, por si a sus intereses conviene apersonarse, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho. Ambos, requieran a los terceros interesados, para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días, computado legalmente, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de Oaxaca de Juárez o en esta esta localidad, en el que reciba sus notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes que surjan, aún las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le practicarán, por medio de lista de acuerdos; tal como lo dispone el artículo 27, fracción II, de la Ley de la materia. De igual manera, hagan de su conocimiento, que se encuentran señaladas las once horas con un minuto del veintinueve de noviembre del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional, en el presente juicio. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no cumplir con lo anterior o de no informar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 237, fracción I y 260, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá a la omisa, una multa por el monto de equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente. Hágase del conocimiento a las citadas autoridades que podrán remitir su comunicado respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (951) 50 23701, al cual también, en su caso, pueden mandar la información respectiva vía fax, sin que resulte necesario reiterarlo por otra vía. Finalmente, se autoriza al secretario judicial adscrito para que firme los oficios correspondientes. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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