Jesus Alonso Flores Gonzalez

Expediente 789/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
789/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
15/03/2022

Partes del expediente

  • Jesus Alonso Flores Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron la sentencia dictada por este juzgado, el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que la parte quejosa y las autoridades responsables fueron notificadas el veintidós siguiente, quedando comprendido dicho lapso del veintitrés de los citados mes y año al diez de los cursantes. Sentado lo anterior, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que la sentencia dictada en el presente sumario HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 20, inciso a), procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, toda vez que se decretó el sobreseimiento en el juicio. De igual manera, realícese la valoración documental en los cuadernos incidentales, en acatamiento al artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido en el párrafo precedente, toda vez que se concedió la suspensión de los actos reclamados.

  2. Principal

    Audiencia constitucional. En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, siendo las nueve horas del veintiuno de febrero de dos mil veintidós, hora y día señalados en auto de treinta y uno de enero del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 789/2021. El licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido por la licenciada Karín Patricia Rodríguez Morán, secretaria con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin comparecencia de las partes, haciendo constar que de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en el módulo de "Agenda de Visita a OJ", opción "Consulta General", no se desprende que alguna de las partes haya generado cita para comparecer a esta audiencia ni que hayan solicitado estar presentes por medio de videoconferencia. Acto seguido, la secretaria realiza una lectura íntegra del escrito relativo a la demanda de amparo y procede a hacer una relación de las constancias que obran en autos: escrito inicial de demanda promovida por Jesús Alonso Flores González, auto de prevención de seis de octubre de dos mil veintiuno, proveído admisorio de diecinueve siguiente, e informes justificados rendidos por las autoridades responsables Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, todos con residencia en esta ciudad y por el Coordinador de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, con asentamiento en este puerto, auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, donde se previno al quejoso para que ampliara su demanda de amparo y señalara como nueva autoridad responsable al licenciado David Pineda Flores, actuario adscrito a la Coordinación de Actuarios de Primera Instancia de los juzgados del Ramo Civil y Familiar, del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, auto de veintiuno de diciembre del mismo año, donde se requirió a la quejosa para que presentara copias del libelo de ampliación y auto de siete de enero del presente año, donde se hizo efectivo el apercibimiento al quejoso y se tuvo por no presentada la ampliación a la demanda. Acto seguido, el Juez acuerda: ténganse relacionadas las constancias que obran en autos y de conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo, rendidos los informes justificados de referencia. Abierta la etapa de alegatos: la secretaria hace constar el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló sendos pedimentos. A lo anterior, el juez acuerda: ténganse formulados los alegatos formulados en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, con lo anterior se cierra el presente periodo. Abierto el período de alegatos: el secretario hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho, ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló pedimento; por tanto, se cierra dicha etapa. Sin que exista diligencia pendiente que desahogar, se procede a la sentencia correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 789/2021, promovido por Jesús Alonso Flores González; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, el cinco de octubre de dos mil veintiuno, Jesús Alonso Flores González solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamó de los Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, y Coordinador de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, residentes en esta ciudad, que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que redujo al señalamiento siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN SU DOBLE ASPECTO ORDENADORAS Y EJECUTORAS JUECES PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLAN, SINALOA, LES RECLAMO EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO A JUICIO DEL SUSCRITO QUEJOSO PROMOVIDO POR EL TERCERO PERJUDICADO INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, YA QUE NO TUVE LA OPORTUNIDAD DE SER OÍDO NI VENCIDO EN JUICIO; RECLAMANDO ADEMÁS TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTUACIONES QUE SE HAYAN DERIVADO DE ALGÚN PROCEDIMIENTO POR DEMÁS ILEGAL QUE EN SU CASO HAYAN RADICADO EN SUS ARCHIVOS Y/0 QUE HAYAN DILIGENCIADO POR SU CONDUCTO ALGÚN EXHORTO PARA EMPLAZAMIENTO, TODA VEZ QUE A LA FECHA NO SE ME HA NOTIFICADO NADA DE MANERA LEGAL Y PERSONAL AS! MISMO RECLAMO LAS ORDENES ESCRITAS QUE HAYAN DICTADO DICHAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES PARA EFECTO DE EJECUTAR UNA POSIBLE ORDEN DE DESPOSESIÓN O LANZAMIENTO DEL SUSCRITO RESPECTO AL INMUEBLE DE MI PROPIEDAD UBICADO EN CALLE MELINA NÚMERO 41 DEL FRACCIONAMIENTO MELINA DE ESTA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, FUERA DE TODO PROCEDIMIENTO LEGAL EN EL QUE SE HAYAN CUMPLIDO LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS; TODO ELLO EN FRANCA VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA ESTABLECIDAS A MI FAVOR POR LA CONSTITUCIÓN. DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA COORDINACIÓN DE ACTUARIOS DE PRIMERA INSTANCIA DE LOS RAMOS CIVIL Y FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLAN, SINALOA; LE RECLAMO, LA FALTA DE NOTIFICACIÓN DE JUICIO O EXHORTO PROMOVIDO POR EL TERCERO PERJUDICADO EN CONTRA DEL SUSCRITO JESUS ALONSO FLORES GONZALEZ, QUE EN SU CASO SE HAYA RADICADO ANTE CUALQUIERA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ANTES SEÑALADAS, POR CONDUCTO DE SUS ACTUARIOS ADSCRITOS, FUERA DE TODO PROCEDIMIENTO Y SIN CUMPLIR LAS FORMALIDADES LEGALES REQUERIDAS." SEGUNDO. Admisión. Correspondió conocer de la demanda, por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, donde se registró con el número de expediente 789/2022, y por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, previamente su aclaración, se admitió a trámite, se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado, se ordenó el emplazamiento a juicio de la tercero interesada y se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, quien formuló pedimento. TERCERO. Ampliación. Mediante auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se previno al quejoso para que ampliara su demanda de amparo y señalara como nueva autoridad responsable al licenciado David Pineda Flores, actuario adscrito a la Coordinación de Actuarios de Primera Instancia de los juzgados del Ramo Civil y Familiar, del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, por ser quien llevó a cabo la diligencia de emplazamiento al juicio sumario civil hipotecario número 281/2019, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad. Y en diverso proveído de veintiuno de diciembre del mismo año, se requirió al impetrante para que presentara copias del libelo de ampliación y en acuerdo de siete de enero del presente año, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se tuvo por no presentada la ampliación a la demanda. Finalmente, las responsables, rindieron sus respectivos informes justificados y la audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede, la cual concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, es competente para conocer del presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; así como, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Antes de establecer la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se estima necesario fijar en forma clara y precisa el planteamiento de impugnación que formula la parte quejosa en su demanda de garantías, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y los criterios contenidos en la jurisprudencia número P./J.40/2000 y la tesis P.VI/2004, sustentadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera publicada en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, y la segunda a foja 255 del Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Del planteamiento de reclamo contenido en la demanda que es materia de estudio, se desprende que la parte quejosa lo hace consistir en la diligencia de emplazamiento practicada en un juicio que desconoce y donde se pretende rematar, adjudicar y escriturar en favor de terceros el bien inmueble ubicado en calle Melina número 41, fraccionamiento Melina, en esta ciudad y su correspondiente ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto controvertido, ya que en toda sentencia de amparo debe primarse su análisis, tal como se corrobora de la jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 76, abril 1994, página 68, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". No son ciertos los actos reclamados a los Jueces Primero, Tercero y Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, y al Titular de la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, todos con sede en esta ciudad, pues así lo sostuvieron expresamente al rendir sus informes justificados. En ese contexto, si del análisis practicado a las constancias que integran el expediente en que se actúa, se desprende que los medios probatorios aportados no vinculan a las responsables antes precisadas con los actos que en este apartado fueron analizados, o con los que se desvirtúe la negativa de que se dio noticia, siendo que la parte quejosa tiene la carga procesal de aportar aquellos medios de convicción encaminados a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para afirmar que las responsables transgredieron su esfera jurídica. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis VI.2o.A.4 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903, Tomo XV, febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." Asimismo, resulta aplicable al caso, la jurisprudencia número 310, sustentada por el Pleno de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1621, del Apéndice de 1995, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." Por tanto, al no haberse allegado al presente sumario prueba idónea con la cual se acredite que los actos de los que se dio noticia sean imputables a las autoridades precisadas en este apartado, lo que procede es sobreseer en el juicio, respecto a ésta y por los actos que se le reclaman, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos endilgados al Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, pues así lo sostuvo al rendir su informe justificado, lo que se corrobora, además, con las constancias aportadas en copia certificada del juicio sumario civil hipotecario número 281/2019. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 305, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, del Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." QUINTO. Procedencia de la acción constitucional. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, o bien, que de oficio la advierta quien esto resuelve e impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. Lo anterior, en aplicación de la tesis de jurisprudencia número II.1°.J./5 consultable a foja 95 del tomo VII, mayo de 1991, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Al respecto, quien esto resuelve estima que en el presente juicio se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: Doctrinariamente se ha definido al emplazamiento como el acto procesal cuya finalidad es dar a conocer a la contraparte de quien ejerce un derecho ante el órgano jurisdiccional sobre la existencia de una demanda y la correspondiente posibilidad que tiene de contestarla. El objeto de dicho acto procesal es que las autoridades jurisdiccionales dentro de un proceso o en un procedimiento seguido en forma de juicio, cumplan con el derecho de audiencia garantizado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que nadie puede ser privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que deberán ser observadas las formalidades esenciales del procedimiento. Esto es, de entre los diversos derechos de seguridad jurídica que reconoce el artículo 14 constitucional, destaca la de audiencia previa, lo cual impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Por tanto, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia a favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, lo que tiene como finalidad que el gobernado conozca la existencia del procedimiento mismo y esté en aptitud de preparar su defensa; que se le otorgue la posibilidad de presentarla a través de la organización de un sistema de pruebas y que, quien estime lo contrario cuente a su vez con el derecho de réplica a fin de desvirtuar las afirmaciones de su parte contraria; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes; y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia número 47/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo II, diciembre de 1995, página 133, cuyo rubro dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." El derecho de audiencia debe protegerse en conjunción con el del debido proceso legal, pues si bien es cierto que un juicio se inicia precisamente con el llamamiento que se hace al demandado, también lo es que todos los actos procesales que en él se producen, incluyendo el emplazamiento, deberán llevarse a cabo en los términos establecidos en la legislación procesal que resulte aplicable, acorde al principio de seguridad jurídica (legalidad), previsto en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, en el que textualmente se establece: "(...) en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento (...)". En ese sentido, si en la especie el acto reclamado lo constituye la diligencia de emplazamiento practicada a la aquí quejosa al juicio sumario civil hipotecario número 281/2019 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, por el licenciado David Pineda Flores, actuario adscrito a la Coordinación de Actuarios de Primera Instancia de los juzgados del Ramo Civil y Familiar, del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, entonces, dicho funcionario debió ser llamado como autoridad responsable al sumario en que se actúa. Por consiguiente, si en la substanciación del presente juicio de amparo se tuvo por no presentada la ampliación a la demanda de amparo donde se señaló a dicha autoridad como responsable, no obstante que se encuentra directamente vinculada al emplazamiento reclamado, entonces no es jurídicamente posible examinar la constitucionalidad de la expresada diligencia, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 12/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I página 687, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE RECLAME LA NOTIFICACIÓN O EL EMPLAZAMIENTO PRACTICADO POR EL ACTUARIO Y EL QUEJOSO OMITA SEÑALAR A ÉSTE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL ESCRITO RELATIVO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE ACLARE DICHA OMISIÓN, ANTES DE ACORDAR SOBRE SU ADMISIÓN. Del artículo 116, en relación con los numerales 145 a 147 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que cuando de la lectura integral de la demanda relativa, el juez de distrito advierta que el acto reclamado consiste en la notificación o el emplazamiento practicado por el actuario, y no se le señale como autoridad responsable en el escrito referido, aquél deberá prevenir al quejoso para que -dentro del término de tres días- aclare si desea designarlo como tal, previamente a la admisión de la demanda, con el fin de garantizar el inicio y la conducción adecuada del proceso. Así, una vez que el promovente desahogue la prevención en la que indique si desea o no señalar como autoridad responsable al actuario ejecutor, u omita desahogar dicha prevención dentro del término referido, el juez estará en aptitud de dictar el auto de admisión, con base en la totalidad de los elementos que tenga a su alcance o, en su caso, tener o no como autoridad responsable a dicho funcionario; pero tal prevención deberá realizarse previo a la admisión de la demanda, toda vez que de los artículos 146 y 147 de referencia, no se advierte que el juzgador esté autorizado a que en el propio auto admisorio pueda prevenir para que se subsane una irregularidad como ésta." Así como la jurisprudencia VII.A.T. J/6 del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Tomo III, Junio de 1996, página 738, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICÓ. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal." En mérito de lo anterior, lo que en el caso procede es decretar al sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, y 63, fracción V, del propio cuerpo normativo, el cual se hace extensivo al titular del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, en virtud de que sus actos no fueron reclamados por vicios propios. SEXTO. Transparencia y acceso a la información pública. Tomando en consideración que las partes contendientes en el presente juicio constitucional, no se opusieron a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, en el plazo concedido para tal efecto, no obstante haber sido legalmente notificadas del proveído en el que se hizo de su conocimiento tal circunstancia; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y como consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información pública gubernamental en relación con los diversos numerales 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley en comento, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin supresión de datos. Por lo expuesto y fundado en los artículos 63 al 74 de la Ley de Amparo, se, RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Jesús Alonso Flores González, contra los actos que reclamó a las autoridades señaladas como responsables, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de la presente determinación. SEGUNDO. Cúmplase con lo ordenado en el considerando sexto de la presente resolución.

  3. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para las nueve horas con veinte minutos de hoy, y toda vez que el suscrito secretario encargado del despacho por licencia concedida al titular de este órgano jurisdiccional, únicamente está facultado para dictar providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, de conformidad con el artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicha audiencia SE DIFIERE, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS DEL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la parte quejosa en auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional programada para este día y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.

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