Jesús Alonso Alcántar Sepúlveda
Expediente 705/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 705/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/10/2021
Partes del expediente
- Jesús Alonso Alcántar Sepúlveda
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días hábiles que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 97 fracción I inciso a), de dicha normatividad, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda que generó el presente juicio; de conformidad con el numeral 2 de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, es destruible y carece de relevancia documental por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, por tanto, procédase a su destrucción en términos del primer párrafo del citado dispositivo, inciso d); lo que se estima acontecerá a partir del ocho de octubre de dos mil veinticuatro.
- Principal
se notifica personalmente a la parte quejosa José Alonso Alcántar Sepúlveda, el proveído de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, por medio de lista que se fijo en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de al ley de amparo, que dice; Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito remitido por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, al cual anexa un escrito de demanda en copia simple aparentemente presentada por Jesús Alonso Alcantar Sepúlveda, por propio derecho, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución de Penas del Poder Judicial en el Estado de Baja California, con residencia en Tecate; en consecuencia, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno correspondiente, con el número 705/2021-B-2. Seguidamente, visto el contenido del ocurso adjunto, se aprecia que se trata de un escrito de demanda en copia simple presentado aparentemente por Jesús Alonso Alcantar Sepúlveda, según se aprecia del proemio de la demanda de amparo, sin embargo, carece de firma autógrafa original; circunstancia que se corrobora con la anotación en el rubro de observaciones de la papeleta de turno. Por tanto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo generadora de este asunto, toda vez que este Juzgado Federal advierte la causa manifiesta e indudable de improcedencia a que refiere la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 6° del ordenamiento en cita. En relación a lo anterior, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito inicial. Además se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Al efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." A su vez, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la materia, y el diverso 6 de la misma normatividad, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley." Pues bien, de lo señalado en líneas anteriores, se advierte que la demanda que se provee carece de firma autógrafa original, de quien aparentemente es su promovente, Jesús Alonso Alcantar Sepúlveda, es decir, al calce de dicho documento no se aprecia firma, rúbrica o huella original alguna de la que pudiera advertirse la voluntad expresa del antes referido de acudir a instar esta vía constitucional, incumpliendo con ello, lo establecido en el artículo 6° de la Ley de Amparo, conforme al cual el juicio de amparo, únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y sólo podrá seguirse por el directamente agraviado, a través de su representante legal o su defensor. Siendo inconcuso que todo escrito de demanda debe estar firmado en original por su autor o autores, porque ésta es la manifestación de la voluntad que da origen al juicio constitucional, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante. Pues tal deficiencia no puede ser corregida a instancia de este Juzgador, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 114 de la ley de la materia, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el diverso numeral 108 del mismo ordenamiento legal, por ser la firma, como ya se dijo, una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en su esfera jurídica por un acto de autoridad, de promover ese medio extraordinario de defensa que se rige, entre otros, por el principio de instancia de parte agraviada. Consecuentemente, al haberse presentado la demanda de amparo de referencia sin firma autógrafa original de quien resulte ser el quejoso, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 6 de dicho ordenamiento legal. Ilustra lo anterior la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 146, Tomo VI, Séptima Época, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO." Así como la tesis del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1613, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE TENERSE POR NO INTERPUESTA CUANDO EL ESCRITO RELATIVO NO SE ENCUENTRE FIRMADO POR EL QUE APARECE COMO PROMOVENTE, SIN TENER QUE PREVENIRLO PARA QUE LA FIRME. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías puede promoverse sólo por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la ley lo permita expresamente. En esos términos, si el escrito de demanda no contiene la firma de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues la firma es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento, siendo indispensable para dar validez a cualquier actuación escrita. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo y, entonces, no debe, incluso, prevenirse al señalado como promovente para que estampe su firma, pues, además, ésta no entraña uno de los requisitos de forma a que se refiere el artículo 116 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 146, sino un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia no conduce siquiera a desechar por improcedente la demanda, pues no puede desecharse lo que no existe, sino a tenerla por no interpuesta ante la falta de expresión de la voluntad del que aparece como promovente." En ese contexto, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia de que se habla, lo conducente es desechar la demanda de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sin ser el caso de tener por señalado el domicilio, dado que al haberse presentado sin firma autógrafa original, se desprende la falta de voluntad de quien aparece como promovente, por lo que no resulta procedente proveer lo relativo a tales cuestiones.
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