Jesús Alfredo Díaz Rodríguez
Expediente 301/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 301/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Jesús Alfredo Díaz Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra de la resolución de tres de octubre de dos mil dieciséis, en la que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales (fojas 175 a 177), asimismo, que ya transcurrió el término de diez días que señala el numeral 86 de la Ley de Amparo, para hacerlo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se acuerda: Se declara que ha causado estado la resolución de tres de octubre de dos mil dieciséis, que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 301/2016-4, promovido por Jesús Alfredo Díaz Rodríguez, contra el acto que reclamó del Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción II del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. Finalmente, conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Notifíquese.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, catorce de octubre de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas por ministerio de ley, con residencia en Ciudad Victoria, mediante el cual rinde su informe justificado. Sin embargo, agréguese sin mayor dicho oficio en virtud de que mediante resolución de tres de octubre del año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia en el juicio de amparo en el que se actúa (fojas 175 a 177). Notifíquese.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, treinta de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguense a sus autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la ley en comento, ténganse como pruebas de la junta responsable las que anexa a su informe justificado. Además, virtud de que las citadas documentales fueron remitidas en dos legajos, para facilitar el manejo del expediente en que se actúa, fórmense por separado un cuaderno de pruebas. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, y del estudio integral de la demanda de derechos fundamentales promovida por Jesús Alfredo Díaz Rodríguez, se advierte que los actos reclamados esencialmente los hace consistir en (foja 2): "ACTOS RECLAMADOS: La omisión de la Autoridad Responsable consistente en la no impartición de Justicia en los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo y la omisión consistente en no proveer lo correspondiente a la providencias precautoria consistente en el embargo precautorio en bienes de la empresa Tecnología Modificada, S.A. de C.V., solicitud que se le (sic) mediante escrito de fecha 26 de mayo del 2016 que solicita el embargo precautorio, dentro del expediente Laboral 413/7/2015." Por otra parte, en cumplimiento a la prevención que se le realizó mediante auto de dos de septiembre del año en curso (fojas 6 y 7), aclaró los actos que les reclamaba a las autoridades responsables foráneas, a saber: "1.- De los C.C. Lic. Miguel Ángel García Ahedo y del Lic. Antonio Carlos Salazar Mercado, se reclama el interferir en procedimiento laboral en específico al el dar la orden para que se acuerde el embargo precautorio solicitado al Lic. Rosendo Ramos Ortega, C. Presidente de la H. Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación del Estado, dentro del expediente laboral 413/7/2015. 2.- Del Lic. Rosendo Ramos Ortega, la omisión de no acordar el de conformidad el embargo precautorio, bajo el argumento verbal de que los Lic. Miguel ángel García Ahedo y del Lic. Antonio Carlos Salazar Mercado, no le autorizan acordar el embargo en contra de la empresa Tecnología Modificada, S.A. de C.V., dentro del expediente laboral 413/7/2015" De las anteriores transcripciones, se desprende que el acto reclamado destacado es la omisión de las autoridades responsable en acordar sobre su escrito de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual solicita el embargo precautorio o providencias cautelares en contra de la demandada Tecnología Modificada, Sociedad Anónima de Capital Variable. No obsta lo anterior, que del análisis de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se enfatiza que el quejoso reclama a todas las autoridades responsable el acto destacado referido en el párrafo que antecede, sin embargo, quién únicamente está facultado para dictar o acordar su petición es el Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta localidad, lo anterior, se corrobora con las constancias que en fotocopia certificada anexa a su informe justificado dicha autoridad. Al respecto, debe decirse que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a la cual el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El citado numeral textualmente establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" Para demostrar la causa de improcedencia precisada, se estima necesario invocar las constancias allegadas en fotocopias certificadas por el Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, anexas a su informe justificado, de las cuales se colige que el citado presidente como integrante de la junta, el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, acordó lo conducente sobre el escrito de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, signado por Jesús Alfredo Díaz Rodríguez -aquí quejoso-, dentro del juicio laboral 413/7/2015, mismo que el presidente responsable declaró improcedente su solicitud, en cuanto a decretar el embargo precautorio o providencias cautelares, circunstancia que hace evidente que el acto omisivo destacado -omisión de acordar el escrito de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis-, ha cesado sus efectos. Al respecto, debe ponderarse que la demanda de derechos fundamentales fue presentada el uno de septiembre de dos mil dieciséis, esto es, con antelación a que la autoridad responsable, subsanara la omisión reclamada al emitir el acuerdo correspondiente dentro del expediente 413/7/2015, lo que lleva a concluir que la omisión que en un principio se reclamó como acto destacado ha dejado de existir, pues ya se proveyó sobre el escrito de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis; de ahí que, resulta incuestionable que cesaron los efectos del acto reclamado, restituyéndose al quejoso en pleno goce del derecho fundamental que estimó vulnerado, toda vez que constituye una situación idéntica a la que habría existido si el acto reclamado no se hubiese planteado en el mundo fáctico, por ende, es que se arriba a la conclusión de que han cesado los efectos del acto materia del reclamo, en tanto que dicha causal de improcedencia obedece a que desaparecieron los motivos que concreta y específicamente originaron el juicio de amparo; de ahí que la cesación de los efectos deba ser inmediata, total y no sujeta a condición alguna, a fin de que la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, resulte ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que procede es el sobreseimiento en este juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, toda vez que al haberse acordado sobre el escrito de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, cuya omisión se reclamaba, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, junio de 1999, tomo IX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, marzo de 2003, tomo XVII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Criterios aplicables, virtud de que no se oponen a la Ley de Amparo vigente, por lo que continúa su observancia, conforme a su artículo sexto transitorio. Se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada para las doce horas del siete de octubre de dos mil dieciséis (foja 9). Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno relativo, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente.(4)
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio signado por el Subsecretario del Trabajo y Prevención Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, mediante el cual rinde su informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese.
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