Jesús Alfredo Arce Molina

Expediente 658/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 1 actuación registrada, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
658/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Jesús Alfredo Arce Molina

Actuaciones

  1. Principal

    con fundamento en el artículo 27, fraccion i, inciso c) de la ley de amparo, se hace efectivo el apercibimiento del aviso dejado el veintidós de noviembre del año en curso, en el domicilio de la parte quejosa JS Fabricaciones en Acero Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal Jesús Ernesto Salas de la Mora, y se notifica el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, que dice: Ensenada, Baja California, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se obtiene que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es pertinente precisar que mediante sentencia dictada por este juzgado el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, por una parte se sobreseyó y por la otra se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la moral quejosa para los efectos siguientes: "1. No apliquen a la parte quejosa JS Fabricaciones de Acero, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de forma presente y futura, el segundo párrafo del artículo 3º de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el Ejercicio Fiscal del año 2020, en lo que respecta a la sobretasa del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, decretado inconstitucional, específicamente durante su vigencia; y 2. Se restituya a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales vulnerados, devolviéndole, en caso de que las hubiese cubierto, las cantidades que se le cobraron por concepto de la contribución del impuesto contenido en el precepto reclamado." La sentencia de referencia fue confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, mediante ejecutoria dictada el siete de abril de dos mil veintidós, por lo que por auto de diecinueve de abril del presente año, se vinculó a la autoridad Secretaría de Hacienda del estado de Baja California, al ser la autoridad que recibió el pago del impuesto relativo al artículo 3º de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el Ejercicio Fiscal del año 2020, en lo que respecta a la sobretasa del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal declarados inconstitucionales, por lo cual se requirió a la autoridad hacendaria del estado, a fin de que diera cumplimiento al fallo protector. Después de múltiples requerimientos, mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se tuvo al Secretario de Hacienda del estado de Baja California, haciendo del conocimiento de este juzgado, que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, desincorporó de la esfera jurídica de la moral quejosa, la obligación contenida en el segundo párrafo del artículo 3º de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, en lo que respecta a la sobretasa del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal; de igual forma, hizo del conocimiento que libró el cheque de caja 0012178, por la suma de diecinueve mil trescientos cincuenta y seis pesos con setenta y siete centavos, con motivo de la devolución correspondiente, asimismo, manifestó su imposibilidad - a esa fecha- de notificar a la quejosa respecto la entrega del título de crédito de referencia y para acreditar lo antes expuesto, remitió copia certificada del oficio SATBC-DR-00-00-2022-0484. Documentales a las que se les confiere valor probatorio pleno al tenor del numeral 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones. En virtud de lo antes expuesto, este juzgado requirió a la parte quejosa, a fin de que en el plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del proveído de diecisiete de octubre del presente año, acreditara haber comparecido por sí o por quien legalmente se encontrara facultado para tal efecto, a la oficina de la Tesorería de la Secretaría de Hacienda del estado, de esta ciudad, a efecto de recibir el título de crédito expedido a su favor en cumplimiento al fallo protector. En las relatadas condiciones, se estima que se ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que la autoridad vinculada a fin de acatar la ejecutoria de amparo, Secretario de Hacienda del estado de Baja California, acreditó que desincorporó de la esfera jurídica de la moral quejosa, la obligación contenida en el segundo párrafo del artículo 3º de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, en lo que respecta a la sobretasa del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal; de igual forma, hizo del conocimiento que a fin de devolverle a la impetrante la suma correspondiente, libró el cheque de caja 0012178, por la suma de diecinueve mil trescientos cincuenta y seis pesos con setenta y siete centavos. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho que no obre constancia de recepción del cheque de caja 0012178, por la suma de diecinueve mil trescientos cincuenta y seis pesos con setenta y siete centavos, expedido a favor de la quejosa con motivo de la devolución de las sumas pagadas por concepto de la sobretasa del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, en virtud que este juzgado, mediante acuerdo de diecisiete de octubre del presente año, requirió a la quejosa, a fin que en el plazo de tres días hábiles, acudiera por conducto de su representante o persona facultada, a recoger el título de crédito de referencia, sin que hubiese realizado manifestación alguna al respecto, por lo cual el hecho que no obre la constancia de recepción del cheque en cuestión, no es una cuestión atribuible a la autoridad sino a la moral quejosa, al haber mostrado desinterés el recibir la suma correspondiente. En tal virtud, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la responsable en mención, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. En términos del artículos Décimo Octavo, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo propio artículo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se depurara el presente asunto, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. ??????????????? De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Acuérdese lo que en derecho corresponda en el incidente de suspensión derivado del presente asunto.

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