Jesús Alfonso Franco Lozano

Expediente 699/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 21 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
699/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Jesús Alfonso Franco Lozano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto lo anterior y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha no se ha dado cumplimiento en forma total al fallo protector. Efectos del fallo protector: Cabe recordar que los efectos del fallo protector fueron los siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión de amparo son para que la autoridad responsable Juez Tercero de lo Familiar del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, dentro del juicio ordinario civil ********************, cumpla con lo siguiente: 1. A efecto de no re victimizar al menor de edad de iniciales ********************que ya fue entrevistado, únicamente deberá dejar sin efectos la resolución interlocutoria de dos de mayo de dos mil veintitrés, recaída al recurso de revocación promovido por el quejoso contra la determinación de quince de noviembre del año pasado, donde se otorgó la custodia provisional de los niños en favor de la madre. 2. Previo a emitir una nueva resolución incidental al medio de impugnación aludido, deberá emitir un auto donde ordene la designación por un lado, de una representación coadyuvante, a los menores de edad de identidad reservada ********************y ********************, a través de un profesional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California, así como también, una representación en suplencia, a través de una tutriz del Padrón de Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia del Poder Judicial de Baja California, en la inteligencia que deberá darles a ambos la oportunidad de ofrecer pruebas y hacer las manifestaciones que a su representación competa para el recurso de revocación consabido; lo anterior, con la finalidad de garantizar una representación imparcial, dirigida absolutamente a la defensa eficaz de los derechos de los menores en cita, representantes ambos que pudieran cambiar en la secuela del procedimiento, siempre y cuando garantice una representación imparcial. 3. Y con libertad de jurisdicción, dictar una nueva resolución interlocutoria en torno al recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa contra el proveído mencionado en el primer punto, donde resuelva lo que en derecho corresponda; empero, valore todos los elementos de convicción que tenga en ese momento, tales como entrevistas de los menores de edad, etcétera. Sin que el eventual dictado de la nueva determinación provisional sobre el medida cautelar de custodia, y demás actos posteriores formen parte del cumplimiento de la presente sentencia, pues éste se constriñe específicamente a los lineamientos arriba mencionados hasta en tanto se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley, conforme lo establece la parte final del artículo 77 del ordenamiento legal en cita." Requerimiento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días siguientes contados a partir de que reciba la notificación del presente proveído, informe sobre el cumplimiento de ejecutoria de amparo, en lo que a la fecha no ha acatado. Actos específicos pendientes que debe realizar la autoridad en cumplimiento al fallo protector: En virtud de que según lo informado en autos por la autoridad responsable, ya existe tutriz ya designada -********************-; por tanto, y para el caso de que subsista dicha designación y que no haya sido revocada, desautorizada o modificada por alguna razón -al margen de que ya se haya dilucidado respecto la prestación de sus servicios de forma gratuita o no-, con libertad de jurisdicción, dicte una nueva resolución interlocutoria en torno al recurso de revocación atinente, valorando todos los elementos de convicción que tenga en ese momento, tales como las entrevistas de los menores de edad, ya desahogadas, etcétera. En la inteligencia que la respuesta pendiente del Consejo de la Judicatura del Estado respecto a las prestaciones de los servicios gratuitos por parte de la tutriz aludida, es ajena al dictado de la resolución de la revocación; cuestión que en su caso, deberá de seguirse en forma independiente, a menos claro, que la tutriz haya sido revocada. Apercibimiento de multa. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se les impondrá en lo particular, esto es, a la PERSONA FÍSICA que ocupe el cargo correspondiente a la autoridad obligada al cumplimiento del fallo protector, una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por CIEN, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; misma multa que deberán cubrir con su propio peculio y no con recursos públicos. Por lo que si conforme a la página oficial de Internet https://www.inegi.org.mx/temas/uma/, el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el presente año (2023) equivale a $103.74 M.N. (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), al multiplicarla por CIEN, la citada multa es equivalente a la cantidad de $10,374.00 M.N. (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Separación del cargo y consignación. Asimismo, una vez impuesta la multa respectiva, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que podrá culminar con la SEPARACIÓN DE SU CARGO y su consignación ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículos 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 29/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019625, publicada en cinco de abril de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD." Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, diversos actos de retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Christian Eduardo Parra Carrillo, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta remitido por la autoridad responsable, y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Autoridad responsable informa gestiones sobre cumplimiento. Téngasele a la autoridad responsable, informando las gestiones que ha realizado para dar cumplimiento fallo protector; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Continúan subsistentes apercibimientos. En el entendido de que, acorde a lo dispuesto por el párrafo tercero, del artículo 193 de la Ley de Amparo, continúan subsistentes los apercibimientos decretados en autos, hasta en tanto se logre dar cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, pues en la exposición de motivos sobre la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se estableció, en relación con la ejecución de las sentencias de amparo, lo siguiente: "(.) la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia federal pierde su objetivo cuando se incumple o deja de observarse por los servidores públicos a quienes va dirigida. Por ello, sancionar a dichos servidores públicos no es trivial si se busca que las sentencias de amparo tengan realmente eficacia. Sin ser un punto de acuerdo generalizado, se estima que la interpretación correcta del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte debe separar del cargo y consignar directamente ante el Juez de Distrito a la autoridad remisa con el propósito de que este órgano individualice la pena que le corresponde. De esta forma, la solución que se propone es en el sentido de que, con pleno respeto a la garantía de audiencia del sujeto involucrado, sea la propia Suprema Corte la que lleve a cabo esa individualización." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Christian Eduardo Parra Carrillo, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. Escritos. Agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan los escritos de cuenta presentados por la parte quejosa, así como el oficio signado por la autoridad responsable, y en atención a sus contenidos se acuerda lo siguiente: Copias. Atento a lo solicitado por la parte impetrante, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º expídanse las copias solicitadas; lo anterior, previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos para constancia legal. Autorizado. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, por encontrase registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por así haberlo solicitado la parte quejosa. Manifestaciones. Por otra parte, se tienen por hechas las manifestaciones que realiza la parte quejosa en relación al cumplimiento del fallo protector, así como también se tiene a la autoridad responsable informando las gestiones que ha desplegado en torno al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Estado de autos. Visto lo anterior y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha no se ha dado cumplimiento en forma total al fallo protector. Efectos del fallo protector: Cabe recordar que los efectos del fallo protector fueron los siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión de amparo son para que la autoridad responsable Juez Tercero de lo Familiar del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, dentro del juicio ordinario civil ********************, cumpla con lo siguiente: 1. A efecto de no re victimizar al menor de edad de iniciales ********************que ya fue entrevistado, únicamente deberá dejar sin efectos la resolución interlocutoria de dos de mayo de dos mil veintitrés, recaída al recurso de revocación promovido por el quejoso contra la determinación de quince de noviembre del año pasado, donde se otorgó la custodia provisional de los niños en favor de la madre. 2. Previo a emitir una nueva resolución incidental al medio de impugnación aludido, deberá emitir un auto donde ordene la designación por un lado, de una representación coadyuvante, a los menores de edad de identidad reservada ********************y ********************, a través de un profesional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California, así como también, una representación en suplencia, a través de una tutriz del Padrón de Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia del Poder Judicial de Baja California, en la inteligencia que deberá darles a ambos la oportunidad de ofrecer pruebas y hacer las manifestaciones que a su representación competa para el recurso de revocación consabido; lo anterior, con la finalidad de garantizar una representación imparcial, dirigida absolutamente a la defensa eficaz de los derechos de los menores en cita, representantes ambos que pudieran cambiar en la secuela del procedimiento, siempre y cuando garantice una representación imparcial. 3. Y con libertad de jurisdicción, dictar una nueva resolución interlocutoria en torno al recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa contra el proveído mencionado en el primer punto, donde resuelva lo que en derecho corresponda; empero, valore todos los elementos de convicción que tenga en ese momento, tales como entrevistas de los menores de edad, etcétera. Sin que el eventual dictado de la nueva determinación provisional sobre el medida cautelar de custodia, y demás actos posteriores formen parte del cumplimiento de la presente sentencia, pues éste se constriñe específicamente a los lineamientos arriba mencionados hasta en tanto se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley, conforme lo establece la parte final del artículo 77 del ordenamiento legal en cita." Requerimiento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días siguientes contados a partir de que reciba la notificación del presente proveído, informe sobre el cumplimiento de ejecutoria de amparo, en lo que a la fecha no ha acatado. Actos específicos pendientes que debe realizar la autoridad en cumplimiento al fallo protector: 1. Realice todas las gestiones pertinentes para lograr la pronta designación de tutriz del Padrón de Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia del Poder Judicial de Baja California, para los efectos apuntados en párrafos supra; en la inteligencia que de informar el Consejo de la Judicatura del Estado en sentido desfavorable sobre la posibilidad de que la perito tutriz ya designada -********************- preste sus servicios gratuitamente, dada la imposibilidad económica de la progenitora de los menores que externó para pagar sus honorarios, deberá de inmediato solicitar el apoyo de diversa perito, o bien, hacer la petición correspondiente a diversa institución para tal efecto; desde luego, dando el seguimiento oportuno de los requerimientos de que se trate, y en un periodo razonable, pero no dejar inactivo el asunto, en consonancia con la impartición de justicia expedida consagrada en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Una vez lograda la designación pendiente, con libertad de jurisdicción, dicte una nueva resolución interlocutoria en torno al recurso de revocación atinente, valorando todos los elementos de convicción que tenga en ese momento, tales como las entrevistas de los menores de edad, ya desahogadas, etcétera. Apercibimiento de multa. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se les impondrá en lo particular, esto es, a la PERSONA FÍSICA que ocupe el cargo correspondiente a la autoridad obligada al cumplimiento del fallo protector, una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por CIEN, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; misma multa que deberán cubrir con su propio peculio y no con recursos públicos. Por lo que si conforme a la página oficial de Internet https://www.inegi.org.mx/temas/uma/, el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el presente año (2023) equivale a $103.74 M.N. (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), al multiplicarla por CIEN, la citada multa es equivalente a la cantidad de $10,374.00 M.N. (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Separación del cargo y consignación. Asimismo, una vez impuesta la multa respectiva, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que podrá culminar con la SEPARACIÓN DE SU CARGO y su consignación ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículos 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 29/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019625, publicada en cinco de abril de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD." Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, diversos actos de retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Christian Eduardo Parra Carrillo, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a siete de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha no se ha dado cumplimiento en forma total al fallo protector. Efectos del fallo protector: Cabe recordar que los efectos del fallo protector fueron los siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión de amparo son para que la autoridad responsable Juez Tercero de lo Familiar del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, dentro del juicio ordinario civil ********************, cumpla con lo siguiente: 1. A efecto de no re victimizar al menor de edad de iniciales ********************que ya fue entrevistado, únicamente deberá dejar sin efectos la resolución interlocutoria de dos de mayo de dos mil veintitrés, recaída al recurso de revocación promovido por el quejoso contra la determinación de quince de noviembre del año pasado, donde se otorgó la custodia provisional de los niños en favor de la madre. 2. Previo a emitir una nueva resolución incidental al medio de impugnación aludido, deberá emitir un auto donde ordene la designación por un lado, de una representación coadyuvante, a los menores de edad de identidad reservada ********************y ********************, a través de un profesional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California, así como también, una representación en suplencia, a través de una tutriz del Padrón de Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia del Poder Judicial de Baja California, en la inteligencia que deberá darles a ambos la oportunidad de ofrecer pruebas y hacer las manifestaciones que a su representación competa para el recurso de revocación consabido; lo anterior, con la finalidad de garantizar una representación imparcial, dirigida absolutamente a la defensa eficaz de los derechos de los menores en cita, representantes ambos que pudieran cambiar en la secuela del procedimiento, siempre y cuando garantice una representación imparcial. 3. Y con libertad de jurisdicción, dictar una nueva resolución interlocutoria en torno al recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa contra el proveído mencionado en el primer punto, donde resuelva lo que en derecho corresponda; empero, valore todos los elementos de convicción que tenga en ese momento, tales como entrevistas de los menores de edad, etcétera. Sin que el eventual dictado de la nueva determinación provisional sobre el medida cautelar de custodia, y demás actos posteriores formen parte del cumplimiento de la presente sentencia, pues éste se constriñe específicamente a los lineamientos arriba mencionados hasta en tanto se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley, conforme lo establece la parte final del artículo 77 del ordenamiento legal en cita." Requerimiento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días siguientes contados a partir de que reciba la notificación del presente proveído, cumplan con la ejecutoria de amparo. Apercibimiento de multa. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se les impondrá en lo particular, esto es, a la PERSONA FÍSICA que ocupe el cargo correspondiente a la autoridad obligada al cumplimiento del fallo protector, una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por CIEN, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; misma multa que deberán cubrir con su propio peculio y no con recursos públicos. Por lo que si conforme a la página oficial de Internet https://www.inegi.org.mx/temas/uma/, el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el presente año (2023) equivale a $103.74 M.N. (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), al multiplicarla por CIEN, la citada multa es equivalente a la cantidad de $10,374.00 M.N. (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Separación del cargo y consignación. Asimismo, una vez impuesta la multa respectiva, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que podrá culminar con la SEPARACIÓN DE SU CARGO y su consignación ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículos 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 29/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019625, publicada en cinco de abril de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD." Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, diversos actos de retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Christian Eduardo Parra Carrillo, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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