Jesús Alfonso Caravantes Acosta

Expediente 341/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 22 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
341/2015
Año
2015
Actuaciones
22
Última actuación
11/07/2016

Partes del expediente

  • Jesús Alfonso Caravantes Acosta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, once de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de donde se advierte que la parte quejosa, no hizo manifestación alguna respecto a la vista que se le dio en proveído de doce de abril del año en curso, con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. Por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DEPURAR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo que sobreseyó y concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, debiendo conservarse la demanda de amparo, auto admisorio, sentencia, ejecutoria y el auto que la declaró cumplida. 2. DEPURAR el cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo. 3. DESTRUIR el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. TRANSFERIR el cuaderno original del incidente de suspensión junto con el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, seis de junio de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos, de los que se advierte que aún no se notifica al quejoso JESÚS ALFONSO CERVANTES ACOSTA, el proveído de doce de abril del año en curso, en el que se tuvo por cumplido el fallo protector. En consecuencia, se comisiona al Actuario adscrito para que notifique al mencionado quejoso el proveído de doce de abril del año en curso. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, doce de abril de dos mil dieciséis. Vistos los autos, se advierte que ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil quince (foja 223); en consecuencia, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en las documentales existentes en el presente juicio de amparo. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA En sentencia que se terminó de engrosar el veintiocho de julio de dos mil quince (fojas 195 a la 202), se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso JESÚS ALONSO CARAVANTES ACOSA, para efecto de que el Juez de Primera Instancia, residente en Escuinapa, Sinaloa: ".Deje insubsistente el apercibimiento de la orden de reaprehensión, y dicte otro en el que determine el motivo por el cual ordena dicha determinación, debiendo haber adecuación entre las razones que exponga y fundamentos aplicables al caso concreto." Lo anterior, por considerar que la autoridad responsable, al requerir al quejoso a fin de que garantizara el beneficio de libertad provisional bajo caución que concedió, no fundó ni motivó la dicha determinación, pues no señaló las cantidades y conceptos de tenía que exhibir para disfrutar del mismo ni expuso los motivos que tenía para conceder dicho beneficio sino que sólo se concretó a requerir al quejoso para que en el término de quince días garantizara tal beneficio y lo apercibió que de no hacerlo se ordenaría su reaprehensión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 509 y 510 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa; empero, para cumplir con la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución Federal, la autoridad se encontraba obligada a exponer las consideraciones lógicas y jurídicas que justificara la emisión del acto, lo que no realizó. La sentencia causó ejecutoria en proveído de tres de septiembre de dos mil quince (foja 216); y, en la misma fecha, se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento de la misma. ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO En acatamiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficio 1062/2015.-P, la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Escuinapa, Sinaloa, remitió copia certificada de la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil quince, de la que se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: ".IV.- Por lo tanto y atendiendo las directrices de la resolución emitida en el juicio de amparo de que se trata, se deja sin efecto el proveído de fecha 21 de abril del año 2015, en lo concerniente a que esta Autoridad Judicial omitió señalarle las cantidades y conceptos que tenía que exhibir el hoy quejoso ante esta Autoridad Judicial, para disfrutar del beneficio de la libertad provisional bajo caución a que tiene derecho, y como consecuencia de igual forma se deja sin efecto la constancia levantada por el Actuario Adscrito a este Juzgado, en fecha 22 de abril del año en curso. Por lo tanto, en cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo y en virtud de que el delito de FRAUDE ESPECIFICO, que se le imputa al procesado JESÚS ALFONSO CARAVANTES ACOSTA, hoy quejoso no es considerado como grave, se le concede el beneficio de la libertad provisional bajo caución que tiene derecho, fijándosele para tal efecto los montos a garantizar en cualesquiera de las formas establecidas por la ley, fundándose para ello en lo dispuesto por el artículo 20 constitucional. En primer lugar el artículo 20 Constitucional precisa: "Artículo 20". En todo proceso del orden penal, el inculpado, la víctima, el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A.- Del inculpado: I.- Inmediatamente que lo solicite, el Juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, el Juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado jaya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el Ministerio Público aporte elementos al Juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad. El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución. Para resolver sobre la forma y el monto de la caución, el Juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado. La ley determinará los casos graves en los cuales el Juez podrá revocar la libertad provisional." Por su parte los artículos 117, 492, y 496 del Código de Procedimientos Penales de Sinaloa, establecen: "ARTICULO 117.- En casos urgentes, el Ministerio Público podrá bajo su responsabilidad, ordenar por escrito la detención de una persona, fundando y expresando los indicios que acrediten: a). Que el indiciado haya intervenido en la comisión de alguno de los delitos señalados como graves en este artículo o en otra Ley que deban aplicar los tribunales del Estado; b).- Que exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia; y c).- Que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante autoridad judicial para solicitar la orden de aprehensión. La violación de esta disposición, hará penalmente responsable al Ministerio Público o funcionario que decrete indebidamente la detención y el sujeto será puesto en inmediata libertad. Se califican como delitos graves para todos los efectos legales, los previstos en los siguientes artículos del Código Penal para el Estado de Sinaloa: homicidio previsto en el artículo 134; lesiones dolosas previsto en el artículo 136 fracciones VIII y IX; homicidio calificado previsto en los artículos 139 y 139 Bis; homicidio por culpa grave previsto en el artículo 144; homicidio agravado por razón de parentesco o relación familiar previsto en los artículos 152 y 153; secuestro previsto en los artículos 167 y 168, así como las conductas descritas en los artículos 168 Bis, 168 Bis A y 168 Bis B; rapto con violencia previsto en el artículo 169; rapto previsto en el artículo 170; asalto previsto en los artículos 174 y 175; violación previsto en los artículos 179, 180 y 181; robo previsto en el artículo 204 fracciones I y II; robo con violencia contra las personas o en lugar habitado o destinado para habitación o sus dependencias previstos en las fracciones I, II y III del artículo 205; robo de vehículo automotor previsto en los artículos 207 y 207 Bis, fracciones I, II, III, IV y V; robo bancario previsto en el artículo 210; abigeato previsto en los artículos 220 y 224; extorsión previsto en el artículo 231; sustracción de menores o incapaces previsto en el primer párrafo del artículo 242; tráfico de menores previsto en el primer párrafo del artículo 243; ataques a los medios de transporte previsto en el artículo 262; rebelión previsto en el artículo 286; terrorismo previsto en el artículo 291; sabotaje previsto en el artículo 292; tortura previsto en el artículo 328; y los delitos electorales previstos en los artículos 357 fracción III y 359. Igualmente para todos los efectos de ley, serán considerados como graves los delitos señalados con anterioridad cometidos dolosamente en grado de tentativa." "ARTICULO 492.- Todo inculpado tendrá derecho durante la averiguación previa o el proceso, hacer puesto en libertad provisional bajo caución, inmediatamente que lo solicite, si se reúnen los siguientes requisitos: I.- Que garantice el monto estimado de la reparación del daño. Tratándose de delitos que afecten la vida o la integridad corporal, el monto de la reparación no podrá ser menor del que resulte aplicándose las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo; II.- Que garantice las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele; III.- Que caucione el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, que la ley establece en razón del proceso; y IV. Que no se trate de alguno de los delitos señalados como graves en el artículo 117 de este Código. La caución a que se refiere la fracción III y las garantías a que se refieren las fracciones I y II podrán consistir en lo que señala el artículo 498 de este Código." "ARTICULO 496.- El monto de la caución se fijará por el Juez, quien tomará en consideración: I.- Los antecedentes del inculpado y de la víctima; II.- La gravedad del o de los delitos imputados; III.- El mayor o menor interés que pueda tener el acusado en substraerse a la acción de la justicia; IV.- Las condiciones económicas del acusado; y, V.- La naturaleza de la garantía que se ofrezca." En efecto, si bien el precepto constitucional y los diversos artículos adjetivos penales facultan al Juez responsable para que todo inculpado dentro de un proceso penal inmediatamente que lo solicite se le conceda la libertad provisional bajo caución, no menos cierto es, que la procedencia de dicho beneficio se encuentra condicionado a los siguientes requisitos: I.- Que garantice el monto estimado de la reparación del daño. Tratándose de delitos que afecten la vida o la integridad corporal, el monto de la reparación no podrá ser menor del que resulte aplicándose las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo; II.- Que garantice las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele; III.- Que caucione el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, que la ley establece en razón del proceso; y, IV. Que no se trate de alguno de los delitos señalados como graves en el artículo 117 del Código Penal Vigente en la época de la comisión del delito y el caso de los delitos no graves de alguna de las hipótesis comprendidas en el numeral 492 bis del código citado y el diverso artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, y tomando en consideración el caso que nos ocupa y sus circunstancias esenciales, como lo son los antecedentes del inculpado y de la víctima, la gravedad del delito imputado, el mayor o menor interés que puedan tener los acusados de sustraerse de la acción de la justicia, las condiciones económicas de estos y la naturaleza de la garantía que se ofrezca, se le concede a dicho acusado el Beneficio de la Libertad Provisional Bajo Caución, solicitado por su defensora oficial, toda vez que el delito por el cual se le acusa previamente por la representación social, no es considerado como grave, conforme a lo señalado por el artículo 117 del Código de Procedimientos Penales, siempre y cuando deposite ante este órgano jurisdiccional en cualesquiera de las formas establecidas por el diverso numeral 498 del ordenamiento legal ya invocado, la siguiente garantía de $5,317.20 (Cinco mil trescientos diecisiete pesos 20/100 Moneda Nacional) por concepto de las obligaciones que contrae con este juzgado el acusado, en razón de este proceso, fijada a criterio del juzgador tomando en cuenta las circunstancias esenciales del caso previ9stas por el artículo 496 de la ley en cita; $23,632.00 (Veintitrés mil seiscientos treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), por la posible sanción pecuniaria que pudiera llegar a imponérsele en definitiva; y la cantidad de 63,634.00 (Sesenta y tres mil seiscientos treinta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de reparación del daño que pudiera llegar a imponérsele, ocasionado en perjuicio del patrimonio económico de JORGE IVÁN FRAUSTO FONSECA. En consecuencia, se le concede al procesado JESÚS ALONSO CARAVANTES ACOSTA, el término de 15 días, contados a partir del día siguiente de su notificación, a efecto de que garantice en cualesquiera de las formas establecidas por la ley el beneficio de la libertad provisional que le fue concedido, y se le aperciba que de no hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de esta Adscripción para los efectos legales a que haya lugar, debiéndose notificar el presente proveído al inculpado de mérito, tanto en el domicilio señalado designado para oír y recibir notificaciones, así como en su domicilio particular que proporcionó en su declaración preparatoria el ubicado en calle Abasolo número 160 colonia insurgentes de esta ciudad. En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 492 y 496 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, así como en la fracción I, apartado A 20 constitucional, se: R E S U E L V E: PRIMERO.- En cumplimiento al fallo protector emitido a favor de JESÚS ALFONSO CARAVANTES ACOSTA, por parte del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, SE DEJA INSUBSISTENTE, el auto de fecha 21 de abril del 2015, al igual que la notificación realizada por el Actuario Adscrito a este Juzgado, con fecha 22 de abril del año en curso, realizada al procesado hoy quejoso, en la que se le apercibió que de no exhibir las garantías se ordenaría su reaprehensión; y a fin de dar pleno cumplimiento a lo aquí determinado, se concede al procesado hoy quejoso, el beneficio de la libertad provisional bajo caución a quien se ordena notificar las cantidades que fueron señaladas con antelación para efecto de que disfrute del beneficio de la libertad provisional concedida. SEGUNDO.- Remítase copia certificada de la presente resolución para su legal conocimiento al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado con residencia en Mazatlán, Sinaloa, para los efectos legales a que haya lugar." (Fojas 218 a la 222). ANÁLISIS EVALUATIVO Una vez analizado lo anterior, este órgano de control constitucional considera que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, toda vez que la autoridad responsable Juez Mixto de Escuinapa, Sinaloa, en resolución de veintiuno de septiembre de dos mil quince, dejó insubsistente el auto de veintiuno de abril de dos mil quince, dictado en la causa penal 60/2012, en el que se le apercibió que de no exhibir las garantías fijadas para que surtiera efectos el beneficio de la libertad provisional bajo caución, se ordenaría su reaprehensión, así como la notificación que dicho proveído se realizó al inculpado aquí quejoso por el actuario adscrito a ese Juzgado. Asimismo, en la citada resolución, concedió al quejoso JESÚS ALFONSO CARAVANTES ACOSTA, el beneficio de la libertad provisional bajo caución y fijó las cantidades las cantidades que estimó suficientes para que disfruta de dicho beneficio, fundándose para ello en el artículo 20 Constitucional, y en lo dispuesto por los numerales 117, 492, y 496 del Código de Procedimientos Penales de Sinaloa, adecuando lo establecido en dichos preceptos legales al caso concreto. En efecto, de la resolución sometida a estudio se advierte que el juez responsable, para fijar las garantías que surta efecto el beneficio de libertad provisional bajo caución, tomó en cuenta, entre otras cosas, los antecedentes del inculpado y de la víctima, la gravedad del delito imputado, el mayor o menor interés que pudiera tener el acusado de sustraerse de la acción de la justicia, las condiciones económicas de éste; determinando la cantidad de $5,317.20 (Cinco mil trescientos diecisiete pesos 20/100 Moneda Nacional) por concepto de las obligaciones procesales, la cual fijó en forma discrecional de conformidad con el artículo 496 de la ley en cita; la suma de $23,632.00 (Veintitrés mil seiscientos treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), por posible sanción pecuniaria que pudiera llegar a imponérsele en sentencia; y, el diverso monto de 63,634.00 (Sesenta y tres mil seiscientos treinta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de reparación del daño que virtud al perjuicio del patrimonio económico de JORGE IVÁN FRAUSTO FONSECA; asimismo, le concedió el término de 15 días, contados a partir del día siguiente de su notificación, a fin de que garantice tales cantidades, y lo apercibió que de no hacerlo, se daría vista al Agente del Ministerio Público de esta Adscripción para los efectos legales a que haya lugar, y ordenando su legal notificación. Por lo que es evidente que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, restituyendo al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos. VISTA A LAS PARTES En virtud de lo anterior, dese vista a las partes para los efectos de la fracción I, del artículo 201, de la Ley de Amparo, el cual señala que procede el recurso de inconformidad contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, para que en el término de quince días, manifiesten lo que a su interés convenga; en la inteligencia de que en caso de no desahogarla, ésta se tendrá por consentida y con base en el dispositivo 214 de la ley de la materia, se archivará este juicio como asunto concluido. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    POR MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, AL HABER TRANSCURRIDO LOS DOS DÍAS HÁBILES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, Y NO HABER CONCURRIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL MISMO, NO OBSTANTE EL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO, DICHO PROVEÍDO SEÑALA: Vistos los autos, se advierte que ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil quince (foja 223); en consecuencia, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en las documentales existentes en el presente juicio de amparo. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA En sentencia que se terminó de engrosar el veintiocho de julio de dos mil quince (fojas 195 a la 202), se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso JESÚS ALONSO CARAVANTES ACOSA, para efecto de que el Juez de Primera Instancia, residente en Escuinapa, Sinaloa: ".Deje insubsistente el apercibimiento de la orden de reaprehensión, y dicte otro en el que determine el motivo por el cual ordena dicha determinación, debiendo haber adecuación entre las razones que exponga y fundamentos aplicables al caso concreto." Lo anterior, por considerar que la autoridad responsable, al requerir al quejoso a fin de que garantizara el beneficio de libertad provisional bajo caución que concedió, no fundó ni motivó la dicha determinación, pues no señaló las cantidades y conceptos de tenía que exhibir para disfrutar del mismo ni expuso los motivos que tenía para conceder dicho beneficio sino que sólo se concretó a requerir al quejoso para que en el término de quince días garantizara tal beneficio y lo apercibió que de no hacerlo se ordenaría su reaprehensión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 509 y 510 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa; empero, para cumplir con la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución Federal, la autoridad se encontraba obligada a exponer las consideraciones lógicas y jurídicas que justificara la emisión del acto, lo que no realizó. La sentencia causó ejecutoria en proveído de tres de septiembre de dos mil quince (foja 216); y, en la misma fecha, se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento de la misma. ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO En acatamiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficio 1062/2015.-P, la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Escuinapa, Sinaloa, remitió copia certificada de la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil quince, de la que se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: ".IV.- Por lo tanto y atendiendo las directrices de la resolución emitida en el juicio de amparo de que se trata, se deja sin efecto el proveído de fecha 21 de abril del año 2015, en lo concerniente a que esta Autoridad Judicial omitió señalarle las cantidades y conceptos que tenía que exhibir el hoy quejoso ante esta Autoridad Judicial, para disfrutar del beneficio de la libertad provisional bajo caución a que tiene derecho, y como consecuencia de igual forma se deja sin efecto la constancia levantada por el Actuario Adscrito a este Juzgado, en fecha 22 de abril del año en curso. Por lo tanto, en cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo y en virtud de que el delito de FRAUDE ESPECIFICO, que se le imputa al procesado JESÚS ALFONSO CARAVANTES ACOSTA, hoy quejoso no es considerado como grave, se le concede el beneficio de la libertad provisional bajo caución que tiene derecho, fijándosele para tal efecto los montos a garantizar en cualesquiera de las formas establecidas por la ley, fundándose para ello en lo dispuesto por el artículo 20 constitucional. En primer lugar el artículo 20 Constitucional precisa: "Artículo 20". En todo proceso del orden penal, el inculpado, la víctima, el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A.- Del inculpado: I.- Inmediatamente que lo solicite, el Juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, el Juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado jaya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el Ministerio Público aporte elementos al Juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad. El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución. Para resolver sobre la forma y el monto de la caución, el Juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado. La ley determinará los casos graves en los cuales el Juez podrá revocar la libertad provisional." Por su parte los artículos 117, 492, y 496 del Código de Procedimientos Penales de Sinaloa, establecen: "ARTICULO 117.- En casos urgentes, el Ministerio Público podrá bajo su responsabilidad, ordenar por escrito la detención de una persona, fundando y expresando los indicios que acrediten: a). Que el indiciado haya intervenido en la comisión de alguno de los delitos señalados como graves en este artículo o en otra Ley que deban aplicar los tribunales del Estado; b).- Que exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia; y c).- Que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante autoridad judicial para solicitar la orden de aprehensión. La violación de esta disposición, hará penalmente responsable al Ministerio Público o funcionario que decrete indebidamente la detención y el sujeto será puesto en inmediata libertad. Se califican como delitos graves para todos los efectos legales, los previstos en los siguientes artículos del Código Penal para el Estado de Sinaloa: homicidio previsto en el artículo 134; lesiones dolosas previsto en el artículo 136 fracciones VIII y IX; homicidio calificado previsto en los artículos 139 y 139 Bis; homicidio por culpa grave previsto en el artículo 144; homicidio agravado por razón de parentesco o relación familiar previsto en los artículos 152 y 153; secuestro previsto en los artículos 167 y 168, así como las conductas descritas en los artículos 168 Bis, 168 Bis A y 168 Bis B; rapto con violencia previsto en el artículo 169; rapto previsto en el artículo 170; asalto previsto en los artículos 174 y 175; violación previsto en los artículos 179, 180 y 181; robo previsto en el artículo 204 fracciones I y II; robo con violencia contra las personas o en lugar habitado o destinado para habitación o sus dependencias previstos en las fracciones I, II y III del artículo 205; robo de vehículo automotor previsto en los artículos 207 y 207 Bis, fracciones I, II, III, IV y V; robo bancario previsto en el artículo 210; abigeato previsto en los artículos 220 y 224; extorsión previsto en el artículo 231; sustracción de menores o incapaces previsto en el primer párrafo del artículo 242; tráfico de menores previsto en el primer párrafo del artículo 243; ataques a los medios de transporte previsto en el artículo 262; rebelión previsto en el artículo 286; terrorismo previsto en el artículo 291; sabotaje previsto en el artículo 292; tortura previsto en el artículo 328; y los delitos electorales previstos en los artículos 357 fracción III y 359. Igualmente para todos los efectos de ley, serán considerados como graves los delitos señalados con anterioridad cometidos dolosamente en grado de tentativa." "ARTICULO 492.- Todo inculpado tendrá derecho durante la averiguación previa o el proceso, hacer puesto en libertad provisional bajo caución, inmediatamente que lo solicite, si se reúnen los siguientes requisitos: I.- Que garantice el monto estimado de la reparación del daño. Tratándose de delitos que afecten la vida o la integridad corporal, el monto de la reparación no podrá ser menor del que resulte aplicándose las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo; II.- Que garantice las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele; III.- Que caucione el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, que la ley establece en razón del proceso; y IV. Que no se trate de alguno de los delitos señalados como graves en el artículo 117 de este Código. La caución a que se refiere la fracción III y las garantías a que se refieren las fracciones I y II podrán consistir en lo que señala el artículo 498 de este Código." "ARTICULO 496.- El monto de la caución se fijará por el Juez, quien tomará en consideración: I.- Los antecedentes del inculpado y de la víctima; II.- La gravedad del o de los delitos imputados; III.- El mayor o menor interés que pueda tener el acusado en substraerse a la acción de la justicia; IV.- Las condiciones económicas del acusado; y, V.- La naturaleza de la garantía que se ofrezca." En efecto, si bien el precepto constitucional y los diversos artículos adjetivos penales facultan al Juez responsable para que todo inculpado dentro de un proceso penal inmediatamente que lo solicite se le conceda la libertad provisional bajo caución, no menos cierto es, que la procedencia de dicho beneficio se encuentra condicionado a los siguientes requisitos: I.- Que garantice el monto estimado de la reparación del daño. Tratándose de delitos que afecten la vida o la integridad corporal, el monto de la reparación no podrá ser menor del que resulte aplicándose las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo; II.- Que garantice las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele; III.- Que caucione el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, que la ley establece en razón del proceso; y, IV. Que no se trate de alguno de los delitos señalados como graves en el artículo 117 del Código Penal Vigente en la época de la comisión del delito y el caso de los delitos no graves de alguna de las hipótesis comprendidas en el numeral 492 bis del código citado y el diverso artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, y tomando en consideración el caso que nos ocupa y sus circunstancias esenciales, como lo son los antecedentes del inculpado y de la víctima, la gravedad del delito imputado, el mayor o menor interés que puedan tener los acusados de sustraerse de la acción de la justicia, las condiciones económicas de estos y la naturaleza de la garantía que se ofrezca, se le concede a dicho acusado el Beneficio de la Libertad Provisional Bajo Caución, solicitado por su defensora oficial, toda vez que el delito por el cual se le acusa previamente por la representación social, no es considerado como grave, conforme a lo señalado por el artículo 117 del Código de Procedimientos Penales, siempre y cuando deposite ante este órgano jurisdiccional en cualesquiera de las formas establecidas por el diverso numeral 498 del ordenamiento legal ya invocado, la siguiente garantía de $5,317.20 (Cinco mil trescientos diecisiete pesos 20/100 Moneda Nacional) por concepto de las obligaciones que contrae con este juzgado el acusado, en razón de este proceso, fijada a criterio del juzgador tomando en cuenta las circunstancias esenciales del caso previ9stas por el artículo 496 de la ley en cita; $23,632.00 (Veintitrés mil seiscientos treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), por la posible sanción pecuniaria que pudiera llegar a imponérsele en definitiva; y la cantidad de 63,634.00 (Sesenta y tres mil seiscientos treinta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de reparación del daño que pudiera llegar a imponérsele, ocasionado en perjuicio del patrimonio económico de JORGE IVÁN FRAUSTO FONSECA. En consecuencia, se le concede al procesado JESÚS ALONSO CARAVANTES ACOSTA, el término de 15 días, contados a partir del día siguiente de su notificación, a efecto de que garantice en cualesquiera de las formas establecidas por la ley el beneficio de la libertad provisional que le fue concedido, y se le aperciba que de no hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de esta Adscripción para los efectos legales a que haya lugar, debiéndose notificar el presente proveído al inculpado de mérito, tanto en el domicilio señalado designado para oír y recibir notificaciones, así como en su domicilio particular que proporcionó en su declaración preparatoria el ubicado en calle Abasolo número 160 colonia insurgentes de esta ciudad. En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 492 y 496 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, así como en la fracción I, apartado A 20 constitucional, se: R E S U E L V E: PRIMERO.- En cumplimiento al fallo protector emitido a favor de JESÚS ALFONSO CARAVANTES ACOSTA, por parte del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, SE DEJA INSUBSISTENTE, el auto de fecha 21 de abril del 2015, al igual que la notificación realizada por el Actuario Adscrito a este Juzgado, con fecha 22 de abril del año en curso, realizada al procesado hoy quejoso, en la que se le apercibió que de no exhibir las garantías se ordenaría su reaprehensión; y a fin de dar pleno cumplimiento a lo aquí determinado, se concede al procesado hoy quejoso, el beneficio de la libertad provisional bajo caución a quien se ordena notificar las cantidades que fueron señaladas con antelación para efecto de que disfrute del beneficio de la libertad provisional concedida. SEGUNDO.- Remítase copia certificada de la presente resolución para su legal conocimiento al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado con residencia en Mazatlán, Sinaloa, para los efectos legales a que haya lugar." (Fojas 218 a la 222). ANÁLISIS EVALUATIVO Una vez analizado lo anterior, este órgano de control constitucional considera que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, toda vez que la autoridad responsable Juez Mixto de Escuinapa, Sinaloa, en resolución de veintiuno de septiembre de dos mil quince, dejó insubsistente el auto de veintiuno de abril de dos mil quince, dictado en la causa penal 60/2012, en el que se le apercibió que de no exhibir las garantías fijadas para que surtiera efectos el beneficio de la libertad provisional bajo caución, se ordenaría su reaprehensión, así como la notificación que dicho proveído se realizó al inculpado aquí quejoso por el actuario adscrito a ese Juzgado. Asimismo, en la citada resolución, concedió al quejoso JESÚS ALFONSO CARAVANTES ACOSTA, el beneficio de la libertad provisional bajo caución y fijó las cantidades las cantidades que estimó suficientes para que disfruta de dicho beneficio, fundándose para ello en el artículo 20 Constitucional, y en lo dispuesto por los numerales 117, 492, y 496 del Código de Procedimientos Penales de Sinaloa, adecuando lo establecido en dichos preceptos legales al caso concreto. En efecto, de la resolución sometida a estudio se advierte que el juez responsable, para fijar las garantías que surta efecto el beneficio de libertad provisional bajo caución, tomó en cuenta, entre otras cosas, los antecedentes del inculpado y de la víctima, la gravedad del delito imputado, el mayor o menor interés que pudiera tener el acusado de sustraerse de la acción de la justicia, las condiciones económicas de éste; determinando la cantidad de $5,317.20 (Cinco mil trescientos diecisiete pesos 20/100 Moneda Nacional) por concepto de las obligaciones procesales, la cual fijó en forma discrecional de conformidad con el artículo 496 de la ley en cita; la suma de $23,632.00 (Veintitrés mil seiscientos treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), por posible sanción pecuniaria que pudiera llegar a imponérsele en sentencia; y, el diverso monto de 63,634.00 (Sesenta y tres mil seiscientos treinta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de reparación del daño que virtud al perjuicio del patrimonio económico de JORGE IVÁN FRAUSTO FONSECA; asimismo, le concedió el término de 15 días, contados a partir del día siguiente de su notificación, a fin de que garantice tales cantidades, y lo apercibió que de no hacerlo, se daría vista al Agente del Ministerio Público de esta Adscripción para los efectos legales a que haya lugar, y ordenando su legal notificación. Por lo que es evidente que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, restituyendo al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos. VISTA A LAS PARTES En virtud de lo anterior, dese vista a las partes para los efectos de la fracción I, del artículo 201, de la Ley de Amparo, el cual señala que procede el recurso de inconformidad contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, para que en el término de quince días, manifiesten lo que a su interés convenga; en la inteligencia de que en caso de no desahogarla, ésta se tendrá por consentida y con base en el dispositivo 214 de la ley de la materia, se archivará este juicio como asunto concluido.

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