Jesus Alfonso Cao Romero Arroyo

Expediente 2263/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2263/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Jesus Alfonso Cao Romero Arroyo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Manifestaciones parte quejosa Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa, ********************, mediante el cual desahoga la vista otorgada en auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés y, al efecto, indica que las autoridades responsables a la presente fecha no han dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se tiene a la parte quejosa realizando manifestaciones respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo. Inejecución de sentencia. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa no ha sido cumplida, por lo cual este órgano jurisdiccional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, 193, 194 y 196 de la Ley de Amparo, procede a la apertura oficiosa del incidente de inejecución de sentencia. Ante todo, resulta conveniente relatar algunos de los antecedentes relevantes de ese asunto, a partir de los cuales se emite la presente determinación. Mediante sentencia de diecinueve de octubre de dos mil veinte, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "VIII. DECISIÓN (.) Ahora, por cuanto hace al acto atribuido al Presidente Municipal de Chinantla, Puebla, se concluye que para determinar la remoción o, separación o baja del cargo público que desempeñaba el quejoso como Policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de esa municipalidad, no se tramitó y resolvió previamente un procedimiento administrativo, lo procedente es calificar de injustificada la remoción y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al impetrante, para el efecto de reparar de manera integral el derecho violado. En atención a lo anterior, la citada autoridad responsable, en el ámbito de su respectiva competencia, deberá proceder en los términos que enseguida se indican: Pagar la indemnización correspondiente a la parte quejosa, la cual deberá consistir en tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal, municipal existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización en estos casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos la autoridad deberá aplicar directamente lo dispuesto en esos ordenamientos, así como las demás prestaciones a que tenga derecho; Ordenar la anotación en el expediente personal del quejoso, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que fue separado, destituido o removido de manera injustificada. En el entendido de que para dar cabal cumplimiento a esta sentencia de amparo se podrá vincular a las autoridades cuya intervención resulte necesaria, aun cuando no hayan sido señaladas como responsables en este juicio, incluso las referidas a los servicios de salud. (.)" Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien lo registró bajo el número 90/2021 y, mediante resolución de seis de enero de dos mil veintidós, confirmó la sentencia dictada por este juzgado; por ello, mediante proveído de veintisiete de enero de dos mil veintidós, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Posteriormente, se suscitaron las siguientes actuaciones: El tres de marzo de dos mil veintidós, a petición de la parte quejosa, se ordenó la apertura del incidente de liquidación de sentencia a fin de liquidar correctamente las prestaciones previstas en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, así como el desahogo de la prueba pericial en materia de contabilidad. Luego, el seis de aquel mes y año, se resolvió el incidente en comento, el cual resultó procedente y se reguló la planilla de liquidación de sentencia para que se le pagara a la parte quejosa la cantidad de $********************, por concepto de indemnización constitucional y demás prestaciones previstas en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución; menos las obligaciones tributarias que deba retener. Posteriormente, el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, al causar ejecutoria la resolución interlocutoria del incidente de liquidación de sentencia, se requirió a las responsables a efecto de que realizaran el pago respectivo. Con motivo de lo anterior, en acuerdo de veinticinco de octubre de ese año, se tuvo a la presidenta y síndico municipales del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla, realizando lo siguiente: "(.) Informan que mediante sesiones de cabildo de ocho y diecisiete de octubre de dos mil veintidós, formalizaron el compromiso de pago por la cantidad de $316,097.63 (trescientos dieciséis mil noventa y siete pesos con sesenta y tres centavos, moneda nacional), establecida en la interlocutoria referida. Desglosan las cantidades y conceptos pagados y pendientes de pago que ha de realizarse al quejoso. Asimismo, refieren que la cantidad pendiente de pago consistente en $287,120.21 (doscientos ochenta y siete mil ciento veinte pesos con veintiún centavos, moneda nacional) que incluye el pago de salarios caídos del uno al veinticinco de julio de dos mil veintidós, 50% de aguinaldo de los años dos mil veinte, veintiuno y proporcional de dos mil veintidós, -enero a julio de dos mil veintidós-, será pagado mediante treinta y seis mensualidades, cada una por la cantidad de $7,975.56 (siete mil novecientos setenta y cinco pesos con cincuenta y seis centavos, moneda nacional), menos deducciones de ley, cantidad que se pondrá a disposición del quejoso ******************** en la tesorería municipal, en los primeros tres días de cada mes, cantidades que se incluirán en las erogaciones de los presupuestos de los años de dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro y dos mil veinticinco. El síndico municipal responsable remite un sobre que contiene un cheque a su decir por la cantidad de $28,977.42 (veintiocho mil novecientos setenta y siete pesos con cuarenta y dos centavos), menos deducciones de ley, siendo la cantidad real del cheque por la cuantía de $27,313.59 (veintisiete mil trescientos trece pesos con cincuenta y nueve centavos), como complemento del pago total de la indemnización constitucional, pago de veinte días por cada año efectivamente laborado y 50% de aguinaldo del año dos mil veinte, en favor del quejoso, el cual indica se negó a recibirlo. (.)" No obstante, el ocho de noviembre siguiente, la parte quejosa, ********************, manifestó su desacuerdo con lo indicado por las autoridades responsables, en el sentido siguiente: "(.) Refiere que la cantidad de ********************, que se le puso a su disposición mediante un cheque, no corresponde a la cuantía referida en su oficio. Que mediante acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, se estableció como pago al quejoso la cantidad de $316,097.63 (trescientos dieciséis mil noventa y siete pesos con sesenta y tres centavos, moneda nacional), y no la cuantía que refirieron las responsables como pendiente de pago consistente en $287,120.21 (doscientos ochenta y siete mil ciento veinte pesos con veintiún centavos, moneda nacional). Y que en relación a la propuesta de las responsables, expresa su desacuerdo, por resultar un exceso prolongar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por lo que indica que está en disposición de que el pago por la cantidad de $316,097.63 (trescientos dieciséis mil noventa y siete pesos con sesenta y tres centavos, moneda nacional), se realice en dos parcialidades, es decir, la mitad con el ejercicio fiscal del año en curso, y la otra mitad, con el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés. (.)" Por lo que se dio vista a las autoridades responsables con la propuesta de pago formulada por el quejoso. Posteriormente, en auto de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo al Síndico Municipal de Chinantla, Puebla, gestionando lo que a continuación se transcribe: "(.) Remite copia certificada del acta de sesión extraordinaria de cabildo de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, en la que se le planteó a la parte quejosa la falta de recursos públicos que solventen en un solo pago la cantidad de $287,120.21 (doscientos ochenta y siete mil ciento veinte pesos con veintiún centavos, moneda nacional), por lo que se le propuso pagar dicha cantidad en treinta y seis mensualidades, cada una por la cantidad de $7,975.56 (siete mil novecientos setenta y cinco pesos con cincuenta y seis centavos, moneda nacional), menos deducciones de ley; sin embargo, indican que la parte quejosa no aceptó su propuesta y se negó a dejar copia de su constancia de alta ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla y número CUIP. Solicita se requiera a la parte quejosa ********************, para que les proporcione copia de su constancia de alta ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla y número CUIP, a fin de proceder a realizar la anotación en su expediente personal, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública en el Estado de Puebla, en el sentido de que fue separado, destituido o removido de manera injustificada. Se señale día y hora para que la parte quejosa, asistida por su abogado, y las autoridades responsables del Municipio de Chinantla, representadas por la presidenta municipal, celebren pláticas conciliatorias con la finalidad de buscar una solución a efecto de que se cumpla la ejecutoria de amparo y se realice el pago pendiente de liquidación. (.)" En atención a lo anterior, este juzgado federal acordó lo siguiente: "En primer término, y a efecto de evitar mayores dilaciones procesales, requiérase a la parte quejosa ********************, para que proporcione a este Juzgado de Distrito copia de su constancia de alta ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla y número CUIP, a fin de que se pueda realizar la anotación en su expediente personal, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública en el Estado de Puebla, en el sentido de que fue separado o destituido de manera injustificada. Apercibido que de no hacerlo o no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se proveerá lo conducente respecto al cumplimiento a este punto de la ejecutoria de amparo. No ha lugar señalar fecha para audiencia conciliatoria. Por otra parte, no ha lugar a acordar favorablemente la petición de las responsables en relación a que se señale día y hora para que celebren pláticas conciliatorias con la parte quejosa, en virtud de que es a la autoridad a quien le corresponde el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que este juzgado federal tenga el carácter de interventor para que la parte quejosa acepte el pago en los plazos que las autoridades responsables proponen, de modo que deberán realizar las gestiones necesarias para que se efectúe el pago fijado en sentencia interlocutoria dictada el seis de septiembre de dos mil veintidós, en el incidente de liquidación de sentencia, por concepto de indemnización constitucional y demás prestaciones previstas en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución; menos las obligaciones tributarias que se deban retener". El siete de diciembre de dos mil veintidós, la presidenta del ayuntamiento responsable, en atención a la propuesta de pago formulada por la parte quejosa, informó lo que a continuación se transcribe: "(.) Manifiesta la imposibilidad para cubrir la cantidad pendiente de pago consistente en $287,120.21 (doscientos ochenta y siete mil ciento veinte pesos con veintiún centavos, moneda nacional) que incluye el pago de salarios caídos del uno al veinticinco de julio de dos mil veintidós, 50% de aguinaldo de los años dos mil veinte, veintiuno y proporcional de dos mil veintidós -enero a julio de dos mil veintidós- en dos exhibiciones, como lo solicita la parte quejosa, por las razones que expone. Remite copia certificada del acta de sesión extraordinaria de cabildo de dos de diciembre de dos mil veintidós, en la que se replanteó una segunda propuesta que indica se ajusta a los meses que restarían a la administración de dicho municipio, con el compromiso del pago por la cantidad de $13,050.92 (trece mil cincuenta pesos con noventa y dos centavos, monedad nacional), menos deducciones de ley, a pagarse durante veintidós meses en el periodo del año de dos mil veintitrés a octubre de dos mil veinticuatro, poniendo dicha cantidad a disposición de la parte quejosa ******************** en la tesorería municipal dentro de los primeros tres días de cada mes; propuesta que indica también fue rechazada por la parte quejosa, por lo que solicita se le de vista. Asimismo, remite copia certificada de la anotación que realizó el Director de Seguridad Pública en el Municipio de Chinantla, en el expediente personal de la parte quejosa ********************, en el sentido de que fue separado, destituido o removido de manera injustificada, no así en el Registro Nacional de Seguridad Pública en el Estado de Puebla, al haberse negado el quejoso entregar su número de CUIP para tal efecto, por lo que solicita le sea requerido. (.)" Por lo que se dio a la vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto de la propuesta de las responsables. En virtud de lo anterior, el catorce de diciembre siguiente, ******************** manifestó nuevamente su inconformidad con lo indicado por las responsables en el sentido siguiente: "(.) Realiza diversas manifestaciones en torno a las propuestas de las autoridades responsables respecto del pago que ha de realizársele, es decir, $********************, por concepto de indemnización constitucional y demás prestaciones previstas en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución; menos las obligaciones tributarias que deba retener. Asimismo, solicita se de vista a las autoridades responsables con la que señala es su última propuesta, esto es, que el pago de que se trata se realice en seis mensualidades." Con motivo de lo anterior, se dio nuevamente vista a las autoridades responsables con lo aducido por la parte quejosa respecto del pago de que se trata. No obstante ello, en acuerdo de once de enero de dos mil veintitrés, se tuvo al síndico y presidenta municipales del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla indicando que reiteraban su compromiso del pago a la parte quejosa por la cantidad de $13,050.92 (trece mil cincuenta pesos con noventa y dos centavos, monedad nacional), menos deducciones de ley, a pagarse durante veintidós meses en el periodo del año de dos mil veintitrés a octubre de dos mil veinticuatro, para ser entregados los primeros tres días de cada mes, por lo que exhibieron un cheque a nombre de ******************** por la cantidad de ********************, con deducciones de ley. El dieciocho de enero siguiente, con motivo de que la parte quejosa manifestó su desacuerdo con la propuesta de las autoridades responsables, se requirió por última ocasión a María Azucena Zafra Chino, presidenta municipal de Chinantla, Puebla, para que cumpliera con la sentencia interlocutoria emitida en el presente asunto. No obstante, las autoridades responsables fueron insistentes respecto de los pagos parciales que han de efectuarse a la parte quejosa, ********************, por lo que el ocho de febrero de los actuales, el síndico municipal del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla, exhibió otro cheque a nombre de la parte quejosa por la cantidad de ********************, con deducciones de ley, correspondiente al pago de ese mes, de conformidad a lo estipulado en el acta de sesión extraordinaria de cabildo de dos de diciembre de dos mil veintidós. Aunado a lo anterior, la presidenta municipal del Ayuntamiento de Chinantla, Puebla, el veintiuno de febrero pasado, manifestó la imposibilidad para exhibir la cantidad pendiente de pago a la parte quejosa, y justificó el requerimiento que realizó a las autoridades responsables para el cumplimiento del pago fijado en sentencia interlocutoria del incidente de liquidación de sentencia. Ante tal circunstancia, y al haber transcurrido un plazo prolongado a fin de lograr el total cumplimiento de la sentencia definitiva, se hizo efectivo el apercibimiento decretado el citado dieciocho de enero y se impuso una multa a María Azucena Zafra Chino, Presidenta Municipal de Chinantla, Puebla, por la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), y se le requirió nuevamente el cumplimiento. Sin embargo, el nueve del mes y año en curso, las autoridades responsables reiteraron la forma de pago que ha de efectuarse a la parte quejosa, y nuevamente exhibieron el cheque rcorrespondiente al pago del mes de marzo. Finalmente, el pasado diecisiete de marzo, causó estado el auto por el que se impuso la multa a la presidenta Municipal de Chinantla, Puebla, y se requirió al Administrador Local de Recaudación de Puebla "2" del Servicio de Administración Tributaria que la hiciera efectiva. De lo antes narrado se advierte que ha transcurrido un excesivo tiempo sin que se haya logrado la materialización del cumplimiento al punto a) de la ejecutoria de amparo, esto es: "(.) Pagar la indemnización correspondiente a la parte quejosa, la cual deberá consistir en tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal, municipal existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización en estos casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos la autoridad deberá aplicar directamente lo dispuesto en esos ordenamientos, así como las demás prestaciones a que tenga derecho; (.)" Como se ve, por acuerdos que obran en el presente juicio que datan desde el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós [en que quedó firme la sentencia dictada en el incidente de liquidación de sentencia] hasta el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se han realizado diversos requerimientos a las autoridades responsables con el propósito de lograr el cumplimiento a la sentencia de amparo, sin que a la fecha en que se emite esta determinación se haya logrado lo anterior. En ese orden de ideas, es pertinente citar los artículos 192 a 195 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga." "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico." "Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo." "Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal." Los invocados preceptos regulan el procedimiento de ejecución de las sentencias de amparo indirecto, en los términos siguientes: Cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo o se reciba testimonio de la dictada en revisión, la Jueza de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días -que el órgano judicial de amparo podrá ampliar tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento-, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados y las consecuencias del incumplimiento, que comprende el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En ese sentido, con fundamento en el citado artículo 193 de la Ley de Amparo, se ordena remitir los autos del juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, así como un anexo, para la tramitación del referido incidente. En el entendido que, de conformidad con el Acuerdo General del pleno del consejo de la judicatura federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que reformó y adicionó el diverso Acuerdo General 12/2020, que regula el expediente electrónico, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, únicamente existe obligación de integrar al expediente físico los documentos recibidos en ese formato, por lo que únicamente se enviarán al Tribunal de Alzada aquellas constancias que obran de forma física en el expediente. De igual manera, remítanse cuatro sobres que contienen cuatro cheques remitidos por las autoridades responsables, uno por la cantidad de ********************, y tres por la cantidad de ********************, los cuales se encuentran en resguardo en la caja de valores de este Juzgado de Distrito. Asimismo, infórmese al Tribunal Colegiado que conozca del citado incidente de inejecución que ya está disponible la consulta del expediente electrónico de este asunto. Fórmese cuadernillo de antecedentes en el que se integrarán al expediente físico los documentos recibidos en ese formato. Hágase saber a las partes esta determinación, para los efectos legales a que haya lugar, y una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, remítase el juicio de amparo al tribunal de alzada para la substanciación y decisión que se hace valer. Se requiere nuevamente cumplimiento No obstante, de acuerdo al artículo 193 de la Ley de Amparo, este Juzgado debe seguir procurando el cumplimiento del fallo emitido en el presente juicio de derechos; por ende, dado que a la presente fecha en la que se actúa no obran constancias de cumplimiento por parte de las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables para que en el plazo de tres días, computados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, cumplan con la sentencia interlocutoria emitida en el presente asunto, esto es, paguen a ******************** la cantidad de $********************, por concepto de indemnización constitucional y demás prestaciones previstas en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución; menos las obligaciones tributarias que deba retener. En la inteligencia que deberá acreditarse el cabal cumplimiento, para lo cual deberán remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. En el entendido de que deberán ordenar todas las medidas de carácter urgente necesarias para lograr el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Apercibidas que de ser omisas al presente requerimiento, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Requerimiento superior jerárquico. Asimismo, se requiere al Ayuntamiento del Municipio de Chinantla, Puebla, para que requiera a la autoridad responsable en comento a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y remita las constancias que acrediten el requerimiento realizado a su subordinado, es decir, a la autoridad responsable. Bajo el apercibimiento que, de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés.****************************************Admisión de recurso.****************************************Visto el oficio de cuenta de la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual informa el contenido del acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, dictado en el recurso de queja Q-******************** de su índice, del que se advierte que se admitió a trámite el referido medio de impugnación; atento a su contenido, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y, tómese nota para los efectos legales conducentes.****************************************Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Interposición de recurso de queja. Agréguese el escrito de cuenta signado por *** autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído del tres de enero de dos mil veintitrés por el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido de ser cierto que este Juzgado de Distrito dictó el acuerdo recurrido. Ahora bien, tomando en consideración que el auto recurrido lo constituye la determinación que desechó la demanda, se estima innecesario otorgar plazo a la parte quejosa para que señale las constancias que en copia certificada deban remitirse para resolver el recurso de queja. En ese sentido, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, el escrito de agravios original, así como el expediente en que se actúa. En el entendido que, de conformidad con el Acuerdo General del pleno del consejo de la judicatura federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que reformó y adicionó el diverso Acuerdo General 12/2020, que regula el expediente electrónico, establece, en esencia, que a partir del uno de diciembre del año en curso, únicamente existe obligación de integrar al expediente físico, los documentos recibidos, por lo que únicamente se enviarán al Tribunal de Alzada aquellas constancias que obran de forma física en el expediente. Finalmente, una vez que se tenga conocimiento del órgano colegiado al que corresponda resolver el medio de impugnación, procédase a la vinculación del expediente electrónico. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de enero de dos mil veintitrés Autorizado pretende desahogar requerimiento. Agréguese el escrito de *** autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual pretende desahogar el requerimiento formulado a la parte quejosa en el auto de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, relativo a la aclaración del acto que reclama en el juicio *** del índice de la responsable. Atento a su contenido, no ha lugar a tener por cumplido el requerimiento inserto en auto de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, toda vez que su desahogo debe realizarse de manera personal por la parte quejosa. Lo anterior es así, pues si bien, el artículo 12 de la Ley de Amparo establece facultades enunciativas y no limitativas para los autorizados en términos amplios, lo cierto es que dicha disposición no faculta al autorizado a realizar actos en nombre del quejoso; por tanto, el desahogo de la prevención formulada el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, debe ser cumplida directamente por la parte quejosa *** dado que como se citó en el auto referido el señalamiento preciso de los actos reclamados incide en la configuración de la litis, circunstancia que atañe en exclusivamente al promovente del amparo, al ser éste la persona quien alega sufrir el agravio personal y directo y, se trata de cuestiones que influyen directamente en la litis. Sirve de sustento a lo anterior, la siguiente tesis jurisprudencial: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. *** Cabe precisar que aun cuando el criterio transcrito, en general, analizó el artículo 27 de la Ley de Amparo abrogada, es ilustrativo para establecer la hipótesis estudiada en el presente acuerdo, ya que el contenido de dicho precepto coincide esencialmente con la actual redacción del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, como se pone de manifiesto en el cuadro comparativo siguiente: *** El agraviado y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de este párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización; pero las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere este párrafo. Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior. Por lo anterior, el criterio jurisprudencial invocado continúa vigente ya que no se contrapone con lo dispuesto en la Ley de Amparo de amparo vigente, tal como lo prevé su artículo Sexto Transitorio, que establece: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Además, es aplicable, por las razones que la sustentan, el siguiente criterio jurisprudencial sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. *** Se hace efectivo apercibimiento. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el término de cinco días concedido a la parte quejosa en acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, sin que haya desahogado oportunamente la prevención que se le formuló, a fin de que subsanara la irregularidad de su demanda de amparo y cumpliera con los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado y con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se provee sobre la demanda tomando como acto reclamado el expresamente señalado en su demanda, esto es, la interlocutoria de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. En ese contexto, con base en el estudio exhaustivo de la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: *** Se desecha la demanda de amparo. En ese contexto, se considera que debe desecharse la demanda por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE". También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". Incluso, el Tribunal Pleno del Máximo Tribunal del País ha sostenido que es factible desechar una demanda de amparo, cuando el acto reclamado no sea de imposible reparación, tal como lo plasmó en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. *** Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte quejosa, deriva del hecho que el acto reclamado consistente en la interlocutoria de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio *** del índice de la responsable, por el que se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo de veinticuatro de octubre de ese año, en el que se requirió al quejoso a fin de que denuncie la sucesión a bienes del demandado *** no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, por no afectar materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Por tanto, en el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados en sentido contrario-, los que establecen: LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la Ley de Amparo vigente existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce, esencialmente determinó que de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, estimaron que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Sentado lo anterior, de acuerdo con los hechos que manifestó la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, se advierte lo siguiente: El veintidós de septiembre de dos mil veintidós, promovió juicio de desocupación por falta de pago de rentas vencidas y adeudadas, en contra de *** del cual conoce el Juez Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, bajo el número ***. Seguida la secuela procesal en autos del expediente citado, el catorce de octubre de dos mil veintidós, el juez responsable tuvo a *** exhibiendo copia del acta de defunción del diverso demandado *** interrumpió el procedimiento y, requirió a la ocursante a fin de que señalara si en su caso existía representante legal de dicha persona. El veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, el juez de origen tuvo a *** dando cumplimiento a lo requerido y, ordenó a *** denunciar la sucesión del demandado ***. Inconforme con dicho auto, el ahora quejoso promovió recurso de reclamación, el cual se declaró infundado, el veintitrés de noviembre del año en curso. Esa resolución constituye el acto reclamado. Expuesto lo anterior, se advierte que el auto reclamado provoca efectos meramente procesales, pues sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos y, por ende, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, por lo que debe decirse que dicha resolución no constituye un acto de imposible reparación. En efecto, la resolución reclamada sólo puede implicar una carga de derechos procesales a cargo del ahora quejoso, que se determina dentro del propio procedimiento de origen y, cuya única finalidad es integrar el juicio instaurado, de ahí que se estima improcedente el juicio de amparo que se trata, ya que únicamente produce efectos procesales, por lo que no afecta materialmente derechos sustantivos. Por lo anterior, dado que la resolución controvertida no afecta algún derecho sustantivo, no constituye un acto dictado en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, lo que denota que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia objeto estudio. Corroboran lo anterior, por sus razones jurídicas y por analogía, los siguientes criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "ACTOS O VIOLACIONES INTRAPROCESALES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SUS CARACTERÍSTICAS. *** "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. *** Para concluir, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. *** "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. *** En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Jesús Alfonso Cao Romero Arroyo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

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