Jesús Alfonso Bañuelos Arzac

Expediente 991/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
991/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
16/08/2023

Partes del expediente

  • Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
  • Jesús Alfonso Bañuelos Arzac

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Se interpone recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio que remite la autoridad responsable, delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución constitucional de veintiocho de julio del año en curso; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión, en contra de la referida resolución. Distribúyase entre las partes y autoridades responsables copia del escrito de interposición y expresión de agravios. En su oportunidad, remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del citado recurso, acompañándole el original y copia del escrito de interposición y expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de éste, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a la representación social de esta adscripción y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Juicio de amparo 991/2023 Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con cincuenta y un minutos del veintiocho de julio de dos mil veintitrés, en audiencia pública Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CR./CJD./005/2970/2023, de la Comisión de Receso del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe de sus actos, declaró abierta la presente audiencia. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta a la secretaria encargada del despacho con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informes con justificación rendidos por las responsables. Revisado el estado de autos, se advierte que en auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. Y por último, se certifica que no existen escritos pendientes de acuerdo y que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado. El juez acuerda: Téngase por hecha la certificación que antecede, para todos los efectos legales correspondientes. Por otra parte, se hace constar que no le transcurre a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido de la totalidad de las constancias que obran en autos; empero, debe precisarse que no es necesario esperar a que acontezca tal circunstancia. Se explica. No se inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", en tanto que, en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.". En dicho criterio, el Alto Tribunal sostuvo esencialmente que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos con ocho días de anticipación al de la celebración de la audiencia constitucional y, el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación; ello, con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, la circunstancia de que no mediará el mencionado plazo, este juzgador considera que, en la especie, no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117 se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV, de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional, deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia; hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascedentes cambios que, como en el caso que nos ocupa, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo, que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que la parte quejosa no hubiese conocido del informe justificado con la anticipación de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado del fallo, como se explicará a continuación y, ante ese panorama, de ordenar el diferimiento de la audiencia constitucional para otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio otorgan noticia de elementos suficientes para emitir la presente sentencia. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia de la que deriva que, con independencia del sentido del fallo, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que no es verdad que el acto reclamado subsiste y de ordenarse el diferimiento de la audiencia constitucional, lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto en detrimento de la economía procesal y en perjuicio de la propia parte quejosa. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con la prueba documental ofertada por la parte quejosa, así como las documentales ofrecidas por el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, quien además ofertó la confesional expresa, presuncional en su triple aspecto legal, lógico y humano, y la instrumental de actuaciones. La secretaria encargada del despacho acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. La secretaria encargada del despacho acuerda: téngase por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 991/2023; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día siguiente hábil, por razón de turno, a este juzgado, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Por proveído de tres de julio siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que la aplicación del artículo que se estima inconstitucional, tiene ejecución en el lugar en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados, los siguientes: Del Congreso, del secretario de Gobierno y del gobernador, todos del Estado de Sonora, en el ámbito de sus atribuciones, la aprobación, expedición, promulgación y refrendo, del artículo 25, fracción I, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Del subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, del jefe del Departamento de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y del director general del propio Instituto, el acto de aplicación y las subsiguientes del precepto legal impugnado, contenido en la constancia de percepciones y descuentos relativa al primer pago de su pensión. Cabe expresar que dicho descuento obedece a lo dispuesto en el artículo 25, fracción I, de la ley 38 del ISSSTESON. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados al Congreso, al secretario de Gobierno y al gobernador, todos del Estado de Sonora, pues así se advierte de la lectura de los informes con justificación rendidos por éstos. Por su parte, es cierto el acto reclamado al subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, y al jefe del Departamento de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, así como al director general del propio Instituto, no obstante que al rendir su informe con justificación, por conducto del jefe de la Unidad Jurídica del citado Instituto, hayan aceptado parcialmente la existencia de éste; sin embargo, dicha certeza se advierte de las constancias exhibidas por la parte quejosa y la propia autoridad mencionada, de las que se desprende que se realiza la deducción de un porcentaje de su pensión mensual por concepto de servicio médico. Causa de Improcedencia actualizada Por otra parte, y previo a entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, procede analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que constituyen una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, se considera que en contra del refrendo de la Ley número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, específicamente del numeral 25, fracción I, se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 108 fracción III, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que la parte quejosa no lo reclamó por vicios propios dicho acto. A efecto de una mejor comprensión del asunto, es importante traer al presente asunto, el contenido de los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, los cuales son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios (.)" Como se mencionó, el precepto mencionado en primer término, regula la improcedencia del juicio de amparo cuando así se desprenda de la propia Ley de Amparo, de la Constitución o incluso de la jurisprudencia, como en el caso ocurre, cuando el impetrante de amparo no controvierte el refrendo de una norma de carácter general, por vicios propios, atento a lo previsto en el último de los preceptos transcritos. En efecto, el juicio de amparo es improcedente si el impetrante de amparo no vierte algún argumento a efecto de atacar por vicios propios el acto dentro del procedimiento de creación de una Ley como lo es su refrendo. Entonces, si el quejoso acude al presente juicio y señaló tal acto integrante del proceso de creación de la Ley tildada de inconstitucional como consecuencia del análisis de la norma, es claro que no lo combate por vicios propios, y por ello, resulta dable colegir que debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63 fracción V de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61 fracción XXIII, que a su vez se relaciona con el 108 fracción III de la misma norma, pues no existe causa de pedir. Cobra aplicación la Jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.) sustentada por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 23, correspondiente al mes de octubre de dos mil quince, Tomo III, visible en la página dos mil doscientos cuarenta y ocho que a la letra establece lo siguiente: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo." Causas de improcedencia -infundadas- En relación con el acto reclamado en el que se realizó la deducción de un porcentaje de su pensión mensual por concepto de servicio médico, el gobernador del Estado y el Instituto responsable, hacen valer la actualización de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIII y XIV, de la Ley de Amparo, relativas al consentimiento expreso y tácito de la norma controvertida. La actualización de dichas causas las hacen derivar de la circunstancia de que la parte quejosa tuvo conocimiento de la norma impugnada desde que recibió el primer importe, así como el dictamen de pensión, fecha a partir de la que le fue concedida. Sin embargo, ni de las documentales en comento ni de las restantes constancias que obran en autos, se advierte que en el mencionado dictamen se haya aplicado a la parte quejosa la disposición legal citada en relación con la cuota relativa a servicio médico, menos aún se aprecia que haya consentido expresamente esa porción normativa. Además, del dictamen de pensiones de uno de febrero de dos mil veintitrés, exhibido por el Instituto responsable, se advierte del resolutivo primero, que se estableció el monto de la pensión mensual otorgada, así como la deducción correspondiente por concepto de servicio médico, previsto en el artículo 25, fracción I, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Sin embargo, tal documento no es apto para evidenciar que la quejosa tuvo conocimiento pleno y exacto de la aplicación del artículo reclamado desde la fecha en la que se le inició el pago de su pensión, pues con independencia de que en dicho dictamen se advierta una cédula de notificación al quejoso de ocho de febrero de dos mil veintitrés, ello no implica que desde aquélla fecha haya tenido conocimiento pleno del descuento reclamado. Lo anterior, toda vez que no se puede sostener que por la fecha de emisión de dicho dictamen, pueda probarse que el quejoso se enteró de que el descuento por aplicación del numeral 25 fracción I, de la Ley del ISSSTESON, le fue aplicado desde el primer pago de su pensión, pues no se tiene plena certeza de que el quejoso haya tenido pleno conocimiento que le sería efectuado un descuento con aplicación del numeral reclamado, por concepto de servicio médico, pues en todo caso, ni siquiera se le informa la fecha a partir de cuándo se le haría tal descuento; de tal modo que debe prevalecer en el presente asunto, lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en relación con el conocimiento pleno de los actos reclamados; de ahí, que no se pueda sostener que el peticionario conociera desde el primero de los pagos pensionarios de la aplicación del precepto reclamado. Por tanto, al no estar acreditado que la parte impetrante de amparo haya tenido conocimiento completo del acto reclamado de forma que lo consintiera -pues no se advierte que conociera el sustento legal de la deducción-, por tanto, para determinar si la presentación de la demanda fue oportuna, debe atenderse a la fecha de conocimiento manifestada por el promovente de amparo bajo protesta de decir verdad, a saber, el ********************. Bajo esa óptica, es infundada la causal de improcedencia por extemporaneidad. Es así, porque en tratándose de amparo contra leyes es optativo para la parte quejosa hacer valer el recurso ordinario de defensa o bien promover el juicio constitucional, en virtud de que existe la excepción al principio de definitividad. Lo anterior es así aun cuando conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso, pues la condición señalada en la fracción XX del artículo 61, en el sentido de que debe agotarse el recurso siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, es para la regla general contenida en dicha fracción, pero no para la excepción que expresamente señala la misma Ley de Amparo en el tercer párrafo de la fracción XIV, pues en realidad es optativo. Es aplicable al caso la tesis P. III/93, sustentada por el Pleno del Alto Tribunal del país, que es del tenor literal siguiente: "RECURSOS. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LEYES, NO ES NECESARIO AGOTARLOS, AUN CUANDO CONFORME A LAS MISMAS LEYES SE SUSPENDAN LOS EFECTOS DE DICHOS ACTOS MEDIANTE SU INTERPOSICION. De conformidad con lo establecido en el artículo 73, fracción XII, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, tratándose de leyes es optativo para el quejoso hacer valer el recurso ordinario o bien promover el juicio de garantías, en virtud de que existe la excepción al principio de definitividad que consagra nuestro juicio de garantías. Lo anterior es así aun cuando conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso, pues la condición señalada en la fracción XV del artículo 73, en el sentido de que debe agotarse el recurso siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, es para la regla general contenida en dicha fracción, pero no para la excepción que expresamente señala la misma Ley de Amparo en el tercer párrafo de la fracción XII." Consideraciones jurídicas Toda vez que las partes no hicieron valer diversas causas de improcedencia y, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no advierte que actualice alguna otra, procede analizar el fondo de la controversia constitucionalmente planteada, en la inteligencia que de ser necesario, se suplirá la deficiencia de la queja conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Para atender con adecuada información el problema planteado, es pertinente destacar, a título de antecedentes, que la parte quejosa tiene el carácter de pensionado ante el ISSSTESON, y recibe una pensión mensual menos una deducción, la cual tiene fundamento en el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. En el caso particular, la parte quejosa reclama el referido descuento que establece el precepto legal mencionado, en específico su fracción I, por un cargo del siete por ciento sobre el monto de la pensión que percibe, por concepto de servicio médico. Contra dicho descuento la parte quejosa hace valer, esencialmente, el concepto de violación siguiente: Que el artículo que tilda de inconstitucional infringe el derecho humano a la salud y a la seguridad social, toda vez que condiciona a pagar una cuota a fin de que pueda disfrutar del resto de prestaciones que otorga la Ley del ISSSTESON, como lo es el derecho a los servicios médicos, entre otros, y, por ende, su aplicación -a pensionados y jubilados- desvirtúa el carácter solidario del sistema de retiro al que pertenece, pues se contrapone a su propia racionalidad, al imponer cargas económicas a sujetos pasivos con el objeto de cubrir gastos de seguridad social, de acuerdo con lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 27/2016. En tal contexto, resulta fundado el concepto de violación sintetizado en el principio del presente considerando, y suficiente para conceder el amparo solicitado, pues en la ejecutoria dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintisiete de octubre de dos mil quince, al resolver la acción de inconstitucionalidad 19/2015 consideró, entre otros aspectos, lo que a continuación se transcribe: "SEGUNDO CONCEPTO DE INVALIDEZ. Inconstitucionalidad de la obligación a los pensionados de aportar un porcentaje de su pensión percepción para diversos usos. (Artículo 16, tercer y cuarto párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California) El artículo impugnado literalmente dispone lo siguiente: "Artículo 16. Todo trabajador comprendido en el artículo 1o. de este ordenamiento, deberá aportar al instituto una cuota obligatoria del salario base de cotización, acorde a lo establecido en las Leyes que regulan a los trabajadores que se señalan en las fracciones I y II, apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. "Dicho porcentaje se aplicará a los rubros siguientes: "I. Para cubrir el Seguro de Enfermedades No Profesionales y de Maternidad, y "II. Para tener derecho a las prestaciones señaladas en las fracciones III a XI y XIII a XIV del artículo 4o. "Los pensionados y pensionistas cubrirán al Instituto, previo descuento que se realice, un porcentaje de su pensión que disfrute destinada a la reserva técnica prevista en el artículo 126 para el régimen de pensiones y jubilaciones. "Dichas cuotas serán las que se establezcan en las Leyes que regulan a los trabajadores que se señalan en las fracciones I y II, apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California." La parte actora considera que el artículo 16, tercer y cuarto párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, transgreden los artículos 1o. y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, así como el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 26 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que se vulnera el derecho de igualdad en materia de seguridad social, y los principios de previsión social y equidad, al obligarse a los pensionados al igual que los trabajadores en activo a un porcentaje de sus respectivas percepciones para cubrir el monto de las prestaciones establecidas en la ley y los gastos de administración correspondientes. Lo anterior, argumentan, implica un trato inequitativo entre un trabajador en activo y un pensionado, pues la cuota impuesta al trabajador en activo se justifica ya que su economía no se ve afectada al poder incrementar su salario escalando puestos o compaginar su función con otra labor, mientras que el pensionado, sólo puede ver incrementado el monto de su pensión en proporción al porcentaje que aumenta el salario mínimo general de la zona. Agrega el argumento de que la finalidad de todo fondo de pensiones radica en que cuando se haya otorgado la pensión, ésta se cuantifique con base en las aportaciones realizadas durante la vida laboral y en relación con el porcentaje correspondiente a los años trabajados. Lo anterior es fundado, ya que la norma reclamada aplica deducciones a los trabajadores en activo así como a los pensionados o pensionistas, por lo que existe un trato igual respecto de categorías distintas que no se encuentra justificado constitucionalmente. De un análisis de los artículos constitucionales y convencionales citados por el promovente, se advierte que los mismos se refieren de manera principal al principio de igualdad y no discriminación y en específico al artículo 123, donde se establecen las bases mínimas para la seguridad social, fijándose los rubros mínimos que ésta debe de cubrir, que incluyen el concepto de jubilación. Por su parte, este Tribunal encuentra que los artículos 26, 28 y 29 del convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo,(12) establecen que la edad prescrita para acceder a las prestaciones de vejez no deberá exceder de una cierta edad (75 años) y que tiene un mínimo de años de cotización. Todos los demás elementos que se contienen en el apartado B del artículo 123, se refieren a derechos, garantías y bases mínimas de los trabajadores en activo, tales como: duración de la jornada diaria, días de descanso, vacaciones, escalafón, salarios, etcétera, los cuales no aplican ya a los jubilados o pensionados. Así, resulta evidente para este Tribunal que la situación de trabajador en activo es un rango de edades y de años laborales en los que el trabajador se desarrolla con ciertos derechos y expectativas que en el momento en el que su vida laboral activa termina desaparecen. En el caso de Baja California, todo trabajador al servicio del Estado debe aportar al instituto una cuota obligatoria del salario base de cotización, que sirve para cubrir seguro médico y de maternidad, y otras prestaciones de seguridad social. Por su parte, los pensionados y pensionistas deberán cubrir al instituto un porcentaje de su pensión -cuyas cuotas serán determinadas en las leyes correspondientes- que será destinado para cubrir diversos gastos y servicios del instituto. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 101/2014, este Tribunal Pleno determinó que el descuento de montos de las pensiones que corresponden a los pensionados para el mantenimiento del fondo de pensiones es inconstitucional ya que genera una situación desigual entre el trabajador en activo y el pensionado. Tenemos que a nivel constitucional al trabajador en activo se le atribuyen ciertas características como: la percepción de un salario por un trabajo personal subordinado, la potencialidad de ascenso por escalafón, la suma de años por antigüedad, así como la expectativa de derecho de que cuando se cubran los requisitos de edad y tiempo de cotización pueda acceder a una jubilación. Por otro lado, al pensionado, ya no se le atribuyen ninguna de estas características, ya que su ingreso sólo dependerá de lo fijado por la ley y de los distintos índices para su actualización y ya no de los elementos que componen una relación de trabajo subordinada, por lo que ya no puede esperar una mejora o cambio en sus prestaciones. Finalmente, la aportación que el trabajador en activo hace al fondo de seguridad social, en este caso por solidaridad en cuentas colectivas, para el posterior pago de estos montos de pensión o, es durante el transcurso de su vida activa y no cuando ya está en esa condición de pensionado, esto es, un pensionado no aporta para su propia pensión o jubilación o para los trabajadores en activo que en un futuro vayan a estar en esa condición. Se advierte que el artículo 2o., fracciones XI y XII, de la ley impugnada hace una distinción entre pensionados y pensionistas, al determinar que los primeros son los trabajadores retirados definitivamente, mientras que los segundos son las personas que reciben el importe de una pensión, originada por tener el carácter de familiar o dependiente económico del trabajador fallecido o pensionado fallecido.(13) Esta distinción no modifica el análisis de igualdad a realizar, toda vez que ambas categorías están constituidas por beneficiarios que tienen el derecho a recibir una pensión en términos de ley por el simple hecho de que el trabajador realizó las aportaciones correspondientes al régimen de pensiones. Por tanto, se entiende que el reclamo aplica para los beneficiarios de una pensión, independientemente de si se trata del trabajador jubilado directamente o de alguno de sus beneficiarios. Desde esta perspectiva, los pensionados o pensionistas se encuentran en situaciones distintas a los trabajadores en activo, y no existe una justificación constitucional que permita que a estos individuos que se encuentran en situaciones distintas se les trate de la misma manera, cobrándoles para el pago de sus mismas pensiones. El artículo 1o. de la Constitución, en sus párrafos primero y quinto, establecen el principio de igualdad y no discriminación el cual, para ser limitado o configurado por parte del legislador mediante la generación de un trato desigual para personas iguales o igual para personas desiguales, tienen que encontrar una justificación constitucionalmente legítima, en especial cuando la distinción entre tipos de sujetos es realizada por la misma Constitución, como en el caso ya analizado del artículo 123. Sin embargo, este Tribunal considera que esta justificación no se encuentra en la Constitución Federal, ni es posible desprenderla de las convenciones aplicables al caso que se analiza. No se desconoce que la reforma se haya justificado por los problemas financieros en que se encuentra el instituto estatal y la necesidad del establecimiento de un porcentaje de aportación por parte de los jubilados para el fondo de pensiones con el fin de asegurar su viabilidad económica y del cobro futuro de las pensiones, lo que posteriormente se avaló por el Congreso Local en el procedimiento legislativo, si bien es una situación de suma gravedad sobre la cual se deben encontrar soluciones, no constituye una finalidad constitucional legítima para limitar o desaparecer la distinción analizada entre jubilados o pensionados y trabajadores en activo y generar un trato igual en lo que corresponde a las aportaciones para el fondo de pensiones del Estado. La estructura del sistema de pensiones del Estado de Baja California, al ser de beneficio definido de conformidad a las fórmulas que determine la ley, hace que sea muy complicado justificar constitucionalmente la posibilidad de hacer descuentos sobre las pensiones, puesto que la actualización del estatus de pensionado o pensionista debe ser suficiente para darle acceso de forma íntegra a los montos de pensión que se fijaron de forma previa. Cuando un trabajador está en activo y recibiendo un salario, el mismo aporta una cantidad para el día en que se pensione, y este sistema está establecido para crear un fondo solidario para sufragar pensiones y servicios; y cuando el trabajador se retira lo que se crea es un derecho a obtener una pensión, que en el presente caso se vería reducida al volverle a pedir al pensionado o pensionista una cantidad para un sistema de pensiones del que él ya no está participando activamente, sino pasivamente. La norma reclamada aplica deducciones tanto a los trabajadores en activo que a los pensionados o pensionistas, por lo que existe un trato igual respecto de categorías distintas que no se encuentra justificado constitucionalmente, independientemente de que los porcentajes de descuento a trabajadores sean distintos que los de los pensionados o pensionistas.(15) El problema de constitucionalidad planteado reside en que se pretenda hacer descuentos a los pensionados y pensionistas y no propiamente el monto de los descuentos que se llevan a cabo. Los pensionados aportaron durante toda su vida para recibir un beneficio en forma de una pensión por retiro, razón por la cual no es posible exigir que sigan contribuyendo al fondo de retiro u otros servicios, tal y como lo hacían cuando tenían el estatus de trabajadores. La circunstancia de establecer la obligación a los pensionados o pensionistas de contribuir al propio sistema de pensiones va en contra la racionalidad del sistema de retiro por beneficio definido que consiste en aportar para recibir una pensión definida en el momento del retiro. En este sentido, los costos para sostener el sistema (servicios, pensiones, gastos administrativos, etc.) deben ser calculados para ser considerados en las cuotas que aportan los trabajadores en activo. Esto significa que se debe excluir del régimen a los pensionados y pensionistas de forma absoluta, ya que de lo contrario éste se convierte en un sistema circular que desvirtúa su carácter solidario. De este modo, al existir una clara diferencia entre trabajadores en activo y los pensionados/pensionistas y no encontrarse una justificación constitucionalmente legítima para un trato que no reconozca esta diferencia, este tribunal considera que este concepto de invalidez es fundado y, por tanto, debe declararse la invalidez del párrafo tercero y párrafo cuarto de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, para quedar como sigue: Ver votación 5 (.) Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad 19/2015 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 10 y 16, párrafos tercero y cuarto, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. TERCERO. Se declara la invalidez por extensión de los artículos 2, fracción II, en la porción normativa que indica "así como el que debe cubrir el pensionado o pensionista", y 122, fracción II, en la porción normativa que señala "pensionados y pensionistas", de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; así como de los diversos 2, fracción II, en la porción normativa que cita "así como el que debe cubrir el pensionado o pensionista", 9 y 11, fracción I, de la Ley que Regula a los Trabajadores que refiere la Fracción I, apartado B, del Artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en Materia de Seguridad Social; y de los artículos 2, fracción II, en la porción normativa que refiere "así como el que debe cubrir el pensionado o pensionista", 7 y 9, fracción I, de la Ley que Regula a los Trabajadores que refiere la Fracción II, apartado B, del Artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en Materia de Seguridad Social." De la citada ejecutoria derivó la jurisprudencia P./J. 27/2016 (10a.), cuyo rubro y texto a continuación se citan: "APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL PREVER LA OBLIGACIÓN DE LOS PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DE CUBRIR UN PORCENTAJE DE SU PENSIÓN PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 1o. Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 16, párrafos tercero y cuarto, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, transgrede los artículos 1o. y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que vulnera el derecho de igualdad en materia de seguridad social y los principios de previsión social y equidad, al obligar a los pensionados y pensionistas, al igual que a los trabajadores en activo, a aportar un porcentaje de sus respectivas percepciones a efecto de cubrir el monto de las prestaciones establecidas en la referida ley y los gastos de administración correspondientes, toda vez que la obligación se impone a categorías de trabajadores diversas, cuyas características y prerrogativas son distintas pues, a diferencia de los pensionados y pensionistas, los trabajadores en activo perciben un salario y poseen determinadas expectativas de derecho, entre las cuales se encuentra la jubilación, mientras que el ingreso del pensionado depende de lo fijado por la ley y de los índices establecidos para su actualización, sin que subsistan los elementos que componen una relación de trabajo subordinada. Es así que al desvirtuar el carácter solidario del sistema de retiro, además de vulnerar el derecho de igualdad, la referida obligación resulta contraria a la racionalidad del propio sistema." De la ejecutoria y jurisprudencia reproducidas se advierte que el Pleno del Máximo tribunal del país retomó el criterio que sustentó al resolver la acción de inconstitucionalidad 101/2014, en el sentido de que en un sistema de pensiones solidario por beneficio definido, resulta violatorio de los principios de igualdad y de previsión social, obligar al pensionado a realizar aportaciones al fondo de pensiones del cual ya es beneficiario, porque su estatus no es el mismo al de un trabajador en activo. Ello, porque a nivel constitucional al trabajador en activo se le atribuyen ciertas características como son: la percepción de un salario por un trabajo personal subordinado, la potencialidad de ascenso por escalafón, la suma de años por antigüedad, así como la expectativa de derecho de que cuando se cubran los requisitos de edad y tiempo de cotización pueda acceder a una jubilación. En tanto que al pensionado, ya no se le atribuyen ninguna de estas características, porque su ingreso sólo dependerá de lo fijado por la ley y de los distintos índices para su actualización, pero ya no de los elementos que componen una relación de trabajo subordinada, de ahí que ya no puede esperar una mejora o cambio en sus prestaciones. Además, que la aportación que el trabajador en activo hace al fondo de seguridad social, por solidaridad en cuentas colectivas, para el posterior pago de estos montos de pensión, se realiza durante el transcurso de su vida activa y no cuando está en la condición de pensionado; esto es, un pensionado no aporta para su propia pensión o jubilación o para los trabajadores en activo que en un futuro vayan a estar en esa condición. Dicho criterio, al resolver la acción de inconstitucionalidad 19/2015, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también lo hizo extensivo a todas las cuestiones atinentes a servicios que incluye el régimen obligatorio para los trabajadores en activo, como son los seguros de enfermedades no profesionales y maternidad, y demás prestaciones o servicios de seguridad social señaladas en la ley. Lo anterior, porque estableció que al ser la ley examinada, de beneficio definido conforme a las fórmulas en ella contenidas, tornaba muy complicado justificar constitucionalmente la posibilidad de hacer descuento sobre las pensiones, puesto que la actualización del estatus de pensionado o pensionista debe ser suficiente para darle acceso de forma íntegra a los montos de pensión fijados previamente. Precisó que cuando un trabajador está en activo y recibiendo un salario, aporta una cantidad para el día en que se pensione, sistema que está establecido para crear un fondo solidario para sufragar pensiones y servicios; y cuando el trabajador se retira, se crea un derecho a obtener una pensión, que en el presente caso se vería reducida al volverle a pedir al pensionado o pensionista una cantidad para un sistema de pensiones del que él ya no está participando activamente, sino pasivamente. Por ello, el Alto Tribunal estableció que al aplicarse deducciones tanto a trabajadores en activo como a pensionados o pensionistas se les da un trato igual a categorías distintas, lo cual no está justificado constitucionalmente. Lo anterior, al margen de que los porcentajes de descuentos para una y otra categoría sean distintos, porque el problema de constitucionalidad reside en que se le aplican descuentos a pensionados o pensionistas, lo que se considera contrario a la racionalidad del sistema de retiro por beneficio definido, el cual consiste en aportar para recibir una pensión definida en el momento del retiro. En ese contexto, el Alto Tribunal del País sostuvo que los costos para sostener el sistema como son los servicios previstos en la ley -entre los que se encuentra el servicio médico-, pensiones, gastos administrativos, entre otros, deben ser calculados para ser considerados en las cuotas que aportan los trabajadores en activo; lo cual significa que se debe excluir del régimen a los pensionados o pensionistas de forma absoluta, ya que de lo contrario éste se convierte en un sistema circular que desvirtúa su carácter solidario. Situación que llevó al Tribunal Pleno a declarar la invalidez de las normas reclamadas y, por extensión, de todas aquéllas en que se viera reflejada la obligación de los pensionados o pensionistas de realizar aportaciones para sostener de manera integral el sistema de pensiones y las prestaciones o servicios de seguridad social que ello conlleva. Ahora, en el presente caso, la Ley del ISSSTESON participa del carácter solidario en el otorgamiento de las prestaciones de seguridad social, lo cual se advierte de sus artículos 16 y 21, conforme a los cuales, en su financiamiento confluyen las aportaciones del trabajador y el Estado-patrón. Asimismo, el sistema de jubilaciones y pensiones en el Estado de Sonora, al igual que en el Estado de Baja California, también es de beneficio definido, pues conforme a los artículos 59 y 59 Bis de la Ley del ISSSTESON, el derecho a la jubilación, pensión por vejez, cesantía por edad avanzada, invalidez o muerte se genera cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentran en los supuestos establecidos en la propia ley y satisfacen los requisitos correspondientes, y los montos otorgados por este concepto se incrementarán solamente en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora, o conforme al índice inflacionario que anualmente determine el Banco de México, el que sea mayor, con posterioridad a la fecha de su otorgamiento. Además, para garantizar el monto de las pensiones y jubilaciones así como el otorgamiento de los demás servicios o prestaciones de seguridad social a que son acreedores sus beneficiarios, se constituye el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Instituto, el cual es administrado a través de un fideicomiso cuya operación y reglamentación está prevista en el acto jurídico de su constitución. En ese contexto, conforme a la Ley del ISSSTESON cabe concluir que una vez que el trabajador en activo cumple los requisitos señalados para obtener el derecho a una pensión, se hace acreedor a la obtención de la percepción respectiva, que se cuantifica en función de la antigüedad en el servicio público y al monto de las cotizaciones enteradas al instituto; sin posibilidad alguna de obtener ingresos adicionales y aspirar a aumentar su categoría como sucede en tratándose de los trabajadores en activo, aunado que la obtención de esa pensión es incompatible con el desempeño del trabajo remunerado. Ahora, el artículo 25 de la Ley del ISSSTESON establece lo siguiente: "Artículo 25. La cuota del seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad que establece este Artículo en favor de pensionistas y de sus familiares derechohabientes, se cubrirá en la siguiente forma: I. Siete por ciento, a cargo del pensionista, sobre la pensión que disfrute, cuyo descuento será hecho por el Instituto; II. Siete por ciento de la misma pensión a cargo del Estado u organismo público incorporado a que corresponda. Para el efecto establecido en la fracción II, el Instituto remitirá el día 15 de cada mes la nómina de los pensionistas a la Tesorería General del Estado, a fin de que esta Dependencia entregue en la quincena inmediata, la cantidad que resulte por concepto de aportación del Gobierno del Estado. En la misma forma se procederá cuando se trate de organismos incorporados. La misma cuota dará a los pensionistas el derecho a las demás prestaciones que les otorga esta ley.". Como se advierte, la citada porción normativa impone al pensionado la obligación de aportar el siete por ciento de su pensión para cubrir el seguro de enfermedades no profesionales y maternidad. En ese contexto, de acuerdo con las consideraciones sostenidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 19/2015, las cuales resultan obligatorias para este órgano jurisdiccional, debe concluirse que con la imposición de la citada obligación se violan en perjuicio de la parte quejosa los principios de igualdad y previsión social establecidos en los artículos 1 y 123, apartado B, fracción XI, de la Ley Fundamental, por cuanto que, al margen de las diferencias de las cuotas impuestas entre los trabajadores en activo y pensionados, se otorga un trato similar a personas que se encuentran en situaciones jurídicas distintas. Situación que amerita la exclusión absoluta del aquí quejoso del régimen que la obliga a aportar un porcentaje de su pensión para destinarlo a la prestación del seguro de enfermedades no profesionales y maternidad o servicio médico, ya que de lo contrario, éste se convertiría en un sistema circular que desvirtúa su carácter solidario, según razonó el más Alto Tribunal del País. Finalmente, resulta relevante dejar sentado que el presente fallo es congruente con las ejecutorias dictadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en los amparos en revisión 667/2018 y 633/2018, respectivamente, en los cuales esencialmente declararon la inconstitucionalidad del artículo aquí reclamado respecto del cobro del servicio médico a los pensionados y jubilados del ISSSTESON, con base en los razonamientos condensados en la jurisprudencia P./J. 27/2016. Sin embargo, cabe destacar que el Pleno del Quinto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 4/2019, de veintiocho de agosto del año en curso, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero en Materias Penal y Administrativa de este Circuito, llegó a la conclusión de que los efectos de la concesión de la protección constitucional respecto del artículo declarado inconstitucional, debe comprender, únicamente, a partir del acto de aplicación que motivó la promoción del juicio de amparo, el cual no necesariamente lo constituye aquél en el que cronológicamente se aplicó por primera vez a la parte quejosa el precepto tildado de inconstitucional, sino aquel respecto del que tuvo conocimiento de que se materializó en su perjuicio. Así, dicho Pleno argumentó que, lo anterior, además es acorde con lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 842/2018, en el que determinó que como el amparo contra leyes sólo puede tener efectos presentes y futuros, no se podían invalidar actos anteriores al último acto de aplicación en que se sustentó la procedencia del amparo y, por ende, la devolución de los descuentos previstos en los artículos reclamados en dicho asunto, sólo procede a partir de la fecha en que la parte inconforme manifestó que tuvo pleno conocimiento de la individualización de la norma general en su perjuicio. Decisión En tal virtud, como el artículo 25, fracción I, de la Ley del ISSSTESON resulta violatorio de los principios de igualdad y previsión social contenidos en los artículos 1 y 123, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: 1. La autoridad responsable desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación contenida en ese precepto legal, de aportar una cuota del (7%) siete por ciento del monto de su pensión por concepto de servicio médico, y no se le aplique en el presente ni en el futuro, mientras se encuentre vigente. 2. Devuelva a la parte quejosa, de forma actualizada, en una sola exhibición, las cantidades que le fueron descontadas por concepto de servicio médico con apoyo en la norma declarada inconstitucional, a partir de que se ostentó sabedor del acto de individualización en su perjuicio - ******************** -, hasta el último descuento que haya realizado. En la inteligencia que la obligación antes señalada será exigible, además, a todas aquellas autoridades que por razón de sus atribuciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, por disposición del artículo 197 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que como lo estableció la Segunda Sala del Máximo Tribunal en la contradicción de tesis 124/2017 y reasunción de competencia 147/2019 anteriormente mencionados, es factible conceder el amparo en contra de la aplicación subsecuente de los descuentos periódicos al monto de una pensión de seguridad social, al revertirle la característica de ser inminentes, por ser actos reclamados expresamente en el presente juicio, cuya inconstitucionalidad quedó evidenciada. Atento a la conclusión alcanzada, es innecesario el estudio de los diversos conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, pues no le causarían mayor beneficio al ya otorgado. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** respecto de los actos precisados en el considerando IV del presente fallo, por las razones expuestas en el mismo. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******************** respecto de los actos señalados en el punto II, por las razones y para los efectos referidos en los diversos apartados VI y VII de esta sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CR./CJD./005/2970/2023, de la Comisión de Receso del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, catorce de julio de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se agregan a los autos los informes justificados rendidos por el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y el director general de Asuntos Jurídico de la Secretaría de Gobierno, en representación del secretario de Gobierno; dese vista a las partes con su contenido. Se designa delegados y señala domicilio. En términos de los artículos 9 y 28, de la ley de la materia, se tiene como delegados a las personas que señalan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tienen por ofrecidas a la primera autoridad en mención, las pruebas de confesional expresa consistente en todo lo manifestado por el quejoso en su escrito inicial de demanda de amparo, instrumental de actuaciones, la presuncional, así como las pruebas documentales anexas al oficio que se atiende. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, once de julio de dos mil veintitrés. Informes justificados. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se agregan a los autos los informes justificados rendidos por el director general de lo contencioso de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, en representación del gobernador del Estado, y la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sonora; dese vista a las partes con su contenido. Se designa delegados y señala domicilio. En términos de los artículos 9 y 28, de la ley de la materia, se tiene como delegados a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Estado procesal. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, revelan que no pudo llevarse a cabo la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que se encuentra pendiente que se allegue al sumario las constancias de notificación o bien, el informe justificado de las autoridades responsables. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las once horas con cincuenta y un minutos del veintiocho de julio de dos mil veintitrés para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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