Jesús Alemán Rosales
Expediente 31/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 31/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Jesús Alemán Rosales
Actuaciones
- Principal
Se notifica a la quejosa. Juicio de Amparo 944/2019-VII En esta fecha, el secretario da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos. Conste.Torreón, Coahuila de Zaragoza; a veinte de enero de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación que antecede de la cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, sin que lo hiciera; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "OCTAVO. Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional es para que el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, los artículos 79-H, fracción VII, 184 al 188 y Tercero Transitorio, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 2. Deje insubsistentes los pagos contenidos en los recibos de siete de agosto de dos mil diecinueve, expedidos por el Administrador Fiscal General a nombre de la quejosa con números de referencia 761547817, 761547833, 761547871 y 761547887; y, 3. Devuelva a la moral quejosa las cantidades pagadas en los mencionados recibos. En el entendido que las cantidades deberán devolverse debidamente actualizadas, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido". Impugnación. Inconformes con el fallo constitucional, las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, interpusieron recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, con el número de amparo en revisión administrativo 71/2020, quien confirmó la sentencia impugnada. Requerimiento. Tan pronto fue recibida la ejecutoria, mediante acuerdo de trece de octubre de dos mil veinte, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. En el caso, de las actuaciones que aparecen agregadas al presente sumario, deriva que la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, realizó diversos actos para cumplir con la ejecutoria de amparo, a saber: 1. Desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos declarados inconstitucionales, ordenando que no se le apliquen en lo presente y en lo futuro; y, 2. Dejó sin efectos los actos de aplicación contenidos en los recibos con números de transacción 761547817, 761547833, 761547871 y 761547887, por lo que procedió a la devolución de los pagos relativos a dichos documentos, mediante la elaboración del cheque número 21249, por la cantidad de $21,269.00 (veintiún mil doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), el cual fue entregado a la parte quejosa. Vista con cumplimiento. Con dichas constancias, por acuerdo de diecinueve de octubre del dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa. Desahogo de la vista. Sin que la parte hubiese hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Ahora bien, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable desincorporó los preceptos declarados inconstitucionales, razón por cual, procedió a dejar sin efectos el acto de aplicación contenido en los recibos con números de transacción 761547817, 761547833, 761547871 y 761547887, devolviendo los montos actualizados de las contribuciones reclamadas. Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo cual, dése vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notificación personal. En otro entorno, notifíquese personalmente este acuerdo a la parte quejosa, para tal efecto, el actuario deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico con el promovente, para lo cual debe hacer uso de la sana distancia y empleando equipamiento proporcionado para ello, incluso dispensándose que la parte quejosa estampe su firma en la constancia actuarial, siempre y cuando el fedatario se cerciore que habló con ella y le explicó los alcances del contenido del presente auto, para lo cual se autoriza el uso de todos los avances tecnológicos de ser necesario, incluso, desde luego, el correo, teléfono, video llamada, por lo que debe elaborar constancia pormenorizada, lo anterior, para evitar la propagación y contagio del virus que afecta a la población en general. Entrega de oficios. Finalmente, reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega de los oficios respectivos, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; trece de enero de dos mil veintidós. Oficio. Por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, acompaña la demanda de amparo promovida por Jesús Alemán Rosales, contra actos del Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la Republica, en virtud de que tanto el juicio de amparo indirecto 345/2021 del índice de este juzgado, como la demanda de amparo que remite, derivan de las averiguaciones previas PGR/SEIDO/UEIDMS/051/2012, PGR/SEIDO/UEIDMS/062/2012 y PGR/SEIDO/UEIDMS/076/2012. Returno. Ahora, del oficio remitido por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, se advierte que dicho órgano jurisdiccional consideró que corresponde a este juzgado de distrito conocer del juicio de amparo de que se trata, por estimar que en el caso se actualiza el supuesto del artículo 46, fracción II, párrafos sexto y séptimo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales (cuya última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil dieciséis). Acuse de recibo. Por tanto, este juzgado federal acepta el returno planteado y acúsese recibo. Improcedencia. Ahora bien, con fundamento en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la presente demanda de garantías, toda vez que este órgano de control constitucional advierte que en relación a los actos reclamados en el presente asunto, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, por los siguientes razonamientos de índole jurídico. Al efecto, una vez analizada que es la demanda de garantías promovida por Jesús Alemán Rosales, contra actos del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, con residencia en la ciudad de México, y otras autoridades; se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en atención a que en este juzgado federal se tramita una diversa demanda a nombre del mismo quejoso y en la que esencialmente se reclamó el mismo acto reclamado. En efecto, es un hecho notorio para este juzgado de Distrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, la existencia del diverso juicio de amparo 1472/2021-V-A, promovido por Jesús Alemán Rosales, en el cual señaló como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES 1.- AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO DE LA SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 2.- AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO (E- INTEGRAN LAS AVERIGUACIONES PREVIAS PGR/SEIDO/UEIDMS/051/2012, A. P. PGR/SEIDO/UEIDMS/062/2012, A. P. PGR/SEIDO/UEIDMS/076/2012. 3. AGENTES DE LA POLICIA FEDERAL ADSCRITOS A LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL ÁREA DE CONTROL OPERATIVO CON RESIDENCIA EN LA CD. DE MÉXICO, SERGIO ULISES AGUIAR BAÑUELOS, JOSÉ LUIS VILCHIS MAYA, JESÚS MANUEL GOMES RAMÍREZ, DIANA CORRAL SILVA ALCANTAR, CARLOS ALBERTO ARELLANO GARCÍAY FIRMAN EL PARTE INFORMATIVO Y PUESTA A DISPOSICIÓN EN FECHA 21 OCT. 2012 OF. N° PF-DSR-ACO-10995/2012, DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN. 4. ENCARGADO Y/O GERENTE Y/O DUEÑO DE GRUAS TORREÓN, S. A. DE C. V. R.F.C. GTO-040615-GB3, CON DOMICILIO EN PERIFERICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ # 123, COLONIA NUEVA LAGUNA NORTE TORREÓN, COAHUILA C. P. 27100 TEL- 750-95-13 Y 7-50-73-74". "ACTOS RECLAMADOS. A). COMO ACTO DESTACADO LES RECLAMO A LAS AUTORIDADES ANTES EXPUESTAS EL ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES RELACIONADOS CON LAS A. P. PGR/SEIDO/UEIDMS/051/2012, A. P. PGR/SEIDO/UEIDMS/062/2012, A. P. PGR/SEIDO/UEIDMS/076/2012, CONSISTENTES EN LOS VEHÍCULOS MARCA DODGE-DAKOTA-QUAD-CAB-CARAIME-4X2, MODELO 2007-CLASE Y TIPO PICK-UP, CON DÍGITOS- ID7HE48K775169177, PLACAS FW-10893, COLOR GRIS CON NEGRO Y VOLKSWAGEN POINTER-SEDAN-COLOR GRIS, AÑO 1999, PLACAS FFG-1479, DEL ESTADO DE COAHUILA, NIV-98WA37327XT000173. B) COMO ACTO DESTACADO LES RECLAMO A LAS AUTORIDADES ANTES EXPUESTAS LA OMISIÓN CONSISTENTE ENLA MEDIDA PROVISIONAL DE RESTITUCIÓN DE LOS VEHÍCULOS ANTES EXPUESTOS MATERIA DEL DELITO DE DESPOJO. C) COMO ACTO DESTACADO LES RECLAMO A LAS AUTORIDADES ANTES EXPUESTAS EL DESAPODERAMIENTO Y/O DESPOSESIÓN, RETENCIÓN Y POSTERIOR ASEGURAMIENTO DE BIENES Y/O SECUESTRO DE LOS VEHÍCULOS ANTES EXPUESTOS.". En efecto, de lo antes expuesto, este órgano de control constitucional advierte, que en el caso en estudio se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso Jesús Alemán Rosales, presentó una diversa demanda de garantías, de la cual como ya quedó dicho con antelación, conoce este propio juzgado federal, misma que fue registrada con el número estadístico 1472/2021-V-B, la cual se admitió a trámite en actuación de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, por ende, se encuentra pendiente de resolución definitiva. Ahora bien, el precepto antes citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;..". De lo anterior deriva lo que doctrinalmente se conoce como litispendencia (lirispendance), tomado del latín medieval litispendentia (formado con lis, proceso, y pendere, pender), figura procesal que se refiere al estado del pleito antes de su terminación. Es decir, constituye el estado litigioso del asunto que se pone o intenta poner sub júdice. De lo anterior se desprende que etimológicamente litispendencia significa la existencia de un pleito que todavía no se resuelve. Para la doctrina procesal la litispendencia supone que un litigio está en acto o en vida, está pendiente, circunstancia que cesará en el momento en que pase procesalmente a cosa juzgada. En ese contexto, los principios que se aplican a la litispendencia son los de la unidad del proceso del conocimiento y el de la economía procesal, y además, la necesidad de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias, tomando en consideración que la institución se configura cuando una controversia anterior se encuentra pendiente de resolución en el mismo juzgado o tribunal o en otro diferente, y en ambos conflictos existe una identidad de los elementos del litigio planteado en los dos procesos. Esta identidad se refiere a los sujetos, el objeto y la pretensión. En resumen, se produce la litispendencia cuando una misma causa litigiosa se propone ante dos jueces diversos, o cuando la misma causa se presenta varias veces, ante el mismo juzgador. También se ha considerado que la institución se produce con el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia firme. Lo anterior, cobra singular importancia la hipótesis de improcedencia de amparo, pues deviene de la necesidad de evitar la proliferación de juicios de amparo, en que la controversia gire en torno a la misma litis o causa. En efecto, como se advierte de las constancias de autos y del diverso juicio 1472/2021-V-B, se promovió por el propio quejoso Jesús Alemán Rosales, en contra del mismo acto reclamado que lo constituye esencialmente el desapoderamiento y o desposesión, retención y posterior aseguramiento de los bienes relacionados con las averiguaciones previas PGR/SEIDO/UEIDMS/051/2012, PGR/SEIDO/UEIDMS/062/2012 y PGR/SEIDO/UEIDMS/076/2012, relacionado con los vehículos marca DODGE-DAKOTA-QUAD-CAB-CARAIME-4X2, modelo 2007-clase y tipo pick-up, con dígitos ID7HE48K775169177, placas FW-10893, color gris con negro y Volkswagen POINTER-SEDAN-color gris, año 1999, placas FFG-1479, del Estado de Coahuila, NIV-98WA37327XT000173, en cuyo juicio en fecha treinta de diciembre del año próximo pasado se admitió la demanda de trato, por ende se encuentra pendiente de resolución definitiva. De lo anterior, es inconcuso que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada, en atención a que existe litispendencia entre el juicio de amparo 1472/2021-V-B y el presente asunto, ambos del índice de este propio tribunal, los cuales poseen identidad de los elementos del litigio, esto es, en los sujetos, el objeto y la pretensión, pues en ambos juicios se reclama el desapoderamiento y o desposesión, retención y posterior aseguramiento de los bienes relacionados con las averiguaciones previas PGR/SEIDO/UEIDMS/051/2012, PGR/SEIDO/UEIDMS/062/2012 y PGR/SEIDO/UEIDMS/076/2012, relacionado con los vehículos marca DODGE-DAKOTA-QUAD-CAB-CARAIME-4X2, modelo 2007-clase y tipo pick-up, con dígitos ID7HE48K775169177, placas FW-10893, color gris con negro y Volkswagen POINTER-SEDAN-color gris, año 1999, placas FFG-1479, del Estado de Coahuila, NIV-98WA37327XT000173, y dado que el juicio 1472/2021-V-B, aún no se ha emitido resolución definitiva, de ahí que, el presente juicio de garantías resulta improcedente, al existir otro que se encuentra pendiente de resolver. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 193, tomo VI, parte SCJN, Apéndice de 1995, correspondiente a la Quinta época, que dice: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución". Así como, en lo conducente, la tesis: VI.2o.121 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y EN UN JUICIO DIVERSO SE RECLAMA EL MISMO ACTO DE AUTORIDAD. El juicio de amparo en el que se reclama el mismo acto de autoridad que fue combatido en un diverso juicio de garantías anterior, en el cual el auto que desechó la demanda aún no ha causado ejecutoria por estar transcurriendo el término legal establecido para interponer el recurso de revisión, es improcedente de conformidad con lo previsto por el artículo 73, fracción III de la ley de la materia, en virtud de que en tal hipótesis el acto reclamado debe entenderse que es materia del juicio de amparo no concluido; máxime que la conducta procesal del quejoso implica un evidente abuso en el ejercicio de la acción constitucional". (Novena época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, junio de 1998página 655, tesis: VI.2o.121 K, materia común). De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior la Tesis: XI.2o.8 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, del tenor siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIÉNDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto". (Novena época, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, junio de 1996, página: 817, tesis: XI.2o.8 K, materia común). Por consiguiente, y al ser ésta una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente será desechar de plano la demanda promovida por Jesús Alemán Rosales. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Así como el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página 618, del tomo V, mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Finalmente, reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega de los oficios respectivos, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente.
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