Jesús Alemán Rosales

Expediente 55/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
55/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
16/11/2022

Partes del expediente

  • Jesús Alemán Rosales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Oficio. Agréguense a sus antecedentes el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el diverso comunicado remitido por la actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, que fue recibido en dicho juzgado, al cual se adjunta un escrito firmado por el quejoso ********************en el cual solicita se le informe sobre el estado procesal que guarda la demanda de amparo cuyo conocimiento inicial correspondió al Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna. Acuerdo. Ocurso del quejoso el cual se ordena agregar a los presentes autos a efectos de que obre como legalmente corresponda, ello atendiendo a que en proveído de veintiuno de enero de dos mil veintidós, este Órgano Jurisdiccional aceptó el returno planteado por el Juez Tercero de Distrito en la Laguna, y se dictó auto de prevención correspondiente, y en diversa actuación de catorce de febrero de dos mil veintidós, se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo, causando estado el desechamiento en proveído de veintiocho de ese mismo mes y año; determinaciones que en su momento fueron debidamente notificadas al quejoso en su lugar de reclusión. Notifíquese y personalmente al quejoso.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Oficio. Agréguense a sus antecedentes el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el diverso comunicado suscrito por el Técnico de Enlace Administrativo encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales del Octavo Circuito, que fue recibido en dicho juzgado, al cual se adjunta un escrito firmado por el quejoso Jesús Alemán Rosales, en el cual solicita se le informe sobre el estado procesal que guarda la demanda de amparo cuyo conocimiento inicial correspondió al Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna. Acuerdo. Ocurso del quejoso el cual se ordena agregar a los presentes autos a efectos de que obre como legalmente corresponda, ello atendiendo a que en proveído de veintiuno de enero de dos mil veintidós, este Órgano Jurisdiccional aceptó el returno planteado por el Juez Tercero de Distrito en la Laguna, y se dictó auto de prevención correspondiente, y en diversa actuación de catorce de febrero de dos mil veintidós, se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo, causando estado el desechamiento en proveído de veintiocho de ese mismo mes y año; determinaciones que en su momento fueron debidamente notificadas al quejoso en su lugar de reclusión. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, asistido del licenciado Francisco Javier Ibarra Rivera, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; a veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no se ha informado a este juzgado si la parte quejosa ya recibió el cheque expedido en su favor por la autoridad responsable. Requerimiento. Atento a lo anterior, requiérase de nueva cuenta a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación de este auto, informe las gestiones realizadas a fin de entregar el cheque en mención a la parte quejosa. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; catorce de febrero de dos mil veintidós. Diligencia de notificación. Vista la constancia de notificación que obra agregada en autos, de la cual se advierte que el quejoso Jesús Alemán Rosales, da cumplimiento a la prevención contenida en el auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós, y que de igual forma, a la fecha transcurrió el término otorgado al defensor público federal de la adscripción para el efecto de que realizara manifestación alguna; en tales condiciones se tiene al quejoso por desahogando la citada aclaración de demanda. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, con residencia en la ciudad de México, la negativa a excusarse para conocer de las averiguaciones previas PGR/SEIDO/UEIDMS/051/2012, PGR/SEIDO/UEIDMS/062/2012 y PGR/SEIDO/UEIDMS/076/2012. En ese sentido, este juzgado federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que se trata. El artículo 113 de la Ley de Amparo, autoriza a este órgano jurisdiccional a desechar de plano la demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causal de improcedencia que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Una vez examinado el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, en relación con el artículo 3º, aplicado en contrario sensu, ambos de la ley de la materia, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." De lo antes transcrito se advierte que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d). Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sobre el particular, debe señalarse que del análisis de las constancias de notificación realizadas al quejoso respecto del proveído de aclaración, manifestó que las averiguaciones previas penales PGR/SEIDO/UEIDMS/051/2012, PGR/SEIDO/UEIDMS/062/2012 y PGR/SEIDO/UEIDMS/076/2012, dieron origen a la causa penal 86/2012, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en la Laguna. De lo expuesto se desprende con claridad que lo que procede es desechar la demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues al haberse consignado ante la autoridad judicial las mencionadas indagatorias y encontrarse actualmente el quejoso a disposición de la autoridad judiciales ante la cual se instruye la causa penales en mención, resulta evidente que ha operado un cambio de situación jurídica, respecto de la negativa a excusarse para conocer de la integración de las averiguaciones previas en mención y su posterior consignación ante la autoridad judicial correspondiente. Es así, toda vez que las violaciones alegadas por el peticionario del amparo, respecto de la integración de la averiguaciones previas señaladas y su posterior consignación, deben considerarse de tal manera, consumadas y sustituidas procesalmente, que no puede decidirse respecto de ellas sin alterar la nueva situación jurídica que actualmente guarda en quejoso en la causa penal del índice estadístico del Juzgado Segundo de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad, pues en la misma le fue dictado auto de formal prisión por los delitos de portación de arma, delincuencia organizada y secuestro. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 95/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 50, tomo XXVI, agosto de 2007, del Semanario Judicial de la Federación, materia penal, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos". Así como el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, publicado en la página 1373, tomo XXX, octubre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia penal, Novena Época, que dice lo siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación". La tesis de jurisprudencia VI.1o. J/57, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 139, tomo VIII, agosto de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, materia penal, Octava Época, cuyo epígrafe es el siguiente: "SITUACION JURIDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTIAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley". Y el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicado en la página 2497, libro 47, octubre de 2017, tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, penal, Décima Época, cuyo epígrafe es el siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL HECHO DE QUE ESA REPRESENTACIÓN SOCIAL ACUERDE SOBRE LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA O CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EJERCITA LA ACCIÓN PENAL Y SOLICITA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O AUDIENCIA PARA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. La representación social puede solicitar la orden de aprehensión o citación, pero contra tal acto, el amparo es improcedente, porque si bien el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o, en su caso, una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que está facultado para realizar aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, lo cierto es que el desahogo de diligencias para ese fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde la Octava Época, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que no acontece al tratarse de solicitudes ante el órgano judicial respectivo. Por tanto, resulta igualmente improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación previa o carpeta de investigación, y ejercita la acción penal, pues es al Juez del proceso a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso, porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función a su cargo, lo cual es de orden público e interés social, y consiste en la práctica de diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, como la consignación en sí y solicitar la orden de aprehensión o petición correspondiente; todo lo cual no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, revisten el carácter de actos de interés público como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse, por sí mismos, como generadores de afectar el interés jurídico del quejoso, pues no existe algún derecho particular oponible al interés general relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a una investigación judicializada, máxime que en este último caso, conforme al sistema acusatorio, el Ministerio Público, en cuanto a dicha solicitud, pierde, incluso, el carácter de autoridad, el juicio de amparo es improcedente". Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente al asesor público federal y al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido.

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