Jesús Alejandro Villanueva Villegas

Expediente 702/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
702/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
12/04/2023

Partes del expediente

  • Jesús Alejandro Villanueva Villegas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de abril de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado de los autos, así como de la certificación secretarial con que se ha dado cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. En el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de los artículos 15 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de TRES AÑOS, conservando en según sea el caso, la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; así como el presente acuerdo por el que se ordena el archivo como asunto totalmente concluido. Hágase la anotación en la carátula. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Al resultar innecesaria su conversación, devuélvase a la autoridad responsable Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en la Ciudad de Morelia, tres tomos de pruebas consistentes en el toca penal XI-26/2021, así como los cuadernos de amparo IX-21/2021 y IX-7/2021; disco compacto (que contiene la audiencia de aclaración de alegatos); e índice cronológico que obra en el cuaderno de amparo IX-21/2021. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. ACUSA RECIBO. En otro orden de ideas, con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos para que obren como correspondan el correo electrónico y el oficio 442 signados por el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, a través de los cuales acusa recibo del oficio número 5682/2023, del índice de este Juzgado Federal, por medio del cual se hizo de su conocimiento la sentencia definitiva de fecha quince de marzo de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, a través del sistema de juicio en línea del Poder Judicial de la Federación, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, ********************, por conducto de su defensor particular ********************, promovió juicio de amparo indirecto contra las autoridades responsables y actos reclamados siguientes: "Señalo como autoridad responsable ordenadora al Ciudadano Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.con domicilio.de la ciudad de Morelia, Michoacán" "Reclamo de la responsable ordenadora la Sentencia Definitiva pronunciada el 25 de octubre de la presente anualidad, dictada dentro del Toca Penal número ********************, formado con motivo del Recurso de Apelación que fuera interpuesto por la defensa del C. ********************, en contra del Auto de No Vinculación a Proceso dictado dentro de la Causa Penal número ********************, instruido en contra del quejoso por el delito de HOMICIDIO EN CONTRA DE PERSONA MENOR DE EDAD, ventilado ante el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Región de Uruapan, de la que reclamo la ejecución que intenta hacer de la sentencia combatida. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, al considerar violados en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. La demanda se turnó a este juzgado el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, la que fue recibida en auto del día siguiente y registrada con el número ********************; se admitió a trámite en ese proveído, donde además se requirió el informe justificado a las autoridades responsables, y se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le corresponde, asimismo, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado ********************, así como el diverso tercero con interés Subprocurador de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, quienes fueron debidamente llamados al juicio en que se actúa; finalmente, previos diferimientos, se citó a la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, ello, con fundamento en los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 8/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modificó entre otros, el diverso 3/2013, relativo a la "determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito"; lo anterior, teniendo en cuenta que en la especie se reclaman actos cuyos efectos materiales se verifican dentro de la circunscripción territorial que corresponde a este órgano jurisdiccional (Uruapan, Michoacán). SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, página 255, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De acuerdo con lo anterior, en el presente caso, el quejoso reclama: Del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia. La resolución dictada el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dentro del toca penal ********************, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el quejoso en contra del auto de no vinculación a proceso dictado el treinta de enero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal ********************, instruida en su contra por su probable participación en un hecho que la ley señala como delito de Homicidio en contra de persona menor de edad. Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región de Uruapan, Michoacán. La ejecución que pretende dar a la referida resolución. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia y el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Lo que se corrobora con las constancias que adjuntaron a sus informes justificados, consistentes en dos discos (cd) de audio y video, relativos a la causa penal ********************, así como a la audiencia de aclaración de alegatos, además de las documentales concernientes al toca penal ********************, y los cuadernos de amparo ******************** y ********************con los que se formaron tres tomos de pruebas. Medio de convicción los discos compactos, que para efectos del juicio de amparo adquieren el carácter de una prueba documental pública lato sensu; que se tiene por desahogado, en atención a su propia y especial naturaleza, en términos de los artículos 93, fracción VII, 188, 210-A y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme lo estatuido en el artículo 2°, del citado ordenamiento legal, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." También cobra aplicación la tesis VI.2o.P.6 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, página 1529, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con el rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL HECHAS EN DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD). PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO CONSTITUYEN UNA PRUEBA DOCUMENTAL QUE SE DESAHOGA POR SÍ MISMA, CUANDO SON REMITIDOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA JUSTIFICAR SU INFORME." Documentales que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado, lo que es acorde con la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta época, Apéndice 2000, tomo VI, página 231, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de Improcedencia. Al no advertirse alguna causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni esta juzgadora advierte que de oficio se actualiza alguna de ellas, toda vez que son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; por tanto, se procede al estudio de la constitucionalidad o no de los actos reclamados sin la transcripción de los conceptos de violación, al no existir en la Ley de Amparo precepto alguno que así lo estatuya, sin que ello transgreda los principios de congruencia y exhaustividad. Apoya esta determinación, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, Novena Época, mayo 2010, registro 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Para una mejor comprensión del asunto de que se trata, previo al estudio de los conceptos de violación, procede realizar una breve reseña de los antecedentes vinculados con el acto reclamado, así se tiene -en lo que interesa- lo siguiente: 1. En el Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, se instruye el proceso penal ********************, en contra del quejoso ********************, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de homicidio de persona menor de edad, previsto y sancionado por el artículo 117, 119, en correlación con los diversos 19, fracción I, 20, fracción I, 24 fracción III, todos del Código Penal del Estado, en agravio de la menor de edad de iniciales ********************. 2. Una vez cumplimentada la respectiva orden de aprehensión y celebrada la respectiva audiencia de formulación de imputación, en audiencia de treinta de enero de dos mil veintiuno, y en la duplicidad del plazo constitucional, el juez de la causa emitió auto de no vinculación a proceso respecto del quejoso. 3. Inconforme con la anterior determinación, el quejoso por conducto de su defensor particular interpuso recurso de apelación, al no estar de acuerdo con lo determinado por el juez de control, respecto de su razonamiento por lo que hace a la temporalidad en que acontecieron los hechos; medio de impugnación del que correspondió su conocimiento al Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, registrándose el asunto bajo el número de toca ********************, cuya resolución se dictó el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en el sentido de confirmar en sus términos el auto de no vinculación a proceso impugnado. 4. La anterior resolución fue combatida por el quejoso mediante el juicio de amparo indirecto, turnándose la respectiva demanda a este Juzgado de Distrito, donde se registró bajo el número ********************, el que fue resuelto en sentencia dictada el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, concediendo al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que el Magistrado responsable dejara sin efectos la resolución reclamada y previo a resolver el recurso de apelación citara a las partes con la debida anticipación para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 5. En acatamiento a la sentencia constitucional dictada en el juicio de amparo ********************, el Magistrado revisor emitió su resolución el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de toca de apelación ********************, en el sentido de confirmar nuevamente en sus términos el auto de no vinculación a proceso dictado por el Juez de origen. 6. Contra la anterior resolución el quejoso promovió nuevo juicio de amparo, del que correspondió su conocimiento también a este órgano jurisdiccional, registrándose el respectivo expediente bajo el número ********************, el que fue resuelto en sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en el sentido de conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que el mencionado Magistrado dejara insubsistente la resolución reclamada y en su lugar emitiera otra, en la que diera contestación a la totalidad de los agravios señalados por el quejoso en su escrito de apelación de cuatro de febrero de dos mil veintiuno y con plenitud de jurisdicción resolviera dicho medio de defensa. 7. En atención a lo resuelto en el juicio de amparo ********************, el Magistrado en cita dictó una nueva resolución el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dentro del toca de apelación ********************, en la que de conformidad con los efectos precisados en dicho juicio sumario, resolvió nuevamente confirmar en sus términos el auto de no vinculación a proceso dictado por el Juez de Control también responsable. Determinación esta última que constituye la materia del reclamo en el presente juicio de amparo. Estudio de los conceptos de violación. Dado que el quejoso tiene el carácter de imputado en el procedimiento de origen, el análisis de sus conceptos de violación, se hará, en caso de ser necesario, supliendo la queja deficiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Ahora, el defensor particular del quejoso sostiene esencialmente, entre otras cuestiones, que la resolución reclamada vulnera en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 1, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo refiere que se violentan en contra de su representado los principios de acusación, presunción de inocencia, imparcialidad judicial y defensa adecuada, así como el debido proceso, al haber confirmado el Magistrado la decisión del Juez de Control respecto de la corrección que éste realizó a la imputación por parte del Ministerio Público, por lo que hace a la temporalidad de la comisión del hecho con apariencia de delito, al margen de que esa corrección que hizo el Juez la haya fundamentado en las alegaciones realizadas por las partes, lo cierto es que, el Juez de mutuo propio corrigió la temporalidad del hecho imputado, lo que legalmente no debió hacerlo, porque no está dentro de sus facultades aumentar o reducir nada en absoluto del supuesto fáctico. También alega el defensor que no le asiste razón al Magistrado al considerar que el juez no varió el ámbito temporal del supuesto fáctico de la imputación, al tratarse sólo de una "precisión en el día y la hora" o una "aclaración de un error numérico", y que ello tenía correspondencia con lo aducido por la defensa y con uno de los objetivos del proceso, que es el esclarecimiento de los hechos; sin embargo, refiere el defensor, que al ser la formulación de imputación una función exclusiva del poder ejecutivo, es en el Ministerio Público sobre el que descansa la carga de fijar el supuesto fáctico por el que se le llama ante la autoridad jurisdiccional al investigado, precisando de manera correcta las circunstancias fácticas de tiempo, lugar y modo, sin que éstas de motuo propio puedan ser variadas por el juzgador, en observancia al principio de concentración y de imparcialidad que rigen al proceso penal acusatorio y oral. Suplido en su deficiencia, es fundado pero inoperante el concepto de violación que en esencia hace valer la parte quejosa, relativo a que el Magistrado responsable en la resolución dictada el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dentro del toca de apelación ********************, materia del acto reclamado, no debió haber confirmado la determinación del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, dictada el treinta de enero de dos mil veintiuno, dentro del proceso penal ********************, porque indebidamente dicho juzgador corrigió los datos relativos a las circunstancias fácticas del hecho delictivo, aportados por el Ministerio Público, de manera específica por lo que hace a la fecha en que aconteció tal evento, modificando con ello la circunstancias de tiempo, puesto que el representante social solicitó la imputación respecto de actos que acontecieron el dieciocho de febrero de dos mil dieciocho, mientras que el Juez en cuestión corrigió de suyo propio ese dato, al argumentar a manera de corrección, que los hechos acontecieron el diecisiete de ese mes y año, como se desprende de los propios datos de prueba. En efecto, es fundado lo argumentado por el defensor particular del quejoso, en razón de que el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, dispone que "El proceso penal será acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Ahora bien, por lo que hace a los principios de contradicción e imparcialidad (en su vertiente de distribución de funciones), se precisa lo siguiente: Como se desprende del artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el principio de contradicción exige que las partes puedan conocer controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. Dicho principio es la esencia del modelo adversarial pues es "inherente a la idea de dualidad de posiciones de las partes en la contienda procesal, y consagra la posibilidad real de conocimiento por el órgano enjuiciador, en condiciones de igualdad, de las dos tesis enfrentadas". Asimismo, es concomitante con el derecho de defensa, el cual es fundamental en la práctica de la prueba, al permitirle a la defensa refutar los elementos que allegue el Ministerio Público al proceso, según la etapa procesal correspondiente. A su vez, encuentra relación con el derecho de audiencia, el cual contiene el postulado "Nadie puede ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio." El principio de contradicción funge como pieza clave para el correcto desarrollo del proceso, pues por un lado, garantiza el derecho de las partes a concurrir al proceso en igualdad de armas y, por otra, permite al juzgador apreciar de forma clara los elementos de prueba y los argumentos que, de forma oral, exponen las partes. Sobre esto último, cobra especial importancia la función del Juez, en virtud de que él es el encargado de garantizar el cumplimiento de dicho principio, dado que el procedimiento probatorio se distingue principalmente por el debate contradictorio suscitado entre las partes. Por otra parte, por lo que hace al principio de imparcialidad, en su vertiente de distribución de funciones en el proceso penal acusatorio, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece literalmente lo siguiente: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. ..." Tal precepto constitucional consagra un principio de "división de funciones en materia penal", el cual también es conocido en la doctrina como "principio dispositivo o acusatorio". En términos generales, dicho principio exige que la función de "investigación y acusación" a cargo del Ministerio Público y la función "jurisdiccional" reservada a los Jueces, estén claramente delimitadas, por lo que no resulta admisible que éstas sean intercambiadas entre dichos órganos, ni que uno de ellos invada ilegalmente la esfera del otro. El Ministerio Público es la institución del Estado que tiene a su cargo la persecución e investigación de los delitos, por lo que es el órgano que conserva para sí el monopolio del ejercicio de la acción penal, entendido éste último como la exclusiva participación del Ministerio Público en la acusación o imputación delictiva. De este modo, la persecución e investigación de los delitos es una labor de carácter administrativo que por definición excluye a la judicial. De acuerdo con el artículo 21 Constitucional el Ministerio Público tiene encomendadas dos funciones específicas en materia penal, a saber: 1. Una función investigadora, la cual consiste en la facultad/deber de indagar sobre la posible comisión de un evento delictivo, practicando las diligencias correspondientes a fin de ejercer acción penal cuando considere que hay elementos suficientes para ello; y 2. Una función acusadora, la cual puede entenderse como el deber de sostener la imputación formulada en contra de determinada persona a lo largo de todas las etapas del proceso, hasta el momento en que la autoridad jurisdiccional resuelva en definitiva en torno a dicho conflicto penal. Por lo anterior, en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estableció: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de Control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I.IV. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de Control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa...". Por su parte, el artículo 335, de la invocada legislación dispone: "Artículo 335. Contenido de la acusación. (.)I. ... XIII. La acusación sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, la cual deberá hacer del conocimiento de las partes. ..." Asimismo, el diverso numeral 311 del mencionado cuerpo normativo establece: "Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación. Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de Control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de Control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. (.)" Por otro lado, el artículo 19 Constitucional, revela claramente la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De acuerdo a lo anterior, debe entenderse que cuando la ley habla de "hecho delictivo" se refiere a la clasificación legal de los hechos al tenor de la figura típica prevista en el Código Penal respectivo, mientras que el vocablo "hecho" tiene relación con el elemento fáctico que dio origen a la imputación, es decir, con las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se desarrolló el evento delictivo. Dicho de otro modo, el "hecho" como elemento fáctico, aporta los datos necesarios para lograr su encuadramiento en una descripción típica. Lo expuesto con antelación permite establecer que en el sistema de enjuiciamiento penal acusatorio y oral, lo que puede modificarse o reclasificarse (según la denominación otorgada por el legislador) es la calificación del hecho delictivo y no las circunstancias fácticas que lo motivaron (modo, tiempo, lugar). Bajo ese contexto, el auto de vinculación a proceso constituye el acto procesal por virtud del cual el Juez de Control fija la litis del proceso penal, y en él establece de manera clara y precisa el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso. Lo anterior, encuentra sustento en el párrafo quinto del invocado artículo 19 Constitucional, que establece: "Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente." De lo expuesto, se advierte que es constitucionalmente factible modificar la clasificación jurídica del hecho delictivo materia del debate, sin embargo, existe la limitante de no variar los hechos -entendidos como elementos fácticos- planteados por el Ministerio Público al formular imputación. Aunado a lo anterior, en el marco del sistema penal acusatorio, la distribución de funciones no sólo lo caracteriza, sino que lo diferencia del inquisitivo, al ya no reunir o concentrar esas funciones en una sola persona. Las distintas funciones de investigación del delito, formulación de imputación y acusación, en oposición a la atribución de juzgar, se encuentran fuertemente diferenciadas en el actual sistema de justicia penal, encomendadas las dos primeras a un órgano independiente, cuya función es de naturaleza netamente administrativa y no jurisdiccional, en tanto que la facultad de juzgar se le asigna a la autoridad jurisdiccional. En su vertiente de coherencia entre la imputación y el auto de vinculación a proceso, exige la necesaria correspondencia que debe concurrir entre la hipótesis fáctica que formula el actor penal y la decisión a la que arriba el Juez al emitir su determinación, lo cual se traduce en una exigencia dirigida al Juez que le prohíbe vincular a proceso por hechos distintos -circunstancias fácticas- a los que fueron señalados por el Ministerio Público al formular la imputación. En ese sentido, los hechos materia de la imputación que formula el Ministerio Público constituyen el límite de la actividad jurisdiccional del juzgador, de modo que la autoridad judicial por regla general, motu proprio, no puede variar los hechos para modificar la calificación del hecho delictivo materia de la imputación, pues al hacerlo ejercería funciones de órgano acusador, lo que implicaría reunir dos funciones antagónicas en una sola persona, en clara transgresión a la naturaleza del sistema. De ahí que la autoridad judicial debe concretarse a estudiar el asunto y determinar si, a partir de los hechos narrados por el Ministerio Público al formular la imputación y los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, existe causa probable que justifique la continuación de la investigación en su segunda fase denominada investigación complementaria, esto es, si se cuenta con indicios razonables para suponer que se cometió un hecho que la ley señala como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pero sin invocar sucesos diferentes o modificando los invocados por el fiscal para dictar auto de vinculación a proceso por la calificación delictiva que estima como la correcta. Es por esta razón que, se insiste, si se formula imputación por determinado hecho delictivo, cabe la posibilidad de que al dictar auto de vinculación a proceso se le otorgue una clasificación jurídica distinta por el que técnicamente corresponda, siempre y cuando no se varíen los hechos y se garantice el derecho de defensa del imputado. En ese sentido, el principio de imparcialidad implica que el juzgador permanezca ajeno a los intereses de las partes, sin favorecer indebidamente a alguna de ellas. De esta manera, la autoridad judicial tiene vedado asumir la representación o defensa de alguna de las partes, por ende, no puede concentrar funciones de investigación, acusación o defensa. Los anteriores razonamientos fueron argumentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 190/2019, los que sirvieron de sustento para emitir la jurisprudencia de rubro "MODIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL HECHO DELICTIVO MATERIA DE LA IMPUTACIÓN. LA FACULTAD DEL JUEZ DE CONTROL AL DICTAR AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD, EN SU VERTIENTE DE DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES (INTERPRETACIÓN DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." Una vez explicada la premisa normativa relacionada con el asunto a resolver, en el caso, se tiene que, el quejoso por conducto de su defensor particular aduce que el Magistrado responsable al dictar la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dentro del toca penal ********************, vulneró en perjuicio del peticionario del amparo, los artículos 14 y 16 Constitucionales, al confirmar la decisión tomada por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Región de Uruapan, Michoacán, al dictar el auto de no vinculación a proceso, el treinta de enero de dos mil veintiuno, dentro del proceso penal ********************, aun cuando fue en favor del quejoso, en el sentido de corregir la fecha en que acontecieron los hechos, precisada por el Fiscal al solicitar la formulación de la imputación, toda vez que, éste indicó como data del evento delictivo el dieciocho de febrero de dos mil dieciocho, empero, el Juez de Control determinó que en realidad el hecho delictivo aconteció el diecisiete de ese mes y año, lo que estima el defensor del quejoso, vulnera en contra de su representado el debido proceso, al no observar el principio de concentración que impera en el proceso penal acusatorio y oral. Como se dijo, es fundado el motivo de disenso hecho valer por la parte quejosa, puesto que aun cuando el Magistrado responsable justifica el actuar del Juez de Control, al indicar que la decisión que emitió al corregir la circunstancia de tiempo en que aconteció el hecho delictivo, fue para satisfacer uno de los fines del proceso que es el esclarecimiento de los hechos, para lo cual también el Juez atendió a los principios de lealtad, a la sana crítica, a las máximas de la experiencia jurídica y al de la lógica de la razón suficiente, sin embargo, como se precisó en párrafos anteriores, en el sistema de justicia penal acusatorio y oral, lo que puede modificarse o reclasificarse (según la denominación otorgada por el legislador) es la calificación del hecho delictivo y no las circunstancias fácticas que lo motivaron, es decir, las relacionadas con el tiempo, lugar y modo de tal evento, lo que conduce a establecer que existe una limitante para el juzgador en el sentido de no variar los hechos (entendidos como elementos fácticos), planteados por el Ministerio Público al formular la imputación. Máxime que en el caso, no existió en su momento procesal, petición del imputado o de su defensor, para aclarar o precisar ese aspecto (circunstancia de tiempo) al momento de la imputación formulada por el Ministerio Público, tal como lo establece el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, invocado en párrafos precedentes. Sin que se desconozca que el Magistrado responsable haya tomado en cuenta que el asesor adscrito a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescente del Sistema "DIF", pretendió promover incidente respecto de datos atribuibles al Ministerio Publico, de manera específica por lo que hace a la fecha en que aconteció el evento delictivo precisada por el Ministerio Público, como se advierte en el minuto 15:00, del desarrollo de la audiencia, sin embargo, el Juez determinó que tal incidencia es improcedente al no haberse planteado en el momento procesal oportuno, y al concederle el uso de la voz al defensor del imputado nada dijo o controvirtió en tormo a esa circunstancia de tiempo precisada por el asesor, por estimar que no había nada novedoso que destacar, de ahí que la decisión asumida por el Juez, aduce el Magistrado, se ajustó a lo previsto en el artículo 68 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Decisión la anterior que como bien lo expone el defensor del quejoso, no resulta apegada a los principios que robustecen y sustentan el sistema penal acusatorio y oral, de manera específica, el de contradicción e imparcialidad, puesto que, aun cuando se tomen de base los principios que refirió el Ad quem en la resolución reclamada y que sirvieron de apoyo y fundamento al Juez de origen, para resolver en los términos en que lo hizo, empero, ello jurídicamente no es posible, pues como se explicó en líneas anteriores, existe la exigencia dirigida al Juez que le prohíbe vincular a proceso por hechos distintos -circunstancias fácticas- a los que fueron señalados por el Fiscal al formular la imputación. No obstante ser fundado el motivo de disenso analizado, se estima que el mismo es insuficiente o inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dado que, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante, en razón de que, como se advierte de la propia resolución que resolvió la situación jurídica del quejoso y confirmada en segunda instancia, la decisión tomada por el Juez de origen es en el sentido de no vincular a proceso al imputado, aquí peticionario del amparo, fundamentalmente porque existió una deficiente investigación por parte del Ministerio Público al recabar los respectivos datos de prueba, sin que se haya podido establecer la participación del quejoso en el hecho delictivo, entonces, a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, al no advertirse de momento una afectación a la esfera jurídica del quejoso que motive dejar sin efectos la resolución reclamada y en vía de consecuencia, también la diversa emitida por el Juez natural, si de todos modos no fue vinculado a proceso, que sería en todo caso el fallo que si le afectaría. Además, no debe perderse de vista que el auto de no vinculación a proceso constituye una determinación preliminar que si bien, en un futuro puede modificarse, sin embargo, la modificación que en su caso emitiera el Juez de origen, puede ser combatida, no sólo por el imputado sino por cualquiera de las partes, de ahí que por el momento no se advierte que al quejoso se le ocasione perjuicio alguno con la emisión del auto de no vinculación a proceso dictado a su favor en la causa penal de origen. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 108 sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 85, Registro digital 917642, de tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, pero claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso el tribunal, por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; de ahí que no hay que esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado." Asímismo, es aplicable en lo conducente la tesis de jurisprudencia I.3º.C. J/32, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, página 1396, Registro digital 181186, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. DEBEN DECLARARSE ASÍ, CUANDO EXISTA SEGURIDAD ABSOLUTA EN CUANTO A LA IRRELEVANCIA DE LA OMISIÓN EN QUE INCURRIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y NO SEA NECESARIO SUSTITUIRSE EN SU ARBITRIO PARA DEFINIR CUESTIONES DE FONDO. Conforme a la jurisprudencia de la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.", cuando en un juicio de amparo se considere fundado un concepto de violación por razones de incongruencia por omisión, pero a la vez se advierta que tal cuestión no es apta para resolver el asunto en forma favorable a los intereses del quejoso, el concepto aducido, aun cuando sea fundado, debe declararse inoperante, por razones de economía procesal, atendiendo a que a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se analizara una cuestión innecesaria, dado que el sentido del fondo del asunto seguiría siendo el mismo, en detrimento del principio de economía procesal y la pronta administración de justicia que establece el artículo 17 constitucional. Sobre esas bases, el tribunal de amparo debe pronunciarse respecto de los puntos que no fueron abordados por la autoridad de la instancia, porque de concederse la protección federal para que se subsanen no cambiaría el sentido del acto reclamado. Por tanto, es improcedente esa declaración de inoperancia cuando no existe la seguridad absoluta de la irrelevancia de la omisión en que haya incurrido la autoridad común al ser necesario el ejercicio de su arbitrio jurisdiccional para dilucidar aspectos de fondo, ya sea en valoración de pruebas, apreciación de hechos, interpretación y aplicación de normas o de contratos, porque en estos supuestos invariablemente corresponde a la autoridad ocuparse del análisis de las cuestiones omitidas, pues de lo contrario, la potestad de amparo podría dejar inaudita a una de las partes; de ahí que la determinación de que un concepto de violación es fundado pero inoperante, únicamente es adecuada ante una clara y evidente solución del asunto, pero no cuando se requiere de mayores reflexiones en ejercicio del aludido arbitrio jurisdiccional." En las relatadas condiciones, al resultar fundados pero inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, lo que procede es negar el amparo solicitado por el peticionario del amparo ********************, por conducto de su defensor particular. La negativa decretada se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Región de Uruapan, en razón de que no se impugna por vicios propios, además de que su legalidad se hizo depender del actuar de la responsable ordenadora. En el entendido de que los diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". SEXTO. Se requieren acuses de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, solicítese a la autoridad responsable foránea para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedó debidamente notificada de esta sentencia. Apercibimiento. Se apercibe a dicha autoridad que de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. SÉPTIMO. Publicación de la sentencia. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. OCTAVO. Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por conducto de su defensor particular, contra los actos y autoridades descritos en el considerando segundo, por los motivos precisados en el quinto de los considerandos. Segundo. En términos del penúltimo considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de enero de dos mil veintitrés. ALEGATO CONSTITUCIONAL. Agréguese el alegato constitucional 001/2022 presentado por el Agente del Ministerio Público Federal Adscrito; y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados sus alegatos, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Sin que haga valer alguna. CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Hace valer la prevista en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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