Jesús Alejandro Parada Vicente
Expediente 1044/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1044/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jesús Alejandro Parada Vicente
- Presidente Ejecutor de la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliacion Y Arbitraje En el Estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta y atento a su contenido téngase a la autoridad oficiante informando las gestiones que realizó para dar cumplimiento a los efectos de la suspensión definitiva concedida en interlocutoria de nueve de noviembre pasado, y a efecto de comprobar su dicho remitiendo en copias certificadas constancias derivadas del expediente** de su índice. Al respecto, tómese nota de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo téngase al Presidente de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, rindiendo su informe justificado y remitiendo como prueba de su parte en copias certificadas constancias derivadas del expediente 993/2009 (1) de su índice. Sobreseimiento fuera de audiencia. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso ***, reclama del Presidente de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, la omisión de proveer respecto de su escrito presentado el catorce de agosto de este año, en el cual le solicitó señalar hora y fecha para llevar a cabo la diligencia de remate en el expediente***. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone que se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Lo anterior encuentra sustento jurídico en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 553, materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, el suscrito advierte que respecto de la materia de la disidencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." -Lo resaltado es propio-. El referido precepto legal transcrito, prescribe que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio de amparo se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados, como ocurre en el presente caso. Ahora bien, de la constancia remitida por el Presidente de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, al momento de rendir su informe justificado, se advierte que mediante acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente**, dio atención al escrito de la parte quejosa presentado el catorce de agosto de este año, señalando hora y fecha para llevar a cabo la audiencia de remate en primera almoneda, respecto del bien inmueble embargado en el referido asunto. En ese contexto, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado en estudio, pues la responsable subsanó la omisión de la cual se duele la parte quejosa, en virtud de haberse emitido la atención correspondiente a su escrito presentado el catorce de agosto de este año. En consecuencia, resulta evidente que la inactividad reclamada, traducida en la conducta omisiva que conforma la litis del presente asunto, ha dejado de existir, puesto que la responsable se pronunció en el sentido de realizar una conducta que extinguió la desatención que originó el acto reclamado. De ahí, que se insiste, cesaron los efectos del acto reclamado, habida cuenta que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la inactividad procesal reprochada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, como se adelantó en el caso opera la causal de improcedencia que establece el numeral 61 fracción XXI de la Ley de Amparo y en las relatadas consideraciones lo procedente es sobreseer fuera de audiencia el presente asunto. Sin que el sobreseimiento fuera de audiencia, cause agravio a la parte quejosa o la prive de defensa, pues ni aun celebrándose ésta, el agraviado podría desvirtuar con prueba alguna la causa de sobreseimiento de mérito, que se torna notoria, manifiesta e indudable; razones por las cuales el resultado del fallo tendría el mismo sentido; por tanto, en atención al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional, procede resolver fuera de audiencia. Resulta aplicable, en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo, en tanto, el criterio sostenido no se opone a ésta, la tesis XIV 1º 3 K, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página mil doscientos treinta y cinco, tomo XII, agosto de dos mil, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y textos siguientes: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aún celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional". En tal virtud se ordena dejar sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
- Incidental
INTERLOCUTORIA Mediante la que se resuelven los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 1044/2023, promovido por ********************, en contra del acto reclamado al Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Uno, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. ANTECEDENTES La parte quejosa reclama del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Uno, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión de proveer respecto de su escrito presentado el catorce de agosto de este año, en el cual le solicitó señale hora y fecha para llevar a cabo la diligencia de remate en el expediente ********************. Por ello, estima que la autoridad responsable viola en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta entidad federativa, el once de octubre de dos mil veintitrés, fue remitida a este órgano jurisdiccional por razón de turno el trece de octubre siguiente, en el expediente principal por auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, se radicó la demanda con el número 1044/2023, y se ordenó la apertura del incidente de suspensión, en donde se solicitó informe previo a la responsable y se concedió la medida provisional solicitada. La audiencia incidental se llevó a cabo en términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos: Autoridad responsable: Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. Acto reclamado: La omisión de acordar lo correspondiente al escrito de catorce de agosto de dos mil veintitrés. V. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La autoridad responsable Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Uno, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, aceptó la existencia del acto reclamado. En consecuencia, se procede a efectuar el análisis respecto de la procedencia o no de la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa. VI. ANALISIS DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Este órgano jurisdiccional advierte la necesidad de reiterar la decisión tomada en el acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, en donde se concedió la suspensión provisional, porque aún existen las mismas razones para afirmar el sentido de esa determinación respecto de la medida cautelar solicitada, pero ahora de manera definitiva. Ahora bien, la parte quejosa solicita que se decrete la medida suspensional definitiva bajo efectos restitutorios, esto es, que la autoridad señalada como responsable provea lo conducente respecto de su escrito de catorce de agosto de este año. Al respecto, conviene señalar que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, prevé que en el juicio de amparo los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, por lo que el órgano jurisdiccional de amparo deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, cuando la naturaleza del acto lo permita. Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el numeral 125 de la Ley de Amparo, la suspensión es una medida cautelar que puede decretarse de oficio o a petición del quejoso. En el segundo caso para que proceda la suspensión del acto reclamado, es necesario que concurran los diversos requisitos establecidos en el artículo 128 de la ley de la materia, esto son: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Resulta preciso apuntar que la suspensión constituye una medida cautelar que tiene la finalidad de preservar la materia de la controversia, y evitar que su solicitante sufra una afectación a su esfera mientras se resuelve el fondo del asunto, mediante la aplicación de medidas conservativas, es decir, paralizantes de la ejecución del acto reclamado o bien, de tutela anticipada. Así la suspensión del acto reclamado, como medida cautelar, puede tener efectos "conservativos" y "restitutivos". El artículo 147 de la Ley de Amparo, en sus párrafos primero y segundo, establece lo siguiente: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo". -Lo resaltado es propio.- Del dispositivo legal inserto, se puede apreciar, que la suspensión del acto reclamado no se limita a mantener las cosas en el estado que guardan, es decir, no tiene como único propósito "paralizar" un acto para evitar que afecte derechos del quejoso, sino que también permite "restablecer" provisionalmente al promovente del amparo en el goce del derecho violado, siempre que ello no implique "constituir" un derecho del que no gozaba previamente la parte quejosa, esto en concordancia con la restricción establecida en el párrafo segundo del artículo 131 de la Ley de Amparo. "Artículo 131. [.] En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda." De lo antes expuesto, se aprecia que la Ley de Amparo prevé la posibilidad que el órgano jurisdiccional, con el otorgamiento de la medida cautelar, restablezca o restituya al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, para impedir perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso. De ahí que, para que una medida cautelar pueda proyectar sus efectos sobre una determinada realidad jurídica, es necesario constatar la existencia del acto reclamado que se pretende suspender y dependiendo de la naturaleza del acto reclamado así como del derecho fundamental sobre el que éste se proyecta, que la parte quejosa debe probar que es titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) o bien, el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Realizando de forma simultánea, un juicio de probabilidad anticipado acerca de la inconstitucionalidad del acto reclamado y una valoración sobre si la eventual concesión causaría perjuicio al interés social o al orden público, lo que, en términos generales puede acontecer cuando se priva a la colectividad de un beneficio que le conceden las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del siguiente tenor: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior". De la jurisprudencia citada con antelación se advierte que cuando se reclama la inactividad del Estado (omisión) y, con ello, se restringe un derecho, no existe obstáculo jurídico para otorgar la medida cautelar, dotándola de efectos restitutorios, con el objeto de impedir que esa afectación perdura durante la substanciación del juicio de amparo. En el caso concreto, los efectos de la medida cautelar no restituyen a la quejosa en el goce del derecho vulnerado, puesto que la suspensión definitiva tiende únicamente a que desaparezca la inactividad procesal con motivo de la falta de proveído del Presidente Ejecutor de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, al escrito que el disidente presentó el catorce de agosto de este año. Ya que, si lo que se reclama es la omisión del presidente ejecutor responsable de proveer sobre el escrito de la parte quejosa presentado cuarenta y dos días naturales antes de solicitar el amparo (la promoción fue presentada el catorce de agosto de este año y la demanda el trece de octubre siguiente), entonces, la afectación que pudiera producir el acto reclamado versa sobre el derecho de acceso a la justicia de ********************, como una variante del derecho de petición que tiene lugar cuando éste se ejerce dentro del marco de un procedimiento. Por tanto, el efecto restitutorio de la medida cautelar debe ser el de vincular al Presidente Ejecutor de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, a que con libertad de jurisdicción, emita una determinación en relación con el escrito de la parte quejosa presentado el catorce de agosto del año en curso, pues de esa forma es posible evitar que la afectación derivada de la omisión reclamada siga incidiendo en la esfera jurídica de éste. En consecuencia, este juzgador considera que es procedente otorgar la suspensión definitiva para el efecto de vincular a la autoridad responsable a que, con plena libertad de jurisdicción, emita una determinación en relación con la promoción de la parte quejosa. Con este efecto, se evita que la afectación derivada de la omisión aludida siga incidiendo en la esfera jurídica del quejoso durante la sustanciación del juicio y, en esa medida, la suspensión cumpla con su propósito en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo. Razonamientos anteriores que, fueron la base de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 157/2022 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y que dieron origen a la tesis I.2o.P.5 P (11a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable con el registro digital: 2025443, dentro de la página de internet del Semanario Judicial de la Federación, que es del contenido siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA OMISIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE PROVEER RESPECTO DE UNA PROMOCIÓN PRESENTADA POR LA PARTE QUEJOSA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO, PARA EL EFECTO DE VINCULARLO A QUE, CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN, EMITA UNA DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON ESE ESCRITO. Hechos: La parte quejosa reclamó en el juicio de amparo indirecto la omisión del Juez de Control de proveer respecto de una promoción que presentó en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio. El Juez de Distrito concedió la suspensión provisional para el efecto de que la autoridad responsable, una vez concluida esa etapa del procedimiento penal, lo suspenda hasta que se resuelva en definitiva el juicio de amparo; sin embargo, al no estar de acuerdo con los efectos de la medida cautelar, interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando se reclama la omisión de la autoridad judicial de proveer sobre la promoción presentada por una de las partes del procedimiento penal en la etapa intermedia, procede conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, lo que implica vincularla a que, con libertad de jurisdicción, emita una determinación en relación con esa promoción. Justificación: De conformidad con el artículo 147 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado, como medida cautelar, puede tener efectos "conservativos" y "restitutorios", es decir, no tiene como único propósito "paralizar" un acto para evitar que afecte derechos de la parte quejosa, sino que también permite "restablecer" provisionalmente a ésta en el goce del derecho violado, siempre que ello no implique "constituir" un derecho del que no gozaba previamente (restricción establecida en el párrafo segundo del artículo 131 de la Ley de Amparo). En este sentido, si con motivo de la inactividad del Estado (omisión) se restringe el goce de un derecho, por regla general no existe obstáculo jurídico para otorgar la suspensión provisional dotándola de efectos restitutorios, con el objeto de impedir que esa afectación perdure durante la sustanciación del juicio de amparo. Luego, si el acto reclamado es la omisión del Juez de Control de proveer sobre la promoción de la parte quejosa, presentada en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio, procede conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, lo que implica vincular a la autoridad responsable a que, con libertad de jurisdicción, emita una determinación en relación con esa promoción, pues de esa forma se evita que la afectación derivada de la omisión reclamada siga generando consecuencias negativas en la esfera jurídica de la solicitante del amparo durante la sustanciación del juicio, específicamente en el derecho de acceso a la justicia, como una variante del derecho de petición que tiene lugar cuando éste se ejerce dentro del marco de un procedimiento." Resulta innecesario, condicionar el otorgamiento de la suspensión, acorde al artículo 132 de la Ley de Amparo, debido a que se traduce en solicitar al Presidente Ejecutor de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, que provea sobre el escrito presentado por la quejosa. Esta medida cautelar, en cuanto a su duración, producirá efectos a partir del dictado de esta resolución interlocutoria y hasta en tanto se comunique a las autoridades responsables la ejecutoria de la resolución que se dicte en el expediente principal. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva a ********************, por las razones expresadas en el apartado VI de esta interlocutoria. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha en que se actúa se encuentra transcurriendo el plazo de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que la autoridad responsable Presidente Ejecutor de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, rinda su informe justificado. En virtud de lo anterior, no es dable celebrar la audiencia constitucional prevista para este día, por tanto se difiere y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
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