JESUS ALEJANDRO MARRUJO ALMEIDA y Otros.

Expediente 378/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
378/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
11/05/2023

Partes del expediente

  • JESUS ALEJANDRO MARRUJO ALMEIDA y Otros.
  • Jesus Alejandro Marrujo Almeida

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, once de mayo de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio que remite la delegada del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, por medio del cual informa que la parte quejosa deberá agendar cita a través del número 664-973-72-50, a fin de recoger los títulos expedidos a su favor. Requerimiento a la parte quejosa. En ese sentido, a fin de agilizar el procedimiento requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al que le surta efectos la notificación de este proveído, realice la cita respectiva y acuda a la oficina de la Dirección de Egresos, dependiente de la Tesorería Municipal del citado Ayuntamiento, a recibir dichos títulos de crédito, y lo haga del conocimiento de este juzgado o bien, dentro del citado plazo manifieste la imposibilidad que tenga para ello. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento de que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), lo que resulta de multiplicar $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional) por cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de cuenta y anexos, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 378/2023-IV. Incompetencia. En principio, resulta pertinente destacar que de una lectura íntegra de la demanda de amparo y de sus anexos, se puede establecer que el acto reclamado señalado por la parte quejosa consiste en la falta de fundamentación y motivación del auto de fecha dos de marzo de dos mil veintitrés, dictado dentro de los autos del expediente ********************, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar de Primera Instancia del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, en el que se decretó la homologación de la sentencia emitida por la Corte Superior de California, condado de San Diego California de los Estados Unidos de América, con número de caso ********************, dictada el treinta de enero de dos mil veintitrés, en el que se otorgó la custodia legal y física del menor a su progenitora ********************, dando por concluido dicho juicio del orden familiar. Lo que se corrobora del contenido de la citada resolución de dos de marzo de dos mil veintitrés, que en impresión con firma electrónica acompañó la parte quejosa a su demanda de amparo. Además, del escrito inicial de la demanda, se aprecian los siguientes antecedentes: ". 10. En atención al párrafo que antecede, es que en fecha 16 de abril del año 2021, me vi en la necesidad de promover un juicio sumario civil de controversias de orden familiar, el cual se radico ante el H. Juzgado Tercero Familiar del Partido Judicial de Baja California, bajo el número de expediente ********************, en el cual se solicitó solicito (sic) como prestación, lo siguiente: a. La CUSTODIA PROVISIONAL y posteriormente la DEFINITIVA de mi menor hijo R. A. M., el cual actualmente cuenta con la edad de 7 (siete) meses. b. El PAGO DE UN PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL y posterior una DEFINITIVA, suficiente y bastante para cubrir las necesidades de mi menor hijo R. A. M., mismas que solicito sean consignadas a este H. Juzgado. 11. Posteriormente en fecha 29 de junio del 2021, el suscrito realice una ampliación de hechos a mi escrito inicial de demandada. 12. Por lo que, en fecha nueve de julio del dos mil veintiuno, se admitió la demanda interpuesta por el suscrito en contra de la tercero interesada PAOLA GONZÁLEZ ROJO, ordenando el emplazamiento de la misma en el lugar donde se encuentre, es decir, en el domicilio en donde cohabitamos, siendo el ubicado en; AV. PANAMERICANO #10151 - 301-C FRACC. PANAMERICANO, en esta ciudad de Tijuana, Baja California, y en virtud de que existía la presunción de que la tercera interesada radica en el vecino país, es que se ordenó girar carta rogatoria a la procesadora autorizada en el Estado de California, Estados Unidos de América, para que por su conducto y en auxilio de sus labores se sirva emplazar a la tercero interesada Paola Gonzalez Rojo, en el domicilio ubicado en 1475 Sixth Ave. No 512, San Diego, California, CA 921003633 Yesier Way Seattle Washington 98104, Estados Unidos de América. 13. Que en fecha 30 de diciembre del 2021, a las 2:31 p.m., la Tercera Interesada fue debidamente notificada y legalmente emplazada a juicio por la C. Maria C. Ruiz Valdespino, Notificadora de Procesos registrada en el Estado de California de los Estados Unidos de América. 14. Mediante auto de fecha nueve de febrero del ario 2022, se le declaró la rebeldía toda vez que no dio contestación a la demanda instaurada en su contra. DE LA SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN DE ORDEN JUDICIAL EMITIDA EN EL EXTRANJERO. 15. En fecha 02 de marzo de 2022, la tercero interesado compareció a juicio, promoviendo un escrito mediante el cual exhibió copia certificada, apostillada y debidamente traducida al español de una orden judicial emitida por la Corte Superior del Condado de San Diego, California, de los Estados Unidos de América, en el cual, entre otras cosas, se concede a la Tercera Interesada la custodia del menor R. A. M., así como se giraba una orden de restricción temporal en contra del suscrito quejoso, derivado del expediente con número de caso 21FDV01796S, el cual fue iniciado el 15 de abril del 2021. Y así mismo solicito que la autoridad Responsable tuviera a bien homologar y ejecutar dicha orden dictada en el extranjero, y que se notificada con las copias de traslado que se adjuntan en su escrito, la existencia de un juicio previo y del mismo modo exhortando al suscrito a fin de que me presente ante la Corte de San Diego, California . 20. Es el hecho, que, en fecha 02 de marzo de 2023 la Tercero Interesada Paola Gonzalez Rojo presentó un escrito mediante el cual se solicitó la homologación de sentencia, la cual fue dictada en fecha 30 de enero del 2023, mediante el cual se concede la custodia legal y física del menor Raúl Alejandro Marrujo, a favor de la Tercera Interesada, sin embargo, dicha sentencia o procedimiento en ningún momento fue debidamente notificado en forma personal y directa al suscrito. Del escrito presentado por la Tercera Interesada, recayó el auto de fecha dos de marzo del dos mil veintitrés, mediante el cual entre otras cosas, declaro procedente la homologación de sentencia judicial dictada en el extranjero así como la conclusión del juicio que el suscrito promovió, tal y como a continuación se advierte: ." Precisado lo anterior, conviene destacar el contenido del artículo 170 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". De lo antes trascrito se aprecia que el juicio de amparo directo, procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones de que pongan fin al juicio; asimismo, en el párrafo segundo del citado numeral, establece que se entenderá por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido; de igual forma, en el tercer párrafo del aludido precepto refiere que para la procedencia del amparo directo se deberán agotar previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia. Aplica al caso, la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Sentado lo anterior, en el caso, se advierte que el acto reclamado por el quejoso es una resolución que puso fin al juicio sumario civil de controversias del orden familiar número ********************, que promovió el aquí quejoso, ********************, en contra de ********************, con el propósito de obtener la custodia provisional y después definitiva de su menor hijo. Asimismo, de lo narrado se desprende que el juicio estaba en trámite, dado que se emplazó a la demandada y que con posterioridad ésta compareció al juicio y exhibió copia certificada, apostillada y traducida al español de la orden judicial emitida por la Corte Superior de California, condado de San Diego California de los Estados Unidos de América, con número de caso ********************, dictada el treinta de enero de dos mil veintitrés, en la que se otorgó la custodia legal y física del menor a su progenitora ********************. Tomando en cuenta ello, el juez natural homologó la sentencia antes referida y ordenó el archivo del asunto como concluido. Por lo que es evidente que la referida determinación puso fin al juicio, ya que dicho Juzgado de lo Familiar, al advertir que ya existía sentencia extranjera respecto a las prestaciones materia del controvertido de origen, es que determinó archivar el asunto como totalmente concluido. En este contexto, este juzgado carece de competencia legal para resolver la demanda planteada, atento a que el acto que se reclama no es susceptible de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, pues al tratarse de una resolución que pone fin al juicio, su conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado. Sin que pase desapercibido para la suscrita juzgadora la existencia de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 65/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "HOMOLOGACIÓN Y EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA. ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL INCIDENTE RESPECTIVO. De los artículos 569 a 577 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que el procedimiento de homologación y ejecución de una sentencia extranjera tiene la regulación de un incidente, en el que el tribunal nacional tiene que examinar que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 571 para reconocer obligatoriedad a la sentencia extranjera y ordenar su cumplimiento coactivo en territorio nacional; en el entendido de que dicha facultad no tiene el alcance de revisar el fondo de la resolución, sus consideraciones o sus fundamentos de derecho, sino que debe constreñirse a verificar su autenticidad y que estén presentes los requisitos citados debido a que una de las condiciones para que la sentencia extranjera sea homologada en México es que constituya cosa juzgada en el país en el que fue dictada. Conforme a lo anterior, la sentencia que resuelve el incidente de homologación y ejecución de sentencia extranjera es una sentencia interlocutoria y no tiene las características de una sentencia definitiva, puesto que tiene por objeto resolver una cuestión que es incidental al juicio; es una sentencia sobre el proceso y no sobre el derecho; dirime una controversia accesoria, que surge con ocasión de lo principal. A diferencia de las sentencias definitivas, que son las resoluciones judiciales que ponen fin a un proceso, solucionando el litigio planteado de fondo, deciden el negocio principal, analizan las acciones deducidas y las excepciones opuestas, estableciendo el derecho entre las partes, teniendo por vocación absolver o condenar. En consecuencia, la resolución que se dicte en el incidente de homologación y ejecución de sentencia es un acto dictado después de concluido el juicio y, por lo tanto, en su contra es procedente el amparo indirecto, en los términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, que establece que contra actos dictados en ejecución de sentencia, el amparo procede en contra de la última resolución dictada en el procedimiento, dado que el legislador pretendió que las sentencias firmes sean cumplidas sin que la promoción de múltiples amparos obstaculicen la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada." (Énfasis añadido) Pero dicho criterio no es aplicable al presente caso, dado que lo que aquí se combate es la determinación que dio por concluido una controversia del orden familiar, con motivo de la existencia de una sentencia extranjera; y, sin prejuzgar sobre la legalidad o constitucionalidad de la determinación reclamada, es claro que no encuadra en el supuesto de la jurisprudencia, en virtud de que no se emitió en un procedimiento o incidente para ejecutar una sentencia dictada en el extranjero. En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 párrafo primero de la Ley de Amparo, remítase de inmediato la demanda y sus copias al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, a fin que -si lo estima pertinente- se avoque a su conocimiento. Anotaciones. Hágase las anotaciones relativas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); en consecuencia, fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda y sus anexos. Acuse. Se solicita atentamente a la superioridad que corresponda conocer del presente asunto, se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 fracción I de la legislación en consulta, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Autorizados. Se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados ********************, dado que cuentan con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal como se advierte de las constancias glosadas en autos. Correo electrónico y número telefónico. Téngasele señalando los correos electrónicos y números telefónicos que indica única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente, dado que no existe disposición expresa en la Ley de Amparo para entablar comunicaciones procesales en esa vía. Medios electrónicos. Como lo solicita el promovente, de conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente, siempre y cuando no se trate de aquéllas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, dejando constancia en autos de la copia realizada. En vista de lo anterior, dígase a la parte quejosa que el uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Apoya lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea. Tomando en cuenta las disposiciones del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica (juicio en línea), lo que significa que podrán imponerse del contenido de los autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, para lo cual deberán contar con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 del mencionado Acuerdo 12/2020, y realicen la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional. Para efecto de lo anterior deberán proporcionar el nombre del usuario con el que se realizó el registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como la notificación electrónica de las resoluciones judiciales emitidas en este juicio, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo 12/2020. De igual modo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente, previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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