Jesús Alejandro Lozano Treviño

Expediente 806/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
806/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Jesús Alejandro Lozano Treviño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la razón actuarial levantada por la fedataria adscrita, mediante la cual, hace constar que no fue posible emplazar a juicio a la tercera interesada Catalina Denise Martínez Garza, en el domicilio precisado en auto de catorce de los cursantes, por los motivos que asienta en la diligencia. Sin embargo, de las constancias remitidas por el Juez de Control responsable, así como de lo señalado por la parte quejosa en la demanda de amparo, se desprende que el domicilio correcto para localizar a la tercero interesada Martínez Garza, es el ubicado en calle Misión Santa Ana, número 6194, en la colonia Misión Cumbres, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Por ende, se comisiona al actuario de la adscripción para que realice el emplazamiento de la víctima Catalina Denise Martínez Garza, en el domicilio señalado en el párrafo anterior, corriéndole traslado con copia simple del libelo inicial de demanda, escrito aclaratorio, auto admisorio, así como los diversos autos de nueve y catorce de noviembre y del presente proveído; además le requiera para que en el término de tres días señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la zona metropolitana, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta determinación, apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes comunicaciones, aún las de carácter personal, se le harán por lista, sin necesidad de ulterior acuerdo, con sustento en el arábigo 26, fracción III, de la legislación de la materia.

  2. Principal

    Se notifica por lista a la tercero interesada... Vista la razón actuarial levantada por la fedataria adscrita, mediante la cual, hace constar que no fue posible emplazar a juicio a la tercera interesada Catalina Denise Martínez Garza, en el domicilio precisado en auto de catorce de los cursantes, por los motivos que asienta en la diligencia. Sin embargo, de las constancias remitidas por el Juez de Control responsable, así como de lo señalado por la parte quejosa en la demanda de amparo, se desprende que el domicilio correcto para localizar a la tercero interesada Martínez Garza, es el ubicado en calle Misión Santa Ana, número 6194, en la colonia Misión Cumbres, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Por ende, se comisiona al actuario de la adscripción para que realice el emplazamiento de la víctima Catalina Denise Martínez Garza, en el domicilio señalado en el párrafo anterior, corriéndole traslado con copia simple del libelo inicial de demanda, escrito aclaratorio, auto admisorio, así como los diversos autos de nueve y catorce de noviembre y del presente proveído; además le requiera para que en el término de tres días señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la zona metropolitana, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta determinación, apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes comunicaciones, aún las de carácter personal, se le harán por lista, sin necesidad de ulterior acuerdo, con sustento en el arábigo 26, fracción III, de la legislación de la materia.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio 112439/2023 remitido por la autoridad responsable por conducto del Secretario Adscrito a la Coordinación de Gestión Judicial de los Juzgados de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido por este órgano jurisdiccional el siete de noviembre del presente año, y allega las constancias certificadas que integran la carpeta judicial 15899/2023. En consecuencia, agréguese a los autos con vista a las partes por el término de ocho días como informe justificado complementario; ello, acorde al numeral 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Tocante a la documental allegada por la potestad, será proveída al momento de celebrarse la audiencia constitucional; ello, según lo establecido en los arábigos 119, 123 y 124 de la legislación de la materia. Respecto a dicha instrumental, atendiendo el numeral 3° de la Ley de Amparo y los lineamientos para la Integración del expediente Judicial y su modalidad electrónica, aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de treinta de abril de dos mil catorce, fórmense un anexo por separado, debidamente identificado, el cual queda a disposición de las partes a efecto de que se imponga de su contenido, en términos del citado arábigo 119, mismos que será devuelto a la responsable, una vez concluido este juicio. Ahora bien, de las constancias obrantes en autos, se advierte que el acto reclamado proviene de la carpeta judicial 15899/2023, que se sigue en contra del aquí quejoso Jesús Alejandro Lozano Treviño, por su probable participación en los hechos constitutivos de los delitos de equiparable a la violación, violación y corrupción de menores, y de las cuales se advierte que les recae el carácter de tercero interesado como víctima a Catalina Denise Martínez Garza, así como fiscal encargada de la carpeta de investigación a la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación Regional Centro Especializada en Delitos Sexuales, esto dentro de la carpeta judicial de mérito. Bajo tal premisa, resulta necesario traer a colación el precepto 5°, fracción III, de la legislación aplicable a la materia, que prevé los supuestos de la figura del tercero interesado, siendo los siguientes: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.). III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. (.)" (Lo subrayado es propio) Se observa del normativo trascrito, dentro del juicio de amparo les asiste la calidad de terceros interesados, tanto a la víctima u ofendido del delito, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad. Vale invocar, a guisa de ilustración, la tesis III.2o.P.56 P (10a.), consultable en página 1328, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, que dice: "VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AUN CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO AFECTE DIRECTAMENTE UNA POSIBLE CONDENA A LA REPARACIÓN DEL DAÑO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). De la interpretación literal del artículo 5o., fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se advierte que la víctima u ofendido del delito puede intervenir en el juicio de amparo en su carácter de tercero interesado, siempre y cuando el acto reclamado afecte directamente la reparación del daño; sin embargo, conforme a una interpretación sistemática del citado precepto, en relación con el derecho humano de aquéllos a obtener la reparación del daño, consagrado en el artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma constitucional de 18 de junio de 2008), se colige que a los sujetos pasivos de hechos delictivos se les ha reconocido -tanto por la Constitución General de la República, como en diversas jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación- el carácter de parte activa procesal penal, con legitimación para impugnar no sólo tópicos relativos exclusivamente a la reparación del daño, sino también se ha extendido a toda la gama de actos del procedimiento, sea en la averiguación previa o en el proceso, bajo las cuales puede impugnar aspectos que inciden en la demostración del delito y la plena responsabilidad penal del acusado, con la finalidad de proporcionar los elementos jurídicos que estime conducentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado, tomando en cuenta el interés jurídico de la víctima u ofendido del delito de que subsista el acto tildado de inconstitucional, en virtud de su expectativa de la reparación del daño; ya que existe una multiplicidad de actos procesales que si bien no afectan directamente la reparación del daño en tanto no se refieren al respecto, sí implican que, de hecho, aquélla no ocurra, al afectar la pretensión reparatoria expresada en la presentación de una denuncia por el ofendido contra el quejoso. Por tanto, el reconocimiento del ofendido como tercero interesado en el juicio de amparo indirecto, aun cuando el acto reclamado no afecte directamente una posible condena a la reparación del daño, tiende a cumplir con el mandato constitucional de garantizar ese derecho humano reconocido en su favor en el citado artículo 20 apartado B, fracción IV, constitucional y en los diversos 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 96 del Código Penal y 115, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales, ambos para el Estado de Jalisco, y así, evitar que las personas que son víctima u ofendido por la comisión de algún delito dejen de ser "los convidados de piedra del proceso penal". Así como, el Agente del Ministerio Público que intervenga en el proceso penal del cual derive el acto reclamado. Adquiere aplicación la tesis 1a. CCXXXVII/2015 (10a.), consultable en la página 468 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "MINISTERIO PÚBLICO QUE ACTÚA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL DEL QUE DERIVE EL ACTO RECLAMADO. LA NUEVA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 LE RECONOCE EL CARÁCTER DE PARTE TERCERO INTERESADA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, POR TANTO HABILITA A SU FAVOR UNA MAYOR INTERVENCIÓN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 87/2012, (1) de rubro: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. LA OMISIÓN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 155 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE VIOLACIÓN A LAS REGLAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE LA PROVOCA.", emitida a partir de la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, estableció que el Ministerio Público que actúa en el procedimiento penal de origen estaba facultado para formular alegatos en la audiencia constitucional. Empero, ante la aplicabilidad de dicho criterio en términos del artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de ese mismo año, toda vez que no se opone a este último ordenamiento, debe establecerse que subsiste la aludida facultad del Ministerio Público, pues el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente permite dicha posibilidad indistintamente a las partes del juicio constitucional; pero además, se amplía con la entrada en vigor de la referida ley, al reconocer al Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal el carácter de parte tercero interesada, siempre que no sea señalada como autoridad responsable. De ahí que se habilite a favor del citado tercero interesado una mayor intervención en el juicio constitucional, al quedar facultado para promover incidentes, interponer recursos e intervenir en los que promuevan las demás partes, ofrecer y rendir u objetar pruebas, solicitar la suspensión y diferimiento de audiencias, recusar, plantear motivos de incompetencia, causas de improcedencia y, en general, realizar cualquier acto necesario para la defensa del interés que representa, en todos aquellos casos que la Ley de Amparo vigente así lo prevea para la parte tercero interesada. Lo anterior, con independencia de la intervención que se le dé al Ministerio Público adscrito al órgano jurisdiccional de amparo." Por lo tanto, es claro que a Catalina Denise Martínez Garza, así como a la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación Regional Centro Especializada en Delitos Sexuales; les reviste el carácter de terceros interesados en este juicio, acorde a los incisos c) y e) de la porción normativa invocada. Por ende, se comisiona al actuario de la adscripción realice el emplazamiento de la víctima Catalina Denise Martínez Garza, en el domicilio ubicado en calle Misión Santa Ana, número 6164, en la colonia Misión Cumbres, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Por tanto, córrase traslado con copia simple del libelo inicial de demanda, escrito aclaratorio, auto admisorio, el diverso auto de nueve de esta mensualidad y del presente proveído; además le requiera para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la zona metropolitana en el término de tres días, contados a partir de surtir efectos la notificación de esta determinación, apercibiéndolo que de no hacerlo, las subsecuentes comunicaciones, aún las de carácter personal, se le hará por lista, sin necesidad de ulterior acuerdo, con sustento en el arábigo 26, fracción III, de la legislación de la materia. En cuanto al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación Regional Centro Especializada en Delitos Sexuales, emplácense vía oficio, adjuntando reproducción del libelo inicial de demanda, escrito aclaratorio, auto admisorio, determinación de nueve de los actuales y este acuerdo, a efecto de que se encuentre legalmente notificado, acorde al precepto 26, fracción II, de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte la audiencia constitucional se encuentra programada para hoy; asimismo, el presente juicio carece de la debida integración, toda vez que el siete del presente mes y año, fue puesto a la vista de las partes el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, por ende, no mediaron los ocho días de anticipación que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, pues se notificó a las partes por medio de lista el ocho de los actuales, por lo que el plazo comenzará a trascurrir del diez al veintidós de los cursantes, descontando los días once, doce, dieciocho, diecinueve y veinte de este mes, al ser inhábiles en términos del arábigo 19 de la referida legislación. Es por lo anterior que existe imposibilidad legal de celebrar la audiencia de ley fijada para hoy, señalándose las ONCE HORAS CON DOS MINUTOS SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo su verificativo.

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