Jesús Alejandro Leal Flores
Expediente 55/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 55/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 12/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jesús Alejandro Leal Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
mesa "9" Ciudad de México, a doce de abril de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de revisión contra del proveído por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.
- Principal
mesa"9" Ciudad de México, a catorce de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Agente del Ministerio de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la Republica, en atención a su contenido téngase a la autoridad oficiante rindiendo informe justificado, sin que exista necesidad de ponerlo a la vista en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, en atención a la consideración que más adelante se expondrá: Del juicio se advierte que el acto reclamado consiste en la omisión de tomar protesta de aceptación de los defensores del quejoso nombrados en su escrito de once de enero de dos mil dieciséis, dentro de la indagatoria PGR/SEIDO/147/UEIMS/2014-9 (foja 17) De constancias recibidas se evidencia que el once de enero de dos mil dieciséis, el Agente del Ministerio de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la Republica tuvo por designados como defensores particulares del quejoso a los profesionistas Humberto Isaac Cano Peralta, Fernando Rodríguez Sánchez, Analy González Vázquez, Sinforiano Sosa Bonilla y Javier Cano Pérez. (foja 44). También del expediente se aprecia escrito del quejoso en el que señaló como defensores a los citados profesionistas, destacando por su importancia que fue su voluntad designar como representante común de la defensa a Humberto Isaac Cano Peralta (foja 57) Obra en autos diligencia de diecisiete de febrero de la anualidad que transcurre relacionada con aceptación y protesta de cargo del licenciado Humberto Isaac Cano Peralta, representante común de la defensa (foja 53). La diversa diligencia de esa fecha, corresponde a la consultar de la averiguación previa por parte del citado profesionista (foja 54). Al informe y constancias de cuenta se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°. Conforme a lo expuesto, esta Juzgadora determina que se actualiza la hipótesis de improcedencia establecida en la fracción XXI, del normativo 61 de la Ley de Amparo, porque han cesado los efectos del acto que por esta vía se impugna, consistente en la omisión de tomar protesta de aceptación de los defensores del quejoso nombrados en su escrito de once de enero de dos mil dieciséis, dentro de la indagatoria PGR/SEIDO/147/UEIMS/2014-9, causal de improcedencia que debe estudiarse oficiosamente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Así como la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo anterior, sin necesidad de dar vista a la parte quejosa, con la actualización de dicha causa de improcedencia, advertida de oficio, como lo previene el artículo 64 de la Ley de Amparo, pues de la interpretación del párrafo segundo de dicho precepto, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" -Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito-. Sustenta lo anterior la jurisprudencia por reiteración de criterios, VI.1o.T. J/1 (10a.) , que textualmente establece: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes. La fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . XXI Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Bajo esa óptica, la causal de improcedencia en comento, se refiere a la cesación de efectos del acto que se reclama en el juicio de amparo, a lo cual, es pertinente señalar, que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación Constitucional a que se refiere el artículo 77 fracción de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Ello es así debido a que el once de enero de dos mil dieciséis la autoridad responsable procedió a tener por designados a diversos profesionistas, entre ellos a Humberto Isaac Cano Peralta, quien fue designado representante común de la defensa del directo quejoso, profesionista que en diligencia de diecisiete de febrero de la presente anualidad que transcurre, aceptó y protestó el cargo conferido (foja 53); de ahí que cesaron los efectos del acto reclamado, actualizándose de esta manera la causal de improcedencia que se analiza. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial 2ª /J. 59/99, publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Segunda Sala, Novena Época, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, este órgano de control Constitucional considera que al caso concreto, lo conducente es conforme a la fracción V del numeral 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, todos de la Ley de Amparo, es de SOBRESEERSE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, promovido por Jesús Alejandro Leal Flores, en contra de la omisión de tomar protesta de aceptación de los defensores del quejoso nombrados en su escrito de once de enero de dos mil dieciséis, dentro de la indagatoria número PGR/SEIDO/147/UEIMS/2014-9, por actualizarse la causal de improcedencia en estudio. En la inteligencia de que tal situación no priva de defensa al peticionario de garantías, en virtud de que la determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es la cesación de efectos, lo que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia Constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan las pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Cobra aplicación al respecto el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, visible en la página número 386 del Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Novena Época, de rubro y tenor siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite, conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por las razones expuestas, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas del dieciséis de marzo del año en curso. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA"9" Ciudad de México, a siete de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado de cuenta. Atento a lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Notifíquese.
- Principal
MESA "9" Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil dieciséis. Vistos los autos, como se advierte que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, al rendir su informe justificado, negó el acto que se le reclama, sin embargo, del contenido del informe, se desprende que informa que dio contestación a la solicitud del quejoso mediante escrito de once de enero del presente año; sin embargo, no rindió su informe respecto del acto que aquí se le reclama, consistente en la ".omisión de tomar aceptación y protesta de cargo a sus defensores, mediante escrito de once de enero de dos mil dieciséis en la indagatoria número PGR/SEIDO/147/UEIMS/2014-09"; en consecuencia, se requiere al citado Agente del Ministerio Público, para que en el plazo de tres días contados a partir de su notificación, rinda su informe justificado, respecto del acto apuntado. Apercibido que de no hacer manifestación alguna, se hará acreedor a lo siguiente: ? Multa individual que va de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo vigente. Notifíquese.
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