Jesus Alejandro Juarez Santoyo

Expediente 1217/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1217/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
07/06/2022

Partes del expediente

  • Segundo Tribunal Colegiado En Materias Civil Y de Trabajo del Octavo Circuito
  • Jesus Alejandro Juarez Santoyo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; a siete de junio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que se ordenó el archivo definitivo del citado juicio, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Garantía. No hay. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original y el duplicado del presente incidente de suspensión son destruibles, en términos de los artículos 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega de los oficios respectivos, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; siete de junio de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra del sobreseimiento fuera de audiencia dictado en los presentes autos; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Ratificación de desistimiento. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, la constancia actuarial realizada a Jesús Alejandro Juárez Santoyo, parte quejosa en el presente juicio, por medio de la cual ratifica el escrito de desistimiento acordado el once de mayo del año en curso. Sobreseimiento fuera de audiencia. En consecuencia, atento al desistimiento formulado y ratificado expresamente por la directa quejosa, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por actualizarse la causa que contempla la fracción I, del artículo 63, de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio; II." En el caso, mediante escrito remitido por el autorizado de la pare quejosa, ante este órgano jurisdiccional el diez de mayo de dos mil veintidós, manifestó su deseo de desistirse del presente juicio para todos los efectos legales que correspondan, y mediante diligencia de diecisiete siguiente, la actuaria adscrita a este juzgado federal, mediante constancia actuarial se advierte que ratificó la parte quejosa dicho escrito en la presencia judicial; lo anterior, para constancia que obre en autos. En las relatadas condiciones, se actualiza el supuesto normativo establecido en la fracción I, del artículo 63, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa en el presente juicio se desistió expresamente del presente juicio de amparo por sí y en representación de su hijo menor, sin que en el caso se surta el supuesto a que se refiere el párrafo segundo del artículo 63, de la Ley de Amparo, ya que en el caso no se reclamaron actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, y por ende, es evidente que en el presente asunto sí procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial 2a./J. 33/2000, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de identificación son: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." (Novena Época, registro: 192108, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 33/2000, Página: 14) Asimismo, es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 161/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Página 687, Materia Común, Registro 163160, que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.", sostuvo que la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda de amparo tiene como objeto verificar la identidad de quien desiste, esto es, cerciorarse de que no se trate de un ocurso en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad. Ahora bien, la retractación de dicho desistimiento debe hacerse dentro del plazo de tres días previsto para su ratificación o durante el desarrollo de la diligencia relativa, en términos de la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que si el peticionario de garantías pretende abandonar su intención de desistir de la demanda de amparo después de ratificar el desistimiento ante la presencia judicial, no es posible que la retractación surta efectos a su favor, pues la sola ratificación actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 74 de la citada Ley; máxime que lo contrario atentaría contra la garantía de seguridad jurídica y el principio general de derecho consistente en que los actos jurídicos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes. Lo anterior es así, con independencia de que dicha retractación se presente antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en la medida en que la negativa a acordar favorablemente la abdicación emana de la naturaleza intrínseca que le inculca la ratificación previa del escrito de desistimiento, además de que, en todo caso, la sentencia que se emita al respecto y decrete el sobreseimiento tendrá carácter declarativo, al manifestar una causa legal que impide la continuación del juicio o que pueda resolverse la cuestión de fondo originalmente planteada." Por último, se invoca a ese respecto, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Marzo de 2003, Página: 386, Materia: Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efecto audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

  4. Incidental

    En la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del doce de mayo de dos mil veintidós, estando en audiencia pública el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, asistido de la licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan: copia de la demanda, auto de inicio del incidente; y el informe previo rendido por la autoridad responsable. A lo anterior el Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias. Etapa de pruebas. Enseguida, con fundamento en lo dispuesto por el precepto 143 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período de pruebas, en el que la secretaria hace constar: Que la parte quejosa y autoridades responsables ofrecieron las documentales de su intención, y las demás partes no ofrecieron; a lo que el Juez acuerda: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza las pruebas ofrecidas, y por perdido el derecho de las demás partes, por lo que se cierra esta etapa. Etapa de alegatos. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 144 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período de alegatos, en el que la secretaria hace constar: Que ninguna de las partes realizó manifestaciones en vía de alegatos; a lo que el Juez acuerda: Se tiene por perdido su derecho a expresarlos. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia, procediendo a dictar la resolución correspondiente. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, Jesús Alejandro Juárez Santoyo, promovió juicio de amparo respecto de la autoridad y por los actos siguientes: "III. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES A).- DIRECCIÓN DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS Y TRAYECTORIA DOCENTES o cualquiera que sea su denominación, puesto que el desconocimiento sobre si ese es el nombre correcto de la autoridad responsable formara parte del propio acto reclamado puesto que dicha autoridad y su posición en cuando a la estructura de la secretaria de educación pública no se encuentra establecida por el REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN. con domicilio en Francisco Coss y, Magisterio sin, Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah. IV. FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO: Bajo protesta de decir verdad manifiesto que el acto reclamado que a continuación se describirá fue de mi conocimiento mediante correo electrónico a mi dirección de correo institucional y personales jesusaleiandruivarez@docentecoahuila.gob.mx, alelandraivarezsantovo@hotmail.com jesusaleiandrojuarezsantoyo@gmailcom, con fecha del ID de Septiembre del 2021, por parte de la DIRECCIÓN DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS Y TRAYECTORIA DOCENTES DF ASIGNACION/047/2021." SEGUNDO. Trámite del incidente. Por auto de diecinueve de abril del dos mil veintidós, se admitió a trámite el juicio de amparo con el número 1217/2021-IV-B, se ordenó tramitar el incidente de suspensión y se proveyó respecto a la suspensión provisional de los actos reclamados, se requirió el informe previo a la autoridad responsable y se señaló fecha para la audiencia incidental la cual se resuelve en la presente interlocutoria. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para resolver este incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 125, 130 y 144 de la Ley de Amparo, pues en este tribunal federal se tramita el juicio de donde deriva el incidente que nos ocupa. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este incidente. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo, como a la totalidad de las constancias que integran este asunto, pues solamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el incidente, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte impetrante exponga en relación con el acto reclamado respectivo. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de localización y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del incidente que nos ocupa, revelan que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: i. La resolución contenida en el documento oficial OF ASIGNACION/046/2021, en el cual se informa que queda sin efectos el nombramiento otorgado con fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, para la promoción de Subdirector de Primaria Federalizado. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad Dirección de Asignación de Plazas y Trayectoria Docentes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, toda vez que al rendir su informe previo, aceptó el mismo; lo cual, sin duda es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2º de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar por analogía la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo anterior, no hay duda de que en este incidente de suspensión quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atribuidos a dichas autoridades, desde luego, en los términos de que se trata. CUARTO. Suspensión improcedente. La parte quejosa solicita la suspensión definitiva del acto reclamado, consistente en: La resolución contenida en el documento oficial OF ASIGNACION/046/2021, en el cual se informa que queda sin efectos el nombramiento otorgado con fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, para la promoción de Subdirector de Primaria Federalizado. Materia de la suspensión. El quejoso solicita la suspensión para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran previo a la afectación del acto reclamado, así como para que le sea librada la asignación del nombramiento que quedó sin efecto. Primeramente, para efectos de proceder a verificar si en el caso procede o no otorgar la suspensión solicitada, resulta necesario citar el contenido del artículo 128 de la Ley de Amparo: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del citado precepto legal se advierte que como requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, se encuentran: 1) que la solicite el quejoso, 2) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En relación al precepto legal antes reproducido, resulta pertinente señalar lo dispuesto por el artículo 129 de la ley de la materia, el cual es del tenor literal siguiente: "129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: --- I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; --- II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; --- III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; --- IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; --- V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; --- VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; --- VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; --- VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; --- IX. Se impida el pago de alimentos; --- X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; --- XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; --- XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; --- XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. --- El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." Luego, atento al contenido del numeral invocado, del que se observa un listado de cuáles son aquellos casos en los que se causa un perjuicio al interés social, debe decirse que tal capitulado no es limitativo sino enunciativo, lo que se robustece de la expresión "entre otros casos", razón por la cual para efectos de otorgar la medida cautelar el Juez federal debe atender a si el acto respecto del cual se solicita la suspensión con su concesión no se causaría un perjuicio al interés social. Por tanto, los supuestos no necesariamente deben estar contenidos en los enunciados en ese precepto, toda vez que los actos de facto cuya suspensión se solicita podrían ser análogos o discrepantes por completo, pero siempre para el pronunciamiento de la medida cautelar que se otorgue o bien, se niegue, debe hacerse teniendo como principio básico el que no se cause un perjuicio al interés social. Por su parte, el numeral 138 de la ley de la materia, dispone lo siguiente: "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." A fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la suspensión definitiva del acto reclamado que la quejosa solicita, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria lo que se encuentra regulado en los precitados numerales 128 y 138, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Análisis de la apariencia del buen derecho. En esa línea de pensamiento, es necesario establecer que la apariencia del buen derecho se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por la quejosa, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado, esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por la promovente sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso, dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, como lo es el interés social y el orden público. En ese sentido, por lo que hace al acuerdo de inicio de procedimiento, resulta improcedente la medida cautelar solicitada. En principio conviene establecer, que el objetivo de la suspensión en el juicio de amparo es mantener la situación jurídica del quejoso en el estado en que se encuentra a la fecha de la presentación de la demanda, para salvaguardar sus derechos y conservar la materia de una hipotética concesión de la protección constitucional; por lo que concedida esa medida sus efectos se traducen en la detención de los procedimientos encaminados a ejecutar los actos reclamados mientras se decide si resultan o no constitucionales; lo que explica por qué la suspensión sólo procede contra actos positivos que implican una acción, una orden, una privación o una molestia, pues únicamente éstos son aptos de paralización. En la especie el quejoso señala en su escrito de demanda que fue informado de la resolución contenida en el documento oficial OFASIGNACION/046/2021, en el cual quedó sin efectos el nombramiento otorgado con fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, para la promoción de Subdirector de Primaria Federalizado, nombramiento que -según lo relatado por el quejoso- jamás fue otorgado por la autoridad responsable ni por ninguna otra, pero que se presume fue generado, más no entregado por bloqueo de la propia autoridad responsable, y solicita la suspensión para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran previo a la afectación del acto reclamado, así como para que le sea librada la asignación del nombramiento que quedó sin efecto; por tanto, se niega la suspensión definitiva solicitada, toda vez que resulta evidente que el mismo constituye un acto consumado respecto del cual, de otorgarse la medida suspensional, implicaría dar efectos restitutorios, lo que es propio y exclusivo de la materia de resolución constitucional definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo del cual deriva este incidente. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia II.3o. J/37, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 51, tomo 60, diciembre de 1992, Octava época, del Semanario Judicial de la Federación y Gaceta, que dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo". Por lo anteriormente expuesto y fundado, con base además en lo establecido por los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada ..., contra los actos de la autoridad responsable y por los motivos indicados en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese.

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