Jesús Alejandro Hernández Pérez
Expediente 321/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 321/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Jesús Alejandro Hernández Pérez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia Ley, en contra del auto de doce de marzo de dos mil diecinueve (fojas 24 a 33), mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Transportadora Regional, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos de la Junta Especial 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad; sin que el interesado hubiere ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales a que haya lugar. ANOTACIONES Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido; por ende, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en vigor, se establece: El juicio principal es destruible, dado que se desechó la demanda de amparo. Por lo que, previo transcurso del plazo de cinco años procédase a su destrucción. El presente expediente carece de relevancia documental. Una vez transcurrido el plazo de tres años remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la carátula del expediente anótese la circunstancia de que el cuaderno principal es destruible y la fecha en que se ordena su archivo. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de la parte quejosa para los efectos legales procedentes. REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA Finalmente, toda vez que obra en autos copia certificada de la escritura número mil setenta y dos, referente al poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración, poder general cambiario y actos de dominio, otorgado por el Secretario y Tesorero del Consejo de Administración de la persona moral denominada "Transportadora Regional", Sociedad Anónima de Capital Variable, el cual fue exhibido por la parte quejosa; en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General Conjunto, requiérase a la parte quejosa para que comparezca ante este Juzgado con identificación oficial vigente, a recoger el documento en mención; ello, en día y hora hábil, dentro del plazo de noventa días naturales, contados a partir de la notificación de este proveído; apercibida que de no hacerlo, el documento exhibido podrá ser destruido junto con este expediente...
- Principal
Vista la constancia actuarial que antecede, se advierte que a la fedataria adscrita a este juzgado no le fue posible llevar a cabo la notificación personal a la parte quejosa Transportadora Regional, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal Luis Gaudencio Celaya Cordero, como está ordenado en proveído de doce de marzo de dos mil diecinueve (fojas 24 a 33), por los motivos asentados en la misma. En consecuencia, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la notificación correspondiente a este auto, la del acuerdo de doce de marzo de dos mil diecinueve del año en curso y las subsecuentes que le resulten, aún las de carácter personal, hágansele por medio de la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señale nuevo domicilio para tal efecto. SE TRANSCRIBE PROVEÍDO DE 12 DE MARZO DE 2019: Villahermosa, Tabasco, doce de marzo de dos mil diecinueve. RADICACIÓN DE LA DEMANDA Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Transportadora Regional, Sociedad Anónima de Capital Variable por conducto de su apoderado legal Luis Gaudencio Celaya Cordero, personalidad que se le reconoce de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo, por así acreditarla con las copias certificadas de los instrumentos notariales mil setenta y dos (1072) de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho y ciento noventa y dos (192) de trece de marzo de dos mil trece, otorgados ante la fe del licenciado Roger Alfredo Méndez Lara, Notario Público 83 de Mérida, Yucatán; contra actos de la Junta Especial 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno con el índice 321/2019-V-10, fórmese expediente y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ANÁLISIS DE LA DEMANDA Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Al analizar la demanda de amparo presentada por el quejoso, en términos del artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo en vigor, se aprecia que destaca como acto reclamado: La resolución pronunciada en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones de quince de febrero de dos mil diecinueve, emitida en el juicio laboral 3449/2014, en que la Junta responsable no reconoció la personalidad de quien compareció en calidad de apoderado legal de la demandada hoy parte quejosa. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza, esto es, la contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, ambos interpretados en sentido contrario; preceptos legales que se citan a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 antes referido establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que producen "ejecución irreparable" los actos que afectan "materialmente" derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. En este punto, conviene indicar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en los siguientes términos: (.) De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (...) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;[...]." Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.----------- Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De la transcripción que antecede se advierte, en lo que interesa, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo establece una definición de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afectan materialmente derechos sustantivos; en consecuencia, los actos que únicamente ocasionen una afectación a derechos adjetivos o procesales, aun cuando sean de grado predominante o superior, no son impugnables a través del juicio de amparo en la vía indirecta, sino que deberán ser impugnados como violaciones procesales en el amparo directo que se promueva en contra del laudo, en caso de que le sea desfavorable a la parte quejosa. Sobre tales premisas, debe considerarse que el acto que por esta vía se reclama, consistente en la resolución emitida en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones de quince de febrero de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 3449/2014, en la que la Junta responsable no reconoció la personalidad a quien se ostentaba como apoderado legal de la demandada aquí quejosa, no constituye un acto de imposible reparación, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior, debido a que con dicho pronunciamiento no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo de la parte quejosa, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener un laudo favorable al momento de resolverse el juicio de origen; lo anterior, considerando que la determinación combatida, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia en la parte quejosa en el expediente de origen, por sí misma no justifica la procedencia del amparo indirecto contra la referida resolución, dado que sólo provoca el que no se haya reconocido la personalidad de quien se ostentaba como apoderado legal de la aquí quejosa en el juicio laboral de origen; sin embargo, se reitera, en caso de obtener un laudo favorable se repararían las posibles violaciones que hubiera acontecido en la resolución que aquí reclama. Así también, de la resolución reclamada se colige que no es de aquellas que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que la afectación de derechos adjetivos que alega la parte quejosa únicamente tiene por objeto dirimir cuestiones relacionadas con la personalidad que aduce tener quien representó a la parte demandada -aquí quejosa-, en dicha audiencia, lo que produce solamente consecuencias intraprocesales que pueden ser reparadas si obtiene un laudo favorable dentro del juicio subyacente, en razón de que no originan, desde luego, un ataque a los derechos humanos del promovente; pero de no ser así, estará en condiciones de recurrir las violaciones cometidas en dicho procedimiento al promover el juicio de amparo directo, en donde las podrá hacer valer como violaciones a las leyes del procedimiento que afectan sus defensas, en términos de lo dispuesto por el artículo 172, fracciones II y XII de la Ley de Amparo, y obtener por ese medio que se subsane la infracción procesal que se hubiere cometido. Esto es, que la intención del legislador es que las violaciones procesales que se cometan durante el procedimiento se impugnen únicamente a través del amparo directo y el amparo adhesivo, para que el Tribunal Colegiado resuelva respecto de todas las transgresiones adjetivas que se hagan valer, y en su caso, se fijen los términos precisos en que se deberá pronunciar la nueva resolución en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apoya lo anterior la tesis XII.2o.1 L (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en el Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, página 2474, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. CONTRA LAS CUESTIONES ATINENTES A SU FALTA POR ALGUNA DE LAS PARTES, AL SER UN TEMA DE NATURALEZA ADJETIVA QUE NO PUEDE IMPUGNARSE CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIONES V Y VIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece la regla general de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, en su fracción VIII el legislador contempló como única hipótesis de excepción para la procedencia del juicio biinstancial, en tratándose de violaciones formales cometidas en juicio, aquellos actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o conocimiento del asunto. Por tanto, es inconcuso que el juicio de amparo indirecto promovido contra cuestiones atinentes a la falta de personalidad de las partes en un juicio laboral es improcedente, por tratarse de un tema de naturaleza adjetiva que no puede impugnarse conforme a las citadas fracciones, por no haber sido establecida expresamente por el legislador como norma de excepción, pues, es un principio de interpretación generalmente aceptado, que las normas de excepción son de aplicación estricta." También es aplicable la tesis VII.2o.T.35 (L 10ª.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en el Tomo II, Marzo de 2016, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 1754, Materia Común, que establece: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESCONOCE LA QUE OSTENTA EL APODERADO O REPRESENTANTE DEL DEMANDADO CON MOTIVO DE LA DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN O INCIDENCIA PROPUESTA POR SU CONTRAPARTE, O POR UN PRONUNCIAMIENTO OFICIOSO DE LA JUNTA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. De una interpretación extensiva de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", se advierte el supuesto de improcedencia del amparo indirecto, promovido contra la resolución que desconoce la personalidad que ostenta en juicio el apoderado o representante del demandado, bien sea con motivo de la declaración de procedencia de la excepción o incidencia propuesta por su contraparte actora o, en su caso, por un pronunciamiento oficioso de la Junta, pues si bien la consecuencia de tal declaratoria conlleva tener por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho a ofrecer y desahogar pruebas, en virtud de que la sanción procesal de trato (desconocimiento de la personalidad del compareciente) le impedirá mantener una participación activa dentro del juicio, en tanto que sólo podrá imponerse de los autos sin poder desplegar defensa alguna, lo cierto es que ello no da pauta en automático a obtener un laudo adverso a sus intereses, ya que la Junta debe analizar la procedencia de la acción, con independencia de lo alegado o probado por la demandada en el juicio. De manera que si sólo procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, entendidos éstos como aquellos que afecten derechos sustantivos, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, lo que confirma la improcedencia del amparo indirecto, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable." Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución irreparable, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado por el acto de autoridad, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales, como pueden ser los autos o resoluciones que diriman cuestiones de personalidad, admisión o desechamiento de pruebas o debido proceso, etcétera. Fundamenta lo anterior, la jurisprudencia IV.2o.C.J/2 (10a) , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". En efecto, la determinación impugnada si bien podría causar una afectación de derechos adjetivos o formales, sin embargo, no puede considerarse de imposible reparación, en virtud de que la pretensión de la parte quejosa, puede quedar satisfecha si se obtiene un laudo favorable en el juicio laboral de origen y, en caso de que el laudo que se dicte en esas condiciones fuera adverso a sus intereses, sólo hasta entonces trascendería la violación procesal, pues se reitera, no afectan materialmente algún derecho sustantivo de la parte quejosa, lo que determina que no pueda calificarse como un acto dentro de juicio de imposible reparación, ya que sus efectos son meramente procesales. Así, dicha resolución por su alcance y contenido natural, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no tener una ejecución de imposible reparación; ello en atención al concepto de irreparabilidad antes mencionado, sus efectos y consecuencias únicamente se reflejan en el juicio de origen. En esas circunstancias, se advierte que el acto reclamado sólo podrán impugnarse en la vía de amparo al promoverse la demanda en contra del laudo que al respecto se dicte en el expediente de origen en caso de que no le sea favorable. Apoya el anterior argumento, por sus consideraciones la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." Por tanto, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en los artículos 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZACIÓN Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de cuenta. Por otra parte, con fundamento en los artículos 12 y 24 de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados en términos restringidos a las personas que señala en su escrito inicial de demanda, por no tener registradas su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales.
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