Jesús Alejandro García de la Torre

Expediente 133/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
133/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
12/03/2019

Partes del expediente

  • Jesús Alejandro García de la Torre

Actuaciones

  1. Principal

    ... Agréguese el oficio número TCA/PRES/AMP/850/2019, signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, con lo cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, informa que no tiene conocimiento de que exista diverso juicio de amparo promovido por alguna de las partes. Ahora bien, de las constancias remitidas por el citado presidente a su oficio de cuenta, se advierte que el seis de marzo del año en curso, dictó el proveído por el cual citó a las partes para la audiencia de conciliación, dentro del citado juicio laboral. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de doce de febrero de dos mil diecinueve, este Juzgado admitió a trámite la demanda de garantías promovida por JESÚS ALEJANDRO GARCÍA DE LA TORRE, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta capital, por el acto reclamado consistente en: "Se reclama de la Autoridad señalada como responsable, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, el haber emitido hasta hoy día, dentro del Juicio Ordinario Laboral número 1066/2018, el acuerdo en el que se determine sobre la admisión, requerimiento de aclaración o desechamiento de la demanda laboral que el aquí impetrante de amparo hice valer en contra del HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TLAZAZALCA, ESTADO DE MICHOACÁN, desde el día en fecha 31 treinta y uno de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, omisión que trastoca en mi perjuicio el principio de justicia pronta, enmarcado dentro del derecho humano de acceso a la impartición de justicia consagrado en nuestro favor por los numerales 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.". Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copias certificadas al oficio de cuenta, consistente en el auto emitido el seis de marzo de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 1066/2018, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, el quejoso señaló como acto reclamado la omisión de pronunciarse sobre la demanda que presentó; por tanto, la omisión de citar, dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda, a la audiencia de conciliación que establece el artículo 97 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, también lo es que ya se citó a las partes para que concurran ante esa actuante a las once horas con treinta minutos del once de junio del año en curso, por sí o mediante persona que legalmente los represente a la audiencia de conciliación, dentro del multicitado juicio laboral, según se advierte de las constancias respectivas. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE...

  2. Principal

    ... Agréguese a sus autos el oficio 961, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad; mediante el cual devuelve el juicio de amparo número I-49/2018, promovido por Jesús Antonio Niño Mendoza, por conducto de su apoderado, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, con sede en esta ciudad, asimismo remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en sesión de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, en los autos de la revisión penal 283/2018; acúsese recibo y comuníquese a las partes dicha ejecutoria en lo conducente, mediante la cual se resuelve: "...PRIMERO. Se MODIFICA la resolución recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto I-49/2018, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, promovido por Jesús Antonio Niño de Mendoza, por conducto de su apoderado jurídico Abraham Uriel Villaseñor Leyva, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de la resolución recurrida". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósese el cuaderno de antecedentes, así como los cuadernos incidentales respectivos. Ahora bien, tomando en consideración que el citado Tribunal de Alzada modificó la sentencia dictada por este Juzgado el tres de septiembre de dos mil dieciocho, en la que sobreseyó en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, para en su lugar, sobreseer aunque por diversos motivos, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Por otro lado, vistos los autos del presente juicio de amparo, y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención, en virtud de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción lll, Punto Vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haber dictado la interlocutoria. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo acordó y firma el licenciado RODRIGO TORRES PADILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la Secretaria licenciada Verónica Araceli Camorlinga Hernández, con quien actúa y da fe.MORELIA, MICHOACÁN, DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a sus autos el oficio 961, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad; mediante el cual devuelve el juicio de amparo número I-49/2018, promovido por Jesús Antonio Niño Mendoza, por conducto de su apoderado, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, con sede en esta ciudad, asimismo remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en sesión de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, en los autos de la revisión penal 283/2018; acúsese recibo y comuníquese a las partes dicha ejecutoria en lo conducente, mediante la cual se resuelve: "...PRIMERO. Se MODIFICA la resolución recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto I-49/2018, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, promovido por Jesús Antonio Niño de Mendoza, por conducto de su apoderado jurídico Abraham Uriel Villaseñor Leyva, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de la resolución recurrida". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósese el cuaderno de antecedentes, así como los cuadernos incidentales respectivos. Ahora bien, tomando en consideración que el citado Tribunal de Alzada modificó la sentencia dictada por este Juzgado el tres de septiembre de dos mil dieciocho, en la que sobreseyó en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, para en su lugar, sobreseer aunque por diversos motivos, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Por otro lado, vistos los autos del presente juicio de amparo, y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención, en virtud de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción lll, Punto Vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haber dictado la interlocutoria. ...

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