Jesús Alejandro Castillo Azagoitia

Expediente 496/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
496/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
16/08/2016

Partes del expediente

  • Jesús Alejandro Castillo Azagoitia
  • Comisionado Nacional de Seguridad
  • Jesús Alejandro Castillo Azagoitia y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    De la certificación secretarial que antecede se desprende que ya transcurrió el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes interpusiera recurso de revisión en contra de la resolución emitida el veintiuno de agosto de dos mil dieciséis, en donde se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jesús Alejandro Castillo Azagoitia. Se declara que la expresada resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Este expediente es destruible.

  2. Principal

    SENTENCIA Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 496/2016-IV, promovido por Jesús Alejandro Castillo Azagoitia, contra los actos que reclamó del titular de la Comisión Nacional de Seguridad, del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, ambos con sede en la Ciudad de México; del Director Técnico y de la Encargada de la Coordinación de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS Guanajuato, residentes en Ocampo, Guanajuato. ANTECEDENTES PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Dicho escrito fue promovido por Jesús Alejandro Castillo Azagoitia, por su propio derecho, el seis de abril de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León. SEGUNDO. Trámite del juicio. Se turnó a este juzgado el mismo día; se formó el expediente al que se asignó el número 496/2016-IV; se admitió a trámite; se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se desahogó en los términos que constan en el acta que antecede. CONSIDERACIONES JURÍDICAS PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución material dentro del ámbito territorial que comprende su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados son la falta de atención médica a sus padecimientos y la omisión de entregar medicamento y zapatos adecuados para ello. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados descritos en el punto 1 anterior, pues las autoridades responsables negaron su existencia al rendir sus informes justificados y el quejoso no ofreció prueba alguna para desvirtuar dicha manifestación. Ahora bien, frente a tales acciones por parte de las autoridades responsables, se encuentra lo argumentado por el aquí promovente, en el sentido de encontrarse internado en el Centro Federal de Readaptación Social 12 CPS-Guanajuato, con sede en la ciudad de Ocampo, Guanajuato, y reclamar, en lo esencial, la falta de atención médica especializada y la falta del tratamiento médico adecuado para cada una de las enfermedades que presenta; ante lo cual, este Juzgado de Distrito considera que se encuentra en entredicho un aspecto fundamental de los derechos humanos reconocidos constitucionalmente en el artículo 4º, complementado con la Convención Americana de tales derechos, así como con la Declaración Universal de los mismos. Para poner de manifiesto la naturaleza del derecho humano que se dice fue vulnerado, y así determinar la existencia o inexistencia de los actos, es menester tener en consideración lo dispuesto por el artículo 4º, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 4º. El Varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. [.] Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. [.]" Por su parte, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta, en su artículo 5º, Punto 1, establece: "Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral." Debe destacarse también, lo dispuesto por el artículo 25, Punto número 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada y promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, que estableció: "Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad." De lo dispuesto en el artículo 4º Constitucional, compatible con los instrumentos internacionales recién destacados, se obtiene que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, cuya finalidad es la de garantizar, por una parte, el disfrute de servicios de salud y asistencia médica a fin de que se avale esa prerrogativa elevada al rango de derecho humano. Es aplicable al respecto, el criterio aislado sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificado con el número de tesis LXV/2008, en la página 457, Tomo XXVIII, Julio de 2008, Materias Constitucional, Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud." A lo anterior, no debe ser óbice la condición de interno del quejoso en el Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato, habida cuenta que del artículo 18, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, compatible con el numeral 10, punto 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta), se obtiene el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada de manera humana y con el debido respecto a la dignidad. Tales disposiciones establecen: "Artículo 18. [.] El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. [.]". "Artículo 10. 1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano." Lo expuesto, en síntesis, obliga a las autoridades en general, y en específico, a las responsables encargadas de la reinserción del quejoso, a prestar un servicio médico básico, que cumpla con las exigencias de los derechos humanos que se protegen al través de los dispositivos apuntados. En ese orden de ideas, si de autos se advierte la secuencia del padecimiento del quejoso, su diagnóstico y tratamiento, es evidente que las autoridades responsables observan el derecho humano relacionado con la salud de todo interno privado de su libertad; sin que al efecto exista prueba que demuestre lo contrario, máxime que de las notas médicas y las tarjetas de suministro de medicamentos del aquí quejoso, que remitió el Director General del Centro de Readaptación Social Número Doce CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato, se denota que se le ha dado seguimiento, atención, tratamiento y medicamento, recetado por el médico adscrito a dicho centro de reclusión. Además, es preciso destacar que si el recurrente considera que la atención médica que se le brinda en el lugar en el que se encuentra recluido es insuficiente o ineficaz, en todo caso, está en aptitud de plantear la solicitud correspondiente a fin de que sea atendido, a su costa, por un médico particular de su elección, previa satisfacción de las formalidades establecidas por los artículos 47 y 48 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social. Consecuentemente, al no demostrarse los actos aducidos en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de los actos atribuidos por el quejoso a las autoridades que señalaron con el carácter de responsables, consistentes en la falta de atención médica. Así, ante la inexistencia del acto reclamado a las autoridades mencionadas, se impone sobreseer en el juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jesús Alejandro Castillo Azagoitia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Ulises Fuentes Rodríguez, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, ante la secretaria que autoriza Bertha Patricia Orozco Hernández.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Encargada de la Coordinación de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, a través del cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de fecha veinticinco de mayo del año en curso, por lo que remite las constancias solicitadas, con las que se ordena dar cuenta de las mismas en la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Del estado de autos se advierte que la autoridad responsable Encargada de la Coordinación de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número 12 CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo, a la fecha no ha desahogado el requerimiento formulado en proveído de veintinueve de abril del presente año; en tal virtud, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la mencionada autoridad, para que dentro del plazo de tres días, remita copias certificadas de todas y cada una de las constancias relativas al expediente clínico del quejoso Jesús Alejandro Castillo Azagoitia, lo anterior, ya que resultan necesarias para resolver el presente asunto. Se apercibe a la autoridad requerida de que en caso de no cumplir con lo exigido dentro del plazo concedido, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para hoy, y en su lugar se señalan las diez horas con quince minutos del cinco de julio de dos mil dieciséis.

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