Jesus Alejandro Carabaez Bautista
Expediente 3686/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 3686/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/02/2018
Partes del expediente
- Jesus Alejandro Carabaez Bautista
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión dentro del término legal, en contra del auto dictado el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho (fojas 22 y 23) en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. Atento a lo dispuesto en el numeral Décimo Primero, tercer párrafo, del acuerdo en cita, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca a este Juzgado a recoger las documentales que exhibió, apercibida que de no hacerlo en en el aludido término, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, una vez notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
Visto el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual, solicita la autorización respectiva a fin de que se le permita el acceso al expediente electrónico correspondiente al presente sumario constitucional; no ha lugar a proveer de conformidad, ya que únicamente la parte quejosa puede presentar tal solicitud. Lo anterior, con fundamento en las razones inmersas en el acuerdo emitido el ocho de diciembre de dos mil diecisiete en autos del amparo en revisión número 1292/2017 por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente del auto dictado el veintiséis de enero de dos mil dieciocho; se le notifica por medio de la presente lista dicho auto, en el que se proveyó: Visto el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 224/2016, así como el testimonio de la resolución pronunciada el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, en el toca de queja referido, de su índice, que concluyó en lo siguiente: "ÚNICO. Se desecha por improcedente el recurso de queja Por tanto, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, hágase saber la circunstancia anterior a las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, glósese el expedientillo y acúsese recibo. Ahora bien, tal y como se consideró en la sentencia interlocutoria de doce de septiembre de dos mil dieciséis en el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, existía defecto de ejecución cuando la autoridad responsable no se ceñía estrictamente a los términos de la resolución dictada, es decir, cuando su actuación era parcial o incompleta, en la medida que no acataba de manera cabal lo mandado; en cambio, había exceso en la ejecución cuando iba más allá de lo ordenado y, precisamente, el análisis de estas irregularidades en los actos de ejecución, únicamente podía ser susceptible de efectuarse en aquél incidente. También, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la ejecutoria originaria de la jurisprudencia 1a./J. 34/2014 (10a.), número de registro 2006796, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS ACTOS CUYA SUSPENSIÓN SE ORDENÓ Y HAYAN SIDO EJECUTADOS POR LA AUTORIDAD ANTES DE LA NOTIFICACIÓN DE AQUÉLLA, DEBEN SER REVOCADOS PARA RETROTRAERLOS AL MOMENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN"; consideró, que el artículo 139 de la Ley de Amparo, claro en establecer que el momento en que surte efectos la suspensión es "desde luego", lo que significaba inmediatamente; asimismo, que el considerar que aquélla no tiene efectos inmediatos a partir del otorgamiento de la misma, haría nugatoria la dimensión de eficacia, convirtiendo dicha protección constitucional en un mecanismo ilusorio e inoperante y le quitaría a la resolución de fondo su efecto útil, puesto que exigir la notificación para que surta efectos podría tener consecuencias graves para su eficacia; en consecuencia lógica, sus efectos no estaban supeditados a la notificación de la misma. Por lo que concluyó, que la suspensión surtía efecto en el momento mismo en que el Juez determinaba que procedía y dictaba la resolución en que ordenaba que se mantuvieran las cosas el estado que guardaban; es decir, que si bien la autoridad estaba obligada a acatarla desde el momento de la concesión de la misma, si ésta era notificada con posterioridad y ejecutó actos que se ordenaron suspender con anterioridad a dicha notificación, lo cierto era que, no se podría considerar que dicha autoridad estaba en desacato. Por lo que, en la sentencia interlocutoria una vez efectuada una relación de antecedentes, se determinó incumplimiento a la suspensión provisional, pues encontrándose vigente la concedida el siete de abril del presente año, para el efecto de que las autoridades responsables suspendieran el término de seis meses y se abstuvieran de emitir resolución definitiva respecto a la revisión de escritorio y/o gabinete (efectuada vía oficio de observaciones 500-05-04-2015-6127), la Administración de Fiscalización Estratégica "3" de la Administración Central de Fiscalización Estratégica de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, el veinte de junio de la anualidad en curso emitió el oficio 500-05-04-2016-16933 por el cual determinó fincar crédito fiscal en su contra. Sin que ello implicara desacato por parte de la denunciada autoridad responsable, pues, si bien era cierto incumplió con la suspensión provisional concedida en favor de la parte quejosa, la autoridad dependiente del Servicio de Administración Tributaria tuvo conocimiento de dicha medida cautelar hasta el veintiocho de junio del presente año; o sea, en una fecha posterior a aquélla en que fincó crédito fiscal (veinte de junio previo). Por lo que una vez establecida la inexistencia del desacato por la autoridad responsable denunciada, se destacó que la autoridad tenía la obligación de revocar o dejar sin efecto su actuación, considerando el instante en que se otorgó la suspensión y, de ser el caso, debe componer la ejecución, siempre que la naturaleza del acto ejecutado lo admita, pues de lo contrario, ahora sí incurriría en desacato de la orden de suspensión, atendiendo a la dimensión de eficacia de la suspensión y no a la sancionatoria en caso de violarla. Como consecuencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 209 de la Ley de Amparo, requiérase a la Administración de Fiscalización Estratégica "3", de la Administración Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, para que dentro del término de veinticuatro horas dé cumplimiento puntual a la suspensión provisional concedida mediante proveído de siete de abril de dos mil dieciséis, remitiendo constancia fehaciente de ello; esto es, cumplir con su obligación de revocar o dejar sin efecto la actuación respectiva, considerando el instante en que se otorgó la indicada medida suspensional y, de ser el caso, debe componer la ejecución, siempre que la naturaleza del acto ejecutado lo admita. Bajo apercibimiento que de no acatar lo anterior en el lapso indicado sin causa justificada, se denunciará a su titular ante el Ministerio Público de la Federación, por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la ley de la materia.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis (foja 128), se ordenó dar trámite a las pruebas periciales propuestas por la parte quejosa, mismas que a la fecha se encuentran pendientes de desahogarse. En razón de lo anterior, lo procedente es DIFERIR la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, y se señalan para su verificativo las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, por así permitirlo la agenda oficial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se advierte que en proveídos de once y veintiocho de diciembre del año pasado (fojas 580 y 600), se remitieron a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, las cotizaciones de honorarios presentadas por los peritos Roberto Acosta Puentes y Héctor Alberto Romero Fierro, a fin de que apruebe dichas valoraciones para que se les pueda conferir el cargo correspondiente, sin que hasta el momento se hubiese recibido respuesta alguna. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 17 de la Carta Magna, solicítese a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, que de no tener inconveniente legal alguno informe la determinación tomada a las solicitudes mencionadas y lo haga saber a este Juzgado de Distrito a la brevedad posible.
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