Jesús Alejandro Aviles Orozco
Expediente 512/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 512/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jesús Alejandro Aviles Orozco
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, quince de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera el recurso de queja contra el proveído de treinta de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Jesús Alejandro Avilés Orozco; en tales condiciones, se declara que el mismo causó estado. Ahora bien, toda vez que en los autos del presente juicio no existe diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, aunado a lo anterior, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del juicio en que se actúa, visibles en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), concuerdan con las que obran en el expediente material; por tanto, archívese el presente asunto totalmente concluido y en su oportunidad, remítase al área correspondiente de este juzgado para su resguardo. Por otro lado, se hace la precisión de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este auto, por ubicarse en el supuesto previsto en el inciso d), del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que en este asunto se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo; y al prudente arbitrio de este juzgador se considera que no tiene relevancia documental, de conformidad con el numeral 15 del citado acuerdo. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicio de amparo.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE 30 DE MAYO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO: Se tiene por recibida la demanda de garantías promovida por Jesús Alejandro Avilés Orozco, por propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Especial Numero Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta localidad fronteriza. Fórmese expediente electrónico e impreso y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el consecutivo 512/2022-I. En virtud de ello, como la demanda de amparo no cuenta con firma válida del promovente, la cual sirve para dar autenticidad a la misma, debe estimarse que propiamente no hay manifestación de quien se ostenta como parte quejosa. En consecuencia, procede desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda de garantías promovida por Jesús Alejandro Avilés Orozco, por propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Especial Numero Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta localidad fronteriza. Fórmese expediente electrónico e impreso y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el consecutivo 512/2022-I. Ahora bien, a efecto de resolver sobre la admisión de la demanda de cuenta, es conveniente precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, numeral que a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, la anterior disposición legal señala que para el desechamiento de plano de una demanda es necesario que se encuentre demostrada al menos una causa de improcedencia del juicio constitucional; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Tiene aplicación a lo anterior y en lo conducente, la jurisprudencia emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1631, del Tomo XX Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, editado en septiembre de 2004, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Al respecto, previo a cualquier otra cuestión, se considera necesario señalar que, el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que transgredan los derechos fundamentales individuales, motivo por el cual su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. En ese sentido, previo análisis del contenido integral de la demanda de amparo, se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 3, 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo y lo establecido en los dispositivos 45, 46 y 47 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, que en lo que interesa, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 3. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" "Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda." "Artículo 46. Una vez enviada la demanda, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en el que se señalarán los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico que contenga su demanda y los archivos anexos, la fecha y hora de envío y recepción, así como un folio electrónico. En los casos en que se proporcione una cuenta de correo electrónico al momento de enviar la demanda, el acuse de recepción electrónica se remitirá automáticamente al correo." "Artículo 47. El número de folio electrónico vinculado al acuse de recibo podrá utilizarse para consultar en el Portal de Servicios en Línea, el órgano jurisdiccional al que fue turnado el escrito de demanda y el número de expediente asignado. No obstante, para consultar el Expediente electrónico será necesario que se haya formulado la solicitud respectiva y que ésta se haya acordado favorablemente, conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del presente Acuerdo General." Por su parte, el artículo 107, fracción I, constitucional establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". Ahora bien, de la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se tiene que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que éste no puede proceder oficiosamente, sino que es necesario que lo promueva aquél a quien perjudica el acto, siendo un presupuesto indispensable para que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado. Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 6 de la ley de la materia, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de la citada ley y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. Paralelamente a lo anterior, que las promociones podrán presentarse en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica, conforme a la regulación que al efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Dicha firma electrónica, es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones; y el Consejo de la Judicatura Federal emitirá los acuerdos generales a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la firma electrónica. Ahora, el Acuerdo General Conjunto 12/2020 en comento, expresa que para poder acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se debe contar con nombre de usuario y contraseña, misma que se obtiene al momento de registrarse en el referido portal; o bien, mediante firma electrónica. Hecho lo anterior, al momento de realizar el envío de la demanda de amparo o la promoción, se generará un acuse de recepción electrónico en el que se señalan diversos datos de identificación. Los documentos electrónicos recibidos en la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales, deben contar en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica, en la que se mostrará el nombre del titular de dicha firma, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente; por lo que, dichos datos deben tomarse en consideración por los órganos jurisdiccionales, para acordar lo conducente. Esto es, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso, o en su caso, quién promovió la demanda, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma, que es equiparable a un documento de identidad con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. En el caso concreto, de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Jesús Alejandro Avilés Orozco, por su propio derecho, presentó su demanda de derechos fundamentales en línea, empero, de dicho escrito se aprecia que no obra la impresión de la evidencia criptográfica del uso de la firma electrónica del citado justiciable, sino la de Francisco Javier Morales Nieblas, por lo que es inconcuso que la firma electrónica certificada con la que fue signada corresponde a otra persona distinta de quien promueve y, con ello no se satisface el principio de parte agraviada, porque no se garantiza la manifestación inequívoca de la voluntad del quejoso de instar el juicio constitucional y tampoco de la designación de las personas que se menciona en la demanda. En la inteligencia que la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de quien promueve una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Por otra parte, no debe perderse de vista, que acorde con lo establecido en el artículo 3°, de la Ley de Amparo, resulta ser una "opción" para el promovente el presentar su escrito de demanda en forma impresa o electrónicamente (como facilidad procesal), pero si decide hacerlo electrónicamente, es requisito sine qua non que lo haga mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando su firma electrónica (FIREL) o bien la de quien legalmente lo represente. Además de que los actos reclamados no encuadran en el supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual sería innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Por lo cual, se incumple con lo dispuesto por los artículos 6 y 108 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General antes mencionado, por ser una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos de promover ese medio de defensa que se itera se rige por el principio de instancia de parte agraviada. En virtud de ello, como la demanda de amparo no cuenta con firma válida del promovente, la cual sirve para dar autenticidad a la misma, debe estimarse que propiamente no hay manifestación de quien se ostenta como parte quejosa. En consecuencia, procede desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, Décima Época, Materias(s): Común, página 5, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. Así como la diversa jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Materia(s): Común, Décima Época, página 79, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015 de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." No se soslaya las diversas tesis de jurisprudencia emitidas por los Plenos de Circuito y Tribunales Colegiados, de títulos siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA VÍA ELECTRÓNICA. LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) DEL QUEJOSO, NO ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, QUE DÉ LUGAR A SU DESECHAMIENTO DE PLANO, ATENTO A LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE PANDEMIA QUE PREVALECEN EN EL PAÍS GENERADAS POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 8/2019 (10a.)]". "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA VÍA ELECTRÓNICA DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19). NO ES FACTIBLE EXIGIR AL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD QUE EL ESCRITO RELATIVO ESTÉ SIGNADO CON SU FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL), EN ATENCIÓN AL ESTADO DE VULNERABILIDAD EN QUE SE ENCUENTRA Y A SU NULA POSIBILIDAD DE TENER ACCESO A UNA COMPUTADORA Y A INTERNET [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 8/2019 (10a.)]. "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE PRESENTA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SIN LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) DEL PROMOVENTE, PROCEDE REQUERIRLO PARA QUE LA RATIFIQUE SÓLO SI SE ENCUENTRAN ACTIVOS LOS PROTOCOLOS DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO ROJO A CAUSA DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID 19)". "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA VÍA ELECTRÓNICA DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19). NO ES FACTIBLE EXIGIR AL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD QUE EL ESCRITO RELATIVO ESTÉ SIGNADO CON SU FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL), EN ATENCIÓN AL ESTADO DE VULNERABILIDAD EN QUE SE ENCUENTRA Y A SU NULA POSIBILIDAD DE TENER ACCESO A UNA COMPUTADORA Y A INTERNET [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 8/2019 (10a.)]". Toda vez que dichos criterios jurisprudenciales fueron emitidos, tomando en consideración las circunstancias extraordinarias o particulares de pandemia que prevalecieron en el país generadas por la contingencia sanitaria provocada por el virus covid-19 y la restricción que en su momento se tuvo para presentar demandas de amparo de manera física, situaciones que ya no prevalecen en esta ciudad; máxime, que en la actualidad el impetrante del amparo puede presentar su demanda en forma física en el buzón judicial habilitado para ello en el acceso del edificio que ocupa este juzgado, por lo que no se impide a la parte quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional. En términos de lo previsto en los artículos 1, 2, 3, fracción XIV, inciso c), 8, 18, fracción II y 19, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de Transparencia, así como los procedimientos de acceso a la Información Pública y protección de datos personales. Asimismo, se les comunica que sus datos personales parecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. En diverso orden, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista únicamente mediante la publicación en internet, la cual se puede consultar en la liga siguiente https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, con excepción de las notificaciones que a juicio de este órgano jurisdiccional se requieran hacer personalmente dada su trascendental naturaleza, en términos del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo privilegiarse en todo momento las referidas en el párrafo que antecede. Se hace saber a la parte promovente que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. De igual forma, para privilegiar el distanciamiento social y trabajo a distancia se autoriza para que los Fedatarios de la adscripción, en la medida de lo posible lleven a cabo las diligencias vía telefónica, por video llamada, por fax o por cualquier medio electrónico, sin perjuicio de levantar acta pormenorizada de ello. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en la casa marcada con el 8163, interior 11, fraccionamiento Santa Mónica, en esta ciudad y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Francisco Javier Morales Niebla e Issa Lizbeth Samayoa, cuya cédulas profesionales aparecen registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente a Marco Antonio Sonqui Amador, para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, por no contar con dicho registro. En adición a lo anterior, se autoriza acceso al expediente electrónico del presente juicio; por ende, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), oficial judicial "A" realice el registro y autorización correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de la materia, atendiendo al nombre de usuario que proporciona el promovente "Franciscomn" para la consulta del presente expediente vía electrónica. Por lo que respecta al correo electrónico que señala en su escrito, ténganse únicamente como nueva forma de contacto, de conformidad con el artículo 2°, fracciones I y IX del Acuerdo General 1/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, del que se advierte que la utilización del correo electrónico, solo será utilizado como medio de contacto entre las partes y el personal jurisdiccional. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado José Erasmo Barraza Grado, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Cuauhtémoc Pineda García, secretario que autoriza las actuaciones y da fe.JEBG/CPG/jaar
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,163 expedientes
- Jesús Alberto Ricon Martínez307/2023
- Jesús Alberto Rincón Martínez437/2014
- Jesus Alberto Rivera Rodríguez1014/2016
- Jesús Alberto Rodríguez Campos367/2023
- Jesús Alberto Santiago717/2021
- Jesús Alberto Sosa Franco759/2021
- Jesús Alejandro Áviles Orozco498/2022
- Jesús Alejandro De la Rosa González520/2015
- Jesús Alejandro Hernández Flores871/2017
- Jesús Alejandro LLamas Martínez528/2017
- Jesús Alejandro Ortega Galindo1052/2023
- Jesús Alejandro Salazar Trillo35/2022