Jesus Alberto Yam Castillo
Expediente 1437/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1437/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jesus Alberto Yam Castillo
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de dieciséis de agosto de esta anualidad, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Jesús Alberto Yam Castillo contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, la cual fue exhibida con cuatro copias y sin anexos; en consecuencia, se ordena formar expediente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 1437/2021-VII. Ahora bien, en atención al contenido del escrito inicial de demanda se desecha de plano la misma, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el cual debe ser examinado de oficio en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, respecto del acto que se impugna por esta vía constitucional consistente en el auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictado por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en el expediente 461/2021, a través del cual la referida autoridad aquí responsable, se declaró legalmente incompetente para conocer del procedimiento laboral ya indicado, asimismo, declaró que la autoridad competente para seguir conociendo y resolver el juicio citado es la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VIII de la Ley de Amparo, este aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) .VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto, y (.)" Este supuesto, ha sido interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, se encuentra condicionada a que estos sean definitivos; lo que significa, que el amparo solo debe promoverse una vez que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia, la acepta. Lo anterior, explicó el alto tribunal, porque es en ese momento (aceptación de la autoridad a favor de la cual se declinó la competencia) cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte quejosa, en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencia del acto reclamado, pues puede darse el caso de no aceptación de la competencia, lo que originara un conflicto que deberá ser previamente dilucidado. Estos razonamientos se encuentran contenidos en la jurisprudencia P./J. 17/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." La cual es de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Como se expuso, el acto reclamado en este juicio de amparo, consiste en el auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictado por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en el expediente 461/2021, a través del cual la referida autoridad aquí responsable, se declaró legalmente incompetente para conocer del procedimiento laboral ya indicado, asimismo, declaró que la autoridad competente para seguir conociendo y resolver el juicio citado es la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Por tanto, toda vez que de la demanda de amparo no se advierte la respuesta relativa a la competencia declinada por parte de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por lo que es evidente que se actualiza la invocada causa de improcedencia, en virtud de que el acto reclamado no es definitivo, pues no se trata de la aceptación de competencia del órgano que la Junta resolvió debe conocer del juicio de origen. Similar criterio aplicó el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en la ejecutoria de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, emitida en el toca 35/2018, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por Autobuses del Oriente ADO, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado, en contra del acuerdo de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amaro indirecto 63/2018-V, del índice de este Juzgado, promovido por Arlyne Antonieta Reyes Galicia albacea de la sucesión de María Guadalupe Galicia Martínez o Ma. Guadalupe Galicia Martínez. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jesús Alberto Yam Castillo contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, por actualizarse en el caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el artículo 107, fracción VIII, este aplicado en sentido contrario de la Ley de Amparo. Ténganse como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona la misma, al ser la promovente la parte trabajadora del juicio laboral de origen. Asimismo, por lo que respecta a la petición de uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obren en autos; hágase del conocimiento de la parte quejosa que se accede a su petición, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Se tiene el número telefónico y correo electrónico, proporcionado en la demanda de amparo, únicamente como contactos de la parte quejosa, los cuales se utilizaran, con fines de localización, cuando no se puedan realizar las notificaciones por las vías legales ordinarias. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que para el caso que consideren necesario imponerse de los presente autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Por último, se exhorta a la parte quejosa para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Finalmente, con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los Actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe. Arleni*
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