Jesús Alberto Velázquez Silva
Expediente 667/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 667/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jesús Alberto Velázquez Silva
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, quince de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Agréguese el escrito de cuenta signado por Eduardo Hernández Montero, representante legal de Jesús Alberto Velázquez Silva, mediante el cual da cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de veintiséis de julio del año en curso. -DESECHAMIENTO- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. De la lectura integral de la demanda se advierte la parte quejosa basa su pretensión constitucional en la omisión de dar respuesta a la solicitud de exención de la presentación de la manifestación de impacto ambiental, promovida el día veintiuno de abril de dos mil veintidós ante la ventanilla del Espacio de Contacto Ciudadano de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En efecto, de la narrativa de antecedentes, se corrobora que el reclamo sustancialmente se centra en que la autoridad responsable no ha dado respuesta a su petición, donde solicitó la exención de la presentación de la manifestación de impacto ambiental del proyecto de obras de mejoramiento. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; El impetrante de amparo combate actos vinculados con el derecho de petición. El artículo 8º constitucional establece que el titular de ese derecho es el gobernado en general. Se concibe como la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera. El Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados, tienen como obligación el dictar un acuerdo por escrito como respuesta a la solicitud que el gobernado les eleve. Mismo que debe hacerse de su conocimiento en breve término. La existencia de este derecho subjetivo público, surge como consecuencia de la obligación actual del Estado Mexicano de intervenir en la solución de los conflictos suscitados con los administrados, en acatamiento del artículo 17 constitucional, y para la correcta observancia de la ley. Resultando necesario (para que se dé la legitimación de instar) la existencia de una relación de supra a subordinación. Lo que trae como consecuencia que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que se le formule en breve término y comunicárselo al interesado. En conclusión, el artículo 8° constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar, con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: a) Dictar el acuerdo correspondiente. b) Que se comunique en breve término al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Es ilustrativa la Jurisprudencia 352, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 375, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común, Novena Época, Registro 1002418, que establece: PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular. Por otra parte, es menester destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido el breve término como aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse. Así lo estableció en la tesis localizada en la página 39, del tomo Tercera Parte, CXXIII, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Registro 268307, que establece: PETICIÓN, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse. Asimismo, la Ley Federal de Procedimiento administrativo, en su artículo 17, establece: "Artículo 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. De lo anterior se aprecia que la autoridad ambiental está obligada a dar respuesta a las peticiones que les formulen los gobernados dentro de un plazo no mayor a tres meses. La parte quejosa reclama la omisión de dar contestación a su escrito recibido por la responsable el veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Así planteada la demanda al día de su presentación, la acción de amparo deviene improcedente. La omisión atribuida a la autoridad responsable no se ha materializado. A la fecha de la recepción de su petición sólo han pasado dos meses y dos días, a partir de la data en que realizó su solicitud. Por lo que, es inconcuso se encuentra transcurriendo el término de tres meses para dar respuesta a la petición formulada. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En virtud de lo anterior, en el presente asunto se actualiza de la causa de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Por tanto, se desecha la demanda, de conformidad con lo establecido en el invocado artículo 113 del citado ordenamiento legal, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Signifíquese al peticionario de derechos humanos que si en el plazo indicado tres meses no recibiere respuesta, tiene expeditos sus derechos para promover diversa acción de amparo o instancia ordinaria, si así lo decidiere, para impugnar el estado de abstención. Notifíquese personalmente.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Eduardo Hernández Montero, representante legal de Jesús Alberto Velázquez Silva, contra actos de la 1. Encargada de Despacho de la Delegación Federal u Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado, residente en Xalapa, Veracruz. Fórmese el expediente con el número 667/2022-VII. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PERSONALIDAD. Por reconocida la personalidad que ostenta en términos de la copia certificada del instrumento notarial número catorce mil ciento veinticinco, pasada ante la fe del Notario Público número sesenta y uno de la décima séptima demarcación notarial en el Estado de Veracruz. PREVENCIÓN. Antes de proveer lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, este Órgano Federal la analizó atendiendo a las disposiciones de la Ley de Amparo y específicamente el artículo 114. El dispositivo mencionado otorga la facultad de prevenir al promovente del amparo a efecto de que aclare su demanda cuando éste incurra en las deficiencias, irregularidades u omisiones que se detallan. Deberá hacer las aclaraciones que correspondan o presentar las copias faltantes dentro del término de cinco días, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada. Por su parte, el artículo 108 de la Ley de Amparo, fracción V, estatuye: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;." Como se advierte del artículo mencionado, es obligación del gobernado señalar con precisión y bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Ello, con la finalidad de reunir los requisitos que establece el numeral citado. Así, se previene a la parte quejosa para que cumpla con lo que más adelante se precisará. Tendrá para hacerlo el término de cinco días contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído. Sus manifestaciones deberán ser bajo protesta de decir verdad. Deberá acompañar las copias necesarias para correr traslado a las partes. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108, fracción V, 110 y 114 de la Ley de Amparo, y las jurisprudencias que a continuación, por identidad jurídica se citan: 730, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA."; y 731, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO", emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 810 y 811, respectivamente del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Novena Época, con registros 1002795 y 1002797. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte el promovente se duele de: - La omisión de dar respuesta a la solicitud de exención de la presentación de la manifestación de impacto ambiental, promovida el día veintiuno de abril de dos mil veintidós ante la ventanilla del Espacio de Contacto Ciudadano de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Luego, de los antecedentes del acto reclamado, se desprenden los siguientes: 1. El trece de abril de dos mil veintidós, el C. Jesús Alberto Velázquez Silva, otorgó a favor del promovente, poder general para pleitos y cobranzas, a través del instrumento púbico número catorce mil ciento veinticinco. 2. El veintiuno de abril de dos mil veintidós, se promovió ante la ventanilla de Espacio de Contacto Ciudadano de la Delegación Federal u Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Veracruz, la solicitud de exención de la presentación de la manifestación de impacto ambiental del proyecto de obras de mejoramiento. 3. El once de mayo de dos mil veintidós, el quejoso fue notificado del Oficio No. SGPARN.02.IRA.1340/22, por medio del cual la autoridad responsable, requirió el aporte de documentación adicional dentro de la solicitud de exención de la manifestación de impacto ambiental ya mencionada. 4. Que en fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós, fue presentado mediante el Servicio Postal Mexicano, el escrito de misma fecha, en atención al Oficio No. SGPARN.02.IRA.1340/22.5. 5. A la fecha de interposición de la presente demanda, habiéndose señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el inmueble ubicado en calle Orizaba No. 40, interior 5, colonia Ignacio Zaragoza, C.P. 91910, de la ciudad de Veracruz, en el Estado de Veracruz, la autoridad responsable no ha emitido respuesta de la solicitud de exención de la presentación de la manifestación de impacto ambiental formulada desde el día veintiuno de abril de dos mil veintidós. De lo anterior se destaca, el accionante de amparo, en atención al Oficio No. SGPARN.02.IRA.1340/22.5, presentó el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en el Servicio Postal Mexicano, el escrito de misma fecha, dando respuesta a la prevención formulada por la autoridad responsable. A la fecha de interposición de la presente demanda, la citada responsable no ha emitido respuesta de la solicitud de exención de la presentación de la manifestación de impacto ambiental. Sin embargo, de las documentales anexas a la demanda no se advierte la fecha en que la autoridad responsable recibió el escrito fechado el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, para estimar ha sido omisa en emitir respuesta a la petición de la parte quejosa. Dicha información resulta necesaria a fin de acreditar la omisión por parte de la autoridad responsable en su actuar. En tal virtud, resulta necesario prevenir a la parte quejosa a fin de que, bajo protesta de decir verdad, amplíe sus antecedentes precisando lo siguiente: ÚNICO. Indique la fecha en la autoridad responsable recibió el escrito fechado el dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de amparo en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. De igual forma, hágase del conocimiento del impetrante de derechos humanos que deberá conducirse con verdad, habida cuenta que afirmar hechos falsos y omitir los que le consten está tipificado como delito, en términos del artículo 261, fracción I de la ley de la materia. Significándosele que el desahogo a la prevención efectuada únicamente podrá realizarlo quien promueve la demanda, por constituir un acto de carácter personalísimo, de conformidad con el artículo 108, fracción V, de la ley de la materia. Lo que implícitamente conlleva que únicamente éste puede formular dicha protesta. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. La parte quejosa solicita se le permita tener acceso a la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", con el usuario: "Eduardohdzmontero". Al efecto se provee: a) Se faculta a la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que proceda a realizar las gestiones necesarias ante los órganos correspondientes del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de habilitar la autorización que se solicita, por el medio mencionado, relativa al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. b) En caso ser factible lo anterior, habilítese a la persona que refiere para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, puedan acceder vía internet a este juicio de amparo. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte impetrante para oír y recibir notificaciones el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Conforme a los artículos 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones a la parte impetrante en la vía electrónica, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación" (previamente aludido) y con los usuarios proporcionados, en los términos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Debe prevalecer la tramitación electrónica del asunto de acuerdo con el numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 citado en párrafos precedentes (reformado por el similar 09/2022 en relación con el periodo de vigencia). LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Tomando en consideración que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. CITAS. En el entendido que para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. JUICIO EN LÍNEA. En términos del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 29 del citado Acuerdo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al modelo de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En el entendido que con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020 citado, solo se atenderán las promociones de las partes que cuenten con firma autógrafa -presentadas a través de las Oficialías de Partes Comunes- o electrónica recibidas a través del portal respectivo del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese electrónicamente.
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