Jesús Alberto Servín Hernández
Expediente 707/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 707/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jesús Alberto Servín Hernández
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de la comunicación 19170 del índice de este Juzgado, por el que se le notificó el proveído de diecisiete de los actuales y se le remitieron las constancias que integran el juicio ordinario civil C688/2010 de su estadística.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que: Por proveído de tres de agosto de la presente anualidad, se recibió la separación del juicio de amparo 595/2016-III del índice de este Juzgado, promovido por **********, contra actos del Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad y otras autoridades, y se formó el expediente en que se actúa, al que se le asignó el número 707/2016-IV; asimismo, se recibieron las constancias que integran el juicio ordinario civil C688/2010 de la estadística del Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad. En proveído de dieciocho de agosto del año en curso, se ordenó el archivo del presente juicio al quedar firme la providencia por la cual se desechó la demanda de amparo que promovió **********. En ese sentido, como resulta innecesaria la retención de las copias certificadas antes referidas, devuélvansele al citado Juez y solicítesele el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de tres de agosto de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; por tanto, con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la separación del juicio de amparo 595/2016-III del índice de este Juzgado, promovida por Jesús Alberto Servín Hernández, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 707/2016-IV. El suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." La causal transcrita, alude al supuesto en el que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el Juez de Distrito, analizando las causas particulares del asunto sometido a su consideración, estima ocioso conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, atento a que no podrían concretarse los efectos de esa concesión y, desde luego, no se restituiría al agraviado en el pleno goce de las garantías individuales vulneradas, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación o, en su caso, no pudiera obligarse a la autoridad responsable a que obrara respetando las garantías individuales quebrantadas en perjuicio de los quejosos. Esto es, conforme al artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, el efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo que se solicita, se traduce en volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven; y en virtud de que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser un medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano vulnerado, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando: - Todo lo actuado, incluyendo la sentencia del procedimiento de jurisdicción voluntaria C-688/10, del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, por la cual determinó autorizar la adopción plena del menor Samuel Daniel Servín García, para quedar como su nombre completo Mikel Samuel Díaz García, y como su padre Luis Omar Díaz Michaca. Se desprende que la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre las partes determinadas, así como que si a la solicitud promovida se opusiere parte legítima, se dará por concluida la jurisdicción voluntaria y se quedará a salvo los derechos del promovente para que los haga valer en la vía y forma en que procesa. Asimismo, es preciso señalar que el artículo 706 ídem, estatuye que cuando fuere necesaria la audiencia de alguna persona, será citada conforme a derecho, advirtiéndole, en la citación, que quedan, por tres días, las actuaciones en la secretaría del juzgado, para que se imponga de ellas y se le señalará día y hora para la audiencia, a la que concurrirá el promovente, sin que sea obstáculo, para la celebración de ella, la falta de asistencia de éste, Como se observa, con la finalidad de escuchar a los interesados, es preciso que se les cite a la audiencia respectiva, para lo cual se les informará la fecha y hora en que habrá de llevarse a cabo; citación que es de naturaleza distinta al emplazamiento. En efecto, el precepto 312 de dicha codificación adjetiva, estatuye que las notificaciones, citaciones y emplazamientos se efectuarán, lo más tarde, el día siguiente al en que se dicten las resoluciones que las prevengan, cuando el tribunal, en éstas, no dispusiere otra cosa; es decir, prevé tres tipos de comunicaciones y, por ende, no podría interpretarse que la citación deba seguir las formalidades de un emplazamiento. Incluso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada LIII/2003, consultable en la página 123, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "EMPLAZAMIENTO, NOTIFICACIÓN, CITACIÓN Y REQUERIMIENTO. CONSTITUYEN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PROCESAL QUE TIENEN SIGNIFICADO DISTINTO.", consideró que entre los medios de comunicación que los jueces y tribunales utilizan en el proceso para hacer saber a las partes las resoluciones que dictan, se encuentran el emplazamiento, la notificación, la citación y el requerimiento, los cuales poseen significado diverso, a saber: el emplazamiento es el llamado judicial que se hace para que dentro del plazo señalado la parte demandada comparezca en juicio; la notificación es el acto por el cual se hace saber a alguna persona, con efectos jurídicos, una resolución judicial o cualquier otra cuestión ordenada por el juzgador; la citación es el acto de poner en conocimiento de alguna persona un mandato del Juez o tribunal para que concurra a la práctica de alguna diligencia procesal; y el requerimiento es el acto de intimar a una persona en virtud de una resolución judicial, para que haga o se abstenga de hacer la conducta ordenada por el juzgador. Aunado a lo anterior, el suscrito advierte que en la legislación civil el emplazamiento se encuentra previsto cuando exista contienda entre partes, lo cual no figura en la jurisdicción voluntaria. Tan es así que en su artículo 336 de la ley procedimental en cita, contempla que admitida la demanda se correrá traslado a la persona contra quien se proponga, emplazándola para que la conteste dentro de nueve días; emplazamiento que deberá practicarse conforme a los diversos numerales 320 y 321 ídem. En consecuencia, para que puedan ocurrir a la audiencia es preciso que se les cite por conducto del juzgado de origen, pues en el mencionado código no se prevé otra forma para citar a las partes, que hacerlo por el propio órgano jurisdiccional. De ahí que, si se opone parte legítima ese procedimiento debe concluir, ya que lo que caracteriza las diligencias promovidas en esa vía es la inexistencia de cuestión alguna entre partes determinadas, esto es, de contienda entre partes. Así, al oponerse parte legítima, el procedimiento abierto en la vía de jurisdicción voluntaria debe concluir al tomar las características de un negocio contencioso con motivo de las diferentes pretensiones jurídicas surgidas entre la parte promovente y la opositora; razón por la cual "quedarán a salvo los derechos del promovente para que los haga valer en la vía y forma en que proceda", es decir, se refiere a la continuación del negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio, no así a la continuación del procedimiento abierto con motivo de la jurisdicción voluntaria. Lo anterior se refuerza si se considera que, por un lado, el legislador se refirió en la segunda parte del referido artículo 708 a que quedarán a salvo los derechos del promovente para que los haga valer en la vía y forma en que proceda, mas no a que el procedimiento de jurisdicción voluntaria continuará, transformado en contencioso, conforme a dichas reglas y, por otro lado, que el legislador no estableció la obligación a cargo de la autoridad jurisdiccional de actuar oficiosamente para transformar el propio procedimiento de jurisdicción voluntaria en un procedimiento contencioso. Así lo ponderó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 117/2010, localizable en la página 228, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del mencionado medio de difusión oficial, de rubro: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. ANTE LA OPOSICIÓN DE PARTE LEGÍTIMA DEBE DARSE POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DEL PROMOVENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 882 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE HIDALGO).", consideró que las resoluciones que recaen a la jurisdicción voluntaria no reconocen derechos ni imponen prestaciones entre partes, pues su característica primordial es la ausencia de controversia, o de parte contendiente. De ahí que, si estando ya promovidas las diligencias de jurisdicción voluntaria, se presentase oposición de parte legítima, en ese momento dichas diligencias deben darse por concluidas, sin que sea el caso de considerar que el propio procedimiento de jurisdicción voluntaria se transforme en contencioso, ni que automáticamente deba proceder a tramitarse conforme a las reglas de un verdadero juicio, salvo la declaratoria del órgano jurisdiccional en el sentido de que dentro del procedimiento de jurisdicción voluntaria se presentó oposición de parte legítima, en la inteligencia que el juez que conozca de ese procedimiento no tiene que valorar ni pronunciarse respecto de si la oposición presentada es o no fundada, pues basta que sea planteada por parte legítima para que se den por concluidas las diligencias. Al interpretar dicho precepto del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, el Alto Tribunal destacó que debe ponerse de manifiesto que si bien es cierto que establece en sus dos primeras hipótesis que si la oposición no se funda en la negativa del derecho, se seguirá el procedimiento sumario; así como que si la oposición se funda en la negativa del derecho, se sustanciará con los trámites establecidos para el juicio que corresponda, dichas hipótesis deben entenderse en el sentido de que ante la oposición de parte legítima y habiéndose dado por terminadas las diligencias de jurisdicción voluntaria, las partes oponentes cuyo derecho está en controversia, están en libertad de promover el juicio que corresponda para dilucidar a quién pertenece el derecho. Bajo ese contexto legal, el suscrito considera que cuando en la jurisdicción voluntaria no se cite conforme a la ley a los interesados, el amparo promovido por alguno de ellos, sustentado en la pretensión de que les sea conferido el derecho a ser oídos en la audiencia, no obstante que ya haya concluido ese asunto no litigioso, a ningún efecto práctico llevaría otorgar la concesión solicitada porque, de cualquier manera, la jurisdicción voluntaria no trae aparejada condena alguna ni reconocimiento de derechos y, por ende, la parte que pretende oponerse dentro de la jurisdicción voluntaria, tiene expedito su derecho a instar la vía contenciosa. En efecto, se estima que de concederse la oportunidad al aquí quejoso de ser oído en el procedimiento con la finalidad de verter su oposición, la consecuencia que traería aparejado, de ser parte legítima, radicaría en dar por concluida la jurisdicción voluntaria para que, en su caso, intente su pretensión mediante juicio; prerrogativa que seguirá teniendo aún en el supuesto de que -como se tiene visto-, ya se haya emitido decisión en la jurisdicción voluntaria. De ahí que si Jesús Alberto Servín Hernández, en el juicio de amparo pretende que se le emplace a la jurisdicción voluntaria, a ningún efecto práctico conduciría otorgarle la protección constitucional, pues de cualquier forma tiene expedito su derecho a instar en la vía contenciosa sus pretensiones. Similar criterio sustentó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en sesión de cinco de marzo de dos mil quince, al resolver el amparo en revisión 253/2014, formado con motivo del recurso interpuesto por la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto 828/2014-V del índice de este órgano jurisdiccional. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último a contrario se, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase al quejoso señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Mauricio Jacinto Díaz y Gerardo Torres García, al contar respectivamente con cédula profesional número 3024517 y 3540132, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal y, en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita, a las demás personas que menciona al no encontrarse en ese supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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