Jesús Alberto Palacios Espinosa
Expediente 421/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 421/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jesús Alberto Palacios Espinosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo para recurrir el auto de once de octubre de dos mil veintitrés, sin que se hubiese interpuesto recurso alguno. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL CITADO AUTO HA QUEDADO FIRME. 3. Anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes: Se solicita al Oficial Judicial "A" de este órgano jurisdiccional, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), haga las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional. 4. Archivo del expediente. Por lo anterior se advierte que el juicio de amparo en que se actúa, ha quedado definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, procédase al archivo definitivo del expediente. 5. Destino del expediente. Acorde a lo establecido en el capítulo sexto, en el artículo 20, fracción I), del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente expediente ES DESTRUIBLE. 6. Destrucción de expediente principal. Lo que así habrá de acontecer pasados tres años de dictado el presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del multicitado Acuerdo General. 7. Precisión de relevancia documental del expediente. De conformidad con el artículo 12, 14 y 15, del Acuerdo General que antecede, se hace constar que el presente expediente no es de relevancia documental, lo que deberá asentarse en la carátula, de conformidad con el numeral 35 del mencionado acuerdo. 8. Calificación del original del incidente de suspensión. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en lo establecido en el artículo 20, fracción III) del Acuerdo General antes aludido, toda vez que se negó la medida cautelar dictada en el incidente de suspensión; en consecuencia, para efectos de su destrucción, se determina que el incidente de suspensión debe permanecer glosado al presente juicio. En consecuencia, una vez que haya transcurrido el término de tres años, a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal citado, se ordena depurar el expediente judicial y el incidente de suspensión en los términos ahí precisados. 9. Transferencia. Hecho que sea lo anterior solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Entretanto, resguárdese en el recinto archivístico de este órgano jurisdiccional (archivo reciente). Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Oficio Fiscal Federal adscrito Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a once de octubre de dos mil veintitrés. 1. Se agrega informe justificado. Glósese a los autos el oficio de cuenta signado en representación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo informe justificado. 2. Delegados y Domicilio. Ahora bien, en términos de lo dispuesto por los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a las personas que menciona y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Por otra parte, por lo que hace a la solicitud de autorización de los correos electrónicos que refiere, dígasele a la autoridad oficiante que, no ha lugar a autorizar dichos medios de comunicación, ello en atención a que los mismos no se encuentran previstos dentro de los supuestos enunciados en el artículo 26 de la Ley Amparo. 3. Medios electrónicos. En atención a la solicitud planteada por la citada Secretaria, con fundamento en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las personas que menciona en su ocurso para imponerse de los autos del expediente en que se actúa mediante el uso de aparatos electrónicos de reproducción, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Son aplicables a lo anterior, los criterios sustentados en las tesis números I.3o.C.725 C y I.1o.A.23 K (10a.), cuyos rubros son los siguientes: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA."1 y "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."2 . 4. Autorización consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación los diversos numerales 9, 14, 16, 19, 35 y 36 del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", por así haberlo solicitado la citada responsable se le autoriza la consulta del expediente electrónico a través de los usuarios "**********, **********, **********, ********** y **********", vía internet del juicio en que se actúa; debido a que de la certificación de cuenta, se advierte que dichos usuarios se encuentran registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Usuarios "**********, **********, **********, ********** y **********" Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa acudió a la presente instancia a reclamar de las autoridades señaladas como responsables Congreso de la Unión, Titular del Poder Ejecutivo Federal, Titular de la Secretaría de Gobernación y Consejo General del Instituto Nacional Electoral, lo siguiente: "El Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral", publicado el dos de marzo de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación." 5. Sobreseimiento fuera de audiencia. En esa tesitura, de la sesión celebrada el veintidós de junio de dos mil veintitrés, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumulados 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, promovidas por los Partidos Políticos Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, diversos diputados y senadores del Congreso de la Unión, el Partido Político Revolucionario Institucional y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales -cuyo acto en controversia fue precisamente el citado Decreto-, en los términos siguientes: "PRIMERO. Son procedentes y fundadas las presentes acciones de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, de conformidad con los apartados VI y VII de la presente resolución. TERCERO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación". Así, en el apartado VII de dicha resolución, el Tribunal Pleno precisó lo siguiente: "(.) VII. EFECTOS En términos de los artículos 41, fracción IV, y 73 de la Ley Reglamentaria, en las sentencias dictadas en acciones de inconstitucionalidad la Suprema Corte debe fijar los alcances y efectos, así como cualquier otro elemento que resulte indispensable para la plena eficacia del fallo. Declaratoria de invalidez. En el apartado relativo al estudio de fondo se determinó que resultaban fundados los conceptos de invalidez relacionados con el procedimiento legislativo, e incluso parcialmente fundado el relacionado con la falta de consulta tanto a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a las personas con discapacidad. Toda vez que algunos de estos motivos de inconstitucionalidad afectan a todas las disposiciones del decreto impugnado, se declara la invalidez del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, en su totalidad. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 71/2023 Y SUS ACUMULADAS 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 Y 93/2023 152 232. Vigencia de las normas anteriores al decreto. Tal como se resolvió en la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, a fin de preservar el principio de certeza que rige en materia electoral, este Tribunal Pleno estima conveniente precisar que, toda vez que se determinó la invalidez del decreto impugnado en su totalidad, éste deja de tener eficacia por completo. En consecuencia, las normas vinculadas por él recuperan su vigencia con el texto que tenían al dos de marzo de dos mil veintitrés Esto abarca, desde luego, las disposiciones reformadas, adicionadas y derogadas de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la totalidad de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que se encontraban vigentes hasta antes de la entrada en vigor del decreto impugnado. Adicionalmente, tal como se hizo en la acción de inconstitucionalidad 142/2022 y sus acumuladas, resulta pertinente aclarar que, de conformidad con el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, la legislación electoral que recupera su vigencia por virtud de esta ejecutoria ya no puede ser objeto de modificaciones legales fundamentales para su aplicación en el proceso electoral a nivel federal que, en términos del artículo 225, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, iniciará partir de la primera semana de septiembre de dos mil veintitrés. Asimismo, si el Congreso de la Unión decide en ejercicio de sus facultades legislar nuevamente sobre la materia del decreto invalidado con posterioridad, no deberá incurrir en el vicio de inconstitucionalidad relativo a la ausencia de consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a las personas con discapacidad. Fecha a partir de la cual surtirá efectos la declaratoria general de invalidez. De conformidad con el artículo 45 de la Ley Reglamentaria, esta declaratoria de inconstitucionalidad surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la presente sentencia al Congreso de la Unión. Notificaciones. Por último, esta resolución deberá ser notificada, además de a las partes, al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía General de la República. (.)". De lo anterior, se concluye que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del Decreto aquí reclamado en su totalidad, por lo que éste dejó de tener eficacia por completo. De tal suerte que las normas vinculadas por él recuperan su vigencia con el texto que tenían al dos de marzo de dos mil veintitrés -fecha en que se publicó el Decreto en comento en el Diario Oficial de la Federación-. Así, la citada declaratoria tendría efectos a partir de la notificación al Congreso de la Unión de dicha resolución, lo cual ha acontecido en el caso concreto4 . Ahora bien, respecto de las normas de carácter general, el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dispone que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos o costumbres en que se funde el derecho, motivo por el cual aquéllos no son objeto de prueba y, por ende, no es necesario probar su existencia en autos. Por lo cual, al confrontar los efectos y los resolutivos de la sentencia que invalida en su totalidad del Decreto referido con la precisión del acto reclamado del apartado que antecede; se advierte que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; atinente a la cesación de efectos. Lo anterior, de conformidad con las razones de derecho y motivos de hecho que, a continuación, se exponen. En la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando una causal de improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; pues, estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, en contravención al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el propio asunto, el Alto Tribunal explicó que las causales de improcedencia son notorias, manifiestas e indudables cuando saltan a la vista de la simple lectura de las constancias de autos; y, por más elementos de pruebas que se ofrezcan en su contra, éstas no desaparecerán. Precisado lo anterior, debe decirse que el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia5 establece la improcedencia del juicio de amparo contra un acto cuyos efectos hayan cesado, de manera que éstos no puedan incidir ya en la esfera jurídica de la parte quejosa. En su momento, bajo la vigencia de la anterior Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que para que se actualizara la cesación de efectos del acto reclamado, la autoridad responsable tendría que: a. Derogar o revocar el acto reclamado, dando como resultado una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto; o, b. Sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo y reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, el Alto Tribunal consideró que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse que no sólo implica la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Lo anterior, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En tercer lugar, es necesario destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de inconformidad 282/2013, estableció que una nueva reflexión conducía a abandonar la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, debido a que los alcances por los que se otorgara la protección constitucional debían delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral; ello, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo6 . En el caso, se actualiza la causa de improcedencia mencionada, al haber cesado los efectos del acto reclamado, como se verá a continuación. Expuesto lo anterior, la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral", publicado el dos de marzo de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. Así, como se describió con anterioridad, de la resolución dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, se observa que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Son procedentes y fundadas las presentes acciones de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, de conformidad con los apartados VI y VII de la presente resolución. TERCERO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación". Por lo anterior, se desprende que han cesado los efectos del acto reclamado, pues dejó de existir el motivo por el cual la solicitante de amparo acudió en busca de la protección constitucional, de manera tal como si se le hubiere concedido el amparo. Aunado al hecho de que las cosas regresaron al estado que guardaban antes de la interposición de la demanda de amparo, pues el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó declarar la invalidez en su totalidad del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 6/2013 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA.Conforme al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza dicha causa de improcedencia si en el juicio de amparo indirecto se reclama como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva, o la que establece una obligación, y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la prohibición u obligación, destruyéndose así de manera total e incondicionada sus efectos, y no se demuestra que la que genera una obligación haya producido durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la quejosa, derivada del incumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, pues una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos." Lo anterior, implica que el acto reclamado por la parte quejosa, en el presente asunto ya no le causa agravio alguno; pues, como se vio, el acto reclamado atribuido a las autoridades responsables ha dejado de existir. Lo anterior es así, porque resultaría ocioso el estudio de actos que ya no surten efectos jurídicos que amerite ser destruida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; respecto de lo cual es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". Así como la jurisprudencia número 2ª./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". En mérito de las consideraciones expuestas, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio constitucional, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 63, de la Ley de Amparo. A causa del sobreseimiento, este juzgado se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y de las manifestaciones vertidas para controvertir el(los) acto(s) reclamado(s), aun de las que planteen la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior, en virtud de que el sobreseimiento no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo y porque resulta irrelevante constatar si opera o no alguna causa de improcedencia plantea, pues no cambiaría el sentido del fallo. Los referidos efectos del sobreseimiento se sustentan en las jurisprudencias sin número y número 2a./J. 54/98, ambas emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" y "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSA DE IMPROCEDENCIA.". Por otra parte, se advierte que se encuentran señaladas las diez horas del veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, para el verificativo de la audiencia constitucional. No obstante, tomando en consideración que en párrafos precedentes se ha decretado el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, así como cualquier requerimiento que se hubiere formulado en el presente juicio de amparo a cualquiera de las partes que intervinieron en el procedimiento. En consecuencia, se solicita al Oficial Judicial "A" de este órgano jurisdiccional, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), haga las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Vía electrónica Autoridades responsables Oficio Fiscal Federal adscrito Vía electrónica
- Incidental
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a once de octubre de dos mil veintitrés. 1. Se glosa promoción. Agréguese únicamente como corresponda el oficio signado en representación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual pretende rendir el informe previo requerido en autos, pues el veinticinco de septiembre pasado se dictó la sentencia interlocutoria que negó la suspensión definitiva. 2. Delegados y Domicilio. Ahora bien, en términos de lo dispuesto por los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a las personas que menciona y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Por otra parte, por lo que hace a la solicitud de autorización de los correos electrónicos que refiere, dígasele a la autoridad oficiante que, no ha lugar a autorizar dichos medios de comunicación, ello en atención a que los mismos no se encuentran previstos dentro de los supuestos enunciados en el artículo 26 de la Ley Amparo. 3. Medios electrónicos. En atención a la solicitud planteada por la citada Secretaria, con fundamento en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las personas que menciona en su ocurso para imponerse de los autos del expediente en que se actúa mediante el uso de aparatos electrónicos de reproducción, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Son aplicables a lo anterior, los criterios sustentados en las tesis números I.3o.C.725 C y I.1o.A.23 K (10a.), cuyos rubros son los siguientes: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA."1 y "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."2 . 4. Autorización consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación los diversos numerales 9, 14, 16, 19, 35 y 36 del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", por así haberlo solicitado la citada responsable se le autoriza la consulta del expediente electrónico a través de los usuarios "**********, **********, **********, ********** y **********", vía internet del juicio en que se actúa; debido a que de la certificación de cuenta, se advierte que dichos usuarios se encuentran registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Usuarios "**********, **********, **********, ********** y **********" Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Lista Fiscal Federal adscrito Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Se agrega informe justificado. Glósese a los autos el oficio de cuenta signado en representación del Presidente de los Estado Unidos Mexicanos; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo informe justificado, con el cual dese vista a las partes por el plazo de ocho días para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En ese sentido, el principal objetivo de dicha vista, es respetar el derecho de audiencia del justiciable para: a) que tenga la oportunidad de expresar argumentos tendentes a refutarla; b) hacer notar aspectos no analizados por este juzgado al momento de recibir las constancias; o, c) hacer llegar elementos de prueba para desvirtuar lo manifestado por la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, de manera analógica, la tesis XXI.2º.16 K, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN."1. En el entendido de que de conformidad con el numeral 66 segundo párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, el vocablo "dar vista" o "correr traslado" sólo significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados. 2. Delegados y Domicilio. Ahora bien, en términos de lo dispuesto por los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades oficiantes a las personas que mencionan y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. 3. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante, las que anuncia a su oficio de cuenta, las cuales se admiten y desahogan, en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Por otro lado, se tiene por invocada la causal de improcedencia que hace valer, la que se ordena relacionar en la audiencia correspondiente. 4. Diferimiento. En consecuencia, a efecto dar margen a que se cumpla lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 22 de dicho ordenamiento legal, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo las diez horas del veintitrés de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Lista Fiscal Federal adscrito Lista
Quedan 13 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · 7,808 expedientes
- Jessica Renee González Albin1227/2018
- Jesús Abel Pérez Silva1631/2018
- Jesús Adrian Ruiz Luna975/2019
- Jesus Alberto Baez Ramos241/2019
- Jesús Alberto Flores Garduño249/2023
- Jesús Alberto Garrido Arellano1207/2021
- Jesus Alejandro Cruz Rosano670/2019
- Jesús Alejandro López Meneses590/2023
- Jesus Alexis Palacios Ortega741/2020
- Jesus Alfonso Arteaga Sánchez413/2021
- Jesús Antonio Mez Cruz1247/2019
- Jesus Antonio Meza Cruz1273/2019