Jesús Alberto Ocaña Diaz
Expediente 641/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 20 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 641/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 30/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Jesús Alberto Ocaña Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Vigésimo Segundo, del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el tres de marzo de la presente anualidad, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el juicio de amparo y en el segundo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a JESÚS ALBERTO OCAÑA DIAZ; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado y se ordenó abrir cuadernillo de sigilo, por lo anterior, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, devuélvase al JUEZ DE CONTROL DE LA REGION JUDICIAL UNO DE MACUSPANA, TABASCO, el disco en formato DVD de audio y video, derivado de la causa penal 89/2021, de su índice, que envió como anexo a su informe justificado, constancia que se manejó por cuerda separada. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 641/2021-4, promovido por Jesús Alberto Ocaña Díaz, contra los actos que reclama de la Juez de Control y de Enjuiciamiento de Macuspana, Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el dieciocho posterior, Jesús Alberto Ocaña Díaz solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y de la autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 "(.) La DETENCIÓN CON ORDEN DE APREHENSIÓN de fecha 03 de junio del año 2021, de la causa Penal Non 89/2021 (.)" 2 "(.) La PRISIÓN OFICIOSA, dictada en mi contra de fecha 04 de junio del año 2021, de la causa Penal Non 89/2021 (.)" 3 "(.) EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESOS de fecha 09 de junio del año 2021, de la causa Penal Non 89/2021 (.)" AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Juez de Control y de Enjuiciamiento de Macuspana, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se radicó y admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 641/2021-4 del índice de este juzgado; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe con justificación; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; se reservó acordar sobre quien pudiese tener el carácter de tercero interesado; se ordenó tramitar el incidente de suspensión, por haberse solicitado expresamente en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. TERCERA INTERESADA. Mediante proveído de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de terceras interesadas a la fiscal del Ministerio Público que tuvo intervención en la carpeta de investigación, así como a las víctimas de identidad reservada con iniciales J.R.G.S. y A.I.G.S. representadas por Adalinda Suárez Sánchez, por lo que se solicitó a la Juez de Control responsable, informase la adscripción de la primera y el domicilio de la segunda, para llevar a cabo el emplazamiento correspondiente. Además, se ordenó la apertura de un cuadernillo de sigilo para resguardar tanto los datos como la identidad de las víctimas del delito, dado que se tratan de personas menores de edad. En cumplimiento a lo anterior, por oficio 21598/2021 recibido el diez de diciembre de dos mil veintiuno siguiente se emplazó al fiscal tercero interesado. El dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se remitió despacho 205/2021-4 con número de orden 278/2021, para el efecto de emplazar a las víctimas terceras interesadas. Luego, tras el trámite correspondiente, mediante proveído de dieciséis de febrero de la presente anualidad, se tuvo diligenciado el despacho en comento, de la cual se advierte que por notificación personal de catorce de febrero anterior se practicó el emplazamiento de las terceras interesadas por medio de su representante. CUARTO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisarlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La orden de aprehensión girada por la Juez de Control responsable en audiencia privada de seis de abril de dos mil veintiuno, dentro de la causa 89/2021 en contra de Jesús Alberto Ocaña Díaz. El auto de vinculación a proceso dictado por la Juez responsable en la audiencia de nueve de junio de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta 89/2021 de su índice, en contra de Jesús Alberto Ocaña Díaz -aquí quejoso-, como probable responsable en la comisión del delito de pederastia, en agravio de las menores de edad de identidad reservada con iniciales J.R.G.S. y A.I.G.S. representados por Adalina Suárez Sánchez. La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a la quejosa en la causa penal antes referida respecto a su probable responsabilidad en la comisión del delito de pederastia. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Juez de Control responsable, al rendir su informe con justificación manifestó que son ciertos los actos que se le reclaman. [Foja 19] Afirmación que guarda sustento con el DVD (Disco Versátil Digital) que contiene el audio y video de la audiencia privada de orden de aprehensión de seis de abril de dos mil veintiuno; la audiencia inicial por orden cumplida de formulación de imputación y medida cautelar de cuatro de junio de dos mil veintiuno; y la audiencia de continuación de vinculación a proceso y plazo de cierre de investigación complementaria de nueve de junio de dos mil veintiuno, celebradas dentro de la causa 89/2021 del índice de la citada autoridad responsable, así como la copia certificada de las actas mínimas de las citadas diligencias. [Fojas 20 a 22] Documentales a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". También aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, titulada: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". En ese tenor, se colige que la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa, se encuentran plenamente probados. CUARTO. IMPROCEDENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". El quejoso reclama la orden de aprehensión librada en su contra el seis de abril de dos mil veintiuno, por el Juez de Control y de Enjuiciamiento de Macuspana, Tabasco, como probable responsable en la comisión del delito de pederastia, previsto y sancionado en los artículos 327 y 328 del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco, el primer tipo previsto en el numeral 327 en agravio de la menor de edad de identidad reservada con iniciales A.I.G.S., en tanto que el según reproche, establecido en el consecutivo 328 en contra de la menor de edad de identidad reservada con iniciales J.R.G.S., ambas representadas por Adalina Suárez Sánchez. En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." Ahora, de la interpretación de este precepto se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra un acto que emane de un procedimiento judicial en el que opere un cambio de situación jurídica que consuma de forma irreparable las violaciones reclamadas y que no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica. Esta hipótesis de improcedencia se materializa cuando concurren los siguientes requisitos: A. El acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. B. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución en el procedimiento del que dimana el acto reclamado. C. La nueva determinación produzca un cambio de situación jurídica en relación con la parte quejosa, que imposibilite decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el amparo y, por ende, las violaciones reclamadas en éste son irreparables, o bien, que a pesar de que el acto reclamado sea inconstitucional a nada práctico conduciría otorgar la protección federal porque la nueva situación creada -al no ser materia en el amparo- no cambiaría el estado que guardan las cosas. D. Exista autonomía entre el acto reclamado y el nuevo, de tal forma que este último subsista con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Al respecto, sirve de apoyo la tesis 2a. CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IV, diciembre de 1996, página 219, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." El primer requisito descrito se actualiza conforme a las constancias de autos, de las que se advierte que el acto reclamado fue dictado en la causa penal 89/2021, en contra de Jesús Alberto Ocaña Díaz, por el hecho delictuoso de pederastia, previsto y sancionado en los artículos 327 y 328 del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco, el primer tipo previsto en el numeral 327 en agravio de la menor de edad de identidad reservada con iniciales A.I.G.S., en tanto que el según reproche, establecido en el consecutivo 328 en contra de la menor de edad de identidad reservada con iniciales J.R.G.S., ambas representadas por Adalina Suárez Sánchez, con lo que se demuestra que el acto reclamado dimana de un procedimiento que, por naturaleza, es materialmente jurisdiccional, por lo que es evidente que se cumple el primer requisito. En cuanto al segundo supuesto, se destaca que el veintiuno de julio de dos mil veintiuno se tuvo por recibido el oficio 4950 de diecisiete del citado mes y año, al que anexó audiencia privada de la orden de aprehensión de seis de abril de dos mil veintiuno; audiencia inicial de formulación de imputación e imposición de medida cautelar de cuatro de junio de dos mil veintiuno y de la continuación de la audiencia inicial en su fase de vinculación a proceso y plazo de cierre de investigación complementaria de nueve de junio del presente año, y contenidas en un disco versátil digital (DVD), en la causa penal 98/2021, de su índice, en el que dictó auto de vinculación a proceso en contra de Jesús Alberto Ocaña Díaz, por el hecho delictuoso de pederastia, previsto y sancionado en los artículos 327 y 328 del código penal vigente en el estado de tabasco, cometido en agravio de las menores de identidad reservada con iniciales J.R.G.S. y A.l.G.S., representadas por Adalinda Suárez Sánchez,; medio de prueba al que se le concede pleno valor probatorio en términos de los numerales 129, 197 y 202, del Código procesal aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del tenor: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Con relación a la justipreciación de la videograbación indicada, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." De esta suerte, se ha evidenciado que, con posterioridad a la emisión de la determinación consistente en la orden de aprehensión reclamada por la parte quejosa se dictó auto de vinculación a proceso en su contra, el cual también constituye acto reclamado, con lo cual cambió la situación jurídica del quejoso, y es ésta actuación la que ahora rige su actual situación jurídica. Respecto del supuesto mencionado en el inciso C, es menester exponer que la parte quejosa se encuentra sujeta a lo resuelto en el auto de vinculación a proceso dictado por la Juez responsable en la audiencia de nueve de junio de dos mil veintiuno, en la causa penal 89/2021, del índice del Juez de Control y de Enjuiciamiento de Macuspana, Tabasco. Así que, este cambio de situación jurídica evidencia que no puede analizarse la constitucionalidad del acto reclamado en esta instancia constitucional, consistente en la orden de aprehensión de seis de abril de dos mil veintiuno dictada en contra del quejoso Jesús Alberto Ocaña Díaz, por el Juez de Control y de Enjuiciamiento de Macuspana, Tabasco, en razón de que en el supuesto de que se declarara inconstitucional se podría afectar el nuevo acto consistente el auto de vinculación a proceso citado. Finalmente, se advierte colmada la última de la hipótesis, esto es, que el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión dictada por el Juez de Control y de Enjuiciamiento de Macuspana, Tabasco, en la causa penal 89/2021, en contra del referido quejoso y el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso en la misma causa, fueron producidos en distintos momentos dentro del procedimiento penal del que emanan, por lo que existe autonomía entre dichas actuaciones, lo que significa que el citado auto de vinculación a proceso puede subsistir con independencia de que el acto aquí reclamado sea o no inconstitucional. Resulta exactamente aplicable al caso, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), visible en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2482, décima época, materia penal, registro digital 2017544, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." Se robustece el anterior argumento con la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Junio de 2008, página 270, novena época, materia penal, registro digital 169410, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." En las relatadas circunstancias, se decreta el sobreseimiento del acto reclamado en estudio en el presente considerando en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo previsto en el artículo 75 de la ley de la materia, el estudio del acto que en esta vía se reclama se llevará a cabo con base en las constancias de la carpeta 89/2021 que se acompañaron al informe justificado. Visto lo anterior, resulta necesario referir, en lo que interesa, los antecedentes materia de la presente controversia constitucional: A) AUDIENCIA INICIAL DE CONTROL POR ORDEN CUMPLIDA. El cuatro de junio de dos mil veintiuno a las diez horas con treinta y un minutos, la Juez de Control responsable llevó a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación, duplicidad del término constitucional y prisión preventiva oficiosa. De ella se obtiene que: Fueron individualizadas las partes comparecientes (fiscal del ministerio público, asesora jurídica pública, imputado y defensor público); Verificó que el defensor público tuviera la calidad de licenciado en derecho; Luego, la Juez informa al imputado sobre los derechos constitucionales y legales con los que cuenta, acto seguido el imputado procedió a designar defensor público e indicó que requiere la reserva de sus datos personales. La Juez concede un receso de veinte minutos a la fiscal del Ministerio Público para que el efecto de que se imponga de los pormenores de la carpeta. Fase de formulación de imputación. Cumplido el término, se reanudó la audiencia para el efecto de que la representación social formulase su imputación. El fiscal formuló imputación en contra del imputado Jesús Alberto Ocaña Díaz -aquí quejoso-, como probable responsable en la comisión del delito de pederastia, previsto y sancionado en los artículos 327 y 328 del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco, el primer tipo previsto en el numeral 327 en agravio de la menor de edad de identidad reservada con iniciales A.I.G.S., en tanto que el según reproche, establecido en el consecutivo 328 en contra de la menor de edad de identidad reservada con iniciales J.R.G.S., ambas representadas por Adalina Suárez Sánchez. La fiscal manifestó que el señalamiento tiene sustento en los hechos siguientes: En cuanto a la menor de edad de identidad reservada con iniciales A.I.G.S., que cuando la menor tenía once años de edad, el veinte de octubre del año dos mil dieciséis entre las trece horas con diez minutos y las trece horas con quince minutos, en el domicilio ubicado en la calle pozo rayas manzana 12, lote 12, fraccionamiento 15 de agosto, de ciudad Pemex, Macuspana Tabasco se encontraba en la recámara de su madre Adalinda Suárez Sánchez acostada viendo la televisión usted ingreso al cuarto y cerró la puerta, luego le bajó su falda short y su calzón, se agachó y comenzó a introducir sus dedos en su área vaginal; después abrió sus piernas y las puso en sus hombros y comenzó al agacharse y comenzó a chupar su vagina, al terminar le dijo que no le dijera nada a nadie. Pasaron aproximadamente dos semanas, y el cuatro de noviembre del año dieciséis en el mismo domicilio y en la misma habitación, dónde se encontraba la menor viendo la televisión el imputado se introdujo a la habitación, cerró la puerta acostándose al lado de la menor y comenzó a introducirle la mano dentro de su falda short y su calzón comenzó a tocarle su vagina con sus dedos, después le quitó la falda short y su calzón que usted se desabrocho el pantalón, se bajó el cierre y se sacó el pene y se lo introdujo en el ano de la menor víctima, causándole dolor y para que no se moviera, debido al miedo y al dolor, la abrazo fuertemente inmovilizándole, al terminar se paró, se fue al baño y con voz fuerte le dijo a la menor no dijera nada. Tales acciones la repitieron en diversas ocasiones, además el imputado obligaba a la menor víctima a ver videos pornográficos en su celular y les decía que los viera porque así le iba hacer cuando fuera más grande. El dieciséis de mayo de dos mil veinte llevó a la menor víctima de iniciales A.I.G.S., junto con otra menor de siete años de edad, al domicilio de sus padres ubicado en la ranchería Álvaro Obregón de Macuspana Tabasco, luego, encontrándose en ese domicilio siendo aproximadamente las doce de la noche cuando está se encontraban acostada usted para entretener a la otra menor le dio un teléfono celular y aprovecho para acostarse al lado de la menor de iniciales A.I.G.S. de entonces, doce años de edad y estando acostado al lado de él le baja su short y su calzón y lo introdujo su pene en su área anal. Acto seguido, el fiscal hizo saber al imputado que la clasificación jurídica preliminar corresponde al delito de pederastia, previsto y sancionado en el artículo 327 del Código Penal para el Estado de Tabasco. Respecto de la menor de edad de identidad reservada con iniciales J.R.G.S., cuando tenía aproximadamente once años de edad, el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, entre las trece horas con diez minutos y las trece horas con quince minutos, en el domicilio ubicado en la calle pozo rayas manzana 12, lote 12, fraccionamiento 15 de agosto, de ciudad Pemex, Macuspana Tabasco la menor se encontraba en la recámara de su madre Adalinda Suárez Sánchez, en el segundo piso del domicilio, donde estaba viendo la televisión cuando, el imputado ingreso y cerró la puerta, se acostó a su lado, la abrazo y le puso su mano en su estómago y comenzó a bajarla hasta donde ella tenía su short, introduciendo su mano dentro de su ropa interior y al llegar a la vagina la comenzó a tocar con sus dedos, al querer salir la menor e impedir que la siguiera tocando, el imputado la sujetó fuertemente para seguirla tocando, diciéndole después que no le dijera nada a su madre. En otra ocasión, se acercó a la menor y dado que estaba muy nerviosa, le dijo que no le comentará nada a su madre. Luego, cuando la menor tenía doce años, en el dos mil diecisiete, se encontraba en sexto grado de primaria y en el mismo domicilio, la menor se encontraba en la recámara de su madre viendo la televisión, cuando usted ingreso, cerró la puerta y se acostó a su lado, le volvió a tocar y le introdujo sus dedos en su área vaginal que ella salió rápidamente del cuarto y se fue al cuarto de sus hermanas. Acto seguido, el fiscal le hizo saber al quejoso que la clasificación jurídica preliminar corresponde a la prevista en el artículo 328 del Código Penal para el Estado de Tabasco. Además, en ambos casos el imputado interviene como autor directo de la conducta señalada de la conducta de acción dolosa de ejecución instantánea, del concurso real de delitos hasta por hechos conforme a los artículos 8 fracción I, 9, 10, segundo párrafo, 13 y 13 bis del Código Penal para el Estado de Tabasco; ya que vulneró con su conducta el bien jurídicamente tutelado del libre desarrollo de la personalidad en agravio de las menores víctimas, sin que advierte alguna excluyente del delito. Imputaciones que son directas y categóricas, tanto por la madre y representante de las menores Adalinda Suárez Sánchez como por estas, quienes lo señalan como responsable. Hecho lo anterior, la Juez cuestionó, tanto al imputado como a la defensa, si habían comprendido los hechos expresados por la fiscal, además le puntualizó al imputado sobre su derecho a declarar o a reservase, optando por guardar silencio. Luego, la fiscal solicitó la vinculación a proceso, previa verbalización de los siguientes datos de prueba: Entrevista de la menor víctima de identidad reservada con iniciales J.R.G.S. de ocho de febrero de dos mil veintiuno. [Efectuado en estricto apego al protocolo de atención para quienes imparte justicia para niñas, niños y adolescentes, puesto que al momento de rendir testimonio se encontraba en compañía de su madre Adalinda Suárez Sánchez, la psicóloga victimal Ana Virginia cámara Tapia y del asesor particular Sergio Manuel Ramos Núñez] Dictamen de valoración psicológica de la víctima menor de edad de identidad reservada de iniciales J.R.G.S. suscrito por la perito psicóloga Yanet Rodríguez Hernández. Dictamen ginecológico y proctológico practicado a la víctima menor de edad de identidad reservada de iniciales J.R.G.S. de trece de febrero de dos mil veintiuno, suscrito por la médico Cintia Estrella Galván Rodríguez. Entrevista de la menor víctima de identidad reservada con iniciales A.I.G.S. de ocho de febrero de dos mil veintiuno. [Efectuado es estricto apego al protocolo de atención para quienes imparte justicia para niñas, niños y adolescentes, puesto que al momento de rendir testimonio se encontraba en compañía de su madre Adalinda Suárez Sánchez, la psicóloga victimal Ana Virginia cámara Tapia y del asesor particular Sergio Manuel Ramos Núñez] Dictamen ginecológico y proctológico practicado a la víctima menor de edad de identidad reservada de iniciales A.I.G.S. de trece de febrero de dos mil veintiuno, suscrito por la médico Cintia Estrella Galván Rodríguez. Entrevista presentada por Adalinda Suárez Sánchez, de cinco de febrero de dos mil veintiuno. Acta de nacimiento de la víctima menor de edad de identidad reservada de iniciales J.R.G.S. con número de folio 623, con fecha de nacimiento de veintiocho de marzo de dos mil cinco expedida por el Oficialía Número 1 del Registro Civil de Macuspana, Tabasco; con fecha nacimiento doce de febrero de dos mil cinco. Acta de nacimiento de la víctima menor de edad de identidad reservada de iniciales A.I.G.S. con número de folio 2198, con fecha de nacimiento de cinco de noviembre de dos mil ocho expedida por el Oficialía Número 1 del Registro Civil de Macuspana, Tabasco; con fecha nacimiento tres de octubre de dos mil ocho. Luego de lo anterior, la representación social sostuvo solicitud de vincular a proceso al imputado y además, peticionó que se tomaran en consideración los deposados de las víctimas, dado que, al tratarse de un delito que tiene como bien jurídico tutelado el libre desarrollo psicosexual, la declaración de la víctima resulta ser preponderante. También dio oportunidad a la asesora jurídica quien, en uso de voz, manifestó estar de acuerdo con la petición formulada por la fiscal. Termino para resolver la situación jurídica Acto seguido, la Juez de Control hizo saber al imputado el derecho que le asiste para resolver su situación jurídica en ese momento o bien, dentro del término de setenta y dos horas o su duplicidad de ciento cuarenta y cuatro horas, asimismo, le instó a consultar con su defensor antes de tomar la decisión. El inculpado solicitó el término máximo previsto por el marco jurídico para resolver su situación jurídica, dentro del término de ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que se señalaron las doce horas con treinta minutos del nueve de junio de dos mil veintiuno para la continuación de la audiencia relativa. Medida cautelar. Al tratarse el delito de pederastia la fiscal solicitó como medida cautelar, la prisión preventiva oficiosa al imputado por el tiempo que dure el proceso, con fundamento en el artículo 19 Constitucional, 153 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Respecto de lo anterior, la Juez del conocimiento, una vez que escuchó la adhesión de la petición que formuló el asesor jurídico y la atención de pronunciarse sobre la petición de parte del defensor público, cerró debate y resolvió imponer la prisión preventiva oficiosa en los términos solicitados. B) AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO Y PLAZO DE CIERRE DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. Del audio y video de la audiencia de mérito, se advierte que a las doce horas con treinta y seis minutos del nueve de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, en la que se desprende que, previa identificación de las partes comparecientes (fiscales, asesores jurídicos público y particular, defensa particular e imputado) e inasistencia de la representante de las menores víctimas, la Juez de Control corroboró que los profesionistas intervinientes tuvieran calidad de licenciados en derecho y que sus cédulas profesionales estuvieran debidamente registradas. Luego, en atención a que se encuentra presente un asesor jurídico particular y que la fiscal, acreditó tal personalidad, se retiró de la audiencia la asesora jurídica pública al ser relevada de su encargo. Acto seguido, la Juez de Control le reiteró al imputado que sus derechos, tanto constitucionales como legales, continúan vigentes tal y como se le hizo saber en la audiencia anterior. Tras, advertir que la defensa del imputado cambio del pública a particular, la Juez de Control, previa solicitud, decretó un receso de treinta minutos para que el efecto de que se imponga de los pormenores de la carpeta y pueda conversar con el imputado. Reanudada la audiencia, la defensa solicitó a la posibilidad de rendir declaración ante autoridad judicial, ante lo cual la Juez de Control, le hizo saber al imputado los alcances y consecuencias de tal ejercicio, así como los derechos que le asisten. Al respeto, el imputado le reiteró su deseo de rendir declaración, por lo cual la Juez le indicó que deberá conducirse con verdad. Así, el imputado rindió declaración libre y espontánea, acto seguido fue interrogado por su defensa, posteriormente por la representación social y el asesor jurídico particular. Finalizado el interrogatorio, la Juez concedió el uso de la voz a la defensa, quien procedió a efectuar la réplica de los argumentos en los que la fiscal sustentó la solicitud de vinculación a proceso, manifestaciones con las cuales peticionó que no se vincule a proceso a su representado. Luego, el Juez responsable concedió el uso de la voz a la fiscal del Ministerio Público para que ejerciera la réplica, respecto a lo señalado por la defensa, quien reiteró la validez tanto de las declaraciones vertidas por las menores víctimas y dictámenes periciales con lo que soportó la petición de vinculación a proceso. Nuevamente se concedió el uso de la voz a la defensa, a efecto de presentar una contra réplica a lo manifestado por la fiscal, con lo que el defensor del imputado con lo cual volvió a discurrir sobre las inconsistencias de los dictámenes periciales y las declaraciones que sustentan la solicitud de vinculación. A continuación, la Juez de Control responsable determinó un receso para el efecto de poner en orden los pronunciamientos que deberá hacer para resolver la petición de vinculación a proceso. Al reanudar la audiencia, la Juez de Control responsable procedió a resolver la petición de vinculación a proceso en contra del imputado Jesús Alberto Ocaña Díaz -aquí quejoso-, como probable responsable en la comisión del delito de pederastia, previsto y sancionado sin prejuzgar en los numerales 327 y 328 del Código Penal del Estado de Tabasco, en agravio de las menores de edad de identidad reservada con iniciales J.R.G.S. y A.I.G.S. representados por Adalina Suárez Sánchez. Consideró que, en caso en estudio, no opera en favor del imputado excluyente alguna de incriminación penal, además estimó que se encontraban satisfechos los requisitos contenidos en los artículos 313 al 316 del código Nacional de Procedimientos Penales y en consecuencia se dictó auto de vinculación a proceso en su contra. Lo anterior, dado que se formuló imputación por parte de la fiscal; el inculpado tuvo oportunidad de declarar, lo cual se reservó en un principio y ejerció en la continuación de la audiencia inicial; y obran datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. Para ello, se apoyó en los datos de prueba verbalizados por la representación social, a los cuales les concedió valor probatorio en términos de los numerales 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, la Juez responsable estimó que los datos de prueba verbalizados por el fiscal son suficientes para establecer que el inculpado es quien probablemente cometió los hechos que se le atribuyen, esto es, que es el autor directo de los mismos, pues hay un señalamiento directo, firme y categórico de las menores víctimas de identidad reservada y su madre en su contra, por lo que se puede inferir que se trata de un hecho de naturaleza dolosa, de consumación instantánea y que, además se transgredieron los derechos de personas menores de edad, al coartar su bien jurídico tutelado del libre desarrollo de la personalidad y por lo tanto también se actualiza lo referido en los artículos 12 y 13 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tabasco. Plazo de cierra de investigación Finalmente, previa petición de la fiscal y previa manifestación de conformidad que expresó tanto el asesor jurídico y la defensa particulares, la Juez de Control, con fundamento en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableció como plazo de cierre de la investigación de tres meses, con vencimiento de nueve de septiembre de dos mil veintiuno. SEXTO. ESTUDIO Y DECISIÓN. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Ahora el impetrante de amparo, en su demanda adujo, en síntesis, como primer y segundo concepto de violación indicó que la resolución reclamada vulnera en su perjuicio la garantía de audiencia y el derecho a ser vencido en juicio, dado que insiste que no existe delito pues no se encuentran reunidos los elementos típicos de injusto que se le imputa ni tampoco se encuentra acreditada su responsabilidad. Aduce que la investigación y por tanto, la resolución de vinculación no se encuentran fundadas ni motivadas, por lo que no se cumplen las formalidades establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, indica que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa es arbitraria. En su tercer y cuarto motivo de disenso indicó que toda vez que para dictarse un auto de vinculación a proceso se reclama que el cuerpo del delito este comprobado, lo cual en la especie no sucede, dado que no existen elementos de prueba suficientes para acreditar el delito; por tanto, debe tenerse por ilegal, tanto la detención como la propia vinculación a proceso. Citó como sustento a lo anterior las tesis aisladas de texto y registro siguientes: "IN DUBIO PRO REO. ESTE PRINCIPIO GOZA DE JERARQUÍA CONSTITUCIONAL AL CONSTITUIR UNA REGLA IMPLÍCITA DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA." Registro: 2018951. Devienen INFUNDADOS los conceptos de violación que esgrimió el quejoso; sin que, en el caso, a criterio de esta juzgadora, se advierta que opere en favor del peticionario, suplencia de la queja en términos de lo previsto en el inciso a) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo. A fin justificar la anterior postura, cabe señalar que el caso que nos ocupa, se atendieron las formalidades esenciales del procedimiento, salvaguardando con ello el derecho fundamental de debido proceso tutelado en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que instituye: "Artículo 14 [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]". La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, analizó los numerales 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que introducen el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, el cual se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, mismos principios que se establecen en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 7 9 del Código Militar de Procedimientos Penales. La oralidad en el nuevo sistema penal acusatorio, se constituye en un instrumento de relevancia primordial puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios que se enlistan a continuación: Publicidad: Es el derecho que tiene el procesado a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal; éste sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. Contradicción: Consagra el derecho del procesado a que se le informe desde su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, de los hechos que se le imputan y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa; que se le reciban los testigos y demás datos pertinentes que ofrezca en su favor y a impugnar u objetar los datos existentes en la carpeta de investigación y los que sean ofrecidos en su contra. Permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal, estarán sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener la imputación o la defensa, respectivamente. Concentración: Tiene como finalidad lograr el debate procesal en pocas audiencias con el fin de llevar a cabo el mayor número de cuestiones en un menor número de actuaciones. Continuidad: Se refiere a limitar las interrupciones del proceso. Inmediación: Implica que todas las audiencias se desarrollarán en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. Además de que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. Al respecto, el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estable lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". Ahora, como ya quedó asentado, este órgano de amparo considera que en la especie se encuentran satisfechas las formalidades esenciales del procedimiento del cual deriva el acto génesis de la controversia constitucional que se resuelve. Lo anterior es así, dado que de la reproducción del audio y video de las audiencias remitidas por la Juez de Control responsable, se desprende que ambas diligencias, tanto la inicial de cuatro de junio de dos mil veintiuno; como su continuación de nueve de junio siguiente se desarrollaron de manera oral. Asimismo, se desprende que las aludidas audiencias fueron públicas y que en todo momento se salvaguardó el derecho de contradicción del imputado, al ser informado de los hechos que se le atribuyen y los datos de prueba propuestos por la fiscal del Ministerio Público, teniendo la oportunidad de objetarlos y aportar los propios. También se observa que el debate estuvo presente en ambas audiencias, puesto que se permitió al imputado el ejercicio de su derecho a que su situación jurídica se resolviera en el término máximo previsto por la constitucional y legal, es decir, en el término de ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que se cumplió con el principio de concentración. De igual forma, se atendió al principio de continuidad, aun cuando en la audiencia de cuatro de junio de dos mil veintiuno, se decretó un receso, pues éste está permitido por el segundo párrafo del artículo 311 del Código Militar de Procedimientos Penales. De la misma manera, las audiencias se realizaron conforme al principio de inmediación, ya que el Juez de Control estuvo a cargo de ambas audiencias. En igual tenor, de las referidas audiencias se advierte que se observaron los lineamientos establecidos por los artículos 303 al 311 del Código Militar de Procedimientos Penales, esto es: Concurrieron a la misma la fiscal del Ministerio Público, asesor jurídico particular y asesora jurídica pública, el imputado, así como los defensores público y particular; Se informó al inculpado sus derechos constitucionales y legales; Se formuló la imputación en la que la fiscal del Ministerio Público expuso al imputado el hecho que le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de su intervención, así como el nombre de la persona que le acusó; Se le dio oportunidad al inculpado para que declarase si era su deseo o si prefería mantener el derecho a permanecer en silencio, optando por conducirse bajo esa última acción; Al realizar la representante social la solicitud de vinculación a proceso del imputado, se le explicó en qué consistía esta, así como los momentos en los cuales podía resolverse la misma; Se cuestionó al imputado si deseaba que se resolviera sobre su vinculación a proceso en esa audiencia, dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicitaba la ampliación de dicho plazo; Al respecto, el inculpado, asesorado de su defensor público militar, solicitó se resolverá sobre su situación jurídica en el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, lo cual se hizo así; Se otorgó la oportunidad a la defensa para que presentara la réplica respectiva sobre la solicitud de vinculación; Se dio oportunidad a la fiscal del Ministerio Público para que respondiera la réplica de la defensa, lo cual atendió la representación social; De nueva cuenta, se brindó espacio a la defensa para que presentara contra réplica novedosa ante lo manifestado por el Fiscal; Después, la Juez cerró debate y dictó el auto de vinculación a proceso; y, Aunado al hecho que se definió, tanto la medida cautelar como el plazo para el cierre de la investigación complementaria. Con lo anterior, se soporta la afirmación de este órgano de amparo que, en efecto, se cumplen con los extremos de formalidad que el procedimiento penal acusatorio exige. Por otra parte, se considera que el acto reclamado se encuentra suficientemente fundado y motivado. En efecto, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". El precepto trascrito contiene el derecho fundamental a la legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, página 166, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Consideraciones similares informan la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de dichos presupuestos constitucionales es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca el precepto legal, empero resulta inaplicable al caso, mientras que la indebida motivación se actualiza cuando la autoridad expresa razones para emitir su acto, pero éstas no se adecuan a la hipótesis normativa, o bien, ésta se interpreta en forma errónea. Ahora bien, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso que los objetivos del Sistema Penal Acusatorio son: Determinar la verdad real, histórica o procesal; Determinar la existencia de un hecho típico; Identificar a su autor; Lograr el esclarecimiento de los hechos; Resolver el conflicto suscitado entre las partes, protegiendo al inocente y procurando que el culpable no quede impune; Lograr efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; Aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales; Dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos; y, Facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. En la ejecutoria de mérito también se precisa que en el sistema acusatoria adversarial se modifican los estándares probatorios en términos del tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A del 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los términos siguientes. Se determina la no formalización de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Se impide al juzgador del proceso oral revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria no formalizada con el fin de evitar que se prejuzgue, y mantener la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Bajo las reglas del sistema en cita, al emitir una orden de aprehensión o resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el juez de control a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Por ende, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el estándar probatorio cambió, aduciendo que en la etapa preliminar o de investigación sólo se requiere que el ministerio público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. Aunado a ello, conforme a lo dispuesto por la fracción III del apartado A del reformado artículo 20 constitucional, en la etapa de investigación tales datos de prueba no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. En ese contexto, el suscrito considera que la resolución reclamada se encuentra suficientemente fundada y motivada. En efecto, la Juez de Control se apoyó en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los ordinales 12 y 13 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tabasco; además, expuso las razones por las que estimó se reunían los requisitos para vincular a proceso al imputado -aquí quejoso- Jesús Alberto Ocaña Díaz. Para ello refirió que los datos de prueba verbalizados por la fiscal del Ministerio Público, le permitió establecer que se había cometido un hecho que la ley señala como delito, el cual identificó como pederastia, que indicó se encuentra previsto y sancionado en los artículos 327 y 328 del Código Penal para el Estado de Tabasco. Asimismo, consideró que los datos de prueba eran suficientes para establecer que el imputado probablemente realizó los hechos que se le atribuyen o participó en su ejecución. Ahora, el primer párrafo del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.[.]". Del referido precepto constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a los últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su realización. El aludido texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos precitados, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. Acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de su descripción típica, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si aquél quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Las anteriores consideraciones fueron sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 24/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, de rubro "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". En consonancia con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Los anteriores requisitos y presupuestos se consideran satisfechos en el presente asunto, como se evidenciará enseguida. El primer requisito previsto por el numeral 316 del código precitado, se considera colmado porque en la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación contra Jesús Alberto Ocaña Díaz, por su probable intervención en la comisión de un hecho que la ley señala como delito de pederastia, previsto y sancionado por los artículos 317 y 328, del Código Penal para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de las menores de identidad reservada con iniciales J.R.G.S. y A.I.G.S. representados por Adalina Suárez Sánchez. En la audiencia se observa que la representación social hizo referencia a los hechos atribuidos fueron los siguientes: En cuanto a la menor de edad de identidad reservada con iniciales A.I.G.S., que cuando la menor tenía once años de edad, el veinte de octubre del año dos mil dieciséis entre las trece horas con diez minutos y las trece horas con quince minutos, en el domicilio ubicado en la calle pozo rayas manzana 12, lote 12, fraccionamiento 15 de agosto, de ciudad Pemex, Macuspana Tabasco se encontraba en la recámara de su madre Adalinda Suárez Sánchez acostada viendo la televisión usted ingreso al cuarto y cerró la puerta, luego le bajó su falda short y su calzón, se agachó y comenzó a introducir sus dedos en su área vaginal; después abrió sus piernas y las puso en sus hombros y comenzó al agacharse y comenzó a chupar su vagina, al terminar le dijo que no le dijera nada a nadie. Pasaron aproximadamente dos semanas, y el cuatro de noviembre del año dieciséis en el mismo domicilio y en la misma habitación, dónde se encontraba la menor viendo la televisión el imputado se introdujo a la habitación, cerró la puerta acostándose al lado de la menor y comenzó a introducirle la mano dentro de su falda short y su calzón comenzó a tocarle su vagina con sus con sus dedos, después le quitó la falda short y su calzón que usted se desabrocho el pantalón, se bajó el cierre y se sacó el pene y se lo introdujo en el ano de la menor víctima, causándole dolor y para que no se moviera, debido al miedo y al dolor, la abrazo fuertemente inmovilizándole, al terminar se paró, se fue al baño y con voz fuerte le dijo a la menor no dijera nada. Tales acciones la repitieron en diversas ocasiones, además el imputado obligaba a la menor víctima a ver videos pornográficos en su celular y les decía que los viera porque así le iba hacer cuando fuera más grande. El dieciséis de mayo de dos mil veinte llevó a la menor víctima de iniciales A.I.G.S., junto con otra menor de siete años de edad, al domicilio de sus padres ubicado en la ranchería Álvaro Obregón de Macuspana Tabasco, luego, encontrándose en ese domicilio siendo aproximadamente las doce de la noche cuando está se encontraban acostada usted para entretener a la otra menor le dio un teléfono celular y aprovecho para acostarse al lado de la menor de iniciales A.I.G.S. de entonces, doce años de edad y estando acostado al lado de él le baja su short y su calzón y lo introdujo su pene en su área anal. Respecto de la menor de edad de identidad reservada con iniciales J.R.G.S., cuando tenía aproximadamente once años de edad, el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, entre las trece horas con diez minutos y las trece horas con quince minutos, en el domicilio ubicado en la calle pozo rayas manzana 12, lote 12, fraccionamiento 15 de agosto, de ciudad Pemex, Macuspana Tabasco la menor se encontraba en la recámara de su madre Adalinda Suárez Sánchez, en el segundo piso del domicilio, donde estaba viendo la televisión cuando, el imputado ingreso y cerró la puerta, se acostó a su lado, la abrazo y le puso su mano en su estómago y comenzó a bajarla hasta donde ella tenía su short, introduciendo su mano dentro de su ropa interior y a llegar a la a su vagina la comenzó a tocar con sus dedos, al querer salir la menor e impedir que la siguiera tocando, el imputado la sujetó fuertemente para seguirla tocando, diciéndole después que no le dijera nada a su madre. En otra ocasión, se acercó a la menor y dado que estaba muy nerviosa, le dijo que no le comentará nada a su madre. Luego, cuan la menor tenía doce años, en el dos mil diecisiete, se encontraba en sexto grado de primaria y en el mismo domicilio, la menor se encontraba en la recámara de su madre viendo la televisión, cuando usted ingreso, cerró la puerta y se acostó a su lado, le volvió a tocar y le introdujo sus dedos en su área vaginal que ella salió rápidamente del cuarto y se fue al cuarto de sus hermanas. De igual forma, se desprende de la audiencia en cuestión, que el fiscal hizo saber al inculpado que los hechos que se le imputan están previstos y sancionados como delito de pederastia, en los artículos 327 y 328 del Código Penal para el Estado de Tabasco; que en cuanto a su participación, se le considera como autor material directo, que su conducta es dolosa porque quiso y aceptó su realización, y respecto del grado de ejecución consideró que era de consumación instantánea, en términos de los numerales 8 fracción I, 9, 10 y 13 bis del Código Penal para el Estado de Tabasco, respectivamente. El segundo requisito [que se hubiere otorgado la oportunidad al imputado de declarar], también fue observado por la responsable, ya que se aprecia que el Juez responsable hizo de conocimiento al imputado sobre el derecho que tenía a declarar y se le informó de las consecuencias de hacerlo o de guardar silencio. El tercer requisito [se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión], se considera cumplido. En efecto, de la videograbación en estudio se desprende que la Juez de Control expuso que con los datos de prueba verbalizados, se establecía el hecho referido por la fiscal del Ministerio Público Militar [que el imputado ejecutó actos erótico sexuales a ambas víctimas y penetró analmente a una de ellas], mismo que la ley señala como delito de pederastia, previsto sancionado por los artículo 327 y 328, del Código Penal para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de las menores de identidad reservada con iniciales J.R.G.S. y A.I.G.S. representados por Adalina Suárez Sánchez. En ese tenor, se estima que existen datos de prueba suficientes con los que se puede razonablemente establecer la probable participación del imputado, aquí quejoso, en la comisión de los hechos en cuestión, particularmente con: Entrevista de la menor víctima de identidad reservada con iniciales J.R.G.S. de ocho de febrero de dos mil veintiuno. [Efectuado es estricto apego al protocolo de atención para quienes imparte justicia para niñas, niños y adolescentes, puesto que al momento de rendir testimonio se encontraba en compañía de su madre a la Adalinda Suárez Sánchez, la psicóloga victimal Ana Virginia cámara Tapia y del asesor particular Sergio Manuel Ramos Núñez] Entrevista de la menor víctima de identidad reservada con iniciales A.I.G.S. de ocho de febrero de dos mil veintiuno. [Efectuado es estricto apego al protocolo de atención para quienes imparte justicia para niñas, niños y adolescentes, puesto que al momento de rendir testimonio se encontraba en compañía de su madre a la Adalinda Suárez Sánchez, la psicóloga victimal Ana Virginia cámara Tapia y del asesor particular Sergio Manuel Ramos Núñez] Entrevista presentada por Adalinda Suárez Sánchez, de cinco de febrero de dos mil veintiuno. Por medio de las cuales se pone en conocimiento de la representación social los hechos por los cuales se dio inicio a la investigación, además de señalar como probable responsable al imputado -aquí quejoso-. Además, que ambas víctimas indicaron la dinámica de los hechos y señalaron directamente al impetrante como quien ejecuto las conductas reprochadas por la representación social. Dictamen de valoración psicológica de la víctima menor de edad de identidad reservada de iniciales J.R.G.S. suscrito por la perito psicóloga Yanet Rodríguez Hernández. Donde determinó que la víctima presentó síntomas estresantes, que requiere apoyo, pues se siente amenazada y se encuentra en estado de incertidumbre conflictiva y aislamiento, derivado de los hechos vividos; y por lo tanto requiere tratamiento. Dictamen ginecológico y proctológico practicado a la víctima menor de edad de identidad reservada de iniciales J.R.G.S. de trece de febrero de dos mil veintiuno, suscrito por la médico Cintia Estrella Galván Rodríguez. Dictamen ginecológico y proctológico practicado a la víctima menor de edad de identidad reservada de iniciales A.I.G.S. de trece de febrero de dos mil veintiuno, suscrito por la médico Cintia Estrella Galván Rodríguez. Experticiales que soportan las lesiones y trastornos físicos sufridos por las víctimas tras la ejecución de los actos que constituyen la fuente de la investigación. Acta de nacimiento de la víctima menor de edad de identidad reservada de iniciales J.R.G.S. con número de folio 623, con fecha de nacimiento de veintiocho de marzo de dos mil cinco expedida por el Oficialía Número 1 del Registro Civil de Macuspana, Tabasco; con fecha nacimiento doce de febrero de dos mil cinco. Acta de nacimiento de la víctima menor de edad de identidad reservada de iniciales A.I.G.S. con número de folio 2198, con fecha de nacimiento de cinco de noviembre de dos mil ocho expedida por el Oficialía Número 1 del Registro Civil de Macuspana, Tabasco; con fecha nacimiento tres de octubre de dos mil ocho. Documentos con los cuales se advierte la edad de las menores víctimas y el parentesco con su representante. Datos de prueba de los que se obtiene que el imputado -aquí quejoso- Jesús Alberto Ocaña Díaz fue identificado como la persona que probablemente ejecutó en diversas ocasiones actos eróticos sexuales sobre ambas menores de identidad reservada y además penetró analmente a una de ellas. También se considera jurídicamente correcta la apreciación de la responsable en cuanto a la probable intervención del imputado en la comisión del hecho considerado como delito. Ello porque los antecedentes de la investigación propuestos por la fiscal del Ministerio Público, arrojan datos de prueba que establecen señalamiento de parte de la menor víctima que indican la probabilidad de que el imputado realizó los hechos señalados por la ley como delito de pederastia, previsto y sancionado por los artículos 327 y 328 del Código Penal para el Estado de Tabasco. En efecto, la Juez de Control responsable ponderó los datos de prueba aportados por la representación social al formular la imputación y solicitar la vinculación a proceso, pues de los mismos se obtiene que el inculpado ejecutó actos sexuales en contra de ambas víctimas y además, penetró analmente a la una de ellas. Sobre el particular, conviene reiterar que, tratándose de un auto de vinculación a proceso, el estándar probatorio es menor y basta que exista la probabilidad de que el imputado haya participado en la comisión de los hechos que se le atribuyen, esto es, no se requiere que se demuestre plenamente, ya que esto sólo es exigible al dictarse sentencia. Por lo que, en esta fase del proceso penal en cuestión, se considera que los medios de investigación propuestos resultan idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió. De ahí que se pueda colegir razonablemente que el inculpado, aquí quejoso, probablemente realizó de manera directa el hecho que se le imputa, mismo que es considerado instantáneo porque su consumación se agotó en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos. Conducta que es dolosa, pues sabía que es contrario a la ley efectuar tocamientos en el cuerpo de las víctimas que en el momento de los hechos eran menores de edad, sin que se alegara por las partes alguna excluyente de incriminación o una causa de extinción de la acción penal. Cabe destacar que, de la videograbación de las audiencias en cuestión, no se aprecia que el quejoso o su defensa hayan incorporado y verbalizado datos de prueba que desvirtuaran los hechos imputados, salvo la declaración del propio imputado. Sin que obste a lo anterior, que la defensa verbalizó diversas razones por las cuales estimó que los datos de prueba con los que la fiscal sostuvo su solicitud no son idóneos, pues las declaraciones son incongruentes y los dictámenes, tanto médico como psicológico no resultan razonables ni suficientes para soportar la vinculación. De igual forma, respecto del cuarto requisito, la responsable señaló que de lo expuesto en la audiencia no se advertía que se actualizara alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. De lo anterior se puede colegir que fue jurídicamente correcto el proceder de la Juez de Control, pues se advierte que su análisis no contraviene las reglas de la sana crítica y la lógica, en virtud de que los datos de prueba proporcionan indicios razonables y suficientes,-al menos hasta ese estadio procesal-, para informar sobre la existencia del hecho que la ley señala como delito de pederastia, previsto y sancionado por los artículos 327 y 328 del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio de las menores de identidad reservada con iniciales J.R.G.S. y A.I.G.S Datos de prueba de los que se puede establecer que probablemente el imputado respecto de la menor de edad de identidad reservada con iniciales A.I.G.S., el veinte de octubre del año dos mil dieciséis entre las trece horas con diez minutos y las trece horas con quince minutos, en el domicilio ubicado en la calle pozo rayas manzana 12, lote 12, fraccionamiento 15 de agosto, de ciudad Pemex, Macuspana Tabasco se encontraba en la recámara de su madre Adalinda Suárez Sánchez acostada viendo la televisión usted ingreso al cuarto y cerró la puerta, luego le bajó su falda short y su calzón, se agachó y comenzó a introducir sus dedos en su área vaginal; después abrió sus piernas y las puso en sus hombros y comenzó al agacharse y comenzó a chupar su vagina, al terminar le dijo que no le dijera nada a nadie. Además, el cuatro de noviembre del año dieciséis en el mismo domicilio y en la misma habitación, dónde se encontraba la menor viendo la televisión el imputado se introdujo a la habitación, cerró la puerta acostándose al lado de la menor y comenzó a introducirle la mano dentro de su falda short y su calzón comenzó a tocarle su vagina con sus con sus dedos, después le quitó la falda short y su calzón que usted se desabrocho el pantalón, se bajó el cierre y se sacó el pene y se lo introdujo en el ano de la menor víctima, causándole dolor y para que no se moviera, debido al miedo y al dolor, la abrazo fuertemente inmovilizándole, al terminar se paró, se fue al baño y con voz fuerte le dijo a la menor no dijera nada. Que tales acciones la repitieron en diversas ocasiones, además el imputado obligaba a la menor víctima a ver videos pornográficos en su celular y les decía que los viera porque así le iba hacer cuando fuera más grande. Aunado a que el dieciséis de mayo de dos mil veinte llevó a la menor víctima de iniciales A.I.G.S., junto con otra menor de siete años de edad, al domicilio de sus padres ubicado en la ranchería Álvaro Obregón de Macuspana Tabasco, luego, encontrándose en ese domicilio siendo aproximadamente las doce de la noche cuando está se encontraban acostada usted para entretener a la otra menor le dio un teléfono celular y aprovecho para acostarse al lado de la menor de iniciales A.I.G.S. de entonces, doce años de edad y estando acostado al lado de él le baja su short y su calzón y lo introdujo su pene en su área anal. Asimismo, respecto de la menor de edad de identidad reservada con iniciales J.R.G.S., el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, entre las trece horas con diez minutos y las trece horas con quince minutos, en el domicilio ubicado en la calle pozo rayas manzana 12, lote 12, fraccionamiento 15 de agosto, de ciudad Pemex, Macuspana Tabasco la menor se encontraba en la recámara de su madre Adalinda Suárez Sánchez, en el segundo piso del domicilio, donde estaba viendo la televisión cuando, el imputado ingreso y cerró la puerta, se acostó a su lado, la abrazo y le puso su mano en su estómago y comenzó a bajarla hasta donde ella tenía su short, introduciendo su mano dentro de su ropa interior y a llegar a la a su vagina la comenzó a tocar con sus dedos, al querer salir la menor e impedir que la siguiera tocando, el imputado la sujetó fuertemente para seguirla tocando, diciéndole después que no le dijera nada a su madre. Luego, en dos mil diecisiete, se encontraba en sexto grado de primaria y en el mismo domicilio, la menor se encontraba en la recámara de su madre viendo la televisión, cuando usted ingreso, cerró la puerta y se acostó a su lado, le volvió a tocar y le introdujo sus dedos en su área vaginal que ella salió rápidamente del cuarto y se fue al cuarto de sus hermanas. Se estima lo anterior, pues contrario a lo sostenido por el impetrante, la juzgadora responsable al realizar la valoración libre, lógica, integral y armónica le permitió concluir que el ahora quejoso fue la persona que probablemente cometió el hecho que se le imputa donde quedaron establecidos el tiempo y circunstancias de su ejecución. De ahí que, las manifestaciones de su defensa por medio de las cuales pretende restar valor probatorio a los datos de prueba verbalizados por la fiscalía son infundados, puesto que inverso a su argumento no son carentes de razonabilidad, idoneidad y por tanto resultan suficientes para soportar el acto que reclama. Además, invocó correctamente el marco jurídico que sostiene su resolución y adminiculó las razones por los cuales fue procedente su decisión. En abono a lo anterior se reitera que resultan infundados dichos motivos de disenso, ya que en esta etapa procesal únicamente se toman en cuenta los datos de prueba verbalizados por el fiscal acusador y los datos que en su caso ofrezca la parte imputada respecto de los hechos imputados, ya que la valoración formal del acervo probatorio es una actividad propia de la etapa de juicio oral, además de que la parte quejosa no exhibió prueba alguna para controvertir los datos de prueba presentados por la representación social También, como ya quedó precisado, al quejoso le fue garantizado debidamente la protección de los derechos humanos que el marco de regularidad constitucional le ofrece dentro de la prosecución del proceso penal al que está sujeto, en particular al derecho de defensa en virtud de que fue asistido por el defensor particular, quien se impuso con oportunidad de la carpeta de investigación y realizó manifestaciones a favor de su representado en contestación a la solicitud de auto de vinculación a proceso formulada por el Fiscal, además de que la defensa solicitó auto de no vinculación a proceso a favor de su defendido, se le otorgó copia certificada de la audiencia inicial, siendo además, notificado de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso y de cierre de investigación, de ahí que se evidencia que no se violó su derecho de defensa adecuada. Con base en todo lo anterior, este órgano de amparo estima que la providencia cautelar de prisión preventiva, se encuentra ajustada a derecho y por tanto, no se considera una medida arbitraria, toda vez que su dictado se presentó en el marco de la imputación de parte de la fiscal del Ministerio Público, respecto de un tipo delictivo que prevé tal medida como de aplicación oficiosa y además, como ya se dijo, existen datos de prueba suficientes para suponer la probable responsabilidad del aquí quejoso. Máxime si, el tipo penal que se le reprocha al imputado en la causa de origen -pederastia- tiene como característica intrínseca, la de tener aparejada la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en términos de la fracción IX del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que no es el caso de que el impetrante, al ser probable responsable de una conducta que por su gravedad amerite prisión preventiva oficiosa, pueda gozar de una salida alterna. En ese tenor, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, no violenta derecho humano alguno del impetrante de amparo, pues a través de su cauce no se prejuzga sobre la culpabilidad o inocencia, ni se le impone pena alguna, sino que, tiene como objeto asegurar que permanezca vinculado al procedimiento punitivo en tanto no se haya dictado sentencia definitiva. A lo antes considerado, sirve de apoyo el criterio 1a. CXXXV/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, página 493, Materias Constitucional-Penal, Décima Época, registro 2001432, de rubro y texto: "PRISIÓN PREVENTIVA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Conforme al artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, no pueden suprimirse el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la propia convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Ahora bien, la privación de la libertad de una persona en forma preventiva con arreglo a la ley y al procedimiento fijado para ello no constituye una transgresión al principio de presunción de inocencia, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, permite que se restrinja la libertad de una persona como medida cautelar, mediante un auto de formal prisión dictado por un delito que merezca pena de prisión; lo que es acorde con el artículo 7.2 de la referida Convención que dispone que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, máxime que el detenido preventivamente no purga una pena anticipada." De ahí que no le asista la razón al quejoso y por consiguiente, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Resulta importante destacar que la presente resolución atiende al contenido fundamental de lo planteado por el quejoso, sin que ello se traduzca en falta de exhaustividad o lesión en la posibilidad defensiva, sino que, se reitera, se aborda lo toral de los planteamientos propuestos en su concepto de violación. Lo anterior, ya que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos judiciales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas. Encuentra apoyo dicha consideración en el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CVIII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, materia constitucional, página 793, registro 172517, de rubro y texto: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente". Ahora, esta juzgadora considera que, en atención a la argumentación que soporta la presente resolución, donde se sostiene que la vinculación a proceso dictada en contra del quejoso no transgredió sus derechos humanos en ningún sentido, ni en particular el principio del debido proceso ni el de igualdad procesal entre las partes, es que los postulados en los que se basan el criterio judicial invocado por este no resulta procedente ni aplicable para conceder la protección solicitada. Lo anterior, dado que, como ya se afirmó la autoridad responsable de ninguna forma transgredió su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos del impetrante durante el desarrollo de las diligencias de donde derivó el acto que por esta vía se reclama. Máxime que, al ser una tesis aislada, conforme a lo establecido por el artículo 217 de la Ley de Amparo no revisten observancia obligatoria para este juzgador federal. Además, del análisis practicado al audio y video de las audiencias que precedieron a la emisión del auto de vinculación, como ya se afirmó, no se advierte falta de seriedad o parcialidad de parte del Juez de Control responsable. Consecuentemente, ante lo infundado de los argumentos de denuesto y sin que se advierta queja deficiente que suplir a favor de los recurrentes, en acatamiento a lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio, promovido por *********, en contra de las autoridades precisadas en el resultando PRIMERO, en términos del considerando CUARTO, de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, por las razones y consideraciones que quedaron precisadas en el considerando SEXTO de esta sentencia. TERCERO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.
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AVISO JUDICIAL NOTIFICACIÓN CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio, promovido por *********, en contra de las autoridades precisadas en el resultando PRIMERO, en términos del considerando CUARTO, de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, por las razones y consideraciones que quedaron precisadas en el considerando SEXTO de esta sentencia. TERCERO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.
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