Jesús Alberto Mejía Martínez

Expediente 735/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 25 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
735/2017
Año
2017
Actuaciones
25
Última actuación
29/05/2018

Partes del expediente

  • Jesús Alberto Mejía Martínez
  • No Existe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa o tercera interesada, en su caso, se inconformaran contra el proveído de tres de los actuales, en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en autos; por ende, se tiene por consentido dicho acuerdo. Como el juicio en que se actúa se encuentra debidamente integrado y no existe actuación alguna por cumplimentar, se ordena agregar al expediente principal el cuaderno original del incidente de suspensión; hecho que sea, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de registro de juicios de garantías que se lleva en este órgano de control constitucional. Se hace la precisión que este expediente, así como el cuaderno original del incidente de suspensión son susceptibles de depuración, ambos, una vez que transcurran cinco años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en los supuestos previstos en las fracciones III y IV, del punto Vigésimo primero del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, toda vez que se concedió la protección constitucional en el juicio y la suspensión respecto de los actos reclamados, además, al prudente arbitrio de esta autoridad no tienen relevancia documental, sin perjuicio de conservar el escrito de demanda, sentencia definitiva y de las resoluciones que otorgaron la medida cautelar.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el exhorto enviado por el Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, vía correo electrónico; ahora bien, toda vez que se corroboró su autenticidad en términos de la certificación de cuenta, por ende, con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal mencionado, merece valor probatorio pleno.Por tanto, se tiene a dicha autoridad devolviendo diligenciado el exhorto 218/2018 de su índice, formado con motivo del diverso 111/2018-II, deducido del juicio de amparo en que se actúa, girado para que en auxilio de las labores de este juzgado se notificara al quejoso Jesús Alberto Mejía Martínez el proveído de dieciocho de los actuales, en que se dio vista por u plazo de tres días para que manifestara lo que a su derecho conviniese, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dado por la autoridad responsable, lo cual fue notificado el veinte de los actuales, por consiguiente se encuentra transcurriendo dicho plazo, por lo que una vez que concluya dése nueva vista para determinar el cumplimiento o no de la ejecutoria de amparo. Acúsese el recibo de estilo al juzgado exhortado y dése de baja en el libro correspondiente.

  3. Principal

    agréguese el oficio de cuenta recibido vía correo electrónico. Ahora bien, toda vez que se corroboró su autenticidad en término de la certificación de cuenta, por ende, merece valor probatorio pleno. Por tanto, se tiene por recibido el oficio que remite el Juez de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, en el cual informa que en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, en el expediente de ejecución 609/2016, relativo a la ejecución de sanción impuesta a Jesús Alberto Mejía Martínez, tuvo verificativo la audiencia incidental, en la que se determinó procedente la incidencia sobre prescripción de la reparación del daño solicitada por el quejoso, interponiendo recurso de apelación la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para tal efecto remite copia certificada del acta levantada de dicha audiencia. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable, dése vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, en el entendido que una vez transcurrido dicho lapso, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano judicial analizará si la sentencia está cumplida o no lo está, si la responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En la inteligencia que acorde a lo dispuesto en el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el expediente en que se actúa queda a su disposición en la secretaría del juzgado, a efecto de que se impongan del contenido del oficio de cuenta. En consecuencia, toda vez que el quejoso Jesús Alberto Mejía Martínez, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social, en Cadereyta, Nuevo León, esto es fuera de la residencia de este juzgado; de distrito, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto de manera electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, en turno, con residencia en Monterrey, para que en auxilio a las labores de este juzgado, comisione a uno de los Actuarios de su adscripción para que se constituya en las instalaciones de dicho centro federal, o en el lugar en que le digan que se encuentra recluido el mencionado agraviado y le notifique el presente proveído, acompañando para tal efecto copia simple de dicho acuerdo. Se faculta al Juez exhortado para que de ser necesario, habilite días y horas inhábiles, así como para que acuerde todo lo necesario para el debido desahogo de la encomienda. Asimismo, se le solicita que de no existir inconveniente legal alguno, una vez que se lleve a cabo la notificación correspondiente, envíe vía fax la constancia respectiva al número telefónico de este órgano jurisdiccional (656 227 2600 extensión 1238), con independencia del oficio que se gire para tal efecto.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió para las partes el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiesen hecho valer el recurso de revisión contra la sentencia pronunciada en el presente asunto, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. En tales condiciones con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la misma ha causado ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requiere al Juez de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado de Nuevo León, con sede en la Ciudad de Monterrey, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al de la notificación que de este acuerdo se les haga, de cumplimiento al fallo protector, atendiendo a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo dictada, debiendo acompañar copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Sin que pase inadvertido para este juzgado que se recibió el oficio 6242/2018, por parte de la responsable en el que informó que llevó a cabo la audiencia dentro del incidente no especificado sobre la prescripción de la reparación del daño promovido en los autos de la causa penal 609/2016 y dictó la resolución correspondiente, en la que se determinó procedente la incidencia sobre la prescripción de la reparación del daño, empero no remitió las constancias de dicha resolución, ni la notificación que se le realizó al quejoso Jesús Alberto Mejía Martínez de tal determinación incidental. Apercibido que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, o bien, de no informar a este órgano judicial los trámites que realicen al respecto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos) moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo previsto en los artículos 237, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Sin que haya lugar a requerir el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por conducto de su superior jerárquico en términos del párrafo tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo, toda vez que los magistrados y jueces de primera instancia no se encuentran sometidos a algún tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo; de igual forma, en caso de que los magistrados y jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Es ilustrativa la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.), sustenta por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Décima Época, visible en la página 1378, cuyo rubro es: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias".

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