Jesús Alberto Macías Gaucín
Expediente 814/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 814/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 29/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jesús Alberto Macías Gaucín
- Titular de la Comisión de Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años; y en atención a que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 18, fracción I, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el mismo es depurable. Por lo que, concluido el plazo de conservación, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es depurable. Notifíquese.
- Principal
Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 814/2021-I, promovido por la Licenciada Anna Carla Gómez Picasso, en representación Jesús Alberto Macías Gaucin, contra actos del Director o Titular de la Comisión de Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito, en el Estado de Chihuahua, el veintidós de octubre de este año, y turnado a este Juzgado en la misma fecha, la Licenciada Anna Carla Gómez Picasso, en representación Jesús Alberto Macías Gaucin, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Director o Titular de la Comisión de Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, Titular Encargado de la Fiscalía de la Mujer y Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con sede en esta ciudad, los cuales hizo consistir en la privación de la libertad fuera de procedimiento (detención) y su ejecución. SEGUNDO. Mediante auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó ratificar la demanda de amparo presentada a favor del directo quejoso Jesús Alberto Macías Gaucin, y por auto de veintiséis de octubre del mismo año, se admitió la misma; se solicitó informe con justificación a las autoridades responsables; se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que inició en los términos precisados anteriormente y concluye con el dictado de esta sentencia; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 1, fracción I, 35, 37, primer párrafo, y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se reclama un acto omisivo atribuido a una autoridad residente en esta ciudad, lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta procedente fijar el acto reclamado. En tal sentido, el quejoso Jesús Alberto Macías Gaucin, por conducto de la Licenciada Anna Carla Gómez Picasso, solicitó la protección constitucional en contra de actos de las autoridades, Director o Titular de la Comisión de Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, Titular Encargado de la Fiscalía de la Mujer y Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con sede en esta ciudad, a quienes reclamó en esencia, la privación de la libertad fuera de procedimiento (detención). TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, Titular del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres y Encargada de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Seguridad, Zona Norte, con sede en esta ciudad, negaron la existencia del acto que se les reclama, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna en contrario. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna que desvirtuara esa negativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de garantías. Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de los actos reclamados La autoridad responsable, Agente del Ministerio Público Encargada de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos con Detenidos de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, con sede en esta ciudad, al rendir sus informe con justificación, convino en la existencia del acto reclamado, señalando al efecto, que el quejoso fue detenido y puesto a disposición a las dieciocho horas con quince minutos del veinte de octubre de dos mil veintiuno, por elementos oficiales de la Comisión Estatal de Seguridad, al parecer como probable responsable en la comisión del delito de Violencia Familiar, en perjuicio de la víctima Tania Aide Ortiz Gutiérrez. Por lo que, con fundamento en el artículo 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se examinaron las condiciones y circunstancias de la detención, determinándose que fue detenido dentro del término de flagrancia, bajo el supuesto del artículo 146 del Código adjetivo de la materia, y se decretó la retención del imputado. De igual forma, informaron a este juzgado federal, que el quejoso fue puesto en libertad, en virtud de que se examinaron las diligencia realizadas por los elementos policiacos y ratificada la denuncia por parte de la víctima del delito en comento, se puso a disposición del Juez de Control, quien determino de legal la detención y retención del aquí quejoso, quien le impuso como medida cautelar contemplada en el artículo 155 fracción I, VII y VIII, dejándolo en inmediata libertad. Remitiendo al efecto, copia certificada de las principales constancias de la carpeta de investigación 37-33879/2021, de las que se advierte que el aquí quejoso fue puesto a disposición de un juez de control en materia penal de este Distrito Judicial Bravos, residente en la localidad. Medios documentales a los cuales, se les otorga pleno valor probatorio al tenor de los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2º. QUINTO. Estudio de causales de improcedencia No obstante la certeza de los actos que se le atribuye a la autoridad responsable señalada en el considerando que antecede, el suscrito Juez, considera que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, por lo que se debe sobreseer en este juicio de garantías, en virtud de que, como se aprecia de la lectura de las constancias obrantes en autos, en particular, del informe con justificación rendido por la autoridad responsable, Agente del Ministerio Público Encargada de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos con Detenidos de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, con sede en esta ciudad, se tiene que el quejoso fue puesto a disposición de un juez de control en turno, como se advierte de la comunicación oficial número UIDET/23815/2021, de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Lo que se encuentra corroborado con la copia certificada del referido oficio UIDET/23815/2021, de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, relativo a la puesta a disposición del quejoso, JESÚS ALBERTO MACÍAS GAUCIN, ante el Juez de Control en turno, de este Distrito Judicial, del que se advierte que, en la especie, se actualiza una causal de improcedencia, cuyo estudio en el juicio de amparo es preferente al análisis de las razones de fondo propuestas, lo aleguen o no las partes, por ser éste de oficio, de conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo. Siendo aplicable al caso, la jurisprudencia 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, de los siguientes rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Lo anterior es así, puesto que del contenido de las constancias que la autoridad responsable, Agente del Ministerio Público Encargada de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos con Detenidos de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, informó a este órgano jurisdiccional, que en términos del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que quejoso fue puesto a disposición del Juez de Control en turno, del Distrito Judicial Bravos, residente en esta localidad, para la celebración de la audiencia de control de la detención por el delito de violencia familiar, en perjuicio de Aidé Ortiz Gutiérrez. Medios documentales de prueba, a los cuales se les otorga valor probatorio con apoyo en lo establecido en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo. En el caso a estudio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." De acuerdo con lo informado por la autoridad responsable, Agente del Ministerio Público Encargada de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos con Detenidos de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia citada, pues si el quejoso acudió a esta instancia judicial y solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que hizo consistir en la orden de detención girada en su contra, así como su ejecución; de las constancias que obran en este juicio de control constitucional, se advierte que la autoridad responsable de referencia, informó a este juzgado federal, que mediante oficio UIDET/23815/2021, de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se informó que pusieron a disposición del Juez de Control en turno, al aquí quejoso, JESÚS ALBERTO MACÍAS GAUCIN, para la celebración de la audiencia de control de la detención por el delito de Violencia familiar, en perjuicio de la víctima Aidé Ortiz Gutiérrez, por lo que, debe decirse, que hubo un cambio de situación jurídica, en atención a las siguientes consideraciones: Al respecto, debe precisarse que la libertad personal puede restringirse con motivo de la detención, aprehensión, prisión preventiva, pena y arraigo, cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos citados, se llama situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras y, por lo mismo, desparecen los efectos del acto reclamado y es improcedente el amparo contra ese estatus jurídico anterior. De ahí que, se desprenda que en el caso en estudio, se actualizó un cambio de situación jurídica, en virtud de que, inicialmente la afectación a la libertad personal era con motivo de la orden de detención reclamada, y en la actualidad, su libertad se constriñe con motivo de su puesta a disposición de un Juez de Control, a efecto de que en audiencia de control de la detención, resuelva lo legalmente procedente, respecto a la privación de su libertad personal, en la audiencia que al efecto se haya fijado para dicho efecto, de conformidad con los artículos 146, fracción II, 147 y 307, del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que imposibilita el examen constitucional del acto reclamado. En efecto, del contenido del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se desprende que se actualiza la causal de improcedencia de la acción constitucional, consistente en cambio de situación jurídica, cuando las violaciones constitucionales cometidas como consecuencia de la privación de la libertad de la quejosa, deban considerarse irreparablemente consumadas, en virtud de la aparición de un nuevo acto jurídico, que en la especie consiste en la puesta a disposición del detenido, aquí quejoso, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad, lo que impide que pueda adoptarse una decisión en el juicio de garantías, sin afectar el nuevo estatus procesal que se generó. De lo anterior, se concluye que las violaciones constitucionales que pudiesen derivar de los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, no pueden ser analizados al haber dejado de incidir en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo, en virtud del cambio de situación jurídica, resultando así un nuevo acto que consuma de forma irreparable las posibles violaciones habidas en el primer acto reclamado y da margen a que se actualice en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías. Norma el criterio, la Tesis IV.2o.P.43 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación." De igual forma, resulta aplicable, por analogía, la tesis de Jurisprudencia 1a./J. 17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.. Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE., que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Consecuentemente, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia en cuestión, impide a este juzgado analizar el fondo del asunto, lo anterior de conformidad con la tesis de jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido y rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En esa tesitura, al resultar evidente la existencia manifiesta e indudable de la causa que hace improcedente el juicio de amparo, contenida en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, consecuentemente, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, resulta procedente sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217, aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jesús Alberto Macías Gaucin, por los motivos expuestos en el considerando último, de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado José Universo Bautista Fuerte, quién autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponda. Así, atento al contenido del oficio que remite la autoridad, Titular del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con sede en esta ciudad, se le tiene rindiendo su informe justificado, mismo que se pone a la vista de las partes a fin de que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo como de la documental que anexa al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Y, se tiene como delegados de la autoridad en mención, en términos del numeral 9º de la Ley de Amparo, a los profesionistas que señala en su informe de ley. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado José Universo Bautista Fuerte, quien autoriza y da fe. Doy fe. L´lgwm
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Así, atento al contenido del oficio que signa la autoridad, Coordinador de la Unidad de Investigación de Violencia Familiar y Delitos que Atentan Contra el Cumplimiento de la Obligación Alimentaria FEM, con sede en esta ciudad, se le tiene rindiendo su informe justificado, mismo que se pone a la vista de las partes a fin de que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la Secretaria de Juzgado, licenciada Guadalupe Acosta García, quien autoriza y da fe. Doy fe. L´lgwm
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · 6,710 expedientes
- Jesús Alberto Castro Loya667/2013
- Jesús Alberto Chávez358/2022
- Jesús Alberto Cruz Cárdenas807/2021
- Jesús Alberto Hernández Mijares y Otros.386/2018
- Jesús Alberto Hernández Mijares y Otros.877/2016
- Jesús Alberto Hernández Mijares511/2019
- Jesús Alberto Mejía Martínez754/2017
- Jesús Alberto Mejía Martínez678/2017
- Jesús Alberto Mejía Martínez35/2018
- Jesús Alberto Mejía Martínez656/2017
- Jesús Alberto Mejía Martínez602/2017
- Jesús Alberto Mejía Martínez493/2017