Jesús Alberto López Anaya y Otros.

Expediente 129/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
129/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • Jesús Alberto López Anaya y Otros.
  • Jesús Alberto López Anaya

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y físicamente a los autos, el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual comunica que por auto de trece de febrero del año en curso, el órgano jurisdiccional de su adscripción se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Jesús Alberto López Anaya, por propio derecho, contra actos del Juzgado de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Estado de México y otras autoridades. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitir el expediente en que se actúa al archivo de este juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción al tratarse de una incompetencia (artículo 21, inciso j) del acuerdo en cita). Asimismo, a consideración de este órgano jurisdiccional, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, este órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por ******************** por propio derecho, contra actos del Juzgado de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Estado de México, y otras autoridades. REGISTRO. Fórmese expediente electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 129/2023-II. Sin que sea necesario la integración del cuaderno físico del presente asunto, en virtud del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo de trece de octubre del año dos mil veintidós, por lo que únicamente se formara un expediente en donde obraran las promociones físicas que se promuevan de manera tradicional en la oficialía de partes de este juzgado de Distrito. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del escrito de demanda se obtiene que el quejoso ******************** reclama la orden de aprehensión y/o reaprehensión y/o comparecencia y/o privación de la libertad, emitidas en su contra, así como su ejecución. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." INCOMPETENCIA. Es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que prevé a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues el acto reclamado en esta instancia consistente en la orden de aprehensión y/o reaprehensión y/o comparecencia y/o privación de la libertad, emitidas en contra de ******************** así como su cumplimentación; tiene ejecución dentro de la jurisdicción en la que ejerce su competencia el Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, pues precisamente, es en el domicilio laboral del quejoso, el cual según sus manifestaciones formuladas "bajo protesta de decir verdad", en su escrito de demanda, se encuentra en Naucalpan de Juárez, Estado de México, donde refiere se presentaron a buscarlo Agentes de la Policía, con la finalidad de cumplimentar el acto combatido. Sirve de apoyo la tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189167, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Es aplicable también, la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 383 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que las autoridades señaladas como ejecutoras, no tienen residencia oficial en la jurisdicción del juez de Distrito al que se finca la competencia, no menos cierto es que, al ser autoridades estatales tienen jurisdicción y competencia en la totalidad del territorio del Estado de México, por ende, es inconcuso que pueden ejecutar el acto reclamado en el lugar en el que bajo protesta de decir verdad el quejoso refiere que se pretende ejecutar el acto reclamado, esto es, en Naucalpan de Juárez. De ahí que, no debe considerarse el domicilio de la residencia de las autoridades responsables en estricto sentido como elemento predominante para determinar la competencia del asunto, sino el lugar en el que el quejoso refiere bajo protesta de decir verdad que se pretende ejecutar el acto que reclama; máxime que se insiste las responsables ejecutoras ejercen jurisdicción y competencia en el lugar en que se pretende ejecutar el acto reclamado, lugar en el que también ejerce jurisdicción la declinante. Máxime que conforme al contenido del artículo 17 Constitucional, en relación con el numeral 37 de la Ley de Amparo, es voluntad del constituyente ordinario facilitar a la parte quejosa el acceso al servicio de administración de justicia, con base en la facilidad que tenga para ocurrir al juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, a fin de poner a su alcance un medio eficaz para dilucidar la vulneración a sus derechos fundamentales. Así las cosas, es evidente que el supuesto de competencia relativo se ubica en el párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. De conformidad con la primera regla de competencia establecida en el artículo 37 de la ley de la materia, además, con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debe concluirse que en el caso concreto resulta competente para conocer del presente juicio de amparo el juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde tiene ejecución el acto reclamado. En mérito de lo anterior, este juzgado se declara legalmente incompetente para el conocimiento de la presente demanda de amparo, debiéndose remitir el juicio al Juzgado de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Por otra parte, se solicita al juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno y en términos del citado artículo 48 de la Ley de Amparo, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada; asimismo acuse el recibo vía electrónica. CONSULTA ELECTRÓNICA. En atención a la certificación de cuenta, en términos del ordinal 3° de la legislación de amparo se autoriza la consulta del expediente electrónico así como las notificaciones electrónicas al usuario "********************", por lo que se comisiona al oficial judicial "A" de esta adscripción para la apertura de los campos necesarios para tal fin. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones la vía electrónica, toda vez que el usuario "********************", fue corroborado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, pero se informa a la parte quejosa, que deberá conducirse con lealtad procesal y que no se podrá reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por la autoridad responsable clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a la parte quejosa, para que continúe la tramitación del asunto, a través del portal de "juicio en línea", para tal efecto, deberá ingresar a la liga virtual http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, a efecto de que obtengan su firma electrónica. Motivo por el cual, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que en caso de que se presenten promociones de manera física, verifique que las mismas sean coincidentes con el contenido del expediente electrónico, de igual forma, se instruye al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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