Jesús Alberto Jiménez Ruiz
Expediente 24/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 24/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jesús Alberto Jiménez Ruiz
Actuaciones
- Principal
Estado procesal. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en razón de que la parte promovente no recurrió el auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, por medio del cual se desechó la demanda de amparo, en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Orden de destrucción.
- Principal
AL NO ATENDER EL CITATORIO DE FECHA VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO: Mazatlán, Sinaloa, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Radicación. Se tiene por recibida la demanda promovida por Jesús Alberto Jiménez Ruiz, por propio derecho; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 24/2021, e intégrese al expediente electrónico. Decisión sobre la instancia constitucional. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, debe desecharse como se verá. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y escrito aclaratorio; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Del escrito de demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: ".la resolución del Incidente de Nulidad planteada en la Continuación de la Audiencia Inicial, dictada con fecha 07 de Diciembre del año dos mil veinte, cuya notificación al suscrito surtió sus efectos el día 07 de del (sic) mismo mes y año, en la que la autoridad responsable determina INFUNDADA LA PETICIÓN DE DEFENSA PARA DECLARAR LA NULIDAD DE ACTOS PROCESALES QUE VIENE SEÑALANDO (minuto 15:19) resolución que transgrede las garantías individuales del suscrito." Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Por su parte, los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]". "Artículo 107 de la Ley de Amparo: El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." En tanto que, el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, dispone: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Las disposiciones señaladas en primer términos, se refieren al juicio de amparo indirecto promovido contra actos judiciales, esto es, establecen su procedencia contra actos dictados dentro de un procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y texto, siguiente: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." (Novena Época. Registro 175910. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, febrero de 2006, materia común. Tesis III.2o.C.18 K, página 1827). Asimismo, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado Auxiliar en Materia Civil, con residencia en Morelia, Michoacán, de rubro y texto siguiente: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DESECHAR LA DEMANDA CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO TENGAN ESA NATURALEZA JURÍDICA. El artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo señala que el juicio de garantías será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resultare de alguna disposición de la ley; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, que opera cuando resultare de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los que señala el invocado artículo; por su parte, el artículo 114, fracción IV, de la citada ley, dispone: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito ... IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.", numeral del que se advierte que el juicio de amparo es procedente contra los actos dictados en juicio que tuvieren sobre las personas o las cosas una ejecución que fuere de imposible reparación, lo que significa que al existir un vacío o laguna en el texto de la ley, en cuanto a que no se advierte una disposición expresa que estableciera que no procede el amparo indirecto cuando los actos reclamados no tuvieren esa naturaleza jurídica, cabe colmar esa laguna a través de una interpretación integradora, usando el argumento a contrario sensu, que permite al juzgador extraer la norma implícita que se contiene en la fracción IV del mencionado artículo 114, en el sentido de que cuando los actos reclamados no sean de imposible reparación, el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo.." (Novena Época. Registro 164411. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, julio de 2010, materia común. Tesis XI.T.Aux.C.1 K, página 1880). En las apuntadas condiciones, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derecho de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, esto es, no afectan la vida, la libertad, la propiedad. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Ello, toda vez que los actos reparables se actualizan esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Así, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían, y sólo trascenderán en caso de que la sentencia fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y será hasta ese momento cuando la violación de que se duele, deberá combatirla mediante el juicio de amparo directo, al reclamar la sentencia definitiva que le fuere adversa. Así, queda de manifiesto que el acto reclamado por el promovente, consistente en la resolución del incidente de nulidad planteada en la continuación de la audiencia inicial, el siete de diciembre de dos mil veinte, en la que la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, determinó infundada la petición de defensa para declarar la nulidad de los actos procesales que estimó existían en la causa penal 290/2020 ante la existencia de dos carpetas de investigación; lo cual no tiene sobre la parte solicitante de amparo, una ejecución que sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo bi- instancial. Lo que se sostiene, pues con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues es evidente que los efectos de tal determinación reclamada no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó. Luego, será en su caso, hasta el pronunciamiento de la sentencia, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si la resolución es adversa a los intereses de la parte quejosa; pues de momento, sus únicos efectos consisten en que se continúe la tramitación del proceso penal de origen por sus etapas, es decir, seguiría el desahogo de la etapa intermedia donde se resolvería sobre la admisión de pruebas y la de juicio oral, donde se desahogan las pruebas y que concluye con la sentencia; cuestión que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto -el reclamado- que afecte materialmente derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnados, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. Sirven de orientación jurídica a lo anterior, por las razones que la informan, las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte Justifica de la Nación y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, respectivamente, de rubros y textos, siguientes "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." (Octava Época. Registro 205651. Pleno. Jurisprudencia. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Número 56, agosto de 1992, materia común. Tesis: P./J. 24/92, página11). "GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. Conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Partiendo de tal interpretación es dable concluir que la posible afectación que en forma temporal se pudiera ocasionar con un acto de autoridad a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, verbigracia, el auto que desecha un recurso, el auto que no admite pruebas, etcétera, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso." (Novena Época. Registro 175081. Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, mayo de 2006, materia común. Tesis: I.11o.C. J/7, página 1536). Por lo anterior, como ya se dijo, el acto reclamado, al no ser uno que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Consideraciones anteriores que fueron expuestas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014, del rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." (Décima Época, Registro: 2006589, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Página: 39, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común). En las relatadas condiciones, al surtirse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo; y con apoyo en el artículo 113 de la misma legislación, lo que procede es desechar la demanda de amparo por causa manifiesta e indudable de improcedencia. Domicilio procesal y autorizada. Se tiene como su domicilio procesal, el que para tal efecto indicó en la demanda y como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María de los Ángeles Ávila Partida, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Comunicaciones no procesales. Asimismo, se toma conocimiento de que el promovente proporciona el correo electrónico angelesavila497@hotmail.com, así como el número telefónico 6692707674, a fin de entablar comunicaciones no procesales, en términos del artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. V. Cuaderno auxiliar. Dado el volumen de las pruebas que se anexan, para mejor manejo del expediente, fórmense dos cuadernos auxiliares por separado, los cuales quedan a disposición de las partes para su consulta. Medida de mitigación de riesgos. En el entendido de que subsisten las medidas de mitigación del riesgo para el personal de este órgano jurisdiccional y de las partes, que en su caso, se hayan adoptado durante la contingencia, así como las medidas especiales de operatividad relativas a la habilitación actuarial de notificaciones por correo electrónico a la autoridad responsable y comunicación telefónica, siempre y cuando no depare perjuicios procesales. VII. Se exhorta a la parte quejosa a hacer uso del juicio en línea. Con fundamento en el artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que hagan uso del juicio en línea, por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación(http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea), para presentar futuras promociones, acceder al expediente electrónico y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio; lo anterior previa solicitud de autorización que se trate. Asimismo, se conmina a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones. VIII. Habilitación de comunicación telefónica al actuario. Además, en el caso de que se ordene una notificación personal, se autoriza al actuario que corresponda, para entablar comunicación a través de los medios de comunicación que tenga a su alcance [correo electrónico o vía telefónica], con el fin de coordinar la diligencia de notificación personal en un día y hora específico. Diligencia que se atenderá con las medidas sanitarias que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia originada por el virus causante del COVID-19. Lo anterior a fin de mitigar el riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de las partes y únicamente por el periodo que dure la citada contingencia. IX. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Notifíquese en términos de Ley y dentro del plazo legal. Así lo acuerda y firma Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante Leonor González Hernández, secretaria de juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Radicación. Se tiene por recibida la demanda promovida por Jesús Alberto Jiménez Ruiz, por propio derecho; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 24/2021, e intégrese al expediente electrónico. Decisión sobre la instancia constitucional. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, debe desecharse como se verá. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y escrito aclaratorio; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Del escrito de demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: ".la resolución del Incidente de Nulidad planteada en la Continuación de la Audiencia Inicial, dictada con fecha 07 de Diciembre del año dos mil veinte, cuya notificación al suscrito surtió sus efectos el día 07 de del (sic) mismo mes y año, en la que la autoridad responsable determina INFUNDADA LA PETICIÓN DE DEFENSA PARA DECLARAR LA NULIDAD DE ACTOS PROCESALES QUE VIENE SEÑALANDO (minuto 15:19) resolución que transgrede las garantías individuales del suscrito." Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Por su parte, los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]". "Artículo 107 de la Ley de Amparo: El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." En tanto que, el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, dispone: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Las disposiciones señaladas en primer términos, se refieren al juicio de amparo indirecto promovido contra actos judiciales, esto es, establecen su procedencia contra actos dictados dentro de un procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y texto, siguiente: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." (Novena Época. Registro 175910. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, febrero de 2006, materia común. Tesis III.2o.C.18 K, página 1827). Asimismo, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado Auxiliar en Materia Civil, con residencia en Morelia, Michoacán, de rubro y texto siguiente: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DESECHAR LA DEMANDA CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO TENGAN ESA NATURALEZA JURÍDICA. El artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo señala que el juicio de garantías será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resultare de alguna disposición de la ley; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, que opera cuando resultare de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los que señala el invocado artículo; por su parte, el artículo 114, fracción IV, de la citada ley, dispone: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito ... IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.", numeral del que se advierte que el juicio de amparo es procedente contra los actos dictados en juicio que tuvieren sobre las personas o las cosas una ejecución que fuere de imposible reparación, lo que significa que al existir un vacío o laguna en el texto de la ley, en cuanto a que no se advierte una disposición expresa que estableciera que no procede el amparo indirecto cuando los actos reclamados no tuvieren esa naturaleza jurídica, cabe colmar esa laguna a través de una interpretación integradora, usando el argumento a contrario sensu, que permite al juzgador extraer la norma implícita que se contiene en la fracción IV del mencionado artículo 114, en el sentido de que cuando los actos reclamados no sean de imposible reparación, el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo.." (Novena Época. Registro 164411. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, julio de 2010, materia común. Tesis XI.T.Aux.C.1 K, página 1880). En las apuntadas condiciones, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derecho de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, esto es, no afectan la vida, la libertad, la propiedad. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Ello, toda vez que los actos reparables se actualizan esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Así, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían, y sólo trascenderán en caso de que la sentencia fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y será hasta ese momento cuando la violación de que se duele, deberá combatirla mediante el juicio de amparo directo, al reclamar la sentencia definitiva que le fuere adversa. Así, queda de manifiesto que el acto reclamado por el promovente, consistente en la resolución del incidente de nulidad planteada en la continuación de la audiencia inicial, el siete de diciembre de dos mil veinte, en la que la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, determinó infundada la petición de defensa para declarar la nulidad de los actos procesales que estimó existían en la causa penal 290/2020 ante la existencia de dos carpetas de investigación; lo cual no tiene sobre la parte solicitante de amparo, una ejecución que sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo bi- instancial. Lo que se sostiene, pues con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues es evidente que los efectos de tal determinación reclamada no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó. Luego, será en su caso, hasta el pronunciamiento de la sentencia, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si la resolución es adversa a los intereses de la parte quejosa; pues de momento, sus únicos efectos consisten en que se continúe la tramitación del proceso penal de origen por sus etapas, es decir, seguiría el desahogo de la etapa intermedia donde se resolvería sobre la admisión de pruebas y la de juicio oral, donde se desahogan las pruebas y que concluye con la sentencia; cuestión que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto -el reclamado- que afecte materialmente derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnados, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. Sirven de orientación jurídica a lo anterior, por las razones que la informan, las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte Justifica de la Nación y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, respectivamente, de rubros y textos, siguientes "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." (Octava Época. Registro 205651. Pleno. Jurisprudencia. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Número 56, agosto de 1992, materia común. Tesis: P./J. 24/92, página11). "GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. Conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Partiendo de tal interpretación es dable concluir que la posible afectación que en forma temporal se pudiera ocasionar con un acto de autoridad a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, verbigracia, el auto que desecha un recurso, el auto que no admite pruebas, etcétera, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso." (Novena Época. Registro 175081. Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, mayo de 2006, materia común. Tesis: I.11o.C. J/7, página 1536). Por lo anterior, como ya se dijo, el acto reclamado, al no ser uno que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Consideraciones anteriores que fueron expuestas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014, del rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." (Décima Época, Registro: 2006589, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Página: 39, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común). En las relatadas condiciones, al surtirse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo; y con apoyo en el artículo 113 de la misma legislación, lo que procede es desechar la demanda de amparo por causa manifiesta e indudable de improcedencia. Domicilio procesal y autorizada. Se tiene como su domicilio procesal, el que para tal efecto indicó en la demanda y como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María de los Ángeles Ávila Partida, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Comunicaciones no procesales. Asimismo, se toma conocimiento de que el promovente proporciona el correo electrónico angelesavila497@hotmail.com, así como el número telefónico 6692707674, a fin de entablar comunicaciones no procesales, en términos del artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. V. Cuaderno auxiliar. Dado el volumen de las pruebas que se anexan, para mejor manejo del expediente, fórmense dos cuadernos auxiliares por separado, los cuales quedan a disposición de las partes para su consulta. Medida de mitigación de riesgos. En el entendido de que subsisten las medidas de mitigación del riesgo para el personal de este órgano jurisdiccional y de las partes, que en su caso, se hayan adoptado durante la contingencia, así como las medidas especiales de operatividad relativas a la habilitación actuarial de notificaciones por correo electrónico a la autoridad responsable y comunicación telefónica, siempre y cuando no depare perjuicios procesales. VII. Se exhorta a la parte quejosa a hacer uso del juicio en línea. Con fundamento en el artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que hagan uso del juicio en línea, por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación(http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea), para presentar futuras promociones, acceder al expediente electrónico y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio; lo anterior previa solicitud de autorización que se trate. Asimismo, se conmina a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones. VIII. Habilitación de comunicación telefónica al actuario. Además, en el caso de que se ordene una notificación personal, se autoriza al actuario que corresponda, para entablar comunicación a través de los medios de comunicación que tenga a su alcance [correo electrónico o vía telefónica], con el fin de coordinar la diligencia de notificación personal en un día y hora específico. Diligencia que se atenderá con las medidas sanitarias que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia originada por el virus causante del COVID-19. Lo anterior a fin de mitigar el riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de las partes y únicamente por el periodo que dure la citada contingencia. IX. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Notifíquese en términos de Ley y dentro del plazo legal. Así lo acuerda y firma Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante Leonor González Hernández, secretaria de juzgado con quien actúa y da fe.
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