Jesús Alberto Gaytán Espinosa
Expediente 103/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 103/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Jesús Alberto Gaytán Espinosa
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el dos de febrero de dos mil diecisiete, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta que en el presente juicio de amparo no existen documentos originales ni copias certificadas exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa sin valor jurídico, por ende destruible.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Jesús Alberto Gaytán Espinosa, por propio derecho, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, el Juez acuerda: Regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso concreto, es de indicarse que la parte quejosa señala como acto reclamado: ". La ilegal RESOLUCION dictada dentro de la Audiencia Oral de fecha nueve (09) de Enero del presente año, dentro de la causa penal marcada con el número 537/2016, audiencia celebrada en virtud a solicitud del suscrito en mi carácter de VICTIMA, solicitando la liberación de un vehículo de mi propiedad, el cual me fuera robado, en fecha diez de agosto, y con posterioridad encontrado y recuperado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, autoridad que su vez pone a disposición el vehículo de la autoridad Especializada de la Investigación de Robo de Vehículo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, en la cual se integra la Carpeta Única de Investigación marcada con el número 444/POLIM/2016, en la cual se me ha negado la devolución de mi vehículo, por lo que acudí ante la Autoridad Judicial a solicitar en audiencia la entrega del mismo, sin embargo esta emitió una resolución por demás ilegal y absurda para la retención de dicho vehículo.(sic)". Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se estudia. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". Y, de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que: Jesús Alberto Gaytán Espinosa, formuló denuncia por el robo del vehículo Volwagen, Sedan línea Passat, modelo dos mil siete, número de serie WVWAK73C67P055227, placas de circulación ZHM6398, del estado de Zacatecas, ocurrido el diez de agosto de dos mil dieciséis, con lo que se formó la carpeta de investigación 0444/POLIM/2016. 2. Una vez puesta a disposición ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, le fue asignado el número de causa penal 537/2016. 3. El veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis se llevó a cabo la audiencia de vinculación, en la que no se vinculó al denunciado; y, en la cual la víctima Jesús Alberto Gaytán Espinosa, solicitó le fuera entregado el vehículo que afirma es de su propiedad; el Juez de control determinó que debería acudir ante el representante social a solicitar la entrega del mismo. 4. El treinta de noviembre de dos mil dieciséis, Jesús Alberto Gaytán Espinosa solicitó al Agente del Ministerio Público la entrega del vehículo, resolviendo que no había lugar a devolver el mismo. 5. Jesús Alberto Gaytán Espinosa compareció ante el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, en audiencia dentro de la causa penal 537/2016, a solicitar la entrega del vehículo afecto; audiencia celebrada el nueve de enero de dos mil diecisiete en la cual el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, determinó que no había lugar a realizar la entrega del vehículo; lo que constituye el acto reclamado. Ahora bien, los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de observancia general en toda la República Mexicana, por los delitos que sean competencia de los juzgados tanto federales como locales, dispone: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." "Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta.". Destacado lo anterior, se afirma que en el caso, el acto reclamado debió haberse impugnado en su oportunidad, mediante el medio ordinario que el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales concede a la parte quejosa, como lo es en el particular el recurso de revocación y, con ello poder obtener la modificación o revocación, del acto reclamado; situación que al no haber agotado de manera correcta, vulnera uno de los principios rectores del juicio de garantías, como lo es el de definitividad, pues a los Tribunales de la Justicia de la Unión, es a quienes se debe acudir cuando ya no existe algún medio de impugnación o recurso, mediante el cual se pueda modificar o revocar el acto que se reclama. Tiene apoyo lo antes considerado, en la tesis publicada en la página seiscientos cincuenta, correspondiente al mes de Junio de mil novecientos noventa y cuatro, tomo XIII, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. CUANDO HAY QUE AGOTARLOS PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que cuando se alegan substancialmente violaciones a las garantías constitucionales, puede el afectado ocurrir directamente al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, toda vez que en éstos no puede desarrollar los conceptos de violación con toda la eficacia que puede invocarlos en el juicio de garantías; también es cierto que cuando el tema de las cuestiones de derecho planteadas se refieren a problemas de legalidad y el tema de inconstitucionalidad es planteado indirectamente a través de la llamada garantía de legalidad o bien cuando las violaciones a esta garantía se hacen valer de manera accesoria o secundaria, es indispensable agotar previamente los recursos o medios de defensa ordinarios. Sostener lo contrario, llevaría a la práctica inaceptable de que por el hecho de señalar en la demanda de amparo la violación a un precepto constitucional, se eludiría el agotamiento de los recursos ordinarios, desvirtúandose así el requisito de definitividad que debe tener el acto reclamado en el juicio constitucional". Máxime que en el caso, no nos encontramos en las hipótesis de excepción previstas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado no es un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución (penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales). En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por Jesús Alberto Gaytán Espinosa, contra actos del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, y lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calzada Héroes de Chapultepec, mil cuatrocientos dos interior siete (1402-7), plaza Scala, fraccionamiento Luis Donaldo Colosio, en esta ciudad de Zacatecas.
- Principal
Publico por medio de lista el auto de dos de febrero de dos mil diecisiete, con efectos de notificar personalmente a la parte quejosa. Vista la demanda de amparo promovida por Jesús Alberto Gaytán Espinosa, por propio derecho, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, el Juez acuerda: Regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso concreto, es de indicarse que la parte quejosa señala como acto reclamado: ". La ilegal RESOLUCION dictada dentro de la Audiencia Oral de fecha nueve (09) de Enero del presente año, dentro de la causa penal marcada con el número 537/2016, audiencia celebrada en virtud a solicitud del suscrito en mi carácter de VICTIMA, solicitando la liberación de un vehículo de mi propiedad, el cual me fuera robado, en fecha diez de agosto, y con posterioridad encontrado y recuperado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, autoridad que su vez pone a disposición el vehículo de la autoridad Especializada de la Investigación de Robo de Vehículo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, en la cual se integra la Carpeta Única de Investigación marcada con el número 444/POLIM/2016, en la cual se me ha negado la devolución de mi vehículo, por lo que acudí ante la Autoridad Judicial a solicitar en audiencia la entrega del mismo, sin embargo esta emitió una resolución por demás ilegal y absurda para la retención de dicho vehículo.(sic)". Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se estudia. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". Y, de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que: Jesús Alberto Gaytán Espinosa, formuló denuncia por el robo del vehículo Volwagen, Sedan línea Passat, modelo dos mil siete, número de serie WVWAK73C67P055227, placas de circulación ZHM6398, del estado de Zacatecas, ocurrido el diez de agosto de dos mil dieciséis, con lo que se formó la carpeta de investigación 0444/POLIM/2016. 2. Una vez puesta a disposición ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, le fue asignado el número de causa penal 537/2016. 3. El veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis se llevó a cabo la audiencia de vinculación, en la que no se vinculó al denunciado; y, en la cual la víctima Jesús Alberto Gaytán Espinosa, solicitó le fuera entregado el vehículo que afirma es de su propiedad; el Juez de control determinó que debería acudir ante el representante social a solicitar la entrega del mismo. 4. El treinta de noviembre de dos mil dieciséis, Jesús Alberto Gaytán Espinosa solicitó al Agente del Ministerio Público la entrega del vehículo, resolviendo que no había lugar a devolver el mismo. 5. Jesús Alberto Gaytán Espinosa compareció ante el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, en audiencia dentro de la causa penal 537/2016, a solicitar la entrega del vehículo afecto; audiencia celebrada el nueve de enero de dos mil diecisiete en la cual el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, determinó que no había lugar a realizar la entrega del vehículo; lo que constituye el acto reclamado. Ahora bien, los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de observancia general en toda la República Mexicana, por los delitos que sean competencia de los juzgados tanto federales como locales, dispone: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." "Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta.". Destacado lo anterior, se afirma que en el caso, el acto reclamado debió haberse impugnado en su oportunidad, mediante el medio ordinario que el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales concede a la parte quejosa, como lo es en el particular el recurso de revocación y, con ello poder obtener la modificación o revocación, del acto reclamado; situación que al no haber agotado de manera correcta, vulnera uno de los principios rectores del juicio de garantías, como lo es el de definitividad, pues a los Tribunales de la Justicia de la Unión, es a quienes se debe acudir cuando ya no existe algún medio de impugnación o recurso, mediante el cual se pueda modificar o revocar el acto que se reclama. Tiene apoyo lo antes considerado, en la tesis publicada en la página seiscientos cincuenta, correspondiente al mes de Junio de mil novecientos noventa y cuatro, tomo XIII, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. CUANDO HAY QUE AGOTARLOS PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que cuando se alegan substancialmente violaciones a las garantías constitucionales, puede el afectado ocurrir directamente al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, toda vez que en éstos no puede desarrollar los conceptos de violación con toda la eficacia que puede invocarlos en el juicio de garantías; también es cierto que cuando el tema de las cuestiones de derecho planteadas se refieren a problemas de legalidad y el tema de inconstitucionalidad es planteado indirectamente a través de la llamada garantía de legalidad o bien cuando las violaciones a esta garantía se hacen valer de manera accesoria o secundaria, es indispensable agotar previamente los recursos o medios de defensa ordinarios. Sostener lo contrario, llevaría a la práctica inaceptable de que por el hecho de señalar en la demanda de amparo la violación a un precepto constitucional, se eludiría el agotamiento de los recursos ordinarios, desvirtúandose así el requisito de definitividad que debe tener el acto reclamado en el juicio constitucional". Máxime que en el caso, no nos encontramos en las hipótesis de excepción previstas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado no es un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución (penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales). En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por Jesús Alberto Gaytán Espinosa, contra actos del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, y lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calzada Héroes de Chapultepec, mil cuatrocientos dos interior siete (1402-7), plaza Scala, fraccionamiento Luis Donaldo Colosio, en esta ciudad de Zacatecas.
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