Jesús Alberto Gaviño Ortiz
Expediente 1829/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1829/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/02/2018
Partes del expediente
- Jesús Alberto Gaviño Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
vi.- Visto el oficio signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le remitieron las copias certificadas del expediente laboral **********. Con fundamento en lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, glósese para que obre como corresponda y téngase por cumplimentado el requerimiento de mérito para los efectos procedentes.
- Principal
vi.- Vista la certificación de cuenta, se advierte que el quejoso no interpuso dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley mencionada, contra de la sentencia de diecisiete de enero del presente año (fojas 53 a 60), por el que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar, en consecuencia; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la precisión siguiente: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción II). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia, y; En otro sentido, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo décimo primero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos vigésimo y vigésimo primero del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia o relevancia. Así pues, remítanse al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, las copias certificadas del juicio laboral 906/2013. Por tanto, requiérase a la mencionada autoridad para que en el plazo de tres días legalmente computado, remita el acuse de recibo correspondiente, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Finalmente, se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obren las constancias de notificación derivadas del presente proveído.
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de dos mil diecisiete En Toluca, Estado de México, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de enero de dos mil dieciocho,, hora y día señalados, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1829/2017-VI, promovido por Juan Soto Mendoza apoderado legal de Jesús Alberto Gaviño Ortiz, en audiencia pública, Liliana Lozano Mendoza, Secretaria encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/6498/2017 de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión; con la Secretaria de Juzgado, Tania Rosalinda Méndez López, quien autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin asistencia de las partes. Acto seguido, la Secretario hace relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el presente expediente. Al caso es aplicable la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, Materia Común, página 185, registro 206494, registro 206494, cuyo rubro y texto son: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." La Secretaria Encargada del Despacho acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 124 de la vigente Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por hecha la relación de constancias. A continuación, se abre el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda consistentes en: 1. La instrumental de actuaciones. 2. La presuncional legal y humana. Asimismo la secretaria da cuenta con las exhibidas por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en su informe justificado, consistentes en copias certificadas del juicio laboral 906/2013. La Secretaria encargada del Despacho, acuerda: con fundamento en los artículos 119; 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogadas las pruebas relacionadas, dada su propia y especial naturaleza. Al no existir prueba alguna pendiente de desahogo, se cierra el período probatorio. Enseguida, se apertura el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, con lo que se da por concluida la presente etapa. Con lo expuesto, se tienen por realizadas las etapas precedentes de la audiencia constitucional, en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1829/2017-VI, promovido por Juan Soto Mendoza apoderado legal de Jesús Alberto Gaviño Ortiz, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito recibido el uno de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnada al día siguiente hábil a este órgano jurisdiccional, Juan Soto Mendoza apoderado legal de Jesús Alberto Gaviño Ortiz demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las omisiones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, que se precisan a continuación: "La omisión de la Autoridad Responsable de dictar el acuerdo correspondiente respecto de la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas y como consecuencia de ello la omisión de señalar día y hora a efecto de que lleve a cabo la referida audiencia, violentando lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional." SEGUNDO. El impetrante señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Mediante proveído de doce de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 29 a 32), se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó intervención al representante social Federal de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional; la cual inició en términos del acta precedente y culmina con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 55, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, pues el impetrante constitucional controvierte una omisión que carece de ejecución material y la demanda se presentó en el lugar en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia es la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México de dictar el acuerdo relativo a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas y como consecuencia de ello señalar la fecha y hora para el desahogo de la audiencia correspondiente. La precisión anterior se hace, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgador de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del expediente del presente juicio, incluyendo la intencionalidad del quejoso, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril del año dos mil, Novena Época, con número de registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." No representa un obstáculo a lo anterior, el hecho de que la jurisprudencia antes invocada interprete la legislación de amparo abrogada, de diez de enero de mil novecientos treinta y seis, pues aquélla no es contraria, ni se contrapone con las disposiciones de la actual Ley de Amparo -dos de abril de dos mil trece- así como tampoco lo son las demás tesis aislada y jurisprudencia que serán citadas en esta sentencia, que atiendan o hagan referencia a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo establecido en el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. TERCERO. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto controvertido, resulta oportuno pronunciarse sobre la certeza del acto reclamado, pues por razón de método, en toda sentencia de amparo dicha situación debe ocurrir previamente. A lo anterior es aplicable la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, número de registro 212775, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." El acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, es cierto, pues así lo manifestó al rendir informe justificado por conducto de su Presidente; además, la certeza del acto se corrobora con las copias certificadas del juicio laboral 906/2013. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Con fundamento en los artículos 217 y transitorio sexto de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia consultable en la página 231 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 917812, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la jurisprudencia 226, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes, al constituir una cuestión de orden público y de estudio preferente en este asunto, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Es aplicable la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 553, del Tomo VI, del Apéndice 1917-1995, Parte TCC, materia común, Octava Época, con número de registro 394770, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso en concreto, este órgano de control constitucional, considera se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, este último, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con apoyo en la fracción V, del artículo 63, del ordenamiento legal en cita, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Lo anterior es así por las siguientes consideraciones: El numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "El juicio de amparo es improcedente: . XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el ordinal 107, fracción V, de la Ley en cita contempla que: "El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se puede advertir que el juicio de amparo es improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Establecido lo anterior, se está en condiciones de puntualizar, que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo siempre que tales violaciones afecten las defensas de la parte quejosa trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), Constitucional y 170 de la Ley de Amparo; pero existen una serie de excepciones en las que procederá el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, que señala el mismo artículo 107, fracción III, incisos b) y c), de la Carta Magna y que precisa el artículo 107, fracciones V y VI de su Ley Reglamentaria, cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y cuando afecten a personas extrañas a la controversia. Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Por imposible reparación, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la tesis jurisprudencial visible en la página 144, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, definió lo siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." El Pleno del más Alto Tribunal de la República emitió la jurisprudencia consultable en la página 154, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Expuesto lo anterior, en el caso en concreto, el acto reclamado consistente en la dilación procesal en que el Tribunal responsable se ha conducido en el expediente de origen; en específico en lo concerniente a acordar lo conducente al ofrecimiento y admisión de pruebas y señalar la fecha para la audiencia correspondiente; se considera se trata de un acto intraprocesal que no afectan derechos sustantivos del quejoso y no tienen una ejecución irreparable en su esfera jurídica, en la medida que los actos destacados no se tratan de omisiones autónomas al procedimiento de origen, sino que se presentan justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite, por lo que, en todo caso, se está frente a actos que producen una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o intraprocesal y el amparo indirecto sólo procederá cuando el acto que pretenda reclamarse tenga una ejecución que sea de imposible reparación; sin que se consideré que con el acto reclamado se esté en presencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Por tanto, los actos destacados no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, pues aquellos únicamente tienen una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales y sus efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por contradicción de tesis por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2011580, que establece: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Sin que en la especie esta Juzgadora advierta que existe una abierta dilación del procedimiento, ni mucho menos su paralización total; toda vez que de las constancias que remitió la responsable como apoyo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente laboral 906/2013 de su índice, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por haber sido expedidas por funcionarios en ejercicio de sus facultades; se advierte lo siguiente: El dieciocho de enero de dos mil diecisiete, el Tribunal responsable ordenó el emplazamiento de la demandada, el cual tuvo verificativo el uno de febrero siguiente El dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, la demandada dio contestación a la demanda y promovió reconvención en contra del actor en el juicio de origen. El trece de diciembre de dos mil diecisiete, se tuvo por contestada la demanda y se otorgó u término de cinco días al actor para que diera respuesta a la reconvención, con el apercibimiento que de no hacerlo se le tendría por contestada la reconvención en sentido afirmativo. Siendo esta la última actuación que obra en las copias certificadas del juicio de origen. De donde se evidencia que no existe una abierta dilación del procedimiento, ni mucho menos su paralización total, toda vez que la responsable ha ejercitado actos tendentes a emitir el acuerdo correspondiente, pues es necesario que primero se prevea respecto de la reconvención para después proveer sobre el ofrecimiento y admisión de pruebas, omisión reclama el aquí quejoso; de ahí que, el presente caso no se encuentre en los casos de excepción que harían procedente el juicio de amparo, en términos del criterio jurisprudencial anteriormente invocado. En tal virtud, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, 107, fracción V, este último, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 61, fracción XXIII, 63, fracción V, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1248/2017-VI, promovido por Juan Soto Mendoza apoderado legal de Jesús Alberto Gaviño Ortiz, contra la omisión reclamada del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México y por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Liliana Lozano Mendoza, Secretaria encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/6498/2017 de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión, ante la Secretaria de Juzgado, Tania Rosalinda Méndez López, que da fe. Doy fe. 1172, 1173 y 1174 de dos mil diecisiete En Toluca, Estado de México, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de enero de dos mil dieciocho,, hora y día señalados, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1829/2017-VI, promovido por Juan Soto Mendoza apoderado legal de Jesús Alberto Gaviño Ortiz, en audiencia pública, Liliana Lozano Mendoza, Secretaria encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/6498/2017 de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión; con la Secretaria de Juzgado, Tania Rosalinda Méndez López, quien autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin asistencia de las partes. Acto seguido, la Secretario hace relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el presente expediente. Al caso es aplicable la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, Materia Común, página 185, registro 206494, registro 206494, cuyo rubro y texto son: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." La Secretaria Encargada del Despacho acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 124 de la vigente Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por hecha la relación de constancias. A continuación, se abre el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda consistentes en: 1. La instrumental de actuaciones. 2. La presuncional legal y humana. Asimismo la secretaria da cuenta con las exhibidas por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en su informe justificado, consistentes en copias certificadas del juicio laboral 906/2013. La Secretaria encargada del Despacho, acuerda: con fundamento en los artículos 119; 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogadas las pruebas relacionadas, dada su propia y especial naturaleza. Al no existir prueba alguna pendiente de desahogo, se cierra el período probatorio. Enseguida, se apertura el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, con lo que se da por concluida la presente etapa. Con lo expuesto, se tienen por realizadas las etapas precedentes de la audiencia constitucional, en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1829/2017-VI, promovido por Juan Soto Mendoza apoderado legal de Jesús Alberto Gaviño Ortiz, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito recibido el uno de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnada al día siguiente hábil a este órgano jurisdiccional, Juan Soto Mendoza apoderado legal de Jesús Alberto Gaviño Ortiz demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las omisiones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, que se precisan a continuación: "La omisión de la Autoridad Responsable de dictar el acuerdo correspondiente respecto de la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas y como consecuencia de ello la omisión de señalar día y hora a efecto de que lleve a cabo la referida audiencia, violentando lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional." SEGUNDO. El impetrante señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Mediante proveído de doce de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 29 a 32), se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó intervención al representante social Federal de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional; la cual inició en términos del acta precedente y culmina con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 55, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, pues el impetrante constitucional controvierte una omisión que carece de ejecución material y la demanda se presentó en el lugar en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia es la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México de dictar el acuerdo relativo a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas y como consecuencia de ello señalar la fecha y hora para el desahogo de la audiencia correspondiente. La precisión anterior se hace, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgador de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del expediente del presente juicio, incluyendo la intencionalidad del quejoso, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril del año dos mil, Novena Época, con número de registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." No representa un obstáculo a lo anterior, el hecho de que la jurisprudencia antes invocada interprete la legislación de amparo abrogada, de diez de enero de mil novecientos treinta y seis, pues aquélla no es contraria, ni se contrapone con las disposiciones de la actual Ley de Amparo -dos de abril de dos mil trece- así como tampoco lo son las demás tesis aislada y jurisprudencia que serán citadas en esta sentencia, que atiendan o hagan referencia a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo establecido en el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. TERCERO. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto controvertido, resulta oportuno pronunciarse sobre la certeza del acto reclamado, pues por razón de método, en toda sentencia de amparo dicha situación debe ocurrir previamente. A lo anterior es aplicable la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, número de registro 212775, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." El acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, es cierto, pues así lo manifestó al rendir informe justificado por conducto de su Presidente; además, la certeza del acto se corrobora con las copias certificadas del juicio laboral 906/2013. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Con fundamento en los artículos 217 y transitorio sexto de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia consultable en la página 231 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 917812, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la jurisprudencia 226, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes, al constituir una cuestión de orden público y de estudio preferente en este asunto, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Es aplicable la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 553, del Tomo VI, del Apéndice 1917-1995, Parte TCC, materia común, Octava Época, con número de registro 394770, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso en concreto, este órgano de control constitucional, considera se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, este último, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con apoyo en la fracción V, del artículo 63, del ordenamiento legal en cita, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Lo anterior es así por las siguientes consideraciones: El numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "El juicio de amparo es improcedente: . XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el ordinal 107, fracción V, de la Ley en cita contempla que: "El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se puede advertir que el juicio de amparo es improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Establecido lo anterior, se está en condiciones de puntualizar, que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo siempre que tales violaciones afecten las defensas de la parte quejosa trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), Constitucional y 170 de la Ley de Amparo; pero existen una serie de excepciones en las que procederá el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, que señala el mismo artículo 107, fracción III, incisos b) y c), de la Carta Magna y que precisa el artículo 107, fracciones V y VI de su Ley Reglamentaria, cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y cuando afecten a personas extrañas a la controversia. Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Por imposible reparación, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la tesis jurisprudencial visible en la página 144, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, definió lo siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." El Pleno del más Alto Tribunal de la República emitió la jurisprudencia consultable en la página 154, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Expuesto lo anterior, en el caso en concreto, el acto reclamado consistente en la dilación procesal en que el Tribunal responsable se ha conducido en el expediente de origen; en específico en lo concerniente a acordar lo conducente al ofrecimiento y admisión de pruebas y señalar la fecha para la audiencia correspondiente; se considera se trata de un acto intraprocesal que no afectan derechos sustantivos del quejoso y no tienen una ejecución irreparable en su esfera jurídica, en la medida que los actos destacados no se tratan de omisiones autónomas al procedimiento de origen, sino que se presentan justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite, por lo que, en todo caso, se está frente a actos que producen una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o intraprocesal y el amparo indirecto sólo procederá cuando el acto que pretenda reclamarse tenga una ejecución que sea de imposible reparación; sin que se consideré que con el acto reclamado se esté en presencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Por tanto, los actos destacados no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, pues aquellos únicamente tienen una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales y sus efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por contradicción de tesis por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2011580, que establece: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Sin que en la especie esta Juzgadora advierta que existe una abierta dilación del procedimiento, ni mucho menos su paralización total; toda vez que de las constancias que remitió la responsable como apoyo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente laboral 906/2013 de su índice, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por haber sido expedidas por funcionarios en ejercicio de sus facultades; se advierte lo siguiente: El dieciocho de enero de dos mil diecisiete, el Tribunal responsable ordenó el emplazamiento de la demandada, el cual tuvo verificativo el uno de febrero siguiente El dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, la demandada dio contestación a la demanda y promovió reconvención en contra del actor en el juicio de origen. El trece de diciembre de dos mil diecisiete, se tuvo por contestada la demanda y se otorgó u término de cinco días al actor para que diera respuesta a la reconvención, con el apercibimiento que de no hacerlo se le tendría por contestada la reconvención en sentido afirmativo. Siendo esta la última actuación que obra en las copias certificadas del juicio de origen. De donde se evidencia que no existe una abierta dilación del procedimiento, ni mucho menos su paralización total, toda vez que la responsable ha ejercitado actos tendentes a emitir el acuerdo correspondiente, pues es necesario que primero se prevea respecto de la reconvención para después proveer sobre el ofrecimiento y admisión de pruebas, omisión reclama el aquí quejoso; de ahí que, el presente caso no se encuentre en los casos de excepción que harían procedente el juicio de amparo, en términos del criterio jurisprudencial anteriormente invocado. En tal virtud, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, 107, fracción V, este último, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 61, fracción XXIII, 63, fracción V, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1248/2017-VI, promovido por Juan Soto Mendoza apoderado legal de Jesús Alberto Gaviño Ortiz, contra la omisión reclamada del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México y por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Liliana Lozano Mendoza, Secretaria encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/6498/2017 de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión, ante la Secretaria de Juzgado, Tania Rosalinda Méndez López, que da fe. Doy fe.
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VI.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que el veintiuno de diciembre de los corrientes (foja 49), se recibió el informe justificado del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, mismo que se puso a la vista de las partes el veintidós siguiente (foja 50 vuelta); por tanto, en virtud de que no transcurrirían los ocho días señalados en el párrafo segundo del artículo 117 de la ley de la materia para que las partes se impongan de su contenido; y, a fin de no violar las leyes del procedimiento que rigen el juicio de amparo, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 115 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar se fijan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de enero de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo su desahogo.
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