Jesús Alberto Dothe Quezada
Expediente 565/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 26 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 565/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 26/07/2021
Partes del expediente
- Jesús Alberto Dothe Quezada
Actuaciones
- Principal
(CONFORME A LA LEY DE AMPARO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO SE COMUNICÓ VÍA TELEFÓNICA CON EL ACTUARIO, NI ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL PREVIA CITA A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA ELLO; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DEL MISMO POR MEDIO DE LISTA:"Vista la demanda vía electrónica de cuenta enviada por el promovente MARÍA ELENA GUERRERO ROMÁN a nombre de JESÚS ALBERTO DOTHE QUEZADA contra actos del Responsable de la Fiscalía de Investigación Territorial en Álvaro Obregón, Coordinación Territorial AO-3 y otras autoridades, por tanto, regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 565/2021 y fórmese expediente físico y electrónico. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por su parte, el arábigo 6° de la ley de la materia, dispone: "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Así también, el numeral 15 del ordenamiento legal citado en último término, dice: "Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad..." Y el precepto 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales..." De los arábigos transcritos, se desprende que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de garantías consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada; por ello, la representación de quien acude a la vía de amparo es un presupuesto que tendrá que acreditarse en términos de lo que establecen los dispositivos previamente anotados. En la especie, del análisis del ocurso de que se trata no se advierte que se dé alguno de los supuestos a que aluden los citados preceptos, para la procedencia de la interposición de la demanda por conducto de un tercero, pues si bien el arábigo 6° dispone que el juicio podrá ser promovido por conducto de representante, ello no debe entenderse de manera aislada, sino vinculada con el arábigo 15 de la ley de la materia, y toda vez que en el presente caso no se desprende que el quejoso se halle impedido para hacer valer la acción constitucional por sí mismo, es inconcuso que para efectos de su tramitación, quien suscribe el escrito no está legitimada para efectuarlo a nombre de JESÚS ALBERTO DOTHE QUEZADA. Así es, del contenido íntegro del libelo inicial no se desprende que el directo inconforme tenga alguna imposibilidad para hacer valer la acción de amparo, sin que se inadvierta que en el ocurso que se atiende, la parte signante hubiere referido que el directo quejoso fue incomunicado por más de una hora con treinta minutos; no obstante ello, debe decirse que de igual manera, en dicha demanda no existe dato objetivo alguno que permita establecer que dicha circunstancia se siga presentando en la actualidad, atendiendo incluso a la propia manifestación de la promovente en el sentido de que solo se dio por una hora y media de ahí que a la presentación del escrito que dio origen al presente expediente, resulte inexistente, en virtud de que la promovente dentro de las relatoría de los antecedentes refiere que dicha incomunicación se suscitó el veinticinco de julio del año en curso, por lo que se reitera, a la fecha de la presentación de la demanda dicho acto no existe, aunado a que de dicha manifestación no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Federal; circunstancias que efectivamente le permitirían que fuera diversa persona quien, en su representación, promoviera el presente juicio, esto, en apego irrestricto de los preceptos legales que se citaron en los párrafos que preceden, por lo que al no encontrarse impedido para redactar, firmar y hacer llegar a este órgano de control, por conducto de algún tercero, el escrito mediante el cual solicita la protección constitucional, es inconcuso que no se actualizan los extremos contemplados en el dispositivo 15 de la legislación de la materia. Aunado a lo anterior, es de destacarse, que el escrito inicial carece de firma de la promovente, es decir, de María Elena Guerrero Román, así como del directo quejoso JESÚS ALBERTO DOTHE QUEZADA, por lo cual no satisface lo contemplado en el numeral 3° de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. [.] No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. En ese orden de ideas, tomando en consideración que, si bien la demanda fue promovida por MARÍA ELENA GUERRERO ROMÁN a nombre de JESÚS ALBERTO DOTHE QUEZADA, y que ésta fue recibida mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), lo cierto es que, como se indicó, el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, y la firma en un escrito de demanda es un requisito fundamental para darle validez a la petición que en el mismo se hace, esto es, la manifestación expresa de la voluntad; sin embargo, en el caso la misma carece de la firma tanto de la promovente, es decir, de María Elena Guerrero Román, así como de JESÚS ALBERTO DOTHE QUEZADA, por lo cual no satisface dicho principio. A mayor abundamiento, las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de que el promovente es justamente el quejoso, deben contener la evidencia criptográfica generada con motivo del envío de la demanda, en la que se advierta indubitablemente que la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) con la que se suscribió, le pertenece. Ilustra lo anterior y resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder éste no se instó, conforme a lo dispuesto por el citado artículo 6° de la ley de la materia. Criterio además sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en la queja administrativa 87/2017, quien señaló que no debe considerarse que el desechamiento de la demanda, por no estar firmada electrónicamente por la parte promovente, implique desatender el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, ya que no se advierte que esto constituya un obstáculo para ejercer el derecho de acción, pues la ley prevé diversos mecanismos para la presentación de la demanda de amparo, los cuales tienen como finalidad dar plenitud al ejercicio de dicha prerrogativa fundamental. En tal virtud, al no haberse demostrado la voluntad de iniciar la acción de garantías por la persona señalada con antelación, SE DESECHA el ocurso de garantías de que se trata, con fundamento en los dispositivos 112 y 113, en relación con los arábigos 6° y 15 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere; por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a los profesionistas que menciona, en virtud de que al ingresar a la página http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, se desprende que se encuentran legalmente acreditados para ejercer la profesión de licenciados en Derecho. Con fundamento en el arábigo 21, párrafo tercero, de la indicada ley, se faculta al actuario judicial adscrito a practicar las notificaciones personales en días y horas inhábiles que surjan en este juicio; en la inteligencia de que, en caso de que ello no sea posible en el domicilio señalado, por causas atribuibles a la parte quejosa, deberán realizarse por medio de lista, sin necesidad de ulterior acuerdo; con fundamento en el precepto 27, fracción III, inciso a), de la aludida ley, así como en la jurisprudencia 20/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 238, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la referida contingencia sanitaria, se exhorta a las partes y sus autorizados, a que de ser posible, privilegien la presentación de promociones vía electrónica a través del esquema de "juicio en línea", para lo cual, podrán solicitar el acceso al expediente electrónico de este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea, bajo la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx; o bien, al correo electrónico 14jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx. En términos de lo dispuesto en el artículo 22 del referido acuerdo general, se exhorta a las partes y sus autorizados, a fin de que propongan formas de contacto, como pueden ser correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea; lo anterior para el debido seguimiento de los expedientes.
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