Jesús Alberto Ayala Urías
Expediente 339/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 339/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/07/2017
Partes del expediente
- Jesús Alberto Ayala Urías
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos la comparecencia de cuenta, de la que se advierte que la promovente Alexandra Guadalupe Ayala Navarro, manifiesta que ratifica el contenido y firma del escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, en fecha trece de julio de dos mil diecisiete, con número de registro 7737, con lo que da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de catorce de julio del actual. Por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto y su autorizada compareció a ratificar el escrito mediante el cual solicitó se declarara por concluido en presente juicio, y por tanto, se hiciera la devolución de los documentos que fueron anexados al escrito inicial de demanda. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Toda vez que de autos se advierten documentos exhibidos por la parte quejosa, consistentes en copia certificada de la escritura pública número cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro, pasada ante la fe del Notario Público Número sesenta y nueve, con residencia en Cajeme, Sonora, de fecha treinta de abril de dos mil trece, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibido que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Agréguese el escrito de cuenta signado por Alexandra Guadalupe Ayala Navarro, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual manifiesta que se conforma con el desechamiento dictado en autos, por lo que solicita se declare por concluido el presente juicio, y por tanto se haga la devolución de los documentos que fueron anexados al escrito inicial de demanda. En consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca debidamente identificado ante este órgano de control constitucional, a fin de que ratifique el contenido del escrito de cuenta, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se proveerá en relación a la firmeza del auto de siete de julio de dos mil diecisiete, hasta en tanto transcurra el plazo establecido en el numeral 98 de la Ley de Amparo. En el entendido que una vez que cause estado el citado proveído se proveerá en relación a la devolución de los documentos.
- Principal
Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Jesús Alberto Ayala Urías, contra actos de la siguiente autoridad: Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de la ciudad de Ensenada, Baja California. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 339/2017- III-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 ó 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: Se reclama a la autoridad responsable la resolución Administrativa con folio 130641 y Exp. DRPPC/RI0022/17 de fecha 26 de Junio del 2017 que recayó al Recurso de Revisión interpuesto por el suscrito en contra de un reporte de rechazo de un título de propiedad, emitidito dicho rechazo por la misma autoridad responsable, en fecha 09 de Junio del 2017, reclamándose en su totalidad por encontrarse sumamente INFUNDADA e INMOTIVADA, en virtud de los razonamientos que se expondrán en el capítulo correspondiente. Todos y cada uno de los actos y omisiones judiciales que hayan ejecutado o pretendan ejecutar en perjuicio de las garantías del hoy quejoso, así como todas y cada una de las consecuencias jurídicas que genere el cumplimiento de todos y cada uno de los actos que se les reclaman. De conformidad con lo expuesto, en apego al artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, procede desechar de plano la presente demanda, en tanto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con la fracción V del artículo 107, interpretado a contrario sensu, todos de la señalada Ley, en atención a las consideraciones siguientes: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" Por su parte el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [...] "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". En primer lugar, debe decirse que el acto de que se trata, proviene de autoridades administrativas del Estado de Baja California, conforme a lo dispuesto en los artículos 91, 92 y 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. En segundo término, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y los artículos 2, 22 fracción I, 30, 56, 57, 59 y 62 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California, que en lo que interesa disponen: "ARTÍCULO 55.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá el carácter de órgano constitucional autónomo y resolverá las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre los particulares y la administración pública estatal o municipal, así como entre el fisco estatal y los fiscos municipales sobre preferencia de créditos fiscales. El Tribunal contará con plena autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y poseerá plena jurisdicción e imperio suficiente para hacer cumplir sus resoluciones. [.] "Artículo 2.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tendrá a su cargo, dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios, y Organismos Descentralizados y los particulares; así como entre el fisco estatal y los fiscos municipales, sobre preferencias en el cobro de créditos fiscales" "Artículo 22.- Las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer de los juicios que se promuevan en contra de los actos o resoluciones definitivas siguientes: "I.- Los de carácter administrativo emanados de las Autoridades Estatales, Municipales o de sus Organismos Descentralizados, cuando éstos actúen como autoridades, que causen agravio a los particulares; [.]" "Artículo 30.- Los juicios que se promuevan ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que determina este Título" "Artículo 56.- La suspensión provisional de los actos impugnados deberá resolverse por el Magistrado de la Sala en el mismo auto en que se admita la demanda, haciéndolo saber a la autoridad demandada, para su cumplimiento, si se concede. [.]" "Artículo 57.- La suspensión podrá solicitarla el actor, en cualquier momento del juicio y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, hasta en tanto se pronuncie sentencia ejecutoria. Si se solicita después de presentada la demanda, se tramitará en forma incidental. "La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por la autoridad administrativa, o cuando a juicio del Magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al particular" "Artículo 59.- No se otorgará la suspensión, si se sigue perjuicio a evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio" "Artículo 62.- En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. "La suspensión dejará de surtir efectos si la garantía no se otorga dentro de los cinco días siguientes, a aquél en que surta efectos la notificación del auto que la conceda. "Cuando con la suspensión puedan afectarse los derechos de terceros no estimables en dinero, la Sala fijará discrecionalmente el importe de la garantía" De conformidad con lo anterior, es claro que el solicitante del amparo debió promover el juicio de nulidad ante la Sala respectiva del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Baja California, antes de acudir a esta instancia constitucional a combatir los actos que ahora reclama, ya que a través del citado juicio es posible que se obtenga la modificación, revocación o nulificación de los mismos. Lo anterior es así, porque en términos de la fracción I del artículo 22 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California, dicho juicio procede contra actos de carácter administrativo emanados de autoridades Municipales, o Estatales que causen agravio a los particulares; mientras que el acto reclamado se hace consistir en la resolución administrativa dictada dentro del expediente DRPPC/RI0022/17, de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, que recayó al recurso de revisión interpuesto por el promovente en contra de la negativa por parte del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en esta ciudad, a inscribir el contrato de compraventa que solicita; de ahí que, por ser un acto administrativo en el que el aquí peticionario del amparo es parte, está obligado a agotar los recursos ordinarios o los juicios previstos por la ley, antes de acudir al juicio de amparo indirecto pues, en el caso, procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California. Además, dado que para suspender la ejecución del acto de referencia, en su caso, no se exigen mayores requisitos que los consignados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva de los mismos, según se obtiene de lo expuesto en líneas precedentes; ni la resolución materia de reclamo adolece de fundamentación y motivación, según se desprende del oficio Exp. DRPPC/RI0022/17 que anexa a su demanda, del cual se duele. En ese contexto, es incuestionable que el promovente debió agotar el referido juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como medio ordinario de defensa a su alcance para poder obtener la modificación, revocación o nulificación de los actos que aquí se reclaman. Por otro lado, debe decirse que los solicitantes del amparo no se ubican en alguna de las excepciones a que alude la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que los quejosos como parte conocieron directamente del acto del que se duelen, por lo que estuvieron en aptitud de combatirlo ordinariamente y obtener, la modificación o revocación del mismo; con independencia de que sea o no de imposible reparación, pues están obligados a agotar el principio de definitividad, por lo que con apego al citado ordenamiento legal, procede desechar de plano la demanda de amparo presentada. Conforme a lo establecido en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, se citan las siguientes tesis: La Jurisprudencia XV.4o. J/6, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en la página: 1514, del Tomo XXVI, Agosto de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual establece: "SUSPENSIÓN CONTRA RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL SISTEMA NORMATIVO QUE LA PREVÉ, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD PREVIO A INTENTAR LA VÍA CONSTITUCIONAL. Del examen comparativo de los artículos 59 a 62 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los establecidos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; esta solicitud es oportuna desde la demanda hasta antes de la sentencia (en amparo, la ejecutoria, obviamente); en ambos juicios operan la suspensión provisional y la definitiva; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general ni contravenga disposiciones de orden público, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes; por lo tanto, salvo que se actualice alguna diversa excepción al principio de definitividad, debe agotarse el juicio de nulidad previo a intentar la vía constitucional, en contra de los actos impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado" Y la diversa por reiteracion, correspondiente a la Décima Época, de Tribunales Colegiados de Circuito, localizada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: XVI.1o.A. J/19 (10a.), Página: 1536, que refiere lo siguiente: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo." Atento a lo expuesto, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Jesús Alberto Ayala Urías. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de demanda, por autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alexandra Guadalupe Ayala Navarro, y a Enrique Alejandro Núñez Estrada en términos del artículo 24 del citado ordenamiento. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.
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