Jesus Alberto Aguilar Burgos
Expediente 226/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 226/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 13/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jesus Alberto Aguilar Burgos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de veinte de agosto de dos mil dieciocho, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, dictada por éste Juzgado, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Jesús Alberto Aguilar Burgos, en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Por tanto, de conformidad con la fracción III, del artículo Vigésimo Primero, Capitulo Quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, del citado Acuerdo General conjunto número 1/2009, toda vez que se negó la suspensión definitiva, respecto de todos los actos reclamados, se precisa que el original y duplicado del cuaderno de suspensión, son susceptibles de destrucción, atento a la fracción III, del apartado vigésimo y fracción III, primer párrafo del punto vigésimo primero, ambos del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, por ello no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de lo que se advierte que la autoridad responsable Supervisor de Zona adscrito a la Zona Los Mochis, de la División de Distribución Noroeste de la Empresa Productiva del Estado CFE Distribución, con residencia en ésta ciudad, a través del oficio recibido en éste juzgado, el ocho de agosto del año en curso, comunicó el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en el presente asunto; por tanto, éste Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por resolución emitida por éste juzgado el veintiuno de junio de dos mil dieciocho, en el presente juicio de amparo, en la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal, para efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones: "las autoridades responsables, en el plazo de tres días, contado a partir de que se le notifique la ejecutoria que cause este fallo, den respuesta completa y congruente, a la petición del quejoso Jesús Alberto Aguilar Burgos, contenida en el escrito que les presentó desde el doce de febrero de dos mil dieciocho, haciendo de su conocimiento la respuesta que recaiga.". En auto de doce de julio de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia y se requirió por su cumplimiento a las autoridades responsables. Por oficio recibido en este juzgado el ocho de agosto del presente año, el Supervisor de Zona adscrito a la Zona Los Mochis, de la División de Distribución Noroeste de la Empresa Productiva del Estado CFE Distribución y en representación del Superintendente de Zona Los Mochis, ambos con residencia en ésta ciudad, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copias del oficio JZLM-0045/2018, dirigido al quejoso Jesús Alberto Aguilar Burgos, en el cual da contestación a su escrito presentado el doce de febrero de dos mil dieciocho. Con lo anterior se dio vista a la parte quejosa en acuerdo de diez de agosto del año en curso, por el término de tres días, con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto, este juzgado resolvería sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obren en el presente juicio y los datos aportados por las autoridades responsables, sin que el quejoso haya hecho manifestación alguna. Ahora bien, toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para efectos de que una vez que cause ejecutoria la resolución emitida, las autoridades responsables, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que se les notifique la ejecutoria correspondiente, den respuesta completa y congruente, a la petición del quejoso Jesús Alberto Aguilar Burgos, contenida en el escrito que les presentó desde el doce de febrero de dos mil dieciocho, haciendo de su conocimiento la respuesta que recaiga; por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado, por lo que se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido las autoridades responsables en exceso o defectos. Finalmente, agréguese a los presentes autos, el escrito firmado por el quejoso Jesús Alberto Aguilar Burgos, a través del cual, expone diversas manifestaciones respecto al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por parte de las autoridades responsables y, en atención a su contenido, dígasele que devienen ineficaces los motivos de disenso que se analizan, en virtud de que los efectos de la concesión del amparo, constriñe a las autoridades responsables, para que den respuesta completa y congruente, a la petición del quejoso Jesús Alberto Aguilar Burgos, contenida en el escrito que les presentó desde el doce de febrero de dos mil dieciocho. Cabe precisar que, la anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado; empero, la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario; consecuentemente, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el suscrito juzgador, en el presente procedimiento de ejecución del fallo protector, pueda examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida y, en el caso concreto la autoridad responsable parte de un presupuesto procesal como es la competencia, de ahí que, si la responsable estima carecer de competencia, el suscrito juzgador no está en posibilidad de analizar la legalidad o ilegalidades del mismo, pues ello es materia diferente a la del acto reclamado. En efecto, el acto reclamado versa sobre un reproche de naturaleza omisiva, de ahí que, el acto positivo en el que de cumplimiento y parte de la ausencia de competencia debe analizarse en diversa instancia a la luz de diversos agravios o conceptos de violación. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia de la Novena Época, con registro 190356, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 203, Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2001, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 1/2001, cuyo contenido es: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia.".
- Principal
Agréguese a sus autos para que surtan sus efectos legales, el oficio de cuenta suscrito por el Supervisor de Zona Los Mochis y Apoderad legal de Comisión Federal de Electricidad Distribución, con residencia en ésta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite diversas documentales; en consecuencia, dese vista con el oficio de referencia a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta los efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que las autoridades responsables Superintendente y Supervisor Jurídico, ambos de Zona Los Mochis de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en ésta ciudad, no han dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, la cual fue concedida para los siguientes efectos: "que las autoridades responsables, en el plazo de tres días, contado a partir de que se le notifique la ejecutoria que cause este fallo, den respuesta completa y congruente, a la petición del quejoso Jesús Alberto Aguilar Burgos, contenida en el escrito que les presentó desde el doce de febrero de dos mil dieciocho, haciendo de su conocimiento la respuesta que recaiga.". En consecuencia, con apoyo en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a las autoridades responsables Superintendente y Supervisor Jurídico, ambos de Zona Los Mochis de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en ésta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se les comunique el presente acuerdo informe sobre el cumplimiento, remitiendo las constancias para acreditarlo, o bien, los actos que esté realizando para tal efecto. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, se impondrá a su titular una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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