Jesús Alanís Rosales
Expediente 13/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 13/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jesús Alanís Rosales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
1. Iguala de la Independencia, Guerrero, veintidós de julio de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta y del estado procesal de actuaciones, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia del veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Jesús Alanís Rosales; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la normativa de la materia, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria, glósese el original del incidente de suspensión relativo y archívese el expediente como asunto concluido. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Se hace constar que este expediente es susceptible de depuración, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo; c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Por otra parte, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, en términos del artículo cuarto y vigésimo, fracción III, del citado acuerdo. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez de Control del Estado, Adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con Jurisdicción y Competencia en los distritos judiciales de Aldama y Alarcón, con sede en esta ciudad, las copias certificadas de la carpeta de judicial C-116/2020, constante de un tomo de pruebas y dos discos compactos de audio y video, mismos que anexó a su informe justificado. Se solicita el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese por lista electrónica.Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Incidental
1. Iguala de la Independencia, Guerrero, once de mayo de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído del treinta de abril del año en curso, se tuvo al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, enviando el testimonio de la ejecutoria dictada en el incidente en revisión penal 121/2020 de índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, en la que confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el órgano de control de referencia, mismo que concedió la suspensión solicitada, así como el original del cuaderno en que se actúa. Sin que en la data de referencia se haya informado al órgano de control la llegada del expediente de mérito, en consecuencia acúsese de recibo del mismo. Por tanto, intégrese la carátula correspondiente y ténganse por reproducidas las providencias decretadas en el mismo, para los efectos conducentes e incorpórese a estos autos el cuaderno de antecedentes, únicamente por cuanto hace a las actuaciones originales, dado que las restantes son reproducción de constancias que obran glosadas en este incidente de suspensión y comuníquese la anterior circunstancia a las partes. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Incidental
1. Iguala de la Independencia, Guerrero, treinta de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual anexa testimonio de la ejecutoria dictada en el incidente en revisión penal 121/2020 de índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, en la que confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el órgano de control de referencia, mismo que concedió la suspensión solicitada, de lo que se toma nota para los efectos a que haya lugar. Acúsese de recibo. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
1. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 13/2021-1; y, R E S U L T A N D O I. *** *** ***, a través de su defensor particular *** *** ***, por escrito presentado el once de septiembre de dos mil veinte, ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Jueza de Control y Enjuiciamiento Penal con residencia en esta ciudad y Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón, y otra autoridad. II. En auto del diecisiete de septiembre de dos mil veinte, ese Juzgado Federal, admitió la demanda; solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito, sin embargo, en proveído del diecisiete de diciembre de dos mil veinte dicho órgano de control estimó que carecía de competencia para conocer de ese juicio de amparo. III. Mediante acuerdo del veintiuno de enero del actual, este Juzgado Federal, aceptó la competencia y asumió el conocimiento de dicho juicio para la protección de derechos fundamentales; y señaló día y hora para la celebración de la constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad en el artículo 37, de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado se ejecutó dentro de la demarcación territorial de este órgano jurisdiccional, en la que se encuentra legalmente facultado para declarar el derecho al caso en particular. SEGUNDO. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en la demanda de amparo consisten en la resolución de control de detención y el auto de vinculación a proceso, del veinticinco y treinta de agosto de dos mil veintiuno, respectivamente, dictados en la carpeta judicial C-116/2020, del índice de la responsable, instruida en contra de *** *** *** por la probabilidad de haber cometido el hecho delictuoso de extorsión agravada. TERCERO. La Jueza de Control y Enjuiciamiento Penal con residencia en esta ciudad y Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de los acto que se le reclaman, por lo cual, se tienen por ciertos; esto con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Aunado a que así se advierte de las copias certificadas de la carpeta judicial C-116/2020 que remitió el juzgado responsable, en apoyo a su informe justificado; documentales que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2o. Misma consideración debe hacerse respecto al Encargado del Centro Regional de Reinserción Social de esta ciudad, pues aun y cuando omitió manifestar si son ciertos o no los actos que se le imputan al rendir su informe con justificación, lo cierto es, que esa autoridad responsable aceptó que en sus instalaciones está recluido el impetrante. CUARTO. En virtud de que las partes no hicieron valer causal de improcedencia, y este juzgador no advierte de oficio que se actualice alguna de las previstas en el numeral 61 de la Ley de Amparo, resulta viable entrar al estudio del fondo del asunto, sin que este órgano de control tenga la obligación de analizar todas las que hipotéticamente prevé tal precepto. No se transcriben los motivos de disenso, sin que por ello deba considerarse incongruente o incompleta la presente sentencia, o que se violen las formalidades que rigen el juicio de amparo. En ellos se proponen diversos argumentos de manera genérica, por lo que se abordará lo relativo a los conceptos de violación, temáticamente, mismos que pueden sintetizarse en la forma siguiente: - Vulneración a lo previsto en los artículos 14, 16 y 17 del Pacto Federal (principios audiencia, fundamentación y motivación y acceso a la justicia). - Falta de valoración de los datos de prueba. Ambos temas son relativos al control de detención. - Vulneración del principio de debido proceso, y fundamentación y motivación. - La falta de oralidad en el dictado del auto de vinculación a proceso y falta de fidelidad de la voz de la resolutora. Temas relacionados al auto de vinculación a proceso. - Estudio de control de detención. Por razón de técnica jurídica se analiza en primer término el acto reclamado consistente en la resolución del veinticinco de agosto de dos mil veinte, dictada por el juez responsable, en la carpeta judicial C-116/2020. Establecido lo anterior, el tema relativo al primero de los tópicos, tocante al derecho fundamental de audiencia, donde alega el justiciable que no se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, deviene infundado. Del artículo 14 Constitucional, se desprende el derecho fundamental de legalidad, que en lo que interesa para el presente asunto, se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada en un procedimiento. De manera genérica, la prerrogativa de audiencia contempla: la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas; la oportunidad de alegar; y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Es aplicable al presente caso la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 270, del tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 900218, cuyo rubro es: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." A partir de lo anterior, debe hacerse la precisión de que en el procedimiento primigenio el imputado fue asistido de su abogado particular, actuando en ese proceso por lo que ha tenido una defensa adecuada; de ahí que no asista razón al inconforme. Con relación al tema relativo a la falta de fundamentación y motivación, las manifestaciones realizadas en su motivo de disenso son infundadas. Ello es así, porque todo acto de autoridad debe de cumplir con el principio de seguridad jurídica, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que se encuentra vinculado a los principios de fundamentación y motivación previstos en el diverso 16 de dicho ordenamiento. En efecto, al hacer una interpretación conjunta y armónica de los principios de legalidad y seguridad jurídica, que consagran los preceptos 14 y 16 constitucionales, se advierte que las determinaciones jurisdiccionales requieren para ser legales, entre otros requisitos e imprescindiblemente, que sean emitidos cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, por escrito y debidamente fundadas y motivadas, entendiéndose esto último, como la cita del precepto legal aplicable al caso, así como las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a emitir su determinación. De no cumplir con lo anterior, se estará ante un acto ilegal de autoridad, que deja en estado de incertidumbre jurídica al gobernado. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible página 46, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, del Tomo III,??????????? página 46, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Ahora, en el caso a estudio, se considera que la determinación que se tilda de inconstitucional en esta instancia fue dictada conforme a derecho, pues la responsable señaló de manera fundada y motivada las particularidades por la cual determinó que se calificaba de ilegal la detención, toda vez que la víctima *** *** *** ***, señaló a los policías ministeriales aprehensores que esas personas habían sido quienes lo habían extorsionado, pues la detención ocurrió conforme a lo previsto en el artículo 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales (detención en flagrancia), y se observaron los requisitos constitucionales que se exigen para decretar la legalidad de la misma. En la especie, del análisis de la determinación que se combate se desprende que en contraposición de lo vertido por el impetrante, el juzgado responsable expuso los razonamientos jurídicos suficientes en que apoyó su determinación, citando los arábigos 16 Constitucional, 146 del Código Nacional de procedimientos Penales; de ahí que contrario a lo manifestado por el justiciable la resolución combatida sí se encuentra fundada y motivada. Ahora, respecto al tema de acceso a la justicia, las aseveraciones que realiza el inconforme son infundadas. Se arriba a la conclusión que antecede, porque conforme a los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 25 y 8º de la Declaración Universal de Derechos Humanos y Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que la tutela judicial efectiva se compone de los siguientes postulados: a) El derecho a la administración de justicia o garantía de tutela jurisdiccional es un derecho público subjetivo incorporado en la esfera jurídica de todo gobernado para que, dentro de los plazos previstos en la legislación aplicable, pueda acceder a tribunales independientes e imparciales a plantear su pretensión o defenderse de la demanda en su contra; b) Debe garantizarse al gobernado el acceso ante la autoridad jurisdiccional con atribuciones legales para resolver una cuestión concreta prevista en el sistema legal, es decir, todo aquel que tenga necesidad de que se le administre justicia tendrá plena seguridad de recibirla por los órganos jurisdiccionales permanentemente estatuidos, con antelación al conflicto, sin más condición que las formalidades necesarias, razonables y proporcionales al caso para lograr su trámite y resolución; y c) La implementación de los mecanismos necesarios y eficaces para desarrollar la posibilidad del recurso judicial que permita cristalizar la prerrogativa de defensa. Razón por la cual se puede concluir, el poder público no puede condicionar o impedir el acceso a la administración de justicia, lo cual debe entenderse en el sentido de que la ley aplicable no deberá imponer límites a ese derecho, aunque sí la previsión de formalidades esenciales para el desarrollo del proceso, por lo que además de la normativa,????????????? los órganos encargados de administrar justicia deben asumir una actitud de facilitadores del acceso a la jurisdicción - situación que en el caso aconteció-. Sin que lo anterior, implique la eliminación de toda formalidad ni constituye un presupuesto para pasar por alto las disposiciones legislativas, sino por el contrario, ajustarse a éstas y ponderar los derechos en juego, para que las partes en conflicto tengan la misma oportunidad de defensa, pues la tutela judicial efectiva debe entenderse como el mínimo de prerrogativas con las cuales cuentan los sujetos. Respalda lo mencionado en lo conducente, la tesis, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con Residencia en Guadalajara, Jalisco, visible en la página 1481, del Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2000479, cuyo rubro es: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL." En ese contexto, es de considerarse que en la determinación reclamada no existe violación al acceso a la justicia, toda vez que la responsable realizó un análisis de lo solicitado, estableciendo que no era favorable la solicitud de por parte de la defensa del ahora quejoso en no calificar de legal la detención, dado que la víctima *** *** *** , señaló a los policías ministeriales aprehensores que esas personas habían sido quienes lo habían extorsionado, pues la detención ocurrió conforme a lo previsto en el artículo 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales (detención en flagrancia). Además, el ahora impetrante estuvo asesorado por su abogado particular, el cual planteó sus consideraciones lógicas jurídicas, del porqué estimaba que no se debía calificar de legal la detención de su defendido; empero, no quiere decir que la juzgadora tuviera que resolver en sentido diverso, pues la responsable hizo un estudio pormenorizado de la figura jurídica de la flagrancia, y concluyó que no le asistía razón al imputado, dado que se colmaba la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 146 del Código Nacional de procedimientos Penales, por ende, no se le vulneró el principio de convencionalidad. Ahora, con relación al tema restante relativo a la calificación de la detención, en el que el defensor del justiciable aduce que no se valoraron los datos de pruebas, dicha aseveración se estima infundada por las siguientes consideraciones. a) De las constancias del proceso de origen que contiene entre otras actuaciones, la audiencia de control de detención verificada el veinticinco de agosto de dos mil veinte, se advierte que el agente del Ministerio Público investigador solicitó a la juez de control responsable calificara de legal la detención decretada por dicha representación, entre otros, de Jesús Alanís Rosales, por su probable intervención en un hecho tipificado como delito de extorsión agravada.?????????????? Al efecto, le hizo del conocimiento los hechos acaecidos y que previo a una llamada telefónica e implementación de un operativo por los policías ministeriales Jesús Ignacio Cortés, Luis Ángel Carmona Granados, Alejandro Ray Tierra Blanca, Enrique Vázquez Catalán, Víctor Hugo Segura Moreno e Iván Núñez Soberanis, adscritos a la Agencia del Ministerio Público de Taxco de Alarcón, Guerrero, se constituyeron en las afueras de la carpintería sin razón social, ubicada en la calle Zacazontla, a un costado del taller mecánico con razón social "Diego", y de la carpintería "Diana", en la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, esta última propiedad de la víctima P*****. Que siendo aproximadamente las veinte horas con veinte minutos del día veintidós de agosto de dos mil veinte, llegaron los sujetos activos, *** *** *** , portaba una escopeta calibre 20 milímetros, para intimidar a la víctima, y estando el grupo de tres individuos, *** *** *** "tienes la feria", sacándose la víctima de la bolsa delantera de su pantalón seis billetes con denominación de $500.00 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional), dando un total de 3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional 00/100 moneda nacional), los cuales se los dio a *** *** *** , y éste a su vez después de contarlo le entregó $1,000.00 (mil pesos 00/100 moneda nacional), a cada uno de los dos acompañantes, hechos que observaron los policías ministeriales referidos. Una vez que aconteció lo anterior, los elementos de seguridad citados rodearon a los imputados, además que en ese momento fueron señalados por la víctima *** *** ***. Por tanto, la juez responsable estimó que el delito de referencia había quedado configurado de manera completa al momento en que los sujetos activos recibieron el numerario, lo cual observaron los policías ministeriales al haber implementado el operativo, y es cuando llegaron a la carpintería de la víctima y procedieron a la detención de los imputados no sin antes realizarles una revisión a cada uno de ellos en los que se le encontró el numerario mencionado; por lo que a las veinte horas con treinta minutos quedaron detenidos como probables responsables del delito de extorsión agravada en agravio de *** *** *** , *** *** ***.Le dieron lectura de sus derechos, llegando a las veintiún horas con treinta minutos del mismo día, se puso a disposición del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación del Distrito Judicial de Alarcón. b) En relación a lo narrado por el defensor particular respecto a las irregularidades que existían en el informe policial, en el sentido de que no se dio en la hora en que refiere el agente del Ministerio Público, que su defendido fue sacado de su domicilio, la responsable consideró que no se justificó esa situación en esa audiencia, dado que no presentó dato objetivo que así lo estableciera o acreditara. Así es, la juez de control, estimó que las aseveraciones realizadas por la defensa de los imputados no eran suficientes para justificar la ilegalidad de la detención realizada a los sujetos activos *** *** *** , por cuanto a las inconsistencias sobre la vestimenta de cada uno de ellos, dado que la víctima *** *** ***, señaló a los policías ministeriales aprehensores que esas personas habían sido quienes lo habían extorsionado; se consideró que la detención ocurrió conforme a lo previsto en el artículo 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se observaron los requisitos constitucionales que se exigen para decretar la legalidad de una detención. En efecto, el artículo 16 de la Constitución Federal en lo conducente dispone entre otros, que en casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. En las relatadas condiciones, es inconcuso que como precisó la juez responsable se colmaron los requisitos constitucionales para la legalidad de una detención. En congruencia con lo anterior, es evidente que la decisión reclamada se ajusta a las prerrogativas de legalidad, seguridad jurídica e impartición de justicia imparcial consagrada en los numerales 14, 16 y 17 constitucionales, pues la autoridad responsable cumplió las formalidades del procedimiento, invocó los preceptos normativos aplicables al caso, como son el artículo 16 constitucional; numeral 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativos a los requisitos de una detención, la flagrancia y la facultad de investigación de delitos, y analizó las manifestaciones vertidas por la defensa, con la exposición de los razonamientos lógico jurídicos que tuvo en consideración para emitir el acto reclamado, debidamente correlacionados, lo cual, además, hizo de manera imparcial, pues no se advierte que en su actuación pretenda favorecer o perjudicar a persona alguna. Es aplicable, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 143, Volumen 97-102, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 238212 cuyo rubro es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." ? Estudio del auto de vinculación a proceso. Tocante al primero de los temas, relativo a las manifestaciones en las que refiere el inconforme que se vulneró el derecho de debido proceso y falta de fundamentación, mismos que se analizarán de manera conjunta por su estrecha concordancia, son infundadas. Se arriba a la conclusión que antecede, toda vez que del artículo 14 constitucional, se desprende, entre otros, el derecho fundamental del debido proceso, cuyo contenido medular es que el proceso se encuentre "investido de las garantías que hagan posible la defensa de las partes". La finalidad del debido proceso es buscar que la actividad jurisdiccional sea un instrumento que haga prevalecer la verdad del caso, que surge de un verdadero debate contradictorio entre las partes; son varios los aspectos de este derecho fundamental y a continuación nos referiremos sólo a los que tienen relación directa con el proceso penal: a) Formalidades esenciales del procedimiento. Sin duda, éste es el derecho fundamental procesal más desarrollado en nuestro país, considerando la aplicación que ha tenido el concepto de "formalidades esenciales del procedimiento", incluido en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que tales "formalidades" son las siguientes: 1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3. La oportunidad de alegar; y 4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Ilustra lo anterior la jurisprudencia, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 396, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2005716, cuyo rubro es: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO." b) Derecho de defensa. Este derecho es un aspecto del debido proceso que pone de relieve la posibilidad de las partes para defenderse de la pretensión del contrario, el cual tiene una inmediata relación con el principio de contradicción, pues la efectiva defensa corresponde a su verdadera realización. El derecho de defensa en la materia penal, se ha definido como "facultad del imputado de intervenir en el procedimiento penal que se dirige en su contra para poner en evidencia la falta de fundamento de la pretensión punitiva estatal o de cualquier circunstancia que la excluya o atenúe". Resulta ilustrativa, en lo conducente, la tesis consultable en la página 2985, Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, del Tomo XXXII, Octubre de 2010, registro 163648, de rubro: "DERECHO DE DEFENSA. SU CONCEPTO, INTEGRACIÓN Y CONTENIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." Así, el derecho de defensa comprende en materia penal de diversos derechos específicos, previstos en el artículo 20, apartado A, entre ellos: 1. Derecho a la información, tanto del propio contenido de los derechos del imputado como de las actuaciones del procedimiento (fracciones III, VII y IX);? 2. Asistencia de un abogado que garantice al detenido su defensa técnicamente adecuada desde el primer momento de la detención y a la confidencialidad entre él y dicho profesional (fracción IX); 3. Interrogación de testigos (fracciones IV y V); 4. Derecho a no autoincriminarse y a guardar silencio (fracción II). En ese tenor, en el caso concreto, de la carpeta de investigación de donde deriva el auto de vinculación a proceso reclamado, se advierte que, contrario a lo expuesto por el defensor del quejoso vía conceptos de violación, sí se cumplieron cabalmente y con validez las fases procesales relativas al juicio penal -formalidades esenciales del procedimiento-, ello de acuerdo con las constancias que integran el presente juicio constitucional, así como del contenido del disco versátil digital, de donde se puede justipreciar contundentemente que: I. Dentro de las actuaciones de la carpeta judicial C- 116/2020, del índice del Juzgado de control y Enjuiciamiento Penal de los Distritos Judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón, de esta ciudad, mediante oficio 5734, del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, emitido en la carpeta de investigación 12050410300655220820, el agente del Ministerio Público Coordinador de las Unidades de Investigación del Distrito Judicial de Alarcón, con residencia en Taxco, Guerrero, solicitó al juzgado de control de referencia, fecha y hora para la celebración de la audiencia de formulación de imputación en contra de ****y otros, por la probabilidad de haber cometido el hecho delictuoso de extorsión agravada, en agravio de *** *** *** II. El veinticinco de agosto de dos mil veinte, se llevó a cabo la individualización de las partes, verificó que las víctimas y los imputados conocieran sus derechos fundamentales dentro del proceso. III. Posteriormente, el agente del Ministerio Público formuló imputación a los imputados, se les concedió la oportunidad de declarar y el uso de su derecho, sin embargo, se abstuvieron de hacerlo, siendo asesorados -el quejoso por su defensor particular, solicitando el representante social la vinculación a proceso de los incriminados, exponiendo los datos de prueba que estimó necesarios para ello, oportunidad en la que la defensa del hoy quejoso pidió se resolviera su situación jurídica, en la duplicidad del plazo constitucional, por lo que se señaló nueva día y hora para la audiencia de vinculación del proceso. IV. El treinta de agosto pasado, tuvo verificativo la audiencia referida, en la que la juez de control, resolvió que los datos de prueba expuestos por el ministerio público, resultaban suficientes para vincular a proceso al imputado ****, por la posible comisión del hecho delictuoso de extorsión agravada, previsto y sancionado en el artículo 243, en relación con el diverso 244, fracciones II y III, del Código Penal del Estado de Guerrero, cometido en agravio de *** *** ***. Bajo esas condiciones, es dable concluir que la autoridad judicial, además de tener en cuenta las formalidades esenciales del procedimiento, observó los derechos consagrados en el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en favor de toda persona imputada, por lo que puede colegirse fundadamente que la determinación que aquí se reclama deriva de un procedimiento en el que sí se cumplieron a cabalidad las formalidades exigidas por la norma para el caso de un proceso penal, respetándose con ello su derecho de audiencia que sobre el tema establece el numeral 14 de nuestra Carta Magna. Ilustra lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 133, Tomo II, Diciembre de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 200234, cuyo rubro es: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." Por otra parte, en su motivo de disenso, el quejoso refiere que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16 constitucional. Al respecto, resulta indispensable puntualizar que para la emisión de un auto de vinculación a proceso como el que aquí se combate, la autoridad responsable debe sujetar su proceder -como en todo acto de molestia- a los lineamientos establecidos en el artículo 16 de nuestro Texto Supremo, en el sentido de que dicha resolución deberá ser emitida por una autoridad legalmente competente y de manera específica, en tratándose de una determinación, como en la especie sucede, además se deberá observar lo dispuesto en el artículo 19 constitucional; esto es, precisar el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De lo anterior, se infiere que los requisitos constitucionales que deben ser observados para el pronunciamiento de un auto de vinculación a proceso son los siguientes: a) Requisitos de forma (artículo 16 constitucional), que son precisamente que la determinación sea emitida por escrito, por autoridad legalmente competente y que se funde y motive la causa legal del procedimiento; y b) Requisitos de fondo (artículo 19 constitucional), que corresponden al estudio de si los datos que arroja la investigación permiten establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En ese tenor, por razones de orden lógico y técnica jurídica procede analizar previamente si el juez de instancia, al pronunciar el auto de vinculación a proceso reclamado, cumple con los requisitos formales, precisamente la fundamentación y motivación exigidos por el artículo 16 en relación con lo previsto en el numeral 19, ambos de la Constitución; primigeniamente, pues de resultar insatisfechos aquellos, se haría innecesario el examen de esos motivos de inconformidad que se expresen en relación con el fondo de la cuestión planteada, porque serían objeto de estudio, en su caso, del nuevo acto que emitiese la autoridad responsable con motivo de esta sentencia de amparo. En esa tesitura, de las consideraciones expuestas, se evidencia la obligación que tienen las autoridades de fundar y motivar debidamente sus determinaciones; única forma por la cual el gobernado al conocer las causas específicas y concretas que originan la determinación correspondiente, está en aptitud de poder combatirlas; entendiéndose por lo primero -fundar-, que en la determinación pronunciada ha de expresarse, con precisión, el precepto o preceptos legales aplicables al caso y por lo segundo -motivación-, que también deben señalarse, con exactitud, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; según lo cual, quien lo emitió, llegó a la conclusión de que el acto reclamado se ajustó a las prevenciones de determinadas disposiciones legales; siendo necesario además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. En la especie, de un ponderado análisis de la resolución de vinculación a proceso emitida por la juez responsable, se advierte que la autoridad responsable acató lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 16 constitucional, puesto que dicha resolución está correctamente fundada y motivada, ya que el juzgador invocó los fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso - artículo 19 del Pacto Federal, 316 y 317, del Código Nacional de Procedimientos Penales, 2, fracción I, 26 apartado A, fracción I, 243 y 244, fracciones II y III del Código Penal del Estado de Guerrero-, tanto los que contienen la descripción del hecho considerado delictuoso atribuido al peticionario, como las relativas a la valoración de los datos de prueba; exponiendo además las causas, motivos o razones que tomó en consideración para estimar que los datos que arrojó la investigación permiten establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, en el caso, extorsión agravada y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; advirtiendo quien aquí resuelve que efectivamente existe adecuación entre los fundamentos de derecho invocados y los motivos expuestos. Además, ésta resolución proviene de una autoridad judicial constitucional y jurisdiccionalmente competente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104, fracción I, de nuestro Texto Supremo; 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, como lo previene el artículo 16, párrafo primero de la Carta Magna, es claro que el auto de vinculación a proceso fue emitido por el juzgador responsable -además de la forma oral-, por escrito y en el documento correspondiente consta su nombre y firma. Así, con base en las consideraciones expuestas, debe decirse que, contrario a lo argumentado por el peticionario, no existe violación a los derechos fundamentales contenidos en el precitado el artículo 16 constitucional. Ahora, del artículo 19 del Pacto Federal, se desprende que en el auto de vinculación a proceso debe expresarse: a) El delito que se impute al acusado. b) El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. c) Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la norma señala como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por su parte, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece los requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso, el cual se dictará siempre y cuando concurran los siguientes lineamientos: I. Se haya formulado la imputación. II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En la audiencia en la que se emitió el auto de vinculación a proceso, se advierte que el juzgado responsable actuó apegado al citado marco constitucional y legal, ya que una vez cerrado el debate después de haber escuchado a las partes, concediendo su derecho de réplica y contrarréplica en relación con los datos de prueba relatados y reseñados por el Ministerio Público, y en el caso específico, también por los incriminados y su defensa, procedió a valorar los datos de prueba expuestos de manera libre y lógica, en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales consideró suficientes para declarar fundada la solicitud de la fiscalía, de vincular a proceso al imputado por su probable participación en la comisión del hecho delictuoso de extorsión agravada. Al respecto, los artículos 243 y 244, fracciones II, y III, del Código Penal para el Estado de Guerrero, contienen la descripción típica del hecho delictuoso que nos ocupa y que disponen: "Artículo 243. Extorsión A quien obligue a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro indebido para sí o para una tercera persona, causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le impondrán de diez a veinticinco años de prisión y de doscientos cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización. "Artículo 244. Agravantes La sanción se incrementará hasta en dos terceras partes más cuando el delito se realice bajo alguna de las modalidades siguientes: I. En la comisión del delito intervengan dos o más personas armadas; II. El agente sea o se ostente como miembro de una asociación delictuosa y, o emplee cualquier mecanismo coercitivo de intimidación o amenaza, con el objeto de consumar el delito. III. Se cometa en contra de menor de edad o de persona mayor de sesenta años o cuando no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, y (.) Extremos que la juez responsable estimó colmados, y para ello tomó en cuenta las entrevistas realizadas a las víctimas y las personas que ofreció la defensa e informe policial, en las se desprendía la conducta desplegada por el imputado, dado que siendo aproximadamente las veinte horas con veinte minutos del día veintidós de agosto de dos mil veinte, en la carpintería "***", ubicada en la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, propiedad de la víctima ******llegaron *****, ***** y un adolecente, el primero portaba una escopeta calibre 20 milímetros, para intimidar a la víctima. Estando el grupo de tres individuos, ***** le decía a la víctima ***** "tienes la feria", sacándose la víctima de la bolsa delantera de su pantalón seis billetes con denominación de $500.00 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional), dando un total de 3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional 00/100 moneda nacional), los cuales se los dio a *** *** ***, y éste a su vez después de contarlo le entregó $1,000.00 (mil pesos 00/100 moneda nacional), a cada uno de sus acompañantes, hechos que observaron los policías ministeriales aprehensores. Hechos que la juez de control, de manera correcta estimó justificados con lo declarado por las víctimas, aunado a que *** *** *** , señaló sustancialmente que el ahora impetrante fue quien participó en el ilícito, el cual recibió los seis billetes de denominación $500.00 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional) y les repartió a cada uno de sus acompañantes. Señaló con acierto la Juez de la causa que los incriminados habían sido detenidos por los policías ministeriales de Taxco de Alarcón, Guerrero, y el ilícito se realizó en flagrancia, quedado configurado de manera completa al momento en que los sujetos activos recibieron el numerario, lo cual observaron los policías ministeriales al haber implementado el operativo, y es cuando llegaron a la carpintería de la víctima y procedieron a la detención de los imputados no sin antes realizarles una revisión a cada uno de ellos en los que se le encontró el pecuniario mencionado. En ese contexto, es correcta la apreciación de la Juez de la causa, dado que existen otros datos que permitieron comprobar lo manifestado por las víctimas, pues se corroboró descripción que hicieron los policías ministeriales de Taxco de Alarcón, Guerrero, en su informe del lugar de los hechos, con lo que se colige que se encuentran acreditados los elementos que requiere la conducta, pues se corrobora la conducta desplegada por el imputado en la cual pudiera configurase el delito de extorsión agravada. De acuerdo con los datos de prueba, la juez de control, con apego a derecho, determinó que los datos son indicativos de que se cometió un hecho que la ley califica como delito, esto es, extorsión agravada y que probablemente fueron los imputados quienes cometieron ese hecho delictuoso, a título de autores materiales, tal como se indicó en la determinación combatida. Asimismo, es correcta la apreciación de la juez responsable, en el sentido de que los datos de prueba aportados por la defensa en la que pretendía justificar que el ahora justiciable no había participado en la comisión del hecho delictivo de extorsión agravada pretendiendo establecer con las entrevistas de sus familiares que la policía ministerial había acudido el veintidós de agosto de dos mil veinte al taller donde afirmó que era propiedad del implicado; sin embargo, estimó la juzgadora que esos datos de prueba no eran suficientes para esa circunstancia. Dado que el agente del Ministerio Público había referido las entrevistas de las víctimas, sobre todo de Pedro Ángel, quien había entregado el dinero que les había sido exigido en la mañana de esa data por el coimputado ****, en donde se las había dicho el monto que exigieron los extorsionadores y la forma de la entrega, por lo que ante la llamada de un familiar de las victimas al 911 la policía ministerial montó un operativo, por lo que le indicaron a *** *** ***, le llamara por teléfono al número que le habían proporcionado en la mañana y les hiciera saber que ya tenía el dinero, por lo que cuando ocurrieron los hechos, éstos fueron observados por los policías ministeriales, los cuales detuvieron a los incriminados, y señalados por *****. Bajo la anterior línea argumentativa, la juez de control determinó legalmente que los datos de prueba aportados por la Fiscalía, apreciados de manera libre y lógica, son idóneos y pertinentes para justificar el hecho constitutivo del delito extorsión agravada, previsto en los artículos 243 y 244, fracciones II y III, del Código Penal para el Estado de Guerrero; así como la probabilidad de que los imputados, entre ellos el aquí quejoso en su comisión, como autores materiales y de manera dolosa. Además, como lo determinó el juez responsable, hasta el presente estadio procesal no se advierte actualizada alguna causa de extinción de la acción penal o de excluyentes del delito. Bajo esta panorámica, se sostiene que, contrario a lo expresado por el justiciable, la autoridad responsable si realizó una ponderación de los datos de prueba, ello con independencia de que el defensor del peticionario manifieste no hubo oralidad en el dictado del auto de vinculación a proceso, dado que la juzgadora lo llevaba por escrito, y falta de fidelidad de la voz de la resolutora; sin embargo, como se corrobora del audio y video enviado por la responsable, el dictado de la resolución respectiva fue de manera oral y si la fidelidad del sonido en el momento del dictado de esa determinación, no era el idóneo, la defensa del hoy impetrante, le hubiese hecho saber a la operadora de justicia y no hacerlo valer hasta ahora en la presente contienda constitucional; de ahí que no asista razón al inconforme. Luego, la determinación combatida no transgrede en perjuicio del impetrante el principio de presunción de inocencia y contradicción, en tanto que el Estado, a través de la investigación llevada a cabo por el agente del Ministerio Público, en cumplimiento a la exigencia que a su cargo impone el artículo 21 del Pacto Federal, mediante el contexto de los datos de prueba expuestos en el desarrollo de la audiencia inicial que culminó con la petición fundada de vincular a proceso al imputado, logró demostrar en estricto apego a las reglas exigidas tanto por la Constitución como por la ley procesal, bajo el estándar probatorio mínimo, la comisión del hecho delictivo, así como la probable participación Jesús Alanís Rosales, como coautor material. Ciertamente, la circunstancia de que los principios de presunción de inocencia, debido proceso legal y pro persona, no sólo estén consagrados en la Constitución Federal, sino también en los tratados internacionales, en el caso, en el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no significa que no pueda justificarse un auto de vinculación a proceso, o que todo acto de autoridad que afecte los intereses del imputado, como su libertad, trastoquen esos principios. Ello, porque si en los datos de prueba reseñados aportados por la fiscalía se desprenden hechos probados idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia del hecho delictivo, así como la probable participación del imputado, se obtiene que su afectación, se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable, para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad. En efecto, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que se encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 360, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2014800, cuyo rubro es: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).". De igual manera, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal Del Segundo Circuito, consultable en la página 1512, del Tomo XXIII, Mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 175111, cuyo rubro es: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.". Lo anterior no implica que se vulnere en detrimento del impetrante el principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 20, Apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según la cual éste es considerado inocente mientras no se haya establecido su responsabilidad penal mediante sentencia firme. En este caso, la acusación ministerial quedó acreditada con los datos de convicción que se allegaron a la carpeta judicial; además, como quedó establecido en esta resolución, se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, se garantizó el derecho del justiciable a tener una adecuada defensa y, respecto de los datos de prueba aportados, se respetaron los principios procesales que rigen su incorporación al proceso y valoración legal; además de que los mismos se obtuvieron de manera lícita, y resultaron suficientes y conducentes para fundar el auto de vinculación a proceso que constituye el acto reclamado. En ese tenor, al menos hasta este estadio procesal, se demostró que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión, pues no se aportaron durante la audiencia inicial ni durante la de vinculación a proceso, datos probatorios de descargo con eficacia desmostrativa que desvirtúen los datos incriminatorios respecto de las peticionarias, las cuales resultaron suficientes para que la Juez de Control tuviera por acreditado el hecho delictuoso de extorsión agravada. Resulta aplicable la jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 546, Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2011871, cuyo rubro es: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA.". Ello con independencia, de que la defensa haya sostenido -último de los temas- que la determinación relativa al auto de vinculación a proceso carece de oralidad pues la resolutora lo llevaba por escrito, y por ende no les recibió las testimoniales de *** *** *** , pero eso es infundado, toda vez que de la resolución combatida y del disco compacto que envió se desprende que la operadora de justica natural la emitió de manera verbal, además tuvo en cuenta las entrevistas de las personas que refiere, de las cuales se desprendieron los datos de prueba que la responsable necesitaba para arribar a su fallo; de ahí que no asiste razón al defensor del ahora quejoso. Misma consideración debe hacerse respecto a las manifestaciones que realiza la defensa en este sumario constitucional, en el sentido de que la falta de fidelidad de la voz de la resolutora al momento del dictado del auto de vinculación a proceso no permitió comprender lo que decía, por lo que le causa perjuicio a su defendido. Ello es así porque si el abogado del incriminado no le hizo del conocimiento a la juzgadora inicial para que en el ámbito de su competencia hiciera lo propio, en bien del desarrollo de esa actuación judicial, por lo que no puede venir ahora a soslayar cuestiones que consintió, porque entonces era el momento y su oportunidad y en este sumario constitucional, pues esa omisión es responsabilidad del abogado particular; de ahí que resulte infundada esa aseveración. Así, con base en las consideraciones expuestas, infundado como resultan el concepto de violación y al no advertirse violación a los derechos humanos, en perjuicio del impetrante, consagrados en los artículos 1°, 14, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no advirtiéndose deficiencia de queja que suplir, ni violación manifiesta de la ley generadora de indefensión, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. La negativa de que se trata, se hace extensiva al acto de ejecución reclamado, toda vez que el mismo no se impugna por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la resolución reclamada. Es de exacta aplicación a lo así expuesto, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página. 357, Tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro es: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS.". Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *** *** ***, a través de su defensor contra los actos que reclamó a la Jueza de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en Iguala, con Jurisdicción en el estado de Guerrero y Competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón y otra autoridad, por los motivos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a las partes. Lo resolvió y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, hoy veintisiete de abril de dos mil veintiuno, fecha en que lo permitieron las labores del órgano de control, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien da fe. Doy fe.
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