Jesús Aguilar Pérez

Expediente 1376/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1376/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
31/03/2023

Partes del expediente

  • Jesús Aguilar Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal del juicio en que se actúa, se advierte que se encuentra concluido y obran agregadas las constancias de notificación; por tanto, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; lo anterior, en atención a que se sobreseyó en este juicio de amparo. El incidente de suspensión es destruible, en virtud de que se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa, conforme a los lineamientos que establece el citado Acuerdo. Además, este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. En cumplimento a lo establecido en el Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que en su caso haya exhibido en el presente asunto, bajo apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se procederá a su glose y tendrá el mismo destino del presente asunto, es decir su destrucción junto con el expediente. En el entendido de que dicha entrega se realizará previa identificación y razón que por su recibo se asiente en autos para debida constancia. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia del quince de febrero del año en curso, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó este juicio, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas y glósense los cuadernos incidentales. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    VI. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con treinta y cuatro minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1376/2022-VI, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos de la Subsecretaría de Finanzas, Dirección General de Recaudación, Delegado Fiscal Naucalpan y otras autoridades, en audiencia pública Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la asistencia de las partes. Acto seguido, el Secretario hace relación de los autos. Acto continuo, se acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar, y en términos del numeral 117 de la ley de la materia; por rendidos los informes de las autoridades responsables para los efectos legales conducentes los cuales serán tomados en consideración al momento de dictar la sentencia en el presente juicio de amparo. Abierto el periodo probatorio. Abierto este periodo, se tienen como pruebas las ofrecidas por las partes, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio. Periodo de alegatos. Abierta esta etapa, se hace constar que no fueron formulados en autos. Se cierra este periodo. Sin diligencias pendientes por practicar, se da por concluida la presente audiencia constitucional, de la que se levanta el acta para constancia legal. Doy fe. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1376/2022-VI; y, R E S U L T A N D O ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados a la Subsecretaría de Finanzas, Dirección General de Recaudación, Delegado Fiscal Naucalpan y otra autoridad. En auto del veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, este Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, quedando registrada en el índice de este Órgano Jurisdiccional con el número 1376/2022-VI; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto del trece de febrero de dos mil veintidós, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído del diecisiete de enero del año en curso, dado que no señalo como autoridad responsable a la "Contraloría Interna de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México", y se ordenó continuar la tramitación del presente juicio de amparo en los términos inicialmente planteados. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se reclaman actos de naturaleza laboral atribuidos a una autoridad en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: La orden de la diligencia de ampliación de embargo y su ejecución, en cumplimiento a la resolución del siete de agosto de dos mil diecisiete, emitida por la Contraloría Interna de la Secretaria General de Gobierno del Estado de México, en el expediente ********************, seguido en contra del quejoso ********************, sin que se le diera garantía de audiencia en dicho procedimiento. TERCERO. La Delegada de Asuntos Contenciosos Naucalpan de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México en representación del Notificador Ejecutor y del Delegado Fiscal, ambos dependientes de la Delegación Fiscal Naucalpan de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, al rendir sus respectivos informes justificados aceptó los actos que se le atribuyen a las autoridades que representa. La certeza de los actos reclamados se corrobora con las constancias que adjuntó en apoyo a su informe justificado, mismas que en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, cuentan con valor probatorio pleno, por ser documentos públicos expedidos por autoridad legalmente facultada para ello, de los que se advierte la existencia de los actos combatidos; por tanto, acorde a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, se tienen como debidamente probados. CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse la procedencia de la acción de amparo, por ser de orden preferente de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de la materia. Ahora, respecto a la falta de garantía de audiencia en el expediente ********************, seguido en contra del quejoso ********************, este juzgador, estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción III del diverso 108 de la Ley de Amparo, que textualmente establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. [.]" De los anteriores numerales, se observa que es obligación de la parte quejosa señalar a la autoridad o autoridades responsables, a quienes atribuya el acto reclamado, pues de no hacerlo, el juicio de amparo resulta improcedente, ya que además de ser un requisito de la demanda de amparo, son éstas quienes dictan, promulgan, publican, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar los actos reclamados, de tal forma que si faltare el señalamiento de éstas, no habría a quien atribuirle el acto combatido y la litis en el juicio no podría fijarse, por lo que resulta necesario llamar a las autoridades responsables a la contiendan para que estén en aptitud de sostener la constitucionalidad de su actuación. Resulta aplicable la tesis XXXI.1.K, Novena Época, sustentada por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 2199, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO EMITIDO CONJUNTAMENTE POR DIVERSAS AUTORIDADES. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO NO SE SEÑALA COMO RESPONSABLE A ALGUNA DE ÉSTAS, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AL SER IMPOSIBLE HACER UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE AQUÉL. De la interpretación de los artículos 116, fracción III y 11 de la Ley de Amparo, se colige que en la vía constitucional sólo deben estudiarse las actuaciones de los órganos del Estado que dictan, promulgan, publican, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar la ley o el acto reclamado, o bien se les finque un acto de omisión, siempre que en la demanda de garantías se les haya señalado como responsables. Así, tratándose de un acto reclamado emitido conjuntamente por diversas autoridades, la sanción por el incumplimiento del quejoso a dicha obligación, al no señalar como responsable a alguna de éstas a pesar de la prevención correspondiente, es que el juicio de garantías sea improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la señalada ley, en relación con los citados preceptos, toda vez que es imposible hacer un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de un acto emanado de una autoridad no designada como responsable, dado que no fue oída en la contienda en defensa de su actuación. Lo que se justifica con mayor razón, porque el resultado del eventual examen que se realizara al acto reclamado respecto de una sola de las autoridades -que sí fue llamada al proceso- en modo alguno podría hacerse extensivo a otra, dado que sería jurídicamente imposible ordenar a quien no intervino en la contienda constitucional, que dejara insubsistente su acto, cuando no fue parte formal dentro del procedimiento." Ahora, de los presentes autos se advierte que en proveído del diecisiete de enero pasado se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Contraloría Interna de la Secretaria General de Gobierno del Estado de México, porque del informe justificado rendido por la Delegada de Asuntos Contenciosos Naucalpan de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México en representación del Notificador Ejecutor y del Delegado Fiscal, ambos dependientes de la Delegación Fiscal Naucalpan de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, se advertía su participación en la emisión de la resolución del siete de agosto de dos mil diecisiete, en el expediente ********************, seguido en contra del quejoso ********************, así como la tramitación del procedimiento, y la orden de ejecución de la sanción impuesta al quejoso; requerimiento que no fue desahogado, por lo cual, en auto del trece de febrero de dos mil veintidós se hizo efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa y se ordenó seguir con el trámite del juicio únicamente por cuanto hace a las autoridades señaladas en su demanda. Por lo tanto, al ser considerada como autoridad inaudita la que emitió la resolución del siete de agosto de dos mil diecisiete, en el expediente ********************, seguido en contra del quejoso ********************, así como la que tramitó el procedimiento que por esta vía reclama, es inconcuso que este juzgador se encuentra impedido para hacer mayor pronunciamiento al respecto, ya que corresponde a la parte quejosa efectuar la precisión respecto de las autoridades responsables que a su consideración tuvieron participación en la emisión y ejecución de los actos que por esta vía reclama y no al suscrito. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la jurisprudencia XVII.2º.J/1, visible en la página 567, Tomo III, Mayo de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO. Si bien es verdad que el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, establece que, en materia penal, operará la suplencia de la queja, aun ante la ausencia de conceptos de violación, o de agravios del reo, también es cierto que la suplencia de la deficiencia de la queja, en materia penal, de conformidad con lo preceptuado por el artículo en comento, consiste únicamente en suplir razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado. Sin embargo, tal suplencia de la queja no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que el quejoso señaló, como lo es la indicación del acto reclamado y de la autoridad responsable". Luego, debe considerarse que si en la demanda de amparo no se señaló a la autoridad que emitió el acto que por esta vía impugna y, en su momento tampoco se realizó pronunciamiento alguno respecto de ésta, no obstante el requerimiento formulado por este juzgador, máxime que conforme a lo previsto por el artículo 108 fracción III de la Ley de Amparo, señalar la autoridad responsable es una obligación que le corresponde a la accionante de garantías, no a este Juzgador, entonces, no es dable suplir la deficiencia de la queja prevista por el artículo 79 del ordenamiento legal en cita, pues ésta no autoriza a cambiar los sujetos de la relación procesal, por lo que únicamente pueden suplirse los razonamientos tendentes a demostrar la violación de garantías con los actos que por este medio constitucional controvierte. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, enero de 2006, página 2329, Novena Época, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA. En un juicio de garantías las autoridades responsables deben estar designadas correctamente tanto en la demanda de amparo como en su correspondiente ampliación, para efecto de que, por una parte, sean oídas y tengan oportunidad de justificar los actos que se les reclaman y, por otra, para que el órgano de control constitucional esté en aptitud de apreciar si éstas han violado las garantías del quejoso, pues de lo contrario no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si la designada es quien realmente ha emitido el acto reclamado y, por ende, no resulta dable resolver sobre su constitucionalidad siendo, además, que las erróneamente señaladas tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión o que no han ejecutado los actos a ellas reclamados. Por tanto, cuando en el libelo constitucional no se realiza el señalamiento correcto de la autoridad responsable, la suplencia de la queja prevista por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, no autoriza al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables, sino que únicamente pueden suplirse los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías, así como los preceptos violados con los actos reclamados". Orienta también lo anterior, la tesis 3ª.LXXXIII/91, sustentada por la entonces Tercera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, página 45, Octava Época, cuyo rubro y texto establecen: "SUPLENCIA DE LA QUEJA. NO PUEDE OPERAR PARA SUBSANAR LA OMISIÓN DE LA PARTE QUEJOSA DE LLAMAR A JUICIO A UNA AUTORIDAD QUE TIENE EL CARÁCTER DE RESPONSABLE. El señalamiento de las autoridades responsables es una obligación que pesa sobre la parte quejosa y no en el juez de Distrito, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo, de manera que la falta del llamado a juicio de una autoridad deriva de la omisión de señalarla como responsable, no puede llevar a establecer que se infringen las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de garantías, ni puede operar la suplencia de la queja para subsanar la omisión, en tanto que la figura de referencia, prevista por el artículo 76 bis de la citada ley, se da en relación con los conceptos de violación o de los agravios hechos valer en el recurso correspondiente, lo que permite perfeccionarlos, aclararlos o completarlos". En ese contexto, dado que jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de los actos relativos a la resolución del siete de agosto de dos mil diecisiete, en el expediente ********************, seguido en contra del quejoso ********************, así como la tramitación del procedimiento, y la orden de ejecución de la sanción impuesta al quejoso, emitido por la Contraloría Interna de la Secretaria General de Gobierno del Estado de México, pues no se llamó a juicio ni fue oído, con motivo de que el quejoso no desahogó el requerimiento que se le formuló, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer este juicio de garantías, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el diverso 61 fracción XXIII, en relación con el 108 fracción III, del propio ordenamiento legal. Cobra aplicación la tesis 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 113, del Tomo IX, Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento". Por ende, al resultar improcedente la acción de garantías y ante el sobreseimiento decretado, este juzgador se encuentra legalmente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación, pues el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto respecto del acto reclamado en cita. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 1027, visible en la página 707 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". QUINTO. Respecto de la orden de la diligencia de ampliación de embargo y su ejecución, en cumplimiento a la resolución del siete de agosto de dos mil diecisiete, emitida por la Contraloría Interna de la Secretaria General de Gobierno del Estado de México, en el expediente ********************, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al diverso 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario. En la parte conducente del artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la ley en comento, se establece que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados en ejecución de sentencia, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. Por ende, al no ser la última determinación dentro de este período, es evidente que se actualiza el supuesto normativo aludido. Es así porque como se dijo, que tratándose de actos en ejecución de sentencia pronunciados por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente en contra de la última resolución, entendiéndose como tal aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; en la cual podrán alegarse las violaciones procesales cometidas en el mismo; lo que no tienen los actos reclamados. Por lo que los actos reclamados no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de la resolución del siete de agosto de dos mil diecisiete, en el expediente ********************, seguido en contra del quejoso ********************, por lo que no procede el juicio de amparo en su contra, pues si bien fueron emitidos dentro del procedimiento de ejecución, de su texto no se desprende que se aprobara o reconociera el cumplimiento total del indicado procedimiento, ni tampoco con dichas acciones se declaró la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis PC.II.J/15 A, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo III, cuyo rubro, es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE PROVEER EN UN PROCEDIIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA". Lo anterior, sin perjuicio de que el quejoso refiera que desconoce el procedimiento del que derivan los actos reclamados, sin embargo, no le reviste el carácter de tercero interesado por equiparación dado que en proveído del diecisiete de enero pasado se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Contraloría Interna de la Secretaria General de Gobierno del Estado de México, porque del informe justificado rendido por la Delegada de Asuntos Contenciosos Naucalpan de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, en representación del Notificador Ejecutor y del Delegado Fiscal, ambos dependientes de la Delegación Fiscal Naucalpan de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, se advertía su participación en la emisión de la resolución del siete de agosto de dos mil diecisiete, en el expediente ********************, seguido en contra del quejoso ********************, así como la tramitación del procedimiento, y la orden de ejecución de la sanción impuesta al quejoso; requerimiento que no fue desahogado, por lo cual, en auto del trece de febrero de dos mil veintidós se hizo efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa y se ordenó seguir con el trámite del juicio únicamente por cuanto hace a las autoridades señaladas en su demanda. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por los motivos expuestos en la presente resolución. Notifíquese por lista electrónica Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de febrero. Visto el estado de autos y toda vez que transcurrió el término concedido al quejoso ***********, en proveído del diecisiete de enero del año en curso, para que manifestara si señalaba como autoridad responsable a la "Contraloría Interna de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México", sin que hiciera manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y continúese la tramitación del presente juicio de amparo en los términos inicialmente planteados. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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