Jesús Aguilar Miranda
Expediente 2830/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2830/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 25/05/2022
Partes del expediente
- Jesús Aguilar Miranda
- Agente del Ministerio Público Adscrito Federal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso JESÚS AGUILAR MIRANDA y en atención a lo que solicita, en el sentido de que se le devuelvan los documentos que exhibió en su escrito inicial de demanda como medios de prueba; por tanto, tomando en consideración que resultan innecesarios dichos documentos, se autoriza la devolución de los mismos al ocursante, previa toma de razón y recibo que de su entrega se deje en autos. En la inteligencia de que para poder comparecer a este órgano jurisdiccional a efectuar dicha solicitud, tendrá que agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea, específicamente en el micrositio "Agenda OJ", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que dentro del término legal concedido, las partes no se inconformaron con el proveído de siete de diciembre de dos mil veinte mediante el cual se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 81 fracción I, inciso d), 86 de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo CAUSA ESTADO para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso b, del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó fuera de audiencia, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que en el presente asunto, no se tramitó el mismo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia,????????????? la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/10/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual remite las constancias relativas al emplazamiento efectuado al tercero interesado HUGO ZEPEDA CÁRDENAS, en tal virtud, téngasele por emplazado al presente juicio de amparo. Luego, como el citado tercero interesado no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio, se le hace efectivo el apercibimiento de que fue objeto por auto de seis de febrero de dos mil veinte; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese al citado tercero interesado por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, sin perjuicio de que posteriormente señale domicilio para tal fin. Por otra parte, en atención a lo que solicita la autoridad responsable en el sentido de que se sobresea el presente juicio por haberse resuelto de fondo el acto reclamado, en atención a ello y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, al rendir su informe justificado remitió las documentales de donde deriva el acto reclamado, de las que se advierte que el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, la citada autoridad acordó la promoción que el quejoso le presentó el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve; documentales que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo aplicable por disposición expresa de su artículo 2º de éste último ordenamiento legal, al provenir de una autoridad jurisdiccional. Ahora, de la vista que se tiene de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio de la misma, se advierte que el peticionario del amparo JESÚS AGUIAR MIRANDA, esencialmente reclama de la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Tepic, con sede en esta ciudad de Tepic, lo siguiente: "QUE LE RECLAMO LA OMISIÓN DE EMITIR ACUERDO DE LA PROMOCIÓN QUE PRESENTÉ el día 21 de octubre de 2019, excediendo el término establecido en el artículo 268 fracción V del Código de Procedimientos para el Estado de Nayarit, que establece que deberá ser en máximo cuarenta y cinco días naturales." Luego, en el presente caso se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la que se aborda a su estudio en este momento procesal, por ser manifiesta e indudable, en atención a lo que dispone la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Dicho precepto legal y fracción invocadas, disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Efectivamente, en el presente caso opera la causal de improcedencia invocada en relación al acto reclamado a la autoridad responsable, toda vez que el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, emitió un auto en el expediente civil 39/2016 de su índice, en el cual da respuesta a la promoción que le presentó el quejoso el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. De lo anterior se colige que han cesados los efectos del acto reclamado a la mencionada autoridad; lo que trae como consecuencia, que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el atoramiento de la protección de la Justicia Federal". Y, la jurisprudencia número 2ª./J.9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, este Juzgado Federal procede a SOBRESEER en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Luego, en virtud de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional fijada para las catorce horas con tres minutos del diez de diciembre de dos mil veinte. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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