Jesús Aguilar García

Expediente 742/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
742/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
27/07/2021

Partes del expediente

  • Jesús Aguilar García
  • Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, SE ORDENA EL EXPEDIENTE AL ARCHIVO.

  2. Principal

    Responsable informa sobre el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo; atento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la presente notificación, exprese lo que a su interés legal convenga.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la sentencia concesoria, cuyo efecto se emitió para que realice lo siguiente: "efectúe las gestiones necesarias para el desahogo de la prueba de ratificación de firma y contenido a cargo de Carlos Florencio Díaz Romero en el juicio laboral 2236/2016.". Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la referida ley, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con treinta y dos minutos del veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe de sus actos, declaró abierta la presente audiencia En este acto, se da cuenta con el escrito y anexo suscrito por la parte quejosa, registrado bajo número de promoción 3801; a lo que el juez acuerda: agréguese a los autos el escrito de cuenta; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tienen por hechas las manifestaciones que vierte en su escrito de cuenta, asimismo, con fundamento a lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las pruebas documentales que anexa a su ocurso de cuenta mismas que de ser procedente serán tomados en cuenta al dictar la presente resolución, asimismo, . Acto seguido, abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con el informe justificado rendido por la responsable. Por otra parte, se hace constar que no le transcurre a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido del informe rendido por la autoridad responsable; empero, debe precisarse que no es necesario esperar a que acontezca tal circunstancia. Se explica. No se inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", en tanto que, en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.". En dicho criterio, el Alto Tribunal sostuvo esencialmente que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos con ocho días de anticipación al de la celebración de la audiencia constitucional y, el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación; ello, con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, la circunstancia de que no mediará el mencionado plazo, este juzgador considera que, en la especie, no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117 se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV, de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional, deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia; hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascedentes cambios que, como en el caso que nos ocupa, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo, que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que la parte quejosa no hubiese conocido del informe justificado con la anticipación de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado del fallo, como se explicará a continuación y, ante ese panorama, de ordenar el diferimiento de la audiencia constitucional para otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio otorgan noticia de elementos suficientes para emitir la presente sentencia. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia de la que deriva que, con independencia del sentido del fallo, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que no es verdad que el acto reclamado subsiste y de ordenarse el diferimiento de la audiencia constitucional, lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto en detrimento de la economía procesal y en perjuicio de la propia parte quejosa. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y se da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, así como las ofrecidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado y en su oficio 373 agregado en auto de dieciocho del presente mes y año . El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su naturaleza las aludidas probanzas, para los efectos legales correspondientes. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar los formulados por la parte quejosa. El juez acuerda: se tienen por formulados los alegatos de mérito y por perdido el derecho de las demás partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 742/2020; y Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día siguiente hábil, por razón de turno, a este juzgado, Jesús Aguilar García, apoderado legal y representante común de Francisco Javier Esquer Galindo, Jesús Manuel Burruel Gracia, Ramón Romo Sagasta, Javier Saavedra Pacheco, Lorenzo Botello Abril, Ildefonso Manzanares Cruz, César Guadalupe Robles Cano, Ricardo Urrea Grijalva, Jorge Luis Bojórquez Valenzuela, Javier Salcido Durazo, Fabián Alberto Ramos García, Francisco Eduardo Romero Martínez, David Alberto Moreno López, Guadalupe Ochoa Pompa, Guillermo Flores Salcedo y Javier Cruz Valerio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora. Por auto de treinta de octubre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que el diecisiete de marzo de dos mil veinte, con motivo de la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 4/2020, con el cual suspendió la actividad judicial en los órganos jurisdiccionales, a fin de contener la emergencia y atender asuntos urgentes; después, emitió los diversos 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 que modificaron y adecuaron al que le antecedía. Posteriormente, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión extraordinaria de veinte de diciembre de dos mil veinte, determinó regresar al esquema de contingencia previsto por el Acuerdo General 13/2020, por el periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; así, atendiendo a las directrices marcadas por dicho Acuerdo General, mediante acuerdo de tres de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó la continuación del procedimiento y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Finalmente, dio inicio la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes: Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en razón de que cuando el acto reclamado carece de ejecución es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: La omisión de desahogar la prueba de ratificación de firma y contenido a cargo de Carlos Florencio Diaz Romero en el juicio laboral 2236/2016. La omisión de desahogar la prueba testimonial a cargo de Francisco Heberto Alcaraz Rodriguez, Jhonatan Norberto Monge Lopez, Rafael Rodriguez Cortez, Libaldo Pérez Fonseca y Christian Reynaldo Manzanares Arce en el juicio laboral citado. La omisión de girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que desahogue informe de autoridad en el juicio laboral que nos ocupa. Inexistencia del acto combatido En atención a la naturaleza del diverso acto reclamado precisado en el inciso c) del apartado III de la presente resolución, consistente en la omisión de girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que desahogue informe de autoridad en el juicio laboral 2236/2016, su existencia debe analizarse a partir de la fecha de presentación de la demanda, en el caso, en veintiuno de octubre de dos mil veinte. En esa medida, no es cierto el acto reclamado a la junta responsable, toda vez que, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa haya aportado prueba en contrario, para desvirtuar tal negativa, de conformidad con los artículos 119 y 120 de la Ley de Amparo. Además, la negativa de la autoridad se robustece con las constancias que remitió relativas al juicio laboral 2236/2016, de las que se advierte que en dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, se recibió en dicha junta el informe de autoridad rendido por Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitado en doce de julio de dos mil diecinueve. De lo anterior, se desprende que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo - veintiuno de octubre de dos mil veinte -, no existía el acto reclamado por el quejoso, consistente en la omisión de girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que desahogue informe de autoridad en el juicio laboral 2236/2016. En consecuencia, es inconcuso que en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo por lo que hace al acto reclamado precisado en el inciso c) del apartado III de la presente resolución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Existencia del acto reclamado Son ciertos los actos reclamados precisados en los incisos a) y b) del apartado III, de esta sentencia, no obstante que la junta laboral responsable los haya negado, sin embargo, dicha certeza se desprende de las propias manifestaciones vertidas por la responsable al rendir su informe justificado, así como de las constancias que remitió en apoyo, de las que se desprende la existencia de la omisión delatada. Causa de improcedencia Por lo que hace al acto reclamado señalado en el inciso b) del aparato III, de esta sentencia, en la especie se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente y de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa fracción V del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo. El primer precepto citado prevé que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. En este sentido, del segundo numeral transcrito se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados. Así, el efecto de la sentencia que conceda el amparo y protección de la justicia de la unión es la de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cuando sea jurídica y materialmente posible. En ese tenor, la causa en estudio se actualiza cuando existe imposibilidad jurídica para que la sentencia de amparo produzca efectos restitutorios de la garantía que la parte quejosa estima violadas en su perjuicio. Precisado lo anterior, debe decirse que en la especie, se actualizan tales supuestos, de acuerdo a las siguientes consideraciones: En la especie, la parte promovente de la acción constitucional reclamó la omisión de desahogar la prueba testimonial en el juicio laboral 2236/2016, en el cual tiene el carácter de parte actora. Por su parte, la autoridad responsable al rendir su informe con justificación en el sentido tal, también hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que en acatamiento a las diversas disposiciones emitidas en sesión del pleno de la junta responsable con motivo de la contingencia sanitaria COVID 19, en específico el oficio de veintiocho de julio de dos mil veinte, se determinó en lo que interesa que quedan suspendidas hasta nuevo aviso las diligencias de desahogo de pruebas, diligencias de remate, de ejecución de laudos y todas aquellas que por su naturaleza requieran o puedan requerir la presencia de dos o más personas a efecto de evitar la propagación de contagio del virus SARS-COV2. Posteriormente, mediante oficio 373, agregado en auto de dieciocho de marzo de la presente anualidad, la responsable informó a este órgano jurisdiccional que mediante acuerdo del pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se determinó en lo que interesa que: además de las audiencias de conciliación, demanda y excepciones, así como las de ofrecimiento de pruebas, se reanudó el desahogo de las diversas pruebas, confesionales, inspecciones y cualquier otra permitida por la ley con excepción de las pruebas testimoniales, diligencias de remate y pruebas de recuento, esto en virtud que suponen la presencia física de más de tres personas y con ello se incrementa el riesgo de contagios del virus SARS-COV2. Con base en lo anterior, es dable concluir que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues se actualiza una suspensión del procedimiento en el juicio de origen, con motivo de la contingencia sanitaria COVID 19, a efecto de evitar la propagación de contagio del virus SARS-COV2. Lo anterior es así, pues de las constancias remitidas por la responsable se advierte que el trámite en el referido expediente por lo que hace a dicho acto reclamado se encuentra materialmente suspendido, en virtud de la contingencia sanitaria COVID 19, a efecto de evitar la propagación de contagio del virus SARS-COV2, por lo que la autoridad responsable no está en condiciones de desahogar dichas diligencias. Dicho en otras palabras, la eventual concesión del amparo implicaría que el desahogo de dichas pruebas se llevasen a cabo al término de la contingencia sanitaria COVID 19, pues de lo contrario, la autoridad responsable estaría violando el derecho humano a la salud y a la vida de los usuarios y del personal adscrito a dicha junta; pues en el contexto del hecho notorio, histórico y excepcional que atraviesa el país, derivado de la enfermedad pandémica mencionada, la presente determinación protege la salud del quejoso y de las personas que toman parte en el desahogo de las probanzas que se pretendan desahogar. De ahí que, en el caso concreto por lo que hace al acto reclamado precisado en el inciso b) del aparato III, de esta sentencia, sea improcedente el juicio de amparo, de conformidad con la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia P./J. 90/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 9 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, diciembre de 1997, Novena Época, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." No se soslaya que si bien es cierto que el artículo 17 constitucional, consagra a favor de los gobernados la garantía de acceso a la jurisdicción, este cede ante la relevancia del interés social en respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la salud, de conformidad con los principios constitucionales de protección de derechos humanos e interpretación pro persona, previstos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No está por demás señalar que la causa de improcedencia que aquí se estima actualizada no causa afectación a la parte quejosa, pues no se trata de una improcedencia permanente, ya que al reclamarse una omisión, que se actualiza de momento a momento, basta que la autoridad reanude labores en su totalidad para que pueda analizarse si, a la luz de las modalidades o restricciones que se dicten conforme a la "nueva normalidad", puede plantearse una nueva demanda, si la quejosa estima que en ese momento se vulneran sus derechos. Consideraciones jurídicas En relación al acto reclamado señalado en el inciso a) de esta sentencia, consistente en la omisión de desahogar la prueba de ratificación de firma y contenido a cargo de Carlos Florencio Diaz Romero en el juicio laboral 2236/2016, toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se configure otra, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. La parte quejosa aduce esencialmente en el único concepto de violación que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, contenidos en el artículo 17 constitucional, en virtud de que la responsable no ha desahogado la prueba de ratificación de firma y contenido a cargo de Carlos Florencio Diaz Romero, lo cual entorpece el desarrollo de la controversia laboral. En efecto, el artículo 17 constitucional, consagra a favor de los gobernados la garantía de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla las subgarantías o principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Con base en las directrices del artículo 17 constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral faltará a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone una prohibición: no retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. La naturaleza expedita de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por su parte, los artículos 685, 686, 771, 880 y 883 de la Ley Federal del Trabajo, establecen entre otras cosas, que el proceso laboral se rige por los principios de economía, concentración y sencillez, es decir, debe ser dinámico, tan es así, que el propio código obrero impone la obligación a la autoridad laboral de substanciar el procedimiento dentro de los plazos que en él se señalan, para llevar a cabo los distintos actos procesales; que los presidentes de las juntas y los auxiliares, deben cuidar bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos. Además, prescriben que al concluir el ofrecimiento de pruebas, las partes podrán objetar las de su contrario, y se proveerá inmediatamente sobre las que admita o deseche, o en su caso, se reservará proveer al respecto, por un período que no deberá de exceder cinco días. Asimismo, se advierte que una vez admitidas las pruebas, la junta deberá señalar fecha dentro de los diez días siguientes para la audiencia de desahogo, además proveerá los mecanismos necesarios para que se lleven a cabo y cuando no sea posible, tendrá que señalar nueva fecha para su celebración; periodo que de ninguna manera podrá exceder de treinta días desde su admisión. Ahora, en el caso, de las manifestaciones de la quejosa realizadas bajo protesta de decir verdad, se desprende que: El uno de agosto de dos mil dieciséis, la parte quejosa promovió demanda laboral ante la responsable, con sede en esta ciudad la cual quedó registrada bajo número 2236/2016. Seguida la secuela procesal, el doce de julio de dos mil diecinueve, se dictó acuerdo en que admitieron diversas probanzas, entre éstas, la prueba de ratificación de firma y contenido a cargo de Carlos Florencio Diaz Romero. Por su parte, mediante oficio de veintiocho de julio de dos mil veinte, la autoridad responsable en acatamiento a las diversas disposiciones emitidas en sesión del pleno de la junta responsable con motivo de la contingencia sanitaria COVID 19, determinó en lo que interesa que quedaban suspendidas hasta nuevo aviso las diligencias de desahogo de pruebas, diligencias de remate, de ejecución de laudos y todas aquellas que por su naturaleza requieran o puedan requerir la presencia de dos o más personas a efecto de evitar la propagación de contagio del virus SARS-COV2 En auto de trece de agosto de dos mil veinte, se señaló para el desahogo de dicha probanza el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Posteriormente, mediante acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se señaló el tres de mayo de la presente anualidad, para el desahogo de la prueba de ratificación de firma y contenido a cargo de Carlos Florencio Diaz Romero. Finalmente, mediante acuerdo emitido por el pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, se determinó en lo que interesa que: además de las audiencias de conciliación, demanda y excepciones, así como las de ofrecimiento de pruebas, se reanudaron el desahogo de las diversas pruebas, confesionales, inspecciones y cualquier otra permitida por la ley con excepción de las pruebas testimoniales, diligencias de remate y pruebas de recuento, esto en virtud que suponen la presencia física de más de tres personas y con ello se incrementa el riesgo de contagios del virus SARS-COV2. De lo anterior se colige que la prueba de ratificación de firma y contenido que nos ocupa, no se encuentra dentro de las pruebas suspendidas, toda vez que la misma solo requiere para su desahogo la presencia de Carlos Florencio Diaz Romero, y del personal de la junta responsable, lo cual no presupone la presencia de mayor a tres personas dentro de las instalaciones de la junta responsable, En ese tenor, se pone en relieve que la responsable ha omitido dictar las medidas necesarias, a fin de que se desahogue la prueba de ratificación de firma y contenido mencionada. Sin que pase inadvertido, las medidas de contingencia adoptadas en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; virtud de que desde la fecha en que se admitió el desahogo de la probanza de mérito a la de suspensión de labores en los diversos tribunales, transcurrieron aproximadamente siete meses sin que se hubiere logrado la celebración de ésta, lo que evidencia que durante ese lapso el expediente estuvo totalmente paralizado, tiempo que de ninguna manera es justificable. Por lo antes expuesto, resulta incuestionable que la autoridad responsable no se ha ajustado a los plazos que rigen el procedimiento laboral en la etapa probatoria -cuyo periodo no debe exceder de treinta días desde su admisión-. En consecuencia, se concluye que se violenta el derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia previsto en el numeral 17 constitucional, por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada por la parte quejosa. Decisión Al haberse actualizado las causales de improcedencia, procede sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa fracción V del artículo 63, así como la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, efectúe las gestiones necesarias para el desahogo de la prueba de ratificación de firma y contenido a cargo de Carlos Florencio Diaz Romero en el juicio laboral 2236/2016. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jesús Aguilar García, apoderado legal y representante común de Francisco Javier Esquer Galindo, Jesús Manuel Burruel Gracia, Ramón Romo Sagasta, Javier Saavedra Pacheco, Lorenzo Botello Abril, Ildefonso Manzanares Cruz, César Guadalupe Robles Cano, Ricardo Urrea Grijalva, Jorge Luis Bojórquez Valenzuela, Javier Salcido Durazo, Fabián Alberto Ramos García, Francisco Eduardo Romero Martínez, David Alberto Moreno López, Guadalupe Ochoa Pompa, Guillermo Flores Salcedo y Javier Cruz Valerio, respecto de los actos reclamados identificados con los incisos b) y c) precisados en el apartado III, por las razones expuestas en los considerandos V y VI, del presente fallo. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jesús Aguilar García, apoderado legal y representante común de Francisco Javier Esquer Galindo, Jesús Manuel Burruel Gracia, Ramón Romo Sagasta, Javier Saavedra Pacheco, Lorenzo Botello Abril, Ildefonso Manzanares Cruz, César Guadalupe Robles Cano, Ricardo Urrea Grijalva, Jorge Luis Bojórquez Valenzuela, Javier Salcido Durazo, Fabián Alberto Ramos García, Francisco Eduardo Romero Martínez, David Alberto Moreno López, Guadalupe Ochoa Pompa, Guillermo Flores Salcedo y Javier Cruz Valerio, respecto del acto reclamado identificado con el inciso a) precisado en el apartado III, por las consideraciones y para los efectos señalados en los apartados VII y VIII de este fallo Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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