Jesús Adrián Velásquez Ramírez

Expediente 467/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
467/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
10/06/2021

Partes del expediente

  • Jesús Adrián Velásquez Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio señalado en la cuenta, por medio del cual la actuaria judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimotercer Circuito, acusa recibo del juicio de amparo indirecto 467/2021, con motivo del conflicto competencial entre este órgano jurisdiccional y el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, para conocer del juicio de amparo promovido por Jesús Adrián Velásquez Ramírez. En consecuencia, téngase a la citada autoridad informando lo anterior para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio señalado en la cuenta, por medio del cual la secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, remite transcripción del auto dictado el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en los autos del juicio de amparo indirecto 319/2021 de su índice, del que se advierte que ese órgano jurisdiccional no aceptó la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Jesús Adrián Velásquez Ramírez, por las consideraciones referidas y remitió los autos originales del juicio de amparo 467/2021 de la estadística propia; en consecuencia, acúsese recibo de los mismos. Ahora bien, analizadas las razones que sustenta el titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, para no aceptar la competencia declinada a su favor, debe decirse que este Juzgado insiste en declinar competencia al citado Juzgado Federal, por las consideraciones que enseguida se exponen. Del estado de los autos se advierte que el quejoso Jesús Adrián Velásquez Ramírez en su escrito de demanda señaló como autoridades responsables y acto reclamado el siguiente: Autoridades responsables: Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, así como este Juzgado Quinto de Distrito en esta entidad federativa, con sede en esta ciudad y otras. Esto es, todos los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, menos al Sexto y Séptimo. El acto reclamado consiste en las órdenes de aprehensión, presentación, búsqueda y detención o cualquier acto privativo de la libertad personal girada en contra del justiciable, así como la ejecución de esos mandamientos. Ahora bien, los artículos 38 y 39 de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Artículo 39. Cuando se trate de amparos contra actos de autoridades que actúen en auxilio de la justicia federal, no podrá conocer el juez de distrito que deba avocarse al conocimiento del asunto en que se haya originado el acto reclamado. En este caso, conocerá otro del mismo distrito y especialización, en su caso, y si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito a que pertenezca. De la lectura integral de los artículos anteriormente transcritos, se conoce la regla especial de competencia que prevé la Ley de Amparo, en el sentido que si un Juez de Distrito es señalado como autoridad responsable, debe declinar competencia para conocer del mismo, por actualizarse el presupuesto procesal de que no puede ser Juez y Parte. Ciertamente, el artículo señalado prevé una regla especial de competencia en el juicio de amparo cuando el acto reclamado se atribuye a un Juez de Distrito, pues la competencia para conocerlo, se surte a favor de otro Juez del mismo Distrito y especialización y, si no lo hubiera, del más cercano dentro de la jurisdicción del Circuito al que pertenezca; de esta manera, debe aplicarse dicha la regla especial, pues con ello se privilegia el factor de cercanía del Juez de Distrito que debe conocer del juicio respecto de la autoridad judicial federal señalada como responsable. Dicha conclusión encuentra fundamento en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 6/2020 que cita la autoridad oficiante, en la cual, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó: Que atendiendo al juicio de amparo, la distribución de competencias por razones objetivas, tradicionalmente se ha dividido en los elementos esenciales siguientes: Por territorio, que se prevé en el artículo 94 constitucional, al facultar al Consejo de la Judicatura Federal el establecimiento del número y división en circuitos, así como la actuación territorial de los órganos jurisdiccionales. Por materia, también se desprende del señalado artículo 94, remite a lo previsto en la Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los Acuerdos Generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, tanto para amparo directo como indirecto. Por grado, respecto a la promoción del juicio de amparo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios o Juzgados de Distrito, y excepcionalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que la competencia por grado se relaciona a las funciones de los órganos y su jerarquía; ante ello, regularmente el grado se ha entendido en función del nivel o posición que guarda cada órgano jurisdiccional jerárquicamente, sin embargo, conlleva una vertiente propia de las funciones que desempeña cada uno de esos órganos o instancias, esto es, el contenido de las facultades con las que cuentan y las atribuciones que les otorgan las normas que los rigen. Que el grado en un sentido amplio no se limita únicamente a la distribución de competencias por virtud de jerarquía de la instancia; sino también a la organización propia de cada órgano jurisdiccional que componen esas instancias y, es precisamente en la distribución donde se generan las facultades específicas y las funciones con las que cuenta cada uno de los órganos señalados. Que por ello, desde una perspectiva horizontal, se contempla al grado como la composición de facultades que tiene cada órgano jurisdiccional en una determinada instancia; y verticalmente, el grado se relaciona con la organización de esas instancias en niveles o jerarquías que en el Poder Judicial de la Federación se distribuye en los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y Tribunales Colegiados de Circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que en relación al juicio de amparo indirecto (con la salvedad de la competencia auxiliar), los Juzgados de Distrito y los Tribunales Unitarios de Circuitos, son los órganos competentes atendiendo a una cuestión de grado (jerarquía vertical), para conocer en primera instancia y que por ello, es necesario que dentro de esa instancia cada órgano cuente con facultades suficientes para desenvolverse en la actividad procesal sujeta a su jurisdicción. Que si horizontalmente el grado se analiza a partir de su aptitud para conocer de las controversias que le sean sometidas; desde esa perspectiva, es válido referirse como competencia funcional. Que atendiendo específicamente a que en el juicio de amparo indirecto, la competencia está acotada a las propias reglas procesales y funcionales establecidas en la ley de materia, no solo debe estar a los elementos de territorio, materia o grado en un sentido limitado a la jerarquía, sino al propio funcionamiento del órgano conforme a las facultades que la ley le confiere (funcional). Que de ser el mismo órgano quien deba rendir informe justificado en su carácter de responsable y a su vez analizarlo para determinar si su actuación fue en apego a la ley o no, es incuestionable que hay una incompatibilidad con sus funciones como autoridad jurisdiccional encargada de la impartición de justicia, lo que revela una condición de incompetencia. Que por ello, conforme con la finalidad del juicio, a partir de los artículos 36 y 38 de la Ley de Amparo, que establecen las reglas de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto -en primera instancia- por parte de los juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios, se tiene que será competente para conocer contra los actos de un juez de distrito o tribunal unitario, OTRO del mismo distrito y especialización y, si no lo hubiere el más próximo; haciendo especial énfasis que en debe ser un órgano ajeno al que se le atribuye el acto. Concluyó, que en aquellos casos, en los que se constate que el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto, también tiene el carácter de autoridad responsable, no cuenta con facultades para resolver en la instancia, por lo que en principio, se debe declarar incompetente; pues se actualiza una causa de incompetencia funcional, con independencia de que no se trate del mismo titular. Y que por ello, se actualiza un supuesto de incompetencia, lo cual técnicamente resulta ser la vía más acertada, no obstante pueda plantearse como impedimento, pues el resultado será el mismo, es decir, que el órgano jurisdiccional, actuando a través de su titular, no puede resolver en el asunto que le es sometido a su conocimiento. Esas consideraciones se estiman aplicables al caso concreto, pues en contra de lo que expone el juez de distrito a quien se considera competente, este juzgado sostiene que el artículo 38 de la Ley de Amparo determina de manera clara la imposibilidad de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio que le es turnado y en el que a su vez, también son señalados como autoridad responsable, ya que precisa, que deberá plantear la incompetencia a otro del mismo distrito y especialización, y si no lo hubiere, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito a que pertenezca. Por ello, si en el caso concreto, el Juzgado Sexto y Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, son los únicos órganos jurisdiccionales que no están señalados como autoridades responsables dentro del Décimo Tercer Circuito, son a los que por razón de turno, legalmente compete conocer del asunto y que en el caso al Juzgado Sexto de Distrito le fue turnado el presente asunto. Máxime, que de aceptar el supuesto que propone (impedimento), se llegaría al extremo de solicitar el impedimento por parte de todos los jueces que se señalaron como autoridades responsables; regla que no se encuentra establecida en la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia PC.XVIII.P.A. J/11 K (10a) emitida por el Pleno en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, del texto y rubro siguiente: COMPETENCIA. EL JUEZ DE DISTRITO AL QUE LE ES TURNADA UNA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, DEBE ACTUAR CONFORME A LA REGLA DE EXCEPCIÓN A LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 38 Y NO PLANTEAR IMPEDIMENTO CONFORME AL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN IV, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación de los artículos 16, 107, fracciones V y VII, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que es un derecho esencial a favor de los particulares, el ser juzgados por un Juez competente, lo que hace que la competencia sea un presupuesto procesal que debe abordarse por el juzgador preferentemente y aun de manera oficiosa, de tal forma que una vez que un Juez de Distrito reciba una demanda de amparo en la que es señalado como autoridad responsable, después de efectuar el análisis de competencia objetiva, debe actuar conforme al artículo 38 de la Ley de Amparo, que prevé la competencia de los Jueces de Distrito basada en la calidad de autoridad señalada como responsable, y no declararse impedido en términos de la fracción IV del artículo 51 de la ley de la materia, ya que solamente el juzgador que es competente está en aptitud de declararse, en su caso, impedido. Por lo que, en razón de que este Juzgado fue el que previno sobre el conocimiento de este asunto, con fundamento en el artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común que le presta servicio, para que resuelva lo procedente con relación al conflicto de competencia suscitado. Aunado a lo expuesto, constituye un hecho notorio que en el conflicto competencial 16/2021, que abordó el mismo supuesto que en este asunto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en ejecutoria de nueve de marzo de dos mil veintiuno, declaró que sí existe conflicto competencial y que correspondía al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, conocer de la demanda en cuestión. La presente determinación hágase del conocimiento del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. NOTIFÍQUESE.

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