Jesús Adrián Velásquez Ramírez

Expediente 899/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
899/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Jesús Adrián Velásquez Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito; por medio del cual, acusa recibo del oficio por el cual se le remitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de diecinueve de septiembre del año en curso, y los anexos ahí especificados. Asimismo, informa que admitió a trámite el recurso de que se trata, radicándolo con el número ********************, de su índice, de lo cual se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito presentado vía electrónica por el quejoso ********************; en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 99 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de queja contra el proveído de diecinueve de septiembre del año en curso. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 100 y 101, de la ley invocada, ríndase el informe sobre la materia de la queja interpuesta, al cual se adjuntará el original y copia del escrito de queja, así como los autos originales de este expediente, y remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, para la substanciación de ese medio de impugnación. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. No obstante, se instruye al oficial judicial "A", para que haga disponible el presente expediente para su consulta electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que el Tribunal de Alzada pueda vincularlo al expediente respectivo e imponerse de las constancias electrónicas, si así lo considera necesario. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase.

  3. Principal

    (notificación por lista a la parte quejosa)San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento. Agréguense a los autos los escritos del quejoso ********************; visto el contenido, por una parte, téngasele exhibiendo testimonio de la escritura pública contenida en el volumen número treinta y siete, instrumento número dos mil ochocientos veintiuno, del protocolo del notario público número 107 en el Estado de Oaxaca, y como lo solicita previo cotejo y certificación de la copia simple que exhibe, devuélvase el original de dicha documental; de igual forma, manifestando su oposición a la publicación de sus datos personales, misma que se tomará en consideración en el momento procesal oportuno. Por otra parte, se le tiene cumpliendo con el requerimiento formulado en proveído de once de septiembre pasado, y precisando que reclama el decreto expropiatorio publicado el diecisiete y veintisiete de julio de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, y para tal efecto, presenta los ejemplares del citado periódico oficial. En atención a ello, se provee: Análisis de la demanda y desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia; en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1631 del Tomo XX, de septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 180663, de epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora bien, del estudio de la demanda de amparo, se advierte la actualización del motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, porque la demanda se presentó en forma extemporánea. Los ordinales 61, fracción XIV, y 17, del propio cuerpo de leyes, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] ." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [.] ." Lo anterior acontece, toda vez que, la parte quejosa reclama: "IV.- ACTO RECLAMADO.- LA DESPOSESIÓN ILEGAL DE MI PREDIO, del cual estoy siendo objeto desde el día 21 de Agosto del presente año, con el pretexto del trámite de un expediente de expropiación marcado con el número ******************** al cual no he sido llamado ni emplazado en forma alguna. De la autoridad marcada con el inciso b), LA DESPOSESIÓN ARBITRARIA y OCUPACIÓN ILEGAL del predio de i [sic] propiedad basándose en la elaboración de un supuesto DECRETO EXPROPIATORIO NÚMERO ********************, Decreto expropiatorio que se realiza con fundamento en un informe del director del instituto Catastral de Oaxaca con Datos TOTALMENTE EQUIVOCADOS ya que tal acción se realiza basándose en CEDULAS CATASTRALES QUE pertenecen a la AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, Y DE UBICACIONES QUE NO EXISTEN, cuando en el propio decreto se menciona que se EXPROPIAN BIENES EN LA AGENCIA MUNCIPAL [sic] DE SAN MARTÍN MEXICAPAN que es la ubicación REAL del PREDIO DE MI PROPIEDAD DEL CUAL ESTOY SIENDO DESPOJADO EN FORMA ARBITRARIA. De la autoridad señalada en el inciso c), reclamado la ocupación ilegal por parte de trabajadores de esa Secretaría realizando labores de limpia y enmallado del predio de mi propiedad sin que el suscrito haya sido debida y legalmente emplazado a juicio en el expediente de expropiación mencionado A pesar de tener SEÑALADO DOMICILIO EXPRESO PARA ELLO Y DE TRATARSE DE UNA NOTIFICACIÓN PERSONALISIMA. De la autoridad marcada con el inciso a) la firma y publicación de 2 decretos expropiatorios de fechas 17 y 27 de julio de 2023" Por su parte, de la lectura efectuada al artículo "ÚNICO", Transitorio de los decretos por el que se expropia por causa de utilidad pública el Polígono ubicado entre la carretera a *****, en el paraje denominado *****, con una superficie total de afectación de 11.84 hectáreas, a favor del Gobierno del Estado de Oaxaca (primera y segunda publicación), que exhibió la parte quejosa de diecisiete y veintisiete de julio de dos mil veintitrés, respectivamente, establecen: "ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor del día de su publicación." De ahí que, si esos decretos se publicaron los días diecisiete y veintisiete de julio del año dos mil veintitrés, por tanto, el término de quince días, con que contaba la parte quejosa, para instar este juicio de amparo le inició a partir de las CERO HORAS DE ESOS DÍAS; de ahí que, si la demanda de amparo la presentó el ocho de septiembre de este año (ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec), es inconcuso que la formuló de manera extemporánea, pues dicho plazo le transcurrió del veintiocho de julio al diecisiete de agosto del año en curso. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda de cuenta, ante un motivo manifiesto e indudable de su improcedencia. Resulta aplicable la tesis I.3o.C.26 K (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. SU PUBLICACIÓN Y CONTENIDO ES HECHO NOTORIO, BASTA SU COPIA SIMPLE PARA OBLIGAR A CONSTATAR SU EXISTENCIA Y TOMARLA EN CUENTA. Los artículos 2o. y 3o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales son claros al establecer que el Diario Oficial de la Federación es el órgano del gobierno constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de carácter permanente e interés público, que tiene como función publicar en el territorio nacional, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos, expedidos por los Poderes de la Federación en sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de que éstos sean aplicados y observados debidamente; asimismo, establecen cuáles actos son materia de publicación, a saber, las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Unión; los decretos, reglamentos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo Federal que sean de interés general; los acuerdos, circulares y órdenes de las dependencias del Ejecutivo Federal, que sean de interés general; los tratados celebrados por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos; los acuerdos de interés general emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los actos y resoluciones que la Constitución y las leyes ordenen que se publiquen en el Periódico Oficial; y aquellos actos o resoluciones que por propia importancia así lo determine el Presidente de la República. Luego, la circunstancia de que una parte dentro de un juicio aporte en copia simple un ejemplar del Diario Oficial de la Federación, por el que pretende acreditar una especial situación jurídica que le afecta, no puede considerarse en modo alguno como un documento que tiene valor indiciario del hecho que se pretende demostrar, porque ha quedado establecido que la naturaleza del Diario Oficial es la de ser un órgano de difusión de los actos que la propia ley señala, y en razón de su finalidad de dar publicidad a los mismos, es que ninguna autoridad puede desconocer su contenido y alcance; en tal virtud, es de colegirse que el acto de publicación en ese órgano de difusión consta de manera documental, por lo que su presentación en una copia simple ante la autoridad judicial, no puede justificar un desconocimiento del acto por aquélla, sino que tiene el deber de tomar en cuenta esa publicidad del acto patente en el documento presentado en copia simple que refleja la existencia del original del Diario Oficial de la Federación que es fácilmente constatable como hecho notorio, más aún cuando existe la presunción legal de conocerlo por parte de la autoridad judicial, porque atento a lo establecido por el artículo 8o. de la citada ley, el Diario Oficial debe ser distribuido gratuitamente a los tres Poderes de la Unión y debe proporcionarse a los gobernadores de los Estados -incluido el Distrito Federal- una cantidad suficiente de ejemplares. Basta que la autoridad judicial tenga conocimiento del acto jurídico que invoca la parte interesada como publicado en el Diario Oficial de la Federación, que derivan del hecho material de haber sido difundido en una fecha precisa y su contenido, para que la autoridad judicial esté en condiciones de pronunciarse sobre ese aspecto, porque se trata de un acontecimiento notorio que deriva de fuentes de información que la ley garantiza le deben ser proporcionadas por otros órganos del Estado." Finalmente, de manera ilustrativa se cita la jurisprudencia 2a./J. 81/2012 (10a.) 113, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "REVERSIÓN DE TIERRAS EJIDALES. EL PLAZO DE 5 AÑOS QUE ESTABLECEN LA LEY AGRARIA Y SU REGLAMENTO EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, PARA EJERCITAR DICHA ACCIÓN, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL DECRETO EXPROPIATORIO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. De la interpretación sistemática de los artículos 93 a 97 y 152, fracción VII, de la Ley Agraria, 90 a 94, 96 y 98 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, se infiere que el plazo de 5 años para que el beneficiario de la expropiación de las tierras ejidales cumpla con el fin de utilidad pública que la motivó, inicia a partir de la publicación del decreto expropiatorio en el Diario Oficial de la Federación y no cuando la Secretaría de la Reforma Agraria lo ejecute al realizar la diligencia posesoria, ya que si la afectación que produce un decreto de esa naturaleza se resiente sólo en la propiedad de los bienes objeto de la expropiación, no puede tomarse en cuenta el concepto de posesión como indicativo para iniciar el cómputo del plazo de 5 años que concede la ley para que el Fondo Nacional de Fomento Ejidal ejerza el derecho de reversión de los bienes expropiados, con el argumento de que el decreto se ejecutó en una fecha distinta de aquella en que se emitió, por ser esta cuestión ajena a la institución de la expropiación, ya que la entrega de la posesión no influye ni condiciona el acto de la expropiación de los bienes respectivos ni sus consecuencias jurídicas, los que por su utilidad pública se sustraen de la propiedad ejidal o comunal a partir de la publicación del decreto expropiatorio en el indicado medio de difusión oficial." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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