Jesús Adrian Martínez Vargas
Expediente 1358/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1358/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jesús Adrian Martínez Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese la comparecencia de cuenta, donde la quejosa ratifica y reconoce el contenido y firma del ocurso registrado con el folio 23420; en tales condiciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, por cuerda separada, con copia de la demanda de amparo, del escrito 23420 y la comparecencia de cuenta, así como con reproducción certificada del presente proveído y del auto admisorio, fórmese el incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
.Visto lo de cuenta, como se ordena en el cuaderno principal, con la copia certificada del proveído de esta fecha y del auto admisorio; así como, reproducción simple de la demanda de amparo promovida por *** contra actos del Primera Sala y Juez Trigésimo Quinto, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; fórmese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1358/2023. PRIMERO. REQUERIMIENTO DE INFORME PREVIO. Pídase a las autoridades señaladas como responsables sus informes previos, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas; lo anterior, de conformidad con los artículos 138, fracción III, y 140 de la ley de la materia. Lo anterior, sin necesidad de enviarles copia de la demanda de amparo, cuenta habida que ello ya ocurrió con la admisión del juicio principal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El acto reclamado es la sentencia de apelación de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, dictada por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el toca **/**, que modificó el auto de veinte de junio de ese año emitido en la controversia ***/***, tramitada ante el Juzgado Trigésimo Quinto de la misma especialidad y sede. De acuerdo a la modificación decretada en la Alzada, el acuerdo mencionado previó lo siguiente: 1) La admisión a trámite de la controversia de origen. 2) La orden de emplazamiento del demandado y aquí quejoso. 3) Admite diversas pruebas de la actora, excepto la escucha de las niñas hijas de las partes por no ser medio de convicción sino derecho fundamental de éstas a ser oídas. 4) Dio vista al enjuiciado con diversas pruebas, a ser perfeccionadas mediante reconocimiento; y se comenzó con la preparación de la testimonial. 5) Ordena girar oficios a diversos juzgados para que remitieran copia certificada de diversas actuaciones. 6) Se requirió al Instituto Nacional Electoral para que informara sobre todas las credenciales para votar tramitadas por la actora. 7) Cita al quejoso para el desahogo de la prueba confesional. 8) Ordena girar oficios a instituciones bancarias para que informen de los movimientos y transferencias en cuentas del quejoso. 9) Requiere al Instituto de Seguridad Jurídica de Yucatán, para que informe sobre los bienes inmuebles que tenga o ha tenido el quejoso. 10) Se desecharon diversas probanzas ofrecidas por la actora por falta de idoneidad y pertinencia; sin embargo, se requirió al quejoso para que en tres días manifestara cuántos contratos de arrendamiento tienes celebrados respecto de sendos inmuebles y la cantidad que le generan como fruto; apercibido que de no hacerlo en tres días se le impondría una multa; ello, para estar en aptitud de fijar la pensión provisional o definitiva en observancia al principio de proporcionalidad. 11) Requirió al quejoso para que presentara planilla de los gastos que sufraga para solventar sus necesidades alimentarias y de sus hijas. 12) En cuanto a la guarda y custodia de las niñas, se dio vista al demandado. 13) Decreta una pensión alimenticia provisional a favor de las niñas por el quince por ciento para cada una de todos los ingresos mensuales del quejoso (dando un total de 30%). 14) Se condicionó momentáneamente el pronunciamiento sobre otorgamiento de una pensión alimentaria para la actora, hasta que acreditara su carácter de concubina, para lo cual se le previno. 15) Previno al demandado para abstenerse de generar violencia o causar años a la actora, no pudiendo acercarse a la actora ni a su familia a menos de quinientos metros, apercibido de arresto por seis horas en caso de desobediencia. 16) Requiere al quejoso para que exhiba ante el Juzgado la credencial para votar de la actora y las pertenencias de ésta y de sus hijas. 17) Desestimó la solicitud de la actora de requerir al demandado documentación que acredita la propiedad de diversos bienes y la exhibición del pasaporte original de éste, así como las visas de las niñas. 18) Apercibió al demandado de no ceder o enajenar los bienes adquiridos durante la vigencia del presunto concubinato, apercibido de multa. 19) Ordena girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que informe sobre todas las cuentas del quejoso, su saldo y movimientos; y al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, para que informe sobre los bienes a su nombre. 20) Requiere a una escuela para que informaran sobre la inscripción a tal colegio de las niñas de identidad reservada y los costos de los servicios educativos. 21) Se dio vista a la representación social de primera instancia. Dado que el quejoso pidió la suspensión genéricamente respecto del acto reclamado, esto es, sin enfocarse a algún aspecto específico de su contenido, el suscrito procederá a su análisis de forma integral, para determinar lo que en derecho procede sobre la medida cautelar solicitada. Lo anterior se apoya en la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, Registro 2019200, intitulada: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." TERCERO. INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE AMPARO. El quejoso es parte demandada en el proceso de origen y con ello acredita su interés suspensional. CUARTO. NEGATIVA DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL POR CUANTO HACE A LAS PARTES DE LA DECISIÓN RECLAMADA QUE SE CONSIDERAN PROPIOS DEL TRÁMITE; QUE CARECEN DE EJECUTIVIDAD CONTRA EL QUEJOSO; Y QUE IMPACTAN EN CUESTIONES DE INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Como puede verse de su descripción, el acto reclamado regula diversos temas y aspectos de la relación jurídica entre los contendientes en el juicio familiar, específicamente veintiún puntos destacados; y precisamente por lo variado y amplio de su contenido, el acto no puede ser suspendido en lo general, ameritando por ende un tratamiento puntual de su contenido, atento a lo que se expondrá a continuación, dividido en tres apartados temáticos. I. De los aspectos procesales que contiene el acto reclamado. Los temas referidos en incisos 1 a 7; 11, 12 y 21, que versan sobre la admisión a trámite; emplazamiento; pruebas; requerimiento de planilla y constancias a sendas autoridades; vista con la petición de custodia; e intervención a la representación social, son cuestiones estrictamente adjetivas y que influyen por su naturaleza, en el trámite y sustanciación del proceso natural, y por ende, de paralizarlas existiría una afectación a su impulso ordinario, lo cual está vedado dado que el proceso es una cuestión de orden público, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 128 y 150 de la Ley de Amparo. Luego, a criterio del suscrito, los temas descritos no pueden ser paralizados, pues implicarían suspender actos que por su naturaleza trascienden al impulso del procedimiento, el cual exige prontitud y expedite de acuerdo a la previsión del artículo 17 de la Constitución Federal. Al respecto, se invoca la tesis con registro digital: 309519, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materias(s): Civil, que dispone: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL, ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSION, CONTRA ACTOS QUE TIENDEN A PARALIZARLO. Si se reclama en amparo todo el procedimiento de un juicio hasta antes de dictarse fallo de segunda instancia, alegándose que el demandado no fue emplazado debidamente, la suspensión debe negarse, porque si se concediera, se afectaría el interés general, ya que la parte quejosa pretende que no se dicte sentencia definitiva, y que, paralizando el procedimiento, se mantengan las cosas en el estado que guardan, lo cual es improcedente a todas luces, puesto que la Suprema Corte de Justicia ha considerado al procedimiento judicial de orden público, en atención a que lleva por finalidad resolver prontamente los litigios, de acuerdo con lo imperativo del artículo 17 constitucional, pues la sociedad está esencialmente interesada en la pronta y expedita administración de justicia." Asimismo se invoca la tesis con registro digital: 308514, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Materias(s): Civil, que establece: "PROCEDIMIENTO, NO PROCEDE LA SUSPENSION DEL, POR SER DE ORDEN PUBLICO. Si el quejoso promovió un juicio de desocupación de una casa que ocupa el tercero, por haberse vencido el término del contrato, y la sentencia se dictó de acuerdo con las pretensiones de la parte actora, pero el demandado interpuso el recurso de revisión, ordenando el tribunal que se le remitieran los autos para sustanciar el recurso y que se abstuviera el Juez Menor de ejecutar la sentencia mientras no se resolviera el recurso mencionado, la suspensión que se interponga, únicamente puede operar para impedir que se remitan los autos al superior, como la había mandado, y esto no es procedente, porque equivaldría a paralizar el procedimiento, que es de orden público. Asimismo la suspensión es improcedente contra la negativa del Juez a ejecutar la sentencia, mientras se decide la revisión, por tratarse de un acto negativo." Esta postura opera, aun en cuanto al tema de la guarda y custodia que se previó en el acto reclamado, pues como se ve aún no está siendo definida por la autoridad, sino que se limita a la vista, lo cual es por ahora solo una cuestión inherente al trámite de conformidad con lo que prevé el artículo 941 bis del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, que en lo relativo dispone: "ARTICULO 941 BIS. Cuando a petición de parte interesada, se deba resolver provisionalmente sobre la custodia y la convivencia de las niñas y los niños con sus padres, previamente se dará vista a la parte contraria y, en caso de desacuerdo, se señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia que resolverá sobre la custodia y la convivencia de los menores misma que se efectuará dentro de los quince días siguientes. [.]" II. De los mandamientos que carecen de ejecutividad contra el quejoso. Por lo que respecta a los mandamientos previstos en los incisos 14, 17 y 20 de la descripción del contenido del acto reclamado, relativos al condicionamiento para pronunciarse sobre la pensión hasta acreditar el concubinato; la desestimación de la presentación de diversa documentación y el requerimiento a una institución educativa, es criterio del suscrito que son cuestiones que carecen de ejecutividad en contra del quejoso, y por ende, no es posible otorgar la suspensión. Lo anterior aplicando a contrario sensu el artículo 139 de la Ley de Amparo, ya que en la especie, precisamente por el hecho de que esos mandamientos no impactan materialmente desde ahora en la esfera jurídica del quejoso [sino en su caso, en la de su contraria y en una institución educativa], ni tienen una ejecutividad en su contra, es que se considera que no hay ese "peligro inminente" en detrimento del demandado. "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. [.]" Al respecto, se invoca la tesis I.7.A.48 K, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, en Materias(s): Común, que dispone: "SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE SU CONCESIÓN EN CONTRA DE LOS EFECTOS DE UN ACTO DE AUTORIDAD QUE CARECE DE EJECUCIÓN REAL Y MATERIAL. Cuando en la demanda de amparo se reclama de una autoridad la expedición de un documento en el que se informa al gobernado la imposibilidad de otorgarle la renovación de algún permiso, licencia, autorización o cualquier otro acto similar, y se pide la suspensión de sus efectos aduciéndose que con apoyo en esa determinación existe la posibilidad de que se emita una orden de clausura del establecimiento de que se trate, la medida suspensional resulta improcedente, pues el acto materia de la controversia por sí solo carece de ejecución por ser meramente declarativo, ya que para darse la afectación a su esfera jurídica se requiere, en todo caso, de un nuevo acto en el que se configure la hipótesis descrita por el quejoso en cuya situación tiene a su alcance los medios legales para combatir dicha orden, de tal suerte que al tratarse de un acto diverso, el juzgador está impedido legalmente para obsequiar la medida cautelar solicitada en esos términos." Y por su contenido, se invoca la tesis con registro digital: 368630, de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, que establece: "ACTOS DECLARATIVOS. Por tratarse de un laudo de naturaleza puramente declarativa, la situación jurídica que esta clase de resoluciones determina sin tener principio de ejecución, hacen toda suspensión improcedente, porque concederla equivaldría a darle efectos restitutorios, que son propios de la sentencia que se dicte en el fondo del amparo; por lo que negar la suspensión en estos casos, no causa agravio alguno que pueda ser reparado por la queja." Por ello, no es posible otorgar la suspensión de dichos mandamientos, ni siquiera a la luz del artículo 147 de la Ley de Amparo, pues dado que esos pronunciamientos carecen de ejecutividad, se estima que no hay materia a conservar hasta la resolución final del juicio; lo anterior, como lo prevé el primer párrafo de dicho numeral: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos." Al respecto, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, en Materias(s): Común, intitulada: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL." III. Sobre los aspectos de interés social y disposiciones de orden público. Como se ve de los incisos 13, 15 y 16, el acto reclamado impone una pensión alimenticia a favor de las niñas inmersas en la contienda natural; le ordena al quejoso no ejercer violencia y regresar documentos y pertenencias de la actora y las infantas. Estos talantes, a juicio del que suscribe, de suspenderse tendrían un efecto negativo en derecho de infantas y en disposiciones de orden público. Ello es así, porque de impedir el pago de alimentos o que se les devuelvan sus pertenencias, se estarían afectando intereses de la infancia, lo cual está vedado expresamente por las fracciones VIII y IX del artículo 129 de la Ley de Amparo [negativa tazada], que disponen: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: [...] VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos;" Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia 142, visible en la páginas 236 y 237, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, al Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, cuyo rubro es: "ALIMENTOS, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA EL PAGO DE.- Es improcedente conceder la suspensión contra el pago de alimentos porque, de concederse, se impediría al acreedor alimentario recibir la protección necesaria para su subsistencia, en contravención de las disposiciones legales de orden público que la han establecido y se afectaría el interés social; de donde resulta que se surte el requisito negativo exigido por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo para negarla." Además, se cita la tesis con Registro: 217422, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación XI, Febrero de 1993, en Materia Común, página: 334, cuyo rubro y texto es: "SUSPENSION DEFINITIVA, TRATANDOSE DE ALIMENTOS NO ES PROCEDENTE CONCEDER LA. Es correcto el proceder del juez a quo al negar la suspensión definitiva, en razón de que, es de explorado derecho que en materia de alimentos, existe un interés determinante de la sociedad, en que no se suspendan las pensiones provisionales decretadas en favor de los menores, pues de hacerlo así, existiría el peligro de insubsistencia." Tampoco es asequible otorgar la providencia por lo que hace a las medidas de protección; y a la orden de devolver la credencial de elector. Lo anterior, pues las medidas de protección son cuestiones de orden público, que entrañan una parte toral en el compromiso del Estado Mexicano para mitigar los abusos e injusticias contra las mujeres, mismos que se reglamenten con el contenido de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; y que se patenta en el ámbito interno con el contenido de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para esta ciudad, específicamente en sus artículos 1 y 2.2 En esta tesitura, las medidas de protección dictadas en el asunto natural deben prevalecer y no pueden suspenderse. Al respecto se invoca la tesis I.9o.P.16 P (11a.), Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, en Materias(s): Constitucional, Penal. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo IV, página 3384, que dispone: "MEDIDAS DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE UN DELITO COMETIDO EN UN CONTEXTO DE VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO TIENEN LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL, CONVENCIONAL Y LEGAL DE ADOPTAR LAS QUE ESTIMEN NECESARIAS, A FIN DE PREVENIR Y MITIGAR CUALQUIER RIESGO QUE PUEDA COMPROMETER SU INTEGRIDAD. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la medida de protección decretada en su contra por el Ministerio Público, consistente en la abstención de realizar conductas de intimidación o molestia hacia la mujer víctima del delito que le fue imputado (cometido en un contexto de violencia) y solicitó la suspensión del acto reclamado. El Juez de Distrito negó la medida cautelar solicitada y contra dicha determinación promovió recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de sus competencias, están obligadas constitucional, convencional y legalmente a adoptar las medidas de protección que estimen necesarias (obligación de carácter positivo, que se traduce en un hacer), de forma ágil y eficaz, en favor de las mujeres víctimas de un delito cometido en un contexto de violencia, a fin de prevenir y mitigar cualquier riesgo que pueda comprometer su integridad. Actuar que debe traducirse en un comportamiento de debida diligencia (sistémico e individual), para impedir cualquier clase de violación a un derecho, pues la inacción estatal, en escenarios como el descrito, equivale a una negligencia sancionable por normas internacionales. Justificación: El artículo 20, apartado C, fracción V, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé el derecho de las víctimas y ofendidos a que sea garantizada su seguridad, a través de medidas eficaces. Asimismo, la fracción subsecuente prevé su derecho a solicitar las providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Precepto que debe complementarse, a fin de ampliar el ámbito de protección en favor de este grupo históricamente desaventajado, con el contenido de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y las recomendaciones emitidas por su Comité, así como por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en las que se ha establecido que los Estados Parte tienen la obligación convencional de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar, de forma real y eficaz, la protección a la integridad de las mujeres que puedan encontrarse en un contexto de violencia, o bien, ante un escenario de riesgos, obliga a las autoridades a tomar medidas preventivas oportunas para corregir esas situaciones. Lo que se robustece, en nuestro derecho interno, con el artículo 109, fracciones XVI y XIX, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como por lo dispuesto en la Ley General de Víctimas y la diversa Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establecen mecanismos de similar protección, a fin de garantizar la salvaguarda de la integridad de la posible afectada." Y en la misma tesitura, la orden de devolver la credencial para votar y las pertenencias de la actora, a criterio del suscrito tampoco pueden ser suspendidas, pues de hacerlo se impediría la libre disposición de bienes y documentos en beneficio de dicha parte; lo cual, de permitirse podría implicar inobservancia a disposiciones de orden público como es la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México, específicamente en sus artículos 1, 3, fracción XXIV; 6, fracciones III y IX; y 7, fracción. Ello, precisamente porque implicaría la posibilidad de que sin razón jurídica aparente, el quejoso pudiera retener bienes o documentos personalísimos como la credencial para votar, que son de la actora; sin que tal circunstancia fuera advertida por este órgano. Los ordinales referidos establecen: "Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés social y observancia general en la Ciudad de México. Artículo 3. Para efectos de la presente ley se entenderá: XXIV. Violencia contra las mujeres: Toda acción u omisión que, basada en su género y derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que limite su acceso a una vida libre de violencia. Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: [.] III. Violencia Patrimonial: Toda acción u omisión que ocasiona daño o menoscabo en los bienes muebles o inmuebles de la mujer y su patrimonio; también puede consistir en la sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento o retención de objetos, documentos personales, bienes o valores o recursos económicos; IX. Simbólica: La que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación, cosificación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de las mujeres en la sociedad. Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son: [.] VII. Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las personas con calidad de servidor público que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. El Gobierno de la Ciudad de México, se encuentra obligado a actuar con la debida diligencia para evitar que se inflija violencia contra las mujeres. Por lo expuesto en los tres apartados previos, es que este Juzgado de Distrito niega la suspensión provisional. QUINTO. CONCESIÓN Y EFECTO DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL, POR LO QUE RESPECTA A LOS REQUERIMIENTOS PARA HACERSE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL DEL QUEJOSO, E IMPEDIRLE DISPONER DE SUS BIENES. A criterio de este órgano, por lo que hace a los requerimientos hechos para hacerse de información patrimonial y financiera del quejoso, e impedirle disponer de inmuebles, establecida en los incisos 8, 9, 10, 18 y 19 de la descripción del contenido del acto reclamado, se satisfacen los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues: Existe petición de parte agraviada; y No se sigue perjuicio al interés social ni contravención a disposiciones del orden público, ya que el reclamo surge de actuaciones llevadas a cabo en el juicio de origen, que únicamente surten efectos entre los particulares vinculados al procedimiento; con lo que deviene que con la suspensión del acto reclamado no existe una situación específica que pueda afectar a un conglomerado humano considerable y que contraríe las normas de orden público, así calificadas por el legislador, emitidas para regular aspectos en que se ve interesado el Estado para reglamentar su actuación pública o aquéllas que tengan como finalidad regir aspectos sociales trascendentes y que por tanto la sociedad se ve interesada en su observancia. Además existe materia suspendible acorde a la naturaleza del acto reclamado, en términos del artículo 107, fracción X de la Constitución Federal. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 138, fracción I, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, para el efecto de que sin paralizar el procedimiento, las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y no se realice ningún acto tendiente a recabar la información requerida a las autoridades bancarias; ni patrimonial [bienes y contratos] y tampoco se le impida disponer de sus inmuebles. Lo anterior es así, porque al proveer sobre la suspensión, necesariamente debe procurarse conservar la materia del amparo y, en el presente asunto, en caso de negarla, la autoridad responsable estaría recabando toda la información bancaria y financiera del quejoso; patrimonial [inmobiliaria y contractual] del quejoso, misma que quedaría totalmente expuesta en el proceso, situación que no podría resarcirse ni con el dictado de una sentencia favorable, lo cual revela su naturaleza de acto de imposible reparación; y que puede paralizarse para evitar una consumación irreparable hasta que se juzgue la constitucionalidad de dicho mandamiento. Lo anterior, tiene sustento, por analogía, en la jurisprudencia 3a. 49, aprobada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número 25, Enero de 1990, página 52, Octava Época, Registro 820084, cuyo rubro y texto dicen: "PRUEBA PERICIAL CONTABLE. LA INDEBIDA ADMISIÓN DE LA OFRECIDA POR LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO EN EL JUICIO NATURAL, ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL CUYA NATURALEZA SUI GENERIS PRODUCE EFECTOS LEGALES Y MATERIALES QUE YA NO PUEDEN SER REPARADOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA Y, POR TANTO, RESULTA PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. En primer lugar debe reconocerse que la violación de procedimiento que se analiza no está expresamente contemplada dentro de ninguna de las diez fracciones contenidas en el artículo 159 de la Ley de Amparo. En segundo término, que tampoco es asimilable por analogía a ninguno de los supuestos normativos de tales fracciones, especialmente al que se refiere la fracción III, porque la naturaleza sui generis de la citada violación procesal no sólo entraña la simple admisión de las pruebas ofrecidas por la contraparte del quejoso, sino que se trata de la indebida admisión de probanzas pero que son ofrecidas a cargo del propio quejoso, como es la pericial contable, en la contabilidad de éste último y no del oferente. Por ello, no puede aceptarse el punto de vista relativo a que igual perjuicio recibe el agraviado cuando le son rechazadas sus pruebas, que cuando a su parte contraria le son admitidas las que propone en contra de lo dispuesto por la ley, en razón a que el concepto perjuicio y sobre todo el que sus efectos sean o no de imposible reparación, deben ser analizados en cada caso concreto, de aquí que en la hipótesis de que se trata se estime que no todas las consecuencias legales y materiales que produce el desahogo de este tipo de pruebas (permitir el acceso a la contabilidad del quejoso al perito del oferente y en su caso, al perito tercero) sean destruidas fácticamente con el solo hecho de que quien las sufra obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por ello, se está en presencia de una violación procesal que sí tiene el alcance de afectar las garantías individuales del quejoso desde el momento de su realización y que, por tanto, requiere de que ese acto producido dentro del procedimiento judicial en caso de que se estime inconstitucional sea examinado a través del juicio de amparo indirecto. Cabe agregar que no es el hecho de que el juez natural ya no se haga cargo en la sentencia del proveído que indebidamente tuvo por admitida la prueba pericial contable de la parte contraria del quejoso, lo que le atribuye el carácter de irreparable a la violación, sino que lo es la serie de efectos que se producen por el simple desahogo de dicha prueba, los que ya no será posible reparar -material y normativamente hablando-, con independencia de que la sentencia que llegue a dictarse le sea desfavorable o no." Sin que tal concesión implique, en modo alguno, la paralización del procedimiento, sino que únicamente detiene transitoriamente el envío o diligenciación de los requerimientos relativos; y sus consecuencias en contra del quejoso, a fin de preservar la materia del presente juicio. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia I.3o.A. J/44 con número de registro 212751, de la Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 76, Abril de 1994, página 27, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSION, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA. Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular a través de las sentencias de amparo. El preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día -lejano en muchas ocasiones- declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos." Misma necesidad se considera que existe en cuanto al mandamiento de abstenerse de ceder o enajenar bienes adquiridos dentro de la videncia del presunto concubinato, pues sobre tal mandamiento, opera a favor del quejoso una apariencia del buen derecho en tanto que representa una limitante relevante al patrimonio, pero que para efectos jurídicos adolece de vaguedad, pues una revisión al contenido del acto reclamado pone de manifiesto que no se precisó qué bienes en particular son de los que no puede disponer el impetrante, lo que hace que el mandamiento judicial sea abierto al punto que pudiera llegar a generar incertidumbre jurídica. Sin que por tal razón pueda llegar a exponerse por ahora la materia del proceso natural, pues dado el contenido del auto impugnado en la apelación [admisión] se colige que aún no hay sentencia definitiva cuyo cumplimiento que deba garantizarse con esos bienes; por lo cual se considera que no hay impedimento para otorgar la suspensión en ese aspecto específico. Y por tal razón es criterio del suscrito que la suspensión es procedente también respecto de este mandamiento impuesto en el acto reclamado, ya que una revisión al contenido del acto reclamado en este punto en particular, hace patente que goza de una apariencia del buen derecho y no hay un aspecto de orden público o interés social que se vea afectado con ello, como sería el cumplimiento a un fallo definitivo. Al respecto se invoca la jurisprudencia 2a./J. 204/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, en Materias(s): Común, que establece: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." Esta medida cautelar surtirá sus efectos hasta que se dicte la resolución interlocutoria que resuelva sobre la suspensión definitiva. SEXTO. La suspensión que se concede surte sus efectos, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no otorga garantía a satisfacción de este juzgado y en cualquiera de las formas que establece la ley dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de la presente resolución, por la cantidad de $**** que se fija de manera discrecional con fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo, ya que el daño que esta medida cautelar pudiera causar a la parte tercera interesada no es patrimonial, pues el efecto generado por la medida, materialmente se reflejará en un retraso para la sustanciación del procedimiento y el eventual dictado de sentencia definitiva [ante la suspensión transitoria de hacerse de la información bancaria y patrimonial del quejoso], lo cual no es directamente estimable en dinero. La cantidad que se fija, se hace considerando además de esa posible afectación al retardo en el dictado de sentencia, tomando en cuenta que la medida otorgada también beneficia al quejoso en torno a la disponibilidad de determinados inmuebles; empero, su valor se desconoce dado que no se precisaron cuáles eran como ya se mencionó, siendo estos los únicos datos con que por ahora se cuenta y por lo cual, la garantía se fija de manera discrecional en términos del artículo invocado. Orienta lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 55/2008 de la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, en Materia(s): Común, página: 146, que dispone: "GARANTÍA. SU MONTO DEBE FIJARSE DISCRECIONALMENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 125, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN CONTRA ACTOS INTRAPROCESALES RELACIONADOS CON LA PERSONALIDAD Y ELLO RETARDA LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN EN EL JUICIO NATURAL. Si el efecto de la suspensión consiste en la abstención del dictado de la sentencia definitiva, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo correspondiente, se actualiza el supuesto contenido en el segundo párrafo del artículo 125 de la Ley de Amparo, pues el daño que dicha medida cautelar pudiera causar al tercero perjudicado no es patrimonial, en tanto que el retardo en el dictado de la sentencia afecta su derecho de celeridad procesal, el cual no es estimable en dinero. En ese sentido, se concluye que cuando se concede la suspensión contra actos intraprocesales relacionados con la personalidad y ello retarda la emisión de la sentencia definitiva en el juicio natural, la autoridad que conozca del amparo debe fijar discrecionalmente el monto de la garantía en términos del mencionado artículo. Con el propósito de la integración del Fondo para la Administración de Justicia, contemplado en la fracción III del artículo 243 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el acuerdo general de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince, por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia; por lo que, al estarse solicitando en el presente asunto, los depósitos por las cantidades indicadas las cuales encuadran en los supuestos de la fracción III del artículo 243 citado, de preferencia deberán constituirse ante el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI). De lo contrario los depósitos que se realicen ante institución diversa se remitirán a BANSEFI, quien expedirá el billete de depósito correspondiente; además, en términos de los artículos 879 y 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince, la depositaria tendrá que incluir la leyenda de que el depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna en favor del depositante y la relativa a que la depositante autoriza de manera expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo de la Administración de Justicia, para que solicite y reciba la información que le permita el control del depósito, en el entendido de que si dicho billete de depósito no contiene las inserciones antes referidas, no constituirá un obstáculo para la recepción del documento. En el entendido de que si opta por exhibir póliza de fianza, esta deberá indicar que es para garantizar los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar con motivo de la concesión de la suspensión. SÉPTIMO. DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para que tenga lugar la audiencia incidental; fecha que se fija con apoyo en lo dispuesto por la fracción II del artículo 138 de la Ley de Amparo. Fecha que se fija tomando en consideración que los funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se encontraran gozando de su segundo periodo vacacional correspondiente a este año. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 224 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, marzo de 1993, octava época, 216861 cuyo rubro y texto son: "AUDIENCIA INCIDENTAL, DIFERIMIENTO DE LA. CUANDO NO SE NOTIFICO A LA RESPONSABLE. Aunque por regla general, la audiencia incidental no debe diferirse por la naturaleza misma del incidente, sin embargo, para que pueda celebrarse es preciso que las autoridades señaladas como responsables, sean sabedoras del contenido de la demanda, a fin de que estén en condiciones de rendir su informe previo y sobre esa base, decidir si ha lugar o no a conceder la medida cautelar. De manera que si aquellas autoridades no son notificadas oportunamente del proveído que las requiere para que rindan su informe, debe diferirse la audiencia incidental, pues resulta inaplicable la presunción de certeza de los actos reclamados, ya que dichas autoridades no omitieron rendir su informe, sino que se vieron imposibilitadas para hacerlo; en consecuencia procede revocar la interlocutoria recurrida y ordenar la reposición del procedimiento." NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA TERCERA INTERESADA.
- Principal
Visto el ocurso de cuenta, previo a acordar lo que en derecho corresponda en relación a su contenido, requiérase al promovente, para que en el término de tres días, contados a partir del siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído comparezca al local de este Juzgado, con una identificación oficial vigente y con fotografía, a ratificar el contenido y firma que calza el escrito de cuenta, apercibido que de no dar cumplimiento a lo requerido por este órgano jurisdiccional, se tendrá por no presentado el ocurso de mérito. El requerimiento que se formula se hace necesario pues existen rasgos grafológicos notoriamente discrepantes entre la firma que calza la demanda de amparo y la que obra estampada en el escrito de cuenta. Al respecto, se cita la tesis, 3ª./J.24, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 385, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, Octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Además, por analogía se cita la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 345, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Septiembre de 1992, Octava Época, con registro 218629, que a la letra dice: "RATIFICACION DE FIRMAS QUE CALZAN LA DEMANDA DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO TIENE FACULTAD PARA ORDENAR LA. La Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, no contempla en forma expresa facultad a favor del juez de Distrito para ordenar la ratificación de las firmas que calzan una demanda de garantías. Sin embargo, debe señalarse que el artículo 146 de la Ley de Amparo lo autoriza para mandar prevenir al promovente cuando advierta irregularidades en el escrito de demanda. Por tanto, ante la duda respecto de la legitimidad de las firmas y a fin de cerciorarse de que la demanda fue promovida efectivamente por el gobernado a quien perjudica el acto de autoridad y dado que la firma constituye la manifestación de voluntad del agraviado, el juez de Distrito puede, si lo considera necesario, mandar ratificar la demanda de amparo respectiva." En otro orden, por recibido el comunicado del Juez responsable, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en autos proporciona diversos domicilios donde puede ser localizada la parte tercera interesada ... . En consecuencia, se comisiona al fedatario adscrito a este Juzgado, a fin de que se constituya dichas localidades y una vez que se cerciore que ahí puede ser localizada la emplace al presente juicio, corriéndole traslado con las constancias necesarias para tal efecto. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación encomendada. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y PERSONALMENTE A LA TERCERA INTERESADA.
- Principal
Agréguese el ocurso de cuenta, mediante el cual la parte quejosa desahoga el requerimiento ordenado en autos, al respecto se provee: Con fundamento en los artículos 107 y 115 de la ley de la de la materia, SE ADMITE LA DEMANDA. I. Vista al Ministerio Público. Por medio de oficio dese la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. II. Requerimiento de informe justificado y las constancias para resolver. Mediante la vía ordinaria o electrónicamente -según corresponda- pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que habrán de rendir cumpliendo con lo prescrito en los dispositivos 115 a 117 de la Ley de Amparo, dentro del término máximo de quince días. Al oficio relativo deberán anexar copias certificadas con sello y firmas oficiales de lo siguiente: Acto reclamado y la secuela procesal que lo haya precedido (por ejemplo, actuación recurrida, agravios, etc.). Toda constancia y pruebas que se hayan relacionado (señalado) y valorado para su emisión; así como aquellas sobre las que se apoyen los conceptos de violación. En general, de cualquiera elemento del negocio y su estado procesal, que sea indispensable para la resolución del asunto. En su comunicado, la autoridad deberá indicar si el acto reclamado se dictó en cumplimiento a una ejecutoria de amparo -especificando detalladamente cuál-; y en su caso, si hay juicios constitucionales previos y ante qué órgano jurisdiccional se radicaron. En ese sentido es innecesario que se envíen todas las constancias, tomos y cuadernos relacionados al asunto de origen, ya que sólo se pide lo que sea indispensable para resolver, a fin de vigilar el adecuado manejo de los recursos materiales e insumos, así como fomentar la protección al medio ambiente, de acuerdo a los deberes y responsabilidad que a cada autoridad competen en términos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Bajo apercibimiento que, de no dar cumplimiento a lo que aquí se ordena, con fundamento en el dispositivo 237 fracción I en relación al 260 ambos de la Ley invocada, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización. Hágase del conocimiento de las partes que en colaboración para una pronta y eficiente impartición de justicia, al rendirse el informe justificado, y dentro del término de ley, deberán indicar si se hace necesaria alguna constancia en particular para resolver; sin perjuicio de las que este órgano pudiera llegar a requerir. Dado que la impartición de justicia es una función de la que se beneficia toda la sociedad, y en la que existen cuestiones de orden público e interés general que deben observarse indefectiblemente, se requiere a todas las partes para que en caso de que se actualice algún supuesto de improcedencia o sobreseimiento, lo informen de inmediato a este órgano jurisdiccional, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se les impondrá una multa conforme al arábigo 251 de la Ley de Amparo. III. Incidente de Suspensión. Tomando en consideración que el acto reclamado lleva inmersas diversas determinaciones como son, pruebas, medidas cautelares, pensión alimenticia, guarda y custodia, entre otras. Previo a proveer lo que corresponda, fin de contar con elementos para pronunciarse sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada y, en su caso, alcance y/o sus requisitos de efectividad. Se requiere a la parte quejosa, para que en el término de tres días, legalmente computado, informe los efectos para los cuales solicita la suspensión del acto reclamado. Bajo el apercibimiento que en caso de no desahogar en el término establecido, se proveerá respecto de la suspensión conforme a los temas y la posición que la parte quejosa, guarda en el juicio natural. IV. De los terceros interesados. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como parte tercera interesada a ... . Toda vez que no se cuenta con el domicilio de la parte tercera interesada, se reserva su llamamiento, por ello, se solicita al Juez responsable que en el término de veinticuatro horas, legalmente computado, informe todos los domicilios que obran en el juicio de origen, para localizar a la citada parte procesal. Bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá la medida de apremio con la que se le conminó en párrafos que anteceden. V. De la audiencia Constitucional. Se fijan las ONCE HORAS DEL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para la celebración de la audiencia constitucional. VI. Protección de Datos Personales y Transparencia. Este juicio queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y por los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en materia de protección de datos personales y en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, diez de octubre de dos mil dieciocho y seis de septiembre de dos mil diecinueve, respectivamente; por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren en este expediente, serán tratados conforme a los lineamientos aplicables en tales normas y sólo serán utilizados para el análisis materia de este asunto. De conformidad con las normas derivadas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo cual deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva el consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y EN SU OPORTUNIDAD A LA TERCERA INTERESADA.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,575 expedientes
- Jessica Radilla Estrada633/2016
- Jessica Rosaura Balboa Estrada146/2015
- Jessica Verónica Arteaga Luna135/2022
- Jessika Maryela Saenz Gaytan1070/2021
- Jesús Abel Pérez Silva775/2016
- Jesús Abelino Chong Yong1282/2019
- Jesús Adrian Mendoza Hernández421/2023
- Jesus Alberto Valencia Galicia758/2010
- Jesús Alfonso Miranda Matamoros818/2023
- Jesús Alva Salinas1170/2016
- Jesús Andrés Estrada Herrera1086/2021
- Jesús Antonio Altonar Reyes257/2016