Jesús Adrián Domínguez Rangel
Expediente 958/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 958/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/08/2023
Partes del expediente
- Jesús Adrián Domínguez Rangel
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por el promovente recurso de queja, en contra del proveído de diez de agosto de dos mil veintitrés; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 20, fracción IV, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda intentada, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el veintiocho de agosto de dos mil veintiséis. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir al promovente para que realice las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo que promueve ********************, contra actos del Director del Centro Penitenciario Tijuana, y de otras autoridades, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 17, 18 y 19 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de control electrónico con el número 958/2023-D. Suspensión de plano Sin que sea el caso decretar de oficio la suspensión de plano, virtud que una vez analizada la demanda, se colige que el acto que se reclama en esta vía no es de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni se encuentra siendo objeto el agraviado de alguna de las hipótesis establecidas por el precepto 15 de la Ley de Amparo. Se desecha la demanda de amparo Ahora, es preciso apuntar que de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora, del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama medularmente una orden de traslado del Centro Penitenciario Tijuana, a otro diverso. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior [.]." Así, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previo a su promoción, agotar los recursos ordinarios de defensa que se encuentren previstos en la ley. En la especie, se estima que tal motivo de improcedencia se encuentra actualizado, pues el impetrante reclama a través del juicio de amparo una orden de traslado, pero fue omiso en instar el mecanismo de control denominado "controversia judicial" previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que sea el juez de control o de ejecución de sentencia quien resuelva respecto de la posible afectación de alguno de sus derechos fundamentales, lo cual constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz a través del cual una persona privada de su libertad, puede reclamar cuestiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Máxime, que la "controversia judicial" es un medio de defensa legal que prevé la posibilidad de que el juez de control o de ejecución, ordene la suspensión inmediata de la orden de traslado presumiblemente emitida por autoridad administrativa, sin la autorización judicial previa, la cual no exige mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para tal efecto, incluso la autoridad jurisdiccional puede pronunciarse de oficio respecto del otorgamiento de dicha medida cautelar. En tal tenor, al haber promovido la acción constitucional respecto de cuestiones inherentes a condiciones de internamiento -traslado-, sin agotar previamente el citado mecanismo de control, se acredita la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1513, libro 7, noviembre de 2021, tomo lI, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL." En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, con fundamento en el numeral 113 del ordenamiento legal invocado, se desecha de plano la demanda promovida por ********************. Notificaciones Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya en el Centro Penitenciario El Hongo, Tecate, Baja California y notifique personalmente al agraviado este acuerdo, así como los subsecuentes que se dicten en este asunto. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en este juicio. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente al agraviado en el lugar de su reclusión.
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