Jesus Adolfo Santos Bañulos
Expediente 1235/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1235/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 15/11/2022
Partes del expediente
- Jesus Adolfo Santos Bañulos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
En quince de noviembre de dos mil veintidós, el secretario CERTIFICA Y HACE CONSTAR: Que a la fecha ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniere respecto al cumplimiento de la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; asimismo, que las constancias que obran en el expediente físico, coinciden íntegramente con las digitalizadas en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente SISE; que obran documentos exhibidos en copia certificada en el presente juicio y que no se aperturó incidente de suspensión; igual forma, para fines del informe de visita, se asientan los datos siguientes: FECHA DE EJECUTORIA FECHA DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FECHA EN QUE SE RECIBIÓ EL OFICIO POR EL CUAL LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMÓ EL CUMPLIMIENTO FECHA DE LA ÚLTIMA NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DEL AUTO POR EL QUE SE DIO VISTA CON EL CUMPLIMIENTO 25/10/2022 05/10/2022 27/10/2022 03/11/2022 (Personal) El secretario. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a quince de noviembre de dos mil veintidós. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en acatamiento a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio, se ha restituido a la parte quejosa 05/11/23 08:28:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.e1.d4 Roberto Díaz Villarreal en el goce de sus derechos violentados, en términos de los establecido en la sentencia dictada; lo anterior, en atención a que su cumplimiento es de orden público y análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, se cumple con dicha sentencia, resulta necesario precisar que los actos reclamados por los que se otorgó la protección constitucional se hicieron consistir en: "De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, se desprende que las autoridades responsables y los actos reclamados son los siguientes: 1. Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. a) La omisión de radicar petición, iniciar el trámite y convocar a sesión al Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para la expedición de su dictamen de pensión. 2. Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. b) La omisión de sesionar con motivo de su petición, ordenar y acordar lo conducente para que se emita el dictamen de pensión de conformidad al artículo 19, fracción I, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado (.)" Mediante sentencia dictada el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Jesús Adolfo Santos Bañuelos, en los siguientes términos: "1. El Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit: 05/11/23 08:28:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.e1.d4 Roberto Díaz Villarreal Amparo indirecto 1235/2022- XI-C ?????? ??A???? ?? a) Emita la respuesta que corresponda congruente con la petición que le fue formulada por la quejosa mediante escrito presentado el trece de marzo de dos mil diecinueve; b) Notifique a la quejosa la respuesta respectiva; c) Ordene las diligencias conducentes y, en su caso, formule los requerimientos necesarios, con el objeto de que, dentro del plazo de treinta días, que establece el artículo 60 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, tramite el procedimiento correspondiente conforme a los términos legales; d) En su oportunidad, realice la actividad que le corresponde en la elaboración del proyecto de dictamen, así como en la convocatoria que debe hacer para su discusión y resolución respectivas, todo ello, en el ámbito competencial que le asiste conforme al artículo 10 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, en el entendido de que se encuentra en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda, ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarla a pronunciarse en cualquier sentido. e) Hecho lo anterior, se notifique en breve término a la quejosa, por conducto de quien legalmente corresponda, la resolución que adopte respecto a la procedencia o improcedencia de la pensión solicitada, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado. 2. El Director de Administración y Desarrollo de Personal dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit: a) Certifique si la quejosa se encuentra al corriente con sus aportaciones al Fondo de Pensiones, a través de la elaboración de las hojas de servicio correspondientes relativas al trámite para la obtención de la pensión solicitada, e informe lo anterior al director responsable. 3. El Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit: a) Dentro del ámbito de su competencia legal, realice en el mismo plazo (treinta días), los trámites correspondientes para el análisis, integración del expediente, elaboración del proyecto y con plenitud de jurisdicción, conceda o niegue la pensión 05/11/23 08:28:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.e1.d4 Roberto Díaz Villarreal solicitada por la justiciable, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 8o., fracción IV, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. b) Hecho lo anterior, se notifique en breve término a la quejosa, por conducto de quien legalmente corresponda, la resolución que adopte respecto a la procedencia o improcedencia de la pensión solicitada. No se soslaya que el Director de Administración y Desarrollo de Personal dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, no fue señalada como autoridad responsable; sin embargo, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, por razón de sus funciones, tiene intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y, por tanto, está obligado a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento de la presente sentencia protectora. (.)" En ese tenor, seguido el juicio por sus demás trámites, el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia antes indicada y se requirió a la autoridad responsable para que en el término de tres días, informara sobre su cumplimiento. Por medio del oficio registrado con el folio 23213, la responsable manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria y para demostrarlo, remitió copia certificada de diversas constancias, de las que se advierte que realizó lo siguiente: 1. El Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, realizó lo siguiente: a) Dentro del ámbito de su competencia legal, realizó los trámites correspondientes para el análisis, integración del expediente, elaboración del proyecto y con plenitud de jurisdicción, concedió la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio. 05/11/23 08:28:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.e1.d4 Roberto Díaz Villarreal Amparo indirecto 1235/2022- XI-C ?????? ??A???? ?? b) Dictamen que se notificó a la parte quejosa el cinco de octubre de dos mil veintidós, mismo que cuenta con firma autógrafa. Por lo anterior, mediante auto de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto al cumplimiento que las autoridades responsables dijeron haber dado a la sentencia de amparo, sin que una vez transcurrido dicho plazo, haya realizado manifestación alguna al respecto. Sin que pase desapercibido que no se haya dado vista con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo por las diversas responsables, ya que del informe rendido por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, se advertía que la totalidad de autoridades habían dado cumplimiento a dicha ejecutoria. Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos del arábigo 196 de la ley de la materia, esto es, sin exceso ni defecto, ya que como se advierte de párrafos precedentes, se ajustaron a los lineamientos ahí contenidos, pues se dio respuesta a la parte quejosa y se emitió el dictamen de pensión correspondiente, el cual fue en sentido positivo y fue debidamente notificado. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos del numeral 201 de la Ley de la Materia. 05/11/23 08:28:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.e1.d4 Roberto Díaz Villarreal Por otra parte, dado que la sentencia de amparo fue debidamente cumplida, de conformidad con el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido, lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo séptimo de expedientes destruibles, artículo 18, fracción I, inciso b), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que se concedió el amparo. En consecuencia, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental. Finalmente, del estado de autos, se advierte que la parte quejosa, al momento de presentar su demanda de amparo, exhibió un anexo en copia certificada; en consecuencia, se le requiere para que acuda dentro del término de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación personal del presente proveído, para la devolución de los documentos exhibidos en el expediente, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, dicho documento tendrá el mismo destino que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Roberto Díaz Villarreal, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, tres de noviembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos únicamente para que obren como corresponda los oficios con anexo, firmados por el Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, ambos con residencia en esta ciudad, mediante el cual informan el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento en razón de que mediante acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se dio vista con el cumplimiento dado por la autoridad señalada como responsable. Notifíquese.
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit a veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal del presente juicio, promovido por ************, se advierte y hace constar que revisados los libros de registro de correspondencia recibida en este Órgano Jurisdiccional, no se encontró registrada promoción alguna de parte interesada, dirigida al presente expediente, tendente a impulsar el procedimiento, desde el trece de enero de dos mil veintidós. Luego, tomando en consideración que el último acuerdo emitido en este asunto el trece de enero de dos mil veintidós, se notificó por lista a la parte actora el catorce siguiente, y surtió efectos el diecisiete de enero siguiente; por tanto, el siguiente día hábil a aquél en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada, lo fue el dieciocho de enero de dos mil veintidós. Ahora bien, el segundo párrafo del inciso a) del artículo 1076 del Código de Comercio prevé: "La caducidad de la instancia operará de pleno derecho, sea porque se decrete de oficio o a petición de parte, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta la citación para oír sentencia, en aquellos casos en que concurran las siguientes circunstancias: "a) Que hayan transcurrido 120 días contados a partir del día siguiente aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada, y b) Que no hubiere promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo". Entonces, a fin de determinar si en el presente caso ha operado la figura jurídica de la caducidad de la instancia, resulta necesario exponer gráficamente los días inhábiles que han transcurrido desde el dieciocho de enero de dos mil veintidós, que fue el día hábil siguiente al en que surtió efectos la notificación del último proveído y que de manera calendarizada sucedieron hasta el día de hoy. ENERO 2022 10 días hábiles Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 13 Acuerdo 14 Se publicó lista 15 16 17 Surtió efectos 18 (1) inició inactividad 19 (2) 20 (3) 21 (4) 22 23 24 (5) 25 (6) 26 (7) 27 (8) 28 (9) 29 30 31 (10) FEBRERO 2022 19 días hábiles Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 (11) 2 (12) 3 (13) 4 (14) 5 6 7 8 9 10 11 (15) (16) (17) (18) 12 13 14 (19) 15 (20) 16 (21) 17 (22) 18 (23) 19 20 21 (24) 22 (25) 23 (26) 24 (27) 25 (28) 26 27 28 (29) MARZO 2022 22 días hábiles Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 (30) 2 (31) 3 (32) 4 (33) 5 6 7 (34) 8 (35) 9 (36) 10 (37) 11 (38) 12 13 14 (39) 15 (40) 16 (41) 17 (42) 18 (43) 19 20 21 22 (44) 23 (45) 24 (46) 25 (47) 26 27 28 (48) 29 (49) 30 (50) 31 (51) ABRIL 2022 18 días hábiles Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 (52) 2 3 4 (53) 5 (54) 6 (55) 7 (56) 8 (57) 9 10 11 (58) 12 (59) 13 14 15 16 17 18 (60) 19 (61) 20 (62) 21 (63) 22 (64) 23 24 25 (65) 26 (66) 27 (67) 28 (68) 29 (69) 30 MAYO 2022 20 días hábiles Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 2 (70) 3 (71) 4 (72) 5 6 7 8 9 (73) 10 (74) 11 (75) 12 (76) 13 (77) 14 15 16 (78) 17 (79) 18 (80) 19 (81) 20 (82) 21 22 23 (83) 24 (84) 25 (85) 26 (86) 27 (87) 28 29 30 (88) 31 (89) JUNIO 2022 22 días hábiles Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 (90) 2 (91) 3 (92) 4 5 6 (93) 7 (94) 8 (95) 9 (96) 10 (97) 11 12 13 (98) 14 (99) 15 (100) 16 (101) 17 (102) 18 19 20 (103) 21 (104) 22 (105) 23 (106) 24 (107) 25 26 27 (108) 28 (109) 29 (110) 30 (111) JULIO 2022 21 días hábiles Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 (112) 2 3 4 (113) 5 (114) 6 (115) 7 (116) 8 (117) 9 10 11 (118) 12 (119) 13 (120) 14 (121) 15 (122) 16 17 18 (123) 19 (124) 20 (125) 21 (126) 22 (127) 23 24 25 (128) 26 (129) 27 (130) 28 (131) 29 (132) 30 31 AGOSTO 2022 23 días hábiles Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 (133) 2 (134) 3 (135) 4 (136) 5 (137) 6 7 8 (138) 9 (139) 10 (140) 11 (141) 12 (142) 13 14 15 (143) 16 (144) 17 (145) 18 (146) 19 (147) 20 21 22 (148) 23 (149) 24 (150) 25 (151) 26 (152) 27 28 29 (153) 30 (154) 31 (155) SEPTIEMBRE 2022 19 días hábiles Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 (156) 2 (157 3 4 5 (158) 6 (159) 7 (160) 8 (161) 9 (162) 10 11 12 (163) 13 (164) 14 15 16 17 18 19 (165) 20 (166) 21 (167) 22 (168) 23 (169) 24 25 26 (170) 27 (171) 28 (172) 29 (173) 30 (174) OCTUBRE 2022 18 días hábiles Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 3 4 (175) 5 (176) 6 (177) 7 (178) 8 9 10 (179) 11 (180) 12 13 (181) 14 (182) 15 16 17 (183) 18 (184) 19 (185) 20 (186) 21 (187) 22 23 24 (188) 25 (189) 26 (190) 27 (191) 28 (192) Por lo que la suma de días hábiles sin inactividad procesal desde el dieciocho de enero de dos mil veintidós al día de hoy, arroja como 2022 ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL AGOS SEP OCT TOTA L 10 19 22 18 20 22 21 23 19 18 TOTAL DE DÍAS HÁBILES DESDE INACTIVIDAD 192 Entonces, tenemos que durante el periodo de tiempo comprendido del dieciocho de enero del año en curso, al día de hoy, se acumularon ciento noventa y dós días hábiles con inactividad procesal de las partes, además, de la certificación secretarial y del estado de autos, se advierte que durante ese lapso no se recibió promoción alguna de las partes dando impulso al procedimiento o solicitando la continuación del mismo para su conclusión, en consecuencia, es evidente que en la especie se satisfacen los requisitos exigidos por el ya mencionado numeral 1076 de la Legislación Mercantil aludida con antelación, por lo que se declara que ha operado la figura procesal de la caducidad de la instancia. En las anotadas condiciones, con apoyo en el referido numeral 1076 del Código de Comercio y decretada que ha sido la caducidad de la instancia en este juicio, se dejan sin efectos las providencias decretadas con anterioridad, debiendo volver las cosas al estado que tenían antes de la presentación de la demanda, en la inteligencia de que queda a disposición de la parte actora el documento fundatorio de su acción en la Secretaría de este Juzgado, el cual podrá entregarse una vez que cause estado la presente determinación, previo acuse de recibo y copia certificada que del mismo se deje en autos. Resulta aplicable a la presente determinación lo establecido en la Tesis I.11o.C.114 C, emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página mil trescientos cincuenta y cuatro, Tomo XXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de dos mil cinco, que a la letra señala: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA POR INACTIVIDAD PROCESAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 373 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. SÓLO SE INTERRUMPE CON PROMOCIONES O ACTOS PROCESALES QUE DEN IMPULSO AL PROCEDIMIENTO E INSTEN AL ÓRGANO JURISDICCIONAL A CONCLUIR LA INSTANCIA. Legalmente se reconoce que la finalidad primordial o característica fundamental de la institución procesal llamada "caducidad" es la extinción del proceso de pleno derecho, que se da como una sanción por el desinterés de las partes en la prosecución del juicio, por el abandono de la actividad procesal a que están obligadas conforme al principio dispositivo, con miras a obtener un fallo favorable. La caducidad evita que los procesos permanezcan abandonados indefinidamente por las partes en los tribunales y permite que los juzgadores se aboquen a las nuevas controversias sometidas a su consideración; éstas son las finalidades primordiales que el legislador tomó en consideración al redactar el artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles, según se aprecia de la exposición de motivos. En tal sentido, si se toma en cuenta la ratio legis del mencionado precepto inspirada en tales objetivos, válidamente se concluye que en la fracción IV del citado artículo 373 no toda promoción o acto procesal interrumpe el término de la caducidad, sino sólo aquellos que tienen el propósito de concluir el juicio hasta su final; por ello, las promociones cuya finalidad sea solamente autorizar a determinadas personas para oír notificaciones, la de que se reconozca a alguien el carácter de abogado patrono o apoderado, o la de señalar nuevo domicilio para oír notificaciones, no son idóneas para interrumpir el término para que opere la caducidad de la instancia, en tanto que no tienden a activar o a impulsar el procedimiento y, en consecuencia, los acuerdos dictados a las mismas como actos procesales, pues si bien pudiera pensarse que con dichas promociones se evidencia el interés del promovente en mantener vivo el procedimiento y continuar con él, ello no deja de ser una apreciación meramente subjetiva y sin ningún sustento legal, ya que de igual manera podría sostenerse que tales promociones pudieran presentarse, invariablemente, una y otra vez, con el único objeto de interrumpir la caducidad y evitarla, sin tener la intención de proseguir el juicio, criterio éste que se corrobora con el sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 1/96, cuyo rubro es: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. SÓLO ES SUSCEPTIBLE DE INTERRUPCIÓN A TRAVÉS DE PROMOCIONES QUE TIENDAN A IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO Y NO CON CUALQUIER ESCRITO (LEGISLACIÓN PROCESAL DEL DISTRITO FEDERAL)". Asimismo, cobra aplicación la Jurisprudencia 1a./J. 1/96, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página nueve, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de mil novecientos noventa y seis, que a la letra señala: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. SOLO ES SUSCEPTIBLE DE INTERRUPCIÓN A TRAVÉS DE PROMOCIONES QUE TIENDAN A IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO Y NO CON CUALQUIER ESCRITO. (LEGISLACIÓN PROCESAL DEL DISTRITO FEDERAL). Para que se interrumpa la caducidad será necesario un acto procesal de las partes que manifieste su deseo o su voluntad de continuar el procedimiento, acto que, cabe subrayar, deberá ser de aquellos que la doctrina califica de impulso procesal, esto es, que tienen el efecto de hacer progresar el juicio. Lo dicho se explica no sólo en función de lo que sanciona la ley, o sea, la inactividad procesal de las partes, que de suyo revela el desinterés en que se continúe con el asunto y que se llegue a dictar sentencia, a modo tal que si las partes o alguna de ellas tiene interés en que no opere la caducidad, necesariamente habrá de asumir la conducta procesal correspondiente, a saber: impulsar el juicio mediante la promoción respectiva. También se advierte que la naturaleza de esta última, como puede verse de la exposición de motivos del legislador deberá ser tal que tenga el efecto de conducir o encauzar el juicio hasta llegar a su fin natural. En efecto, la modalidad de la reforma entonces planteada fue también en el sentido de impedir la interrupción del término de la caducidad con promociones frívolas o improcedentes, sino sólo con aquellas que revelaran o expresaran el deseo o voluntad de las partes de mantener viva la instancia, esto es, que tuvieran como consecuencia activar el procedimiento y excitar al órgano jurisdiccional a continuar hasta dictar sentencia. Además, debe tenerse en cuenta que el impulso del proceso por los litigantes no es un deber; es sencillamente una carga en el sentido técnico procesal del vocablo, carga que pesa sobre los contendientes. Sobre el particular, los procesalistas distinguen poder, deber y carga. Por el primero se crean situaciones jurídicas; por el deber se establece la necesidad insoslayable de seguir determinada conducta para satisfacer un interés ajeno a un con sacrificio del propio. Se tiene una carga cuando la ley fija el acto o actos que hay que efectuar como condición para que se desencadenen los efectos favorables al propio interesado quien, para que el proceso no se extinga y se mantenga vivo, es condición que promueva. Así las cosas, no obsta para lo hasta aquí sostenido que el artículo 137 bis no determine la naturaleza de las promociones que puedan interrumpir la caducidad de la instancia, toda vez que dicho carácter deriva de los derechos de acción y contradicción que competen a las partes, esto es, de las facultades que como cargas procesales tienen de activar el procedimiento para poder llevarlo hasta su terminación si quieren conseguir un resultado favorable, de tal manera que si no la realizan no podrán obtener lo que buscan. De entre dichas cargas es la del impulso procesal a la que se refiere la norma en comento al aludir a las promociones de las partes, que consiste en la actividad necesaria para que el proceso siga adelante a través de los distintos estadios que lo componen y que es consecuencia del principio dispositivo que domina el procedimiento civil ordinario, el cual se enuncia diciendo que el ejercicio de la acción, su desarrollo a través del proceso, los límites mismos de la acción y la propia actividad del Juez, se regulan por la voluntad de las partes contendientes. Por tanto, no es cierto que baste la promoción de cualquier escrito para interrumpir la caducidad de la instancia y que no importe su contenido siendo más que suficiente que se dirija al expediente por cualquiera de las partes". Notifíquese; y personalmente a la parte actora.
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. En virtud de la certificación de cuenta, la sentencia dictada en este juicio de amparo HA CAUSADO EJECUTORIA, al haber transcurrido el término que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede a las partes para interponer recurso de revisión (artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia) (...) Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables
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