Jesús Adolfo Ramos Lerma
Expediente 782/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 782/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jesús Adolfo Ramos Lerma
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA "2" Ciudad de México, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, que concede para interponer el recurso de queja contra el proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo dentro del presente juicio, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), de la fracción I, del numeral 18 de dicho ordenamiento y es susceptible de depuración; en consecuencia, una vez transcurridos tres años y que sea depurado transfiérase el presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de archivo y documentación, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
mesa"2" SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO Y/O AUTORIZADOS, EL PROVEÍDO DE FECHA DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Ciudad de México, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, que concede para interponer el recurso de queja contra el proveído de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó parcialmente la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, de acuerdo con la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos; se advierte que el término de cinco días otorgados al quejoso ------------------------, a efecto de que desahogara la prevención realizada mediante proveído de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, ha transcurrido, sin que a la fecha el impetrante de amparo realizara manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, por ello, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de la materia, dicha solicitud de amparo se tiene POR NO PRESENTADA. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA "2" Ciudad de México, a cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe de cumplimiento a la suspensión de plano que rinde el Encargado de la Subdirección de Seguridad del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México; atento a su contenido, se tiene a la autoridad oficiante informando el cumplimiento dado a la medida suspensional otorgada el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se tiene como domicilio de la autoridad oficiante el que precisa en su informe y como delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a las personas que designa. Finalmente, respecto a la precisión de autoridad inexistente, señalada por el quejoso como "-------------------------------------------E", no amerita realizar mayor pronunciamiento, en razón que el treinta de septiembre pasado, se acordó lo propio. Notifíquese.
- Principal
MESA "2" Ciudad de México, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Ratifica demanda En principio de cuentas, agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que el directo quejoso ----------------------------------------------------, manifestó que: - Sí ratifica la demanda promovida a su favor por -------------------------------------------------; asimismo, ratificó el domicilio para oír y recibir notificaciones que se señaló en el escrito inicial de demanda, así como a tener por autorizada a la persona que promovió el amparo a su favor. - Además, indicó que no está siendo torturado por autoridades de su dormitorio D-10-3-8 lugar en que se encuentra. Por otra parte, refirió que "REQUIERO QUE SE ME DE ATENCIÓN ODONTOLOGICA POR PADECER DE UNAS MUELAS Y NO ME HAN DADO SITA PARA CONSULTA". Respecto al estado físico del quejoso, la actuaria judicial adscrita dio fe de que a simple vista el quejoso se encuentra en buenas condiciones de salud. Consecuentemente, téngase por practicada en sus términos la diligencia ordenada en auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno y se tiene por solventada la ratificación de demanda formulada en autos. Ahora, respecto de las manifestaciones que vierte el impetrante de amparo en torno a la acción constitucional que promueve, se determina lo siguiente: -Se desecha parcialmente la demanda- Como cuestión previa, cabe destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de Improcedencia la desechará de plano. Al respecto, debe decirse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de modo tal, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular es necesario puntualizar, que el principio de definitividad atiende a la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario y, básicamente, consiste en que previamente a instar la acción de amparo, los quejosos debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado. El principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tienen los quejosos de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. Asimismo, vía jurisprudencia se ha sustentado que para los efectos de juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. A la luz de las premisas que anteceden, ahora es acertado señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que una condición de internamiento es cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación. Así, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece en el título cuarto denominado "Del Procedimiento de Ejecución" en la parte correspondiente a su capítulo III relativo al "Procedimiento Administrativo", un mecanismo de control mediante el cual una persona privada de su libertad, sea en su carácter de procesada o sentenciada1, tiene el derecho de reclamar, entre otras, omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, esto es, cualquier omisión que impida que la persona interna tenga una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. El mismo faculta a la persona privada de su libertad a formular peticiones denominadas administrativas ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, por lo que el mismo inicia con la presentación de una petición ante la autoridad correspondiente. Las peticiones administrativas pueden ser presentadas por el interno, sus familiares o defensores, entre otros. Ésta tiene por objeto que la autoridad penitenciaria declare si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura del interno, o bien, si existió afectación a los derechos de terceras personas y, en caso de existir, lograr la subsanación de dicha afectación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asimismo, tal mecanismo de control establece dos modalidades, a saber, las peticiones no urgentes y las urgentes, cuyo trámite dependerá del carácter apremiante de la petición realizada. Las peticiones administrativas no urgentes3 se formularán por escrito, sin formalidad alguna, ante el Director del Centro en donde se encuentren recluida la persona. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. --- Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Lo anterior conforme lo disponen los artículos 111 a 114 de la mencionada Ley, los cuales dicen: Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. - - - En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. De igual modo, el citado mecanismo de control ofrece una asistencia continúa y personalizada al interno, pues en ciertos supuestos podrá acudir de manera directa a la autoridad penitenciaria a explicarle la misma, la razón de ésta y podrá presentar las pruebas que estime conducentes para apoyarla. De hecho, la autoridad penitenciaria, con la finalidad de proteger los derechos del interno, deberá allegarse oficiosamente de las pruebas necesarias para responder de manera óptima la petición. El mecanismo también ofrece la posibilidad de que la omisión reclamada sea reparada por la autoridad penitenciaria y que el interno impugne la respuesta, si estima que ésta es contraria a sus intereses, ante el juez de ejecución o control, según corresponda. Asimismo, establece que contra dicha resolución, es decir, la del juez, la persona privada de su libertad o la parte promovente, puede interponer recurso de apelación ante la alzada, en caso de que considere que la decisión adoptada por el juez vulnera sus derechos, medio de impugnación que tiene por objeto modificar, revocar o confirmar la determinación impugnada. De igual forma, cuando el acto omisivo constituya un caso urgente, la Ley Nacional de Ejecución Penal concede al interno la posibilidad de acudir directamente ante el juez correspondiente, quien previamente a resolver en definitiva, suspenderá de oficio y de inmediato el acto de ser positivo, o bien, si es omisivo ordenará a la autoridad penitenciaria, también de oficio y de inmediato, que realice las acciones correspondientes. Asimismo, establece que contra la respuesta del juez, el interno podrá interponer recurso de apelación. Finalmente, el mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real y efectiva de que el acto omisivo de ser procedente sea suspendido e, incluso, que las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias a fin de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir. Por las consideraciones destacadas, con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo génesis de este asunto por su notoria e indudable improcedencia. Es importante señalar que la determinación que se adopta, se efectúa con base en el estudio preliminar de las circunstancias particulares y elementos expuestos en el escrito de demanda; en la medida que, en el caso, el propio impetrante de amparo cuando ratificó el escrito de demanda promovido a su favor, ante la presencia de la fedataria de la adscripción, señaló: "Requiero que se me de atención odontología (sic) por padecer de unas muelas y no me han dado sita para consulta". Luego, se considera que la atención solicitada no tiene correspondencia con alguna lesión o padecimiento físico o mental que requiera de atención curativa, de rehabilitación o de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna someta al quejoso a un dolor físico y/o estado patológico que pudiera tener consecuencias irreversibles en su estado de salud o la pérdida de su vida, lo que comprometa gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a una situación de tormento, prohibida por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Superado lo antepuesto, cabe ahora decir que como cuestión previa a determinar sobre la admisión o no de la demanda que se atiende, es pertinente destacar que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos que aquélla debe contener, los cuales tienen como propósito que el Juez de Distrito pueda pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero interesado, dar intervención al agente del Ministerio Público, además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Por lo que, la omisión de alguno de ellos conduce a la prevención regulada por el numeral 114 de la referida ley, siempre que se encuentre en alguna de las hipótesis que limitativamente prevé dicho artículo. -Prevención- Partiendo de las premisas anteriores -luego de examinar la demanda de amparo en su integridad-, con fundamento en lo que disponen los artículos 112, 108 fracciones V y 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, requiérase al Promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos su legal notificación del presente proveído, realice lo siguiente: 1. Bajo protesta de decir verdad, ahonde en los antecedentes del acto que por esta vía pretende combatir; lo anterior, en el entendido que dichas manifestaciones deben realizarse de manera personalísima. Esto es así, pues de la forma en que se encuentra redactado el escrito inicial que nos ocupa genera confusión a la hora de fijar la litis constitucional en el presente asunto; en efecto, del apartado correspondiente al acto reclamado, en lo que interesa, el justiciable indicó: a) La incomunicación del señor ------------------------- así como su traslado a un área dentro del Reclusorio Varonil Oriente llamada entre los custodios módulo de castigo y tortura. (.) Solicitamos hablar con el Director del Centro Preventivo Oriente, pero nos fue negado, asimismo intentamos hablar con el responsable del servicio médico para que auxiliaría al señor ----------------------------- pero de igual manera omitieron recibirnos" Dichas manifestaciones generan confusión para quien ahora resuelve, pues no se desprende con claridad qué fue lo que solicitó y ante qué autoridad elevó su petición. Esto es, no se desprende si realizó una petición administrativa de conformidad con la Ley Nacional de Ejecución Penal, y ante qué autoridad penitenciaria ingreso su escrito. Asimismo, no se desprende si la reubicación al área de castigo que aduce, derivó de alguna sanción disciplinaria en términos del artículo 41 de la ley nacional de ejecución penal. Atento a lo anterior, dado que el acto que pretende reclamar la parte quejosa forma parte de las condiciones de internamiento, se estima necesario que la justiciable realice lo siguiente: a) Indique si realizó alguna petición ante las autoridades administrativas, así como ante un Juez de Ejecución, en relación al cambio de estancia que refiere; si la determinación que recayó a su solicitud ya le fue notificada y en qué sentido se emitió; para lo cual -de actualizarse el supuesto- deberá adjuntar el o los acuses respectivos de dichas peticiones. b) De haber presentado la petición administrativa correspondiente, precise si le fue informado o notificado por parte de la autoridad penitenciaria o un Juez de Ejecución de Sanciones Penales, o bien, del Juez que tramitó su causa penal, la determinación en cuanto a la solicitud planteada; y, de actualizarse dicho supuesto, señale la fecha exacta en que se hizo sabedora o le notificaron ésta. c) De ser el caso que haya elevado su petición correspondiente ante autoridad judicial, informe si interpuso el recurso ordinario de defensa previsto en el numeral 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. d) Informe a este órgano jurisdiccional, si en el presente caso el juez competente fue omiso en pronunciarse respecto de su solicitud relacionada con la visita que refiere, y de encontrarse en esa hipótesis, si hizo valer la controversia judicial, en términos de lo dispuesto por los artículos 116 a 119 de la ley en cita, en contra del acto que reclama. En ese orden, es preciso señalar que los antecedentes del acto reclamado se conforman por todas las circunstancias, hechos o abstenciones que constan a los quejosos en relación con los actos que pretenden combatir, esto es, son todos aquellos que rodean al acto reclamado, antes de su emisión, durante su emisión y con posterioridad a ella; lo cual, debe expresarse en el cuerpo de la demanda. Esta situación debe ser superada por el directo quejoso y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional, dado que con la información requerida se fijará la litis constitucional en el presente asunto y así las autoridades responsables a las que se les atribuye los actos reclamados estarán en aptitud de rendir con mayor certeza el informe que le sea solicitado, y este órgano jurisdiccional contará con los elementos suficientes para proveer lo que en derecho corresponda. Se le hace del conocimiento al justiciable que, para el caso del faltar a la verdad u omitir información que conozca en el desahogo de la prevención o en el escrito inicial de demanda, el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, contempla una pena privativa de libertad de dos a seis años, a quienes incurran en la referida conducta. Apercibimiento. Se apercibe al amparista, que transcurrido el plazo mencionado y de no desahogar la prevención antes indicada en los términos expuestos, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Requerimiento a la parte quejosa. Ahora bien, los autos informan que el promovente del amparo no cuenta con defensor que haga suponer que está recibiendo asistencia jurídica. En consecuencia, se estima que aquél se encuentra en un estado que le obstaculiza ejercer plenamente la defensa de sus intereses. Por lo tanto, en la diligencia por la que se le comunique este proveído, prevéngase al quejoso para que nombre a un abogado que la represente, en aras de tutelar sus derechos humanos de acceso a la justicia y defensa adecuada. En caso de que no quiera o no pueda nombrarlo, este órgano jurisdiccional de amparo le nombrará uno de oficio. Por último, agréguese a los autos el informe de cumplimiento a la suspensión de plano que rinde el Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México; atento a su contenido, se tiene a la autoridad oficiante informando el cumplimiento dado a la medida suspensional otorgada el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, téngasele informando que la autoridad señalada por el impetrante de garantías como "-------------------------------------------------------------------------------------------, no existe dentro del organigrama de esa institución. Al respecto, se reserva a dar la vista correspondiente hasta en tanto se solventen los requerimientos contenidos en los párrafos que anteceden. Notifíquese; y personalmente
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